Son muchas las denuncias interpuestas por los
empleados públicos afectados por la Transferencia del Guadalquivir, su
posterior encomienda de gestión y su vuelta a la Administración General del
Estado. Desde la denuncia por la merma de los derechos económicos y
profesionales adquiridos en la Administración andaluza, a las denuncias por la
externalización de servicios que deben desarrollar los empleados públicos y que
se han estado contratando y se siguen contratando con empresas privadas, incluidas las denuncias interpuestas sobre la evanescencia de los fondos destinados a la
Acción Social.
Ni sindicatos, ni Administración están ejerciendo “LA
EJEMPLARIDAD Y LA ÉTICA” apelada por la Vicepresidenta del Gobierno en la rueda
de prensa tras el Consejo de Ministros del 24 de enero de 2014. "Las instituciones que reciben fondos públicos, tienen
que hacer pública la información relativa a sus cuentas."
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
recibió un fondo público para hacer frente, entre otros, a los gastos de personal del
Organismo, fondos que fueron transferidos por Real Decreto a la Administración
de la Junta de Andalucía y gastos que siguieron financiándose por el Estado
durante todo el periodo que duro la transferencia. Dichos fondos públicos "desaparecieron" o bien no se cumplió uno de los principales requisitos
legalmente establecidos, como es, que la aplicación presupuestaria
de destino sea la adecuada.
Según la Fiscalía Provincial de Córdoba las AYUDAS SOCIALES "no desaparecieron".- Con fecha 23 de enero, comunica:
Según la Fiscalía Provincial de Córdoba las AYUDAS SOCIALES "no desaparecieron".- Con fecha 23 de enero, comunica:
A BUENAS HORAS MANGAS VERDES: El Partido Popular en Granada ha calificado de
"desastrosa" la gestión del PSOE al frente de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y ha censurado que este organismo no
invirtiera los 168 millones de euros previstos para la provincia de Granada
entre 2009 y 2011, puesto que habrían "solucionado los problemas" de
regadíos en la zona norte y las canalizaciones de la presa de Rules estarían
"a pleno rendimiento".
El portavoz del PP en la provincia, José Torrente, ha
recordado que "entre los años 2004 y 2009 la CHG estuvo gestionada por el
Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero y entre 2009 y 2011 por la
Junta de Andalucía". Así, ha relatado que en octubre de 2011, mediante el
traslado de competencias de la CHG desde la Administración autonómica al
Gobierno central, "el Estado heredó 185 contratos de actuaciones sin
finalizar, empeoradas, retrasadas o sin ejecutar con una incierta situación
económica y administrativa". "Todo esto supuso más de 80 millones de
euros pendientes de ejecución, de deudas pendientes, modificaciones de obra no
reconocidas e incluso deudas con los contratistas o retrasos en las
adjudicaciones".
EL TRIBUNAL DE CUENTAS ha remitido al Congreso de los
Diputados un informe sobre la contratación en el sector público. El Informe de Fiscalización de
23 de diciembre de 2013, presenta un panorama desolador del procedimiento de
contratación pública en España durante los años 2010 y 2011.
La
institución analiza de forma global las deficiencias observadas y concluye:
- Se incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas declaraciones o cláusulas que deberían figurar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, conforme a lo establecido en los artículos 67.2 y 68.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
- La concreción de los criterios objetivos de adjudicación presenta numerosas deficiencias, destacando su falta de precisión, tanto en su contenido como en las fórmulas o métodos de valoración. En este sentido algunos pliegos prevén, entre estos criterios, las “mejoras” presentadas por los licitadores, sin precisar su contenido y en qué condiciones queda autorizada su presentación.
- La no inclusión, en los contratos adjudicados mediante el procedimiento negociado sin publicidad de los aspectos económicos y técnicos que, en su caso, hayan de ser objeto de negociación con las empresas, como requiere el artículo 160 de la Ley de Contratos del Sector Público.
- La justificación del trámite de urgencia, exigida por el artículo 96 de la LCSP, no se motiva suficientemente o bien responde a causas que podrían haberse evitado de haber empleado una mayor diligencia.
- Las memorias justificativas de un número significativo de expedientes, no acreditaron suficientemente la necesidad de la operación objeto de contratación. A este respecto, los informes elaborados con el fin de justificar la insuficiencia de medios personales y materiales se limitaban a señalar que las Entidades contratantes no disponían de los medios suficientes para cubrir las necesidades que se pretendían satisfacer por medio del contrato a celebrar, sin que en ellos se acreditara debidamente aquella insuficiencia.
- Los expedientes de contratación de obras reflejan la excesiva frecuencia con la que, en este tipo de contratos, se producen incidencias durante su ejecución que conllevan incrementos de costes y de plazos de ejecución y que, en muchas ocasiones, pudieron y debieron haberse previsto al redactar los correspondientes proyectos iniciales y en la planificación de las propias obras. Especialmente, son de destacar las modificaciones contractuales, que se realizan sin justificar debidamente que obedecen a causas imprevistas (artículo 202.1 de la Ley de Contratos del Sector Público).
- No se ha constatado, en algunos supuestos que han conllevado la formalización de prórroga, la existencia del informe justificativo de la necesidad de seguir contratando la prestación objeto del servicio.
El Tribunal de Cuentas saca conclusiones
y remite sus RECOMENDACIONES al Congreso de los Diputados. Recordamos que son relativas a los años 2010 y 2011 y que son, eso, recomendaciones con dos años de retraso.
Teniendo
en cuenta que las deficiencias que se han destacado, observadas en el informe de forma global, se han
producido de igual modo durante los años 2012 y 2013 en lo que se
refiere a la CHG, deberemos esperar al año que viene para saber cuales
son las conclusiones y recomendaciones del Tribunal de Cuentas al respecto... o ...¡¿quizá no?!...
Según la Fiscalía Provincial de Córdoba los hechos expuestos para la apertura de diligencias sobre la Ayudas Sociales carecen de una mínima base probatoría por lo que seguimos sin conocer ¿dónde están las Ayudas Sociales de los empleados públicos de la CHG?.
Según la Fiscalía Provincial de Córdoba los hechos expuestos para la apertura de diligencias sobre la Ayudas Sociales carecen de una mínima base probatoría por lo que seguimos sin conocer ¿dónde están las Ayudas Sociales de los empleados públicos de la CHG?.