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jueves, 30 de octubre de 2014

EL BUEN GOBIERNO EN EL GUADALQUIVIR. LA TESITURA DE CUMPLIR CON EL CÓDIGO ÉTICO, ESTAR DORMIDO Y ESTAR DURMIENDO. ¿CUÁNTO SABES?, ¿CUÁNTO VALES?

No hay mejor sistema de control que el de la transparencia de la actuación de las administraciones públicas, de manera que ésta pueda ser conocida y fiscalizada por los ciudadanos.

La Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece una serie de principios éticos generales y también de obligaciones concretas para los miembros del Gobierno, los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal.

Es decir, esta norma obliga a los políticos (y gestores públicos) a informar en qué gastan el dinero público y permite a los ciudadanos consultar las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos, así como solicitar más información al respecto.

La ley establece cerca de cuarenta infracciones, la mayoría muy graves, en materia de gestión económico-presupuestaria y disciplinarias. El régimen sancionador se divide en tres ámbitos: "infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario".

Los ministros o secretarios de Estado que vulneren el Código de Buen Gobierno serán sancionados por el Consejo de Ministros. Los demás altos cargos de la administración estatal serán sancionados por el Ministerio de Hacienda. En el caso de infracciones graves, podrá haber un cese en el cargo político así como una inhabilitación política entre un periodo entre cinco y diez años.

La titularidad del derecho de acceso a la información pública "se reconoce a todas las personas". Los ciudadanos podrán dirigir una solicitud de información adicional al titular del órgano administrativo que posea la información, sin necesidad de motivarla. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante, de la información que solicita y de una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones.

La Ley no permite que se pueda solicitar información de manera anónima.

El Código Ético de la Función Pública del que hemos hablado en innumerables ocasiones establece que los empleados públicos:
  • Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas.
  • Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.
El poner en conocimiento de los órganos de Inspección presuntas infracciones del ordenamiento jurídico y por una mala administración no protege al denunciante, lo vemos cada día. Lo sentimos en “nuestras carnes” cada día.

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado, Abogado del Estado, nos cuenta como es necesaria en España una ley que proteja a quienes, en la tesitura de cumplir con el código ético no lo hacen “a pecho descubierto” por el acoso laboral (seguridad y salud) que ello supone, y proceden a denunciar hechos demostrados tras el anonimato, y que incluso bajo el anonimato son perseguidos sin rubor por aquellos que hacen de la transparencia y buen gobierno todo lo contrario. 

En otros países democráticamente más avanzados y con menores índices de corrupción no solo existe una normativa para proteger a los denunciantes de la corrupción, sino que incluso hay sanciones para los que simplemente intentan averiguar quien ha filtrado o denunciado un caso de corrupción.

En Suecia es delito tratar de averiguar la persona que ha filtrado una noticia. En España es exactamente al revés, los que sufren persecución y acoso son los denunciantes.  En definitiva, cada vez que salta un nuevo escándalo de corrupción se busca al “topo” desesperadamente.

Atribuyen a Camilo José Cela la explicación definitiva de la diferencia entre un gerundio y un participio. "No es lo mismo estar dormido que durmiendo, como no es lo mismo estar jodido que jodiendo".

La dicotomía es aparentemente irresoluble. De un lado están los gobernados, en su participio; de otro, los que están gobernando, sacando pecho de su gerundio y de esas medidas duras y difíciles que nunca les afectan a ellos. Están a punto de que les mandemos a freír espárragos, que es infinitivo pero que debiera ser imperativo.

La gravedad de esta situación es evidente. No solo están desactivadas en su mayor parte las alarmas internas del control sino que si algún empleado público honesto se atreve a dar la voz de alarma –ya sea utilizando los medios de comunicación, redes sociales o los recursos disponibles en el ordenamiento jurídico- sobre la existencia de una trama o de un caso de corrupción es perseguido con saña precisamente por aquellos que supuestamente deberían velar porque estos casos de corrupción no sucedan. 

Resulta bastante curioso que el alto cargo o gestor público de turno tenga mucho más interés en que no trasciendan los casos de corrupción que en investigarlos, denunciarlos a la Fiscalía o a los Tribunales y exigir las correspondientes responsabilidades.

Las causas de estas conductas resultan difíciles de comprender salvo que los “perseguidores” tengan algún tipo de responsabilidad política o jurídica directa por acción o por omisión en el caso denunciado o que, en el mejor de los casos, sean defensores de una supuesta “razón de Estado” que llevaría a evitar, no ya que los trapos sucios se laven fuera de casa, sino que se laven, a secas.

La excusa, como no, es el énfasis que se pone en España en la protección del honor y la privacidad y por supuesto el uso –y el abuso- de la normativa de protección de datos, refugio ideal para todo el que prefiere no dar a conocer su nómina, sus gratificaciones, productividades o donde viaja con el dinero de los contribuyentes. La normativa de protección de datos de carácter personal no está pensada para la protección de las cloacas.

Pero lo más preocupante es que la reacción sea abrir un expediente informativo para localizar al denunciante, con la colaboración de los funcionarios del organismo en cuestión -suponemos que deseosos de evitar ser confundidos con el topo-. El mundo al revés. Paradoja del Buen Gobierno en el Guadalquivir.

No nos engañemos, mientras los empleados públicos honestos y neutrales no tengan libertad para decir la verdad, no avanzaremos mucho en la lucha contra la corrupción, dado que ellos saben mejor que nadie lo que ocurre en sus lugares de trabajo. Así lo entienden también los informes de la Unión Europea que han estudiado la corrupción en España y que insisten en introducir la protección del whistleblower-denunciante anónimo.

¿Cuánto tiempo?, ¿cuánto sabes?, ¿cuánto tienes?, ¿cuánto vales?...
Nadie, ¿qué sabe nadie?...Si nadie sabe de qué hablo:  Detrás de un número de puesto de trabajo existe una persona que intenta frenar injerencias y abusos políticos, víctima de la deshonestidad de los "otros".

Si no se pone remedio a estas situaciones de desamparo, parafraseando a Cela, con tantos usando gerundios (jodiendo), vamos a acabar todos sumidos en el participio (bien jodidos).
 

jueves, 23 de octubre de 2014

AGUAS REVUELTAS Y TURBIAS EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. ASÍ LAS COSAS, ¿QUÉ PODEMOS ESPERAR?.

Las aguas bajan revueltas y turbias en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, es época de tormentas. Todo gira alrededor de una ineficiente y caprichosa voluntad todopoderosa y arbitraria.

Desde el nacimiento del río Guadalquivir en Jaén hasta su desembocadura en Cádiz el Guadalquivir es algo más que un río. Un río con “cara” y “cruz”.

Con estupor observamos cómo responsables políticos incumplen, sin ningún pudor, normas de rango superior, cómo critican decisiones de los tribunales cuando consideran que lesionan sus intereses o su ego, cómo los que deberían ser los máximos defensores del entramando institucional se dedican a minarlo. Así las cosas, ¿qué podemos esperar?.

Lo anterior trae causa, inequívocamente, a los Reales Decretos de Transferencia y Devolución del Guadalquivir emanados del Poder Ejecutivo (Consejo de Ministros) y no del Poder Legislativo (Congreso de los Diputados). 

Los empleados públicos del Guadalquivir nos acostamos con una decisión del Ejecutivo y nos levantamos con otra distinta sobre el mismo asunto. No sabemos a qué atenernos. Un día se nos obliga mediante Real Decreto a marchar a otra administración pública distinta de la del Estado, generándose con ello unos derechos económicos y profesionales y, al día siguiente se anula lo anterior porque por un “error” se procedió indebidamente

De la noche a la mañana no sólo se perdieron esos derechos generados, sino unos derechos comunes al resto de empleados públicos de ambas administraciones que estos últimos núnca perdieron. 

Estigmatizados, marcados con un hierro candente, y esta vez por decisión del Poder Legislativo, el 31 de diciembre de 2012 tenemos unas garantías y el 1 de enero de 2013 no hay garantía que valga porque “ha cambiado la normativa”. 

El tan pregonado principio de seguridad jurídica para los empleados públicos del Guadalquivir es vulnerado reiteradamente pues resulta que este principio está íntimamente ligado a la justicia. Justicia que se ha visto alterada, modificada y violentada con respecto al resto de empleados públicos de todas las administraciones públicas. De todo esto se deduce que los empleados públicos del Guadalquivir afectados por estas decisiones "indebidas" formamos parte de esa minoría que siempre recibe un trato diferente, discriminatorio, por parte de otro individuo o colectivo con mayor poder. 

Hoy por hoy, vulnerados los derechos de los afectados por esta "tramitación un tanto gris", el Estado como garante de la protección necesaria y reparación de las infracciones cometidas por su mala administración debe ser responsable de arbitrar los instrumentos jurídicos necesarios para el restablecimiento de los derechos perturbados.

Pero además, así las cosas, ¿qué podemos esperar?, lo anterior lleva a otras causas en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que están siendo objeto de investigación, de inspección, de preguntas ante el Senado y de preguntas ante el Congreso de los Diputados, a raíz de determinadas denuncias de las que se hace eco El Confidencial” en relación con: presuntas irregularidades en las adjudicaciones realizadas, irregularidades en alguna que otra obra de emergencia como la limpieza y adecuación del cauce del río Guadalquivir a su paso por Córdoba, anormalidad en la externalización de tareas como la vigilancia de la seguridad de las presas y otras funciones de Comisaría de Aguas y de Secretaría General que requieren potestades públicas. Asuntos, parece ser, sobre los que "está actuando el Gobierno con todo rigor", y a cuyas conclusiones habrá que esperar pues el procedimiento sigue abierto.  

Como colofón, el negocio de unos pocos con este servicio público (que es de todos) ha quebrado las leyes fabricadas al servicio de los intereses privados, políticos y personales. Así las cosas, ¿qué podemos esperar?.  
 

miércoles, 15 de octubre de 2014

"NORMALIZAR LA SITUACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL GUADALQUIVIR...": DERECHO A UN TRATO DIGNO, DERECHO A LA IGUALDAD, EL COMITE DE EMPRESA DE LA CONFEDERACIÓN DEL GUADALQUIVIR EN CÓRDOBA SOLICITA EL AUXILIO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO.

En la comparecencia en el Senado de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para contestar a la pregunta oral del Grupo Socialista sobre la situación del “Guadalquivir”, la Sra. Ministra expuso que "cuando la Junta de Andalucía devolvió las competencias al Estado, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir requería una urgente normalización, entre ellas había que normalizar la situación de 621 empleados públicos, cuyas condiciones vulneraban el principio de igualdad con respecto a otras confederaciones, ya que la Junta de Andalucía otorgó complementos retributivos distintos a los del resto de las Confederaciones".

Aunque ya ha sido difundida la actuación llevada a cabo por el Comité de Empresa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Córdoba sobre la reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo, nos vemos en la necesidad de replica ante la pregunta y respuesta en el Senado al mencionarse la vulneración del “principio de igualdad”.

El Comité de Empresa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Córdoba ha presentado ante el DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO una RECLAMACIÓN al entender que, la Institución en la que desarrollan sus funciones los empleados públicos del Organismo ha obrado de manera irregular llevando a cabo prácticas discriminatorias y de desigualdad. 

La reclamación refiere que, el personal transferido en virtud del Real Decreto de Transferencia del Guadalquivir efectivo desde el 1 de enero de 2009, es discriminado, arrebatando y negando su derecho a poder participar en el programa de Acción Social de la Administración General del Estado de España, así como en el Fondo de Acción Social de la Administración de la Junta de Andalucía, vulnerándose los principios de igualdad, globalidad y universalidad, en este caso, las ayudas sociales y las percepciones por trabajos extraordinarios a las que, en justicia, tiene derecho, como el resto de empleados públicos de España y de la Unión Europea.

Las Ayudas Sociales ofertadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las Ayudas Sociales ofertadas por la Administración de la Junta de Andalucía, fueron denegadas en base a que durante el período de cobertura no se había prestado servicio en ninguna de esas dos Administraciones. 

Igualmente, tras la reversión al Estado de las competencias del Guadalquivir el 22 de octubre de 2011, las ayudas sociales vuelven a ser denegadas por el mismo motivo. 

Ni una ni otra administración permitió que los empleados públicos afectados por el proceso de transferencia y reversión de competencias del Guadalquivir pudiesen solicitar dichas Ayudas como el resto de empleados públicos de las Confederaciones o de la Junta de Andalucía.

Asimismo, se hace constar en el escrito de reclamación que, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no abonó a los funcionarios que realizaron los trabajos encomendados en el último trimestre del año 2008 las percepciones que debieron de percibir por esas labores extraordinarias realizadas y corroboradas por la Superioridad durante ese periodo. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tampoco admitió las reclamaciones, ni instó a la Confederación a su abono. 

Ni las distintas Instituciones reconocen la pérdida de derechos y la discriminación cometida hacia los empleados públicos afectados, ni la Fiscalía investiga más sobre los hechos, archivando el procedimiento y aconsejando a los demandantes que pueden optar por hacer reclamaciones individualmente. 

El presidente del comité de empresa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Córdoba recogió personalmente copia del expediente existente en la Fiscalía de Granada el día 7 de octubre del presente, para iniciar el procedimiento de reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo, a la vista que acudir ante cualquier Tribunal de Justicia, ya sea en España o en la Unión Europea, supone, nuevamente, contratar los servicios de procurador y abogado repercutiendo en un coste que los afectados, dadas las circunstancias, no pueden asumir.

Todo lo expuesto en la demanda al Defensor del Pueblo Europeo deja constancia del daño causado, en muchos casos psicológicamente irreparable, porque NO SE HA RESPETADO EL DERECHO A UN TRATO DIGNO NI EL DERECHO A LA IGUALDAD, siendo discriminados los afectados con respecto al resto de empleados públicos de España y de la Unión Europea, y porque la realidad ante las afirmaciones de ambas administraciones da lugar a que se desconozca en que Institución prestaron sus servicios desde el 1 de enero de 2009 al 22 de octubre de 2011. 

El comité de empresa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Córdoba solicita la investigación ante la omisión de unos actos obligatorios en los que el Gobierno de España en el caso de la transferencia y reversión de las competencias del Guadalquivir obró de manera irregular y, ante la pasividad y omisión de ayuda por parte de las Organizaciones Sindicales y Sindicatos más representativos del Estado Español. 

El comité de Córdoba solicita el auxilio del Defensor Europeo, sin interés personal alguno, como ciudadanos de la Unión Europea en salvaguarda de los derechos establecidos por el Sistema Universal: Derecho a la igualdad, Derechos frente a las Administraciones, Derechos en relación a la Administración de Justicia, Derechos económicos, sociales y culturales, Derechos laborales, Derecho A LA IGUALDAD EN EL ÁMBITO LABORAL, Derecho a unas condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, Derecho a una remuneración equitativa, Derecho a la Seguridad y Salud en el Trabajo y porque, en definitiva, se trata de una malversación de unos fondos públicos en la que no sólo las ayudas y subsidios han sido denegados una y otra vez sino también otros pagos contractuales, cuando dichos pagos ya estaban aprobados.

Es evidente, aunque no se quiera admitir, que "normalizar la situación de 621 empleados públicos, cuyas condiciones vulneraban el principio de igualdad con respecto a otras confederaciones ya que la Junta de Andalucía otorgó complementos retributivos distintos a los del resto de las Confederaciones", es evadir el problema real de desigualdad y discriminación cometido y que sufren, tanto ahora como entonces, los afectados a los que se les negaron unos derechos de los que participaron los empleados públicos del resto de Confederaciones Hidrográficas y del resto de administraciones públicas en España.

El Defensor del Pueblo Europeo puede determinar que existe mala administración cuando una institución no respete los derechos fundamentales, las normas o principios jurídicos, o los principios de una buena administración, incluidas las irregularidades administrativas, el trato injusto y la discriminación, esperamos que la reclamación sea tramitada, admitida y que se encuentre una solución que corrija el problema de manera satisfactoria para los demandantes.

REGISTRO DE ENVÍO Y RECEPCIÓN

martes, 14 de octubre de 2014

(Ampliación)...VIII.."EL CONFIDENCIAL" SIGUE CON SU INVESTIGACIÓN EN SOLITARIO, APORTA NUEVOS DATOS SOBRE LAS ADJUDICACIONES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR: OFICINA DE COLOCACIÓN "EL DEDAZO".

La adjudicación de los contratos de las administraciones públicas está sujeto a los procedimientos recogidos en la Ley de Contratos, en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Esta norma se aplica a todas las administraciones, Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos. Sin embargo y a pesar de ello, la existencia de zonas grises en su aplicación favorece la aparición de diversos peligros en relación con un escenario de corrupción. 

La sucesiva adjudicación de contratos menores a una misma empresa puede producir una acumulación de contratos por una importante cuantía que sitúen a ésta en una posición de clara (e irregular) ventaja frente a las demás que no han podido acceder en condiciones de libre concurrencia y publicidad.

La intención de eludir la aplicación de los principios de libre concurrencia y publicidad lleva a construir ficticiamente múltiples contratos de presupuesto más pequeño en lugar de licitar un contrato mayor, con el consiguiente fraccionamiento de contratos.

Lo mismo sucede con los contratos negociados sin publicidad, tanto para servicios como para obras, con la diferencia de que en este caso los límites aumentan exponencialmente. El resultado de la negociación puede verse fácilmente alterado como consecuencia de actuaciones tales como invitar a empresas del mismo grupo, pactos en el sector para el reparto de contratos en función de criterios de territorialidad o institucionales.

Destacar la participación del sector privado, empresas externas, en el procedimiento de contratación para la elaboración de los pliegos, entre ellos los de cláusulas administrativas en los que se delimitan los criterios de adjudicación, que serán determinantes para condicionar el resultado del procedimiento. Su simple conocimiento con carácter previo facilita enormemente la presentación de una oferta ganadora, en una situación de clara ventaja competitiva. 

Estas Zonas Grises en la adjudicación de los contratos hacen que en la Administración, en particular, por ser el tema que nos ocupa, concretamente en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir:
  • Se fraccionen contratos de obras y servicios para evitar un concurso.
  • Se utilicen contratistas "amigos" a los cuales se les adjudican esos contratos para hacer a su vez, otras obras, incluso en las viviendas o domicilios particulares.
  • Se proceda a la contratación "a dedo" de familiares y compromisos políticos.

Una verdadera oficina de colocación tanto para empresas amigas, como para la entrada de personal ajeno en la administración sin la observancia de los procesos de concurrencia y publicidad y selectivos correspondientes, respectivamente.

Recordamos la entrada anterior,


"El Confidencial" sigue informando en solitario sobre este cúmulo de despropósitos:


SENADO: Pregunta oral en Pleno. Fecha: 14/10/2014
3.13 FORMULADA Y CONTESTADA
Autor: COVES BOTELLA, FUENSANTA (GPS) 
Contesta: GARCÍA TEJERINA, ISABEL. MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.

Básicamente: Los escritos enviados por los afectados no han sido archivados dándose curso a la investigación por parte de la Inspección de Servicios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la que habrá que esperar sus conclusiones al respecto.

Además, ahora hay que esperar a la respuesta por escrito que el Ministerio dará sobre la batería de preguntas realizadas por el PSOE.

lunes, 13 de octubre de 2014

...VII.- LA CASA EN ORDEN. ¿CORRESPONSABILIDAD DE CULPAS?. “EL CONFIDENCIAL” SIGUE INFORMANDO EN SOLITARIO: LA MINISTRA TIENE LA PALABRA.

Como epígrafe ante este nuevo capítulo de la crónica sobre la investigación que esta llevando a cabo “El Confidencial”, recogemos una frase de Winston Churchill: 

"Las citas, cuando quedan esculpidas en nuestra memoria, nos sugieren pensamientos originales; además, despiertan en nosotros el  deseo de leer a los autores de los cuales han sido tomadas."

Tomamos su “cita” y utilizando las misivas que la historia proporciona, nos adentramos otra vez, sin ánimo de aburrir al lector, en el corazón de la extensa y rica literatura que, desde sus orígenes hasta hoy, nos ha dejado un legado inconmensurable de frases y proverbios que se conservan en perfecto estado para ser aplicados, cual profecías, a los actos y hechos que nos desbordan en la actualidad y que, particularmente, se acomodan a la perfección en el “Caso del Guadalquivir”.

Sólo hay que abrir un libro para ver como se repite la historia porque “La memoria es el centinela del cerebro”.

Hace 400 años Francisco de Quevedo osó criticar las corruptelas de ministros, magistrados y banqueros sin escrúpulos. Se atrevió a hacerlo en solitario, con el medio disponible de la época, componiendo sonetos. De uno de ellos hemos elegido su primera estrofa:

Mal oficio es mentir, pero abrigado:
eso tiene de sastre la mentira,
que viste al que la dice; y aun si aspira
a puesto el mentiroso, es bien premiado.

En esta defensa irónica de la mentira ya se nos advertía que los mentirosos tienen una vida cómoda que además es apoyada por la sociedad; se les otorgan premios tan altos como promociones al «puesto», nos contaba.

Quevedo no era el único que criticaba esa carencia de la verdad, el proverbio popular “dádivas quebrantan peñas” apoya la idea de que la mentira se ha convertido en una «moneda» de intercambio social.

Muchos personajes célebres de nuestra historia nos dejan entrever en sus escritos que “Uno compra mentiras y las pide prestadas para volver a venderlas”, y que, continuando la frase anterior “este ciclo continuaría ad infinitum, trayendo como consecuencia el cambio de los valores y la proliferación constante del engaño”.

Tristemente lo que parece imposible de vencer suele ceder con obsequios, “Gracias, dádivas y mundanos dones, tapan las bocas y ciegan los corazones”. Volviendo al ilustre Quevedo:

Madre, yo al oro me humillo;
él es mi amante y mi amado,
pues, de puro enamorado,
de contino anda amarillo;
que pues, doblón o sencillo,
hace todo cuanto quiero,
poderoso caballero
es don Dinero.

Porque "El dinero es, ciertamente, un instrumento demasiado peligroso para dejarlo en manos de los políticos”, “Ahora, se gasta más en pagar la servidumbre externa que en utilizar lo que uno tiene en casa”.

Pero "Tres cosas no pueden ocultarse durante mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad."  


Toda denuncia e investigación es una fuerte inversión en ética y "Una nación no debería avergonzarse sino sentir orgullo cuando pone la casa en orden y lava los trapos sucios".  

Hay que poner la casa en orden, señores "Dejemos las cosas en su sitio; no como estaban" pues existe una corresponsabilidad en la culpa que en modo alguno podemos evitar.

"Todo delito que no se convierte en escándalo no existe para la sociedad”, "Lo más vergonzoso para un hombre es ponerse públicamente en ridículo."

"Se dice que el tiempo es un gran maestro; lo malo es que va matando a sus discípulos". "Es inútil toda polémica si no hay esperanza de que resulte provechosa."

La ministra tiene la palabra

jueves, 9 de octubre de 2014

GUADALQUIVIR, CRÓNICA DE UNA INVESTIGACIÓN ANUNCIADA; ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, EXCELENCIA, EFECTIVIDAD Y EQUIDAD: "COORDENADAS DEL PARADIGMA HEGEMÓNICO".

A inicios del año 2013 los empleados públicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir empezaron a "dar la voz de alarma" sobre la contratación desorbitada de empresas externas “amigas” y “afines” por parte de la presidencia, comisaría de aguas y secretaria general de la Confederación, así como sobre otras irregularidades que perjudican tanto al empleado público como al servicio público que se debe prestar a la ciudadanía, solicitando al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al Secretario de Estado de Medio Ambiente y a la Delegada del Gobierno en Andalucía una implicación en el “asunto”. Igualmente, y en esas mismas fechas, dicha situación se puso en conocimiento del Secretario de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

“El Confidencial” ha investigado las denuncias y ha ido publicando una crónica, que se inicia en el mes de junio de 2014 y que ha puesto en jaque a la Inspección de Servicios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Por Real Decreto 799/2005, de 1 de julio, se regulan las inspecciones generales de servicios de los departamentos ministeriales.

Las Inspecciones Generales de Servicios son unos órganos de la Administración General del Estado especializados en el control interno y en la evaluación de los servicios de cada Ministerio y de cada Organismo Público del Ministerio correspondiente.

En el desarrollo de su actividad, le corresponden, entre otras, las siguientes funciones:
  • Inspeccionar y supervisar la actuación y el funcionamiento de las unidades, órganos y organismos vinculados o dependientes del departamento, para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
  • Examinar actuaciones presuntamente irregulares de los empleados públicos en el desempeño de sus funciones y proponer, en su caso, a los órganos competentes la adopción de las medidas oportunas.
Entre los diversos medios que el inspector utilice para recabar información, según se expone en la "Guía metodológica de auditoría funcional para Inspectores de Servicios de la AGE", es importante la de solicitar del propio organismo inspeccionado, entre otros aspectos más generales los siguientes:

Sistemas de gestión de espera, de cita previa, Procedimientos de gestión económico-financiera, Circulares y normas de carácter interno, Organigrama, relación de puestos de trabajo (RPT) actualizada y cambios recientes de la plantilla, Plan de prevención de riesgos laborales, Contratos de suministros, servicios, consultoría y asistencia técnica suscritos en el período que corresponda a la inspección.

Tras más de un año de espera, la Inspección de Servicios del MAGRAMA ha tomado parte de las demandas de los empleados públicos, respondiendo así a la necesidad de aumentar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en aplicación de las seís "E", lo que la Inspección llama "coordenadas del paradigma hegemónico"; ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, EXCELENCIA, EFECTIVIDAD Y EQUIDAD, ha iniciado la investigación.

No obstante, todo lo anterior ha llevado a que los días 1 y 9 de octubre de 2014 el PSOE presentará ante el Senado una batería de preguntas y una serie de denuncias, que exponemos a continuación:

Pregunta oral en Pleno. Fecha: 09/10/2014
Autor: COVES BOTELLA, FUENSANTA (GPS)
  
Solicitudes de informe al amparo del artículo 20.2 del Reglamento del Senado.
Fecha: 01/10/2014  Autor: COVES BOTELLA, FUENSANTA (GPS)
Situación: Pendientes de contestación


Pregunta con respuesta escrita.
Fecha: 01/10/2014  Autor: COVES BOTELLA, FUENSANTA (GPS)
Situación: Pendiente de contestación
Como ya se aviso un año antes, presumiblemente la intención de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no es otra que dejar el servicio público en manos de empresas privadas “amigas”, primando el interés comercial sobre el interés público y general.

Parece ser que el compendio exagerado de contrataciones "por la vía del partidismo" que ha establecido la Presidencia de la Confederación del Guadalquivir en esta nueva etapa, se está realizando para efectuar la transparencia debida ante el “oligopolio” creado con anterioridad. Dichas “excusas”, que creemos respetables, no eximen a la Presidencia del Organismo de «dar su propio pelotazo a costa de un servicio público».

sábado, 4 de octubre de 2014

"EL PULSO ANTE LA LLEGADA DE ELECCIONES", EL PSOE SOLICITA AL GOBIERNO UNA COPIA ÍNTEGRA DEL ESCRITO DE LA DENUNCIA SOBRE LAS ADJUDICACIONES A DEDO Y OTRAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.

Año a año y legislatura a legislatura la metáfora tabernaria de “echar un pulso” parece el lema utilizado por muchos políticos, convirtiendo el Estado de Derecho en un coliseo romano con fieras a ambos lados del hemiciclo correspondiente.

Quizá el Gobierno quiera presentar como algo “normal” el uso de medios y métodos “anormales” en un sistema democrático, como ya hizo respondiendo a la batería de preguntas, realizadas por UPyD en el Congreso de los diputados a finales de 2013, sobre la gestión de los recursos públicos en la Confederación del Guadalquivir.

Como llevamos viendo en los últimos tiempos en cualquier forma de gobierno, caben corrupciones y comportamientos ilegales o atípicos que pueden corregirse si se consideran que son “anormales”, pero si uno se empeña- como se ha hecho desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir apoyada por el mismo Gobierno que contesto a la batería de preguntas del UPyD- en que la anormalidad es la norma, entonces este error básico de partida dará en tierra con todo el sistema del Estado de Derecho y de Bienestar tan proclamado.

Nos encontramos que la portavoz del PSOE en Agricultura y Alimentación y senadora por Andalucía, Fuensanta Coves, con fecha 2 de octubre de 2014, ha solicitado al Gobierno una copia íntegra del escrito de la denuncia sobre las adjudicaciones a dedo y otras presuntas irregularidades cometidas bajo la presidencia de Manuel Romero Ortiz en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Si políticos, altos cargos, gestores diversos, funcionarios de élite y otros cargos de esa minoría selecta, en vez de andar echando pulsos y bravatas leyeran un poco más a los clásicos españoles podrían haber reparado muchos años atrás, incluido el desacierto del Acuerdo-Transferencia-Reversión del Guadalquivir -con el consiguiente daño causado al empleado público y al ciudadano-, en el lema «De un error muchos», que advierte a corregir los errores antes de que se multipliquen. (Diego de Saavedra Fajardo, escritor y diplomático español del siglo XVI).

Parece ser que a los gestores del Guadalquivir, esa ira que en estos momentos les oscurece la razón, les puede llevar a tomar resoluciones equivocadas de reorganización en la Confederación Hidrográfica que, posiblemente, se presentarán con corazón sincero para encubrir su maldad y que dañarán mucho más, si cabe, el servicio público que se presta a la ciudadanía.

Pincha aquí: Inicio de la crónica periodística, que no de la historía.

La población en general no sabe lo que está ocurriendo, y ni siquiera sabe que no lo sabe (Noam Chomsky).

Son más peligrosas las aguas transparentes como el cristal porque disimulan su veneno y convidan con su pureza. Por ello ha de estar prevenida la prudencia para sospechar y ver la realidad por debajo del engaño y las promesas aparentes.