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sábado, 29 de noviembre de 2014

MIENTRAS EL MINISTERIO DE HACIENDA Y SINDICATOS ULTIMAN UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN AGRESIONES A EMPLEADOS PÚBLICOS, AUMENTAN LAS AGRESIONES FÍSICAS CONTRA AGENTES MEDIOAMBIENTALES.

Las agresiones contra empleados públicos se han incrementado con la crisis, hasta el punto de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el mes de septiembre del presente ha decidido elaborar un protocolo de actuación contra la violencia física y/o verbal que padecemos los servidores públicos. 

Los sindicatos presentes en su redacción cuentan ante los medios de comunicación que este protocolo supone un avance en la sensibilización social y dota de visibilidad a este tipo de situaciones que sufren con resignación y en soledad los empleados públicos. Asimismo, parece ser que estos sindicatos han pedido al Gobierno que incluya en el protocolo las "amenazas gestuales" y las grabaciones con el dispositivo móvil con la amenaza de difundirlas en la web.

Dicho protocolo contempla un registro de agresiones, timbres de alarma, pantallas de separación y simulacros periódicos para repeler situaciones de violencia... 

Sin embargo ¿qué consideraciones, acuerdos o planteamientos han acordado en el caso de aquellos empleados públicos que llevan a cabo sus funciones en solitario, en lugares despoblados, incluso de noche?.

Nos han avisado de esta noticia aparecida hace unos momentos en El Confidencial que os trasladamos por el interés de la misma:

Sería buen momento para que El Confidencial u otros medios informativos se hicieran "eco" de la situación de "abandono" de los empleados públicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pese al traslado ante la Superioridad de sus quejas e incertidumbres, "...porque los empleados públicos de este Organismo también tenemos derecho a que el ciudadano sepa de la situación que vivimos actualmente".

Asimismo y sin quitarle la importancia que merece esta noticia al colectivo afectado os hacemos llegar correo recibido de Canal Sur Televisión del programa Los Reporteros que se encuentran realizando un reportaje sobre el agua como bien de servicio público, enfocado desde; el consumo, las privatizaciones, en manos de qué empresas está, los diferentes costes para el ciudadano según donde resida, las diferencias con la gestión en Europa...Nos cuentan que agradecerían poder hablar con algún interesado conocedor del "asunto" y que las grabaciones se llevarán a cabo la próxima semana en Sevilla o proximidades.

Rodrigo Del Barrio
Producción Los Reporteros
Canal Sur Televisión
Ctra. San Juan-Tomares, km. 1´3
41.920 San Juan de Aznalfarache
Sevilla
Tfno: 955054707 - 354707
rbarrio@rtva.es

miércoles, 26 de noviembre de 2014

TRANSPARENCIA, LOS EMPLEADOS PÚBLICOS GARANTES DEL SERVICIO PÚBLICO, OLVIDADOS: EL LÍO DEL PRESIDENTE DE LA CHG CON LOS OLIGOPOLIOS. Sevilla Report informa.

Uno de los ejercicios más estimulantes y enriquecedores que puede hacer un cargo público es el de someterse a las preguntas y cuestiones que los ciudadanos plantean, en el formato que prefiera, de manera constante. Igualmente si este cargo público además gestiona un servicio público debería actuar de igual forma ante las incertidumbres que plantean los empleados públicos, garantes de ese servicio público, los grandes olvidados y que, asimismo, son ciudadanos. La clase política debe ser más transparente y rendir cuentas de sus acciones.
 
El lío de Romero Ortiz con los oligopolios de la CHG- Sevilla Report, Gregorio Verdugo 

Manuel Romero Ortiz, a la sazón presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), está molesto. Se queja de que han urdido contra él y su equipo directivo “una campaña difamatoria” que tiene que ver con las adjudicaciones del organismo que dirige “por el interés de unos pocos”, según informa Europa Press.

Romero no aporta apenas datos, sólo que ha preguntado a la Inspección de Servicios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre la inspección que finalizo a principios de este mes y que le han informado “que no han existido irregularidades” en la adjudicación de contratos.

Lo más sorprendente de sus declaraciones es que ha afirmado que con sus actuaciones “está poniendo coto a una serie de prácticas sistemáticas que se venían produciendo en el organismo y eso parece molestar a unos pocos”. 

Según el presidente, “la CHG está poniendo fin al oligopolio empresarial que existía en el organismo” y ha añadido en la actualidad “trabaja con 206 empresas, mientras que, por ejemplo, en 2008 sólo cuatro grupos empresariales acaparaban el 60% de las adjudicaciones”. 

Si nos atenemos a los datos publicados en la Plataforma de Contratación del Estado estaremos en condiciones de comprobar si las afirmaciones de Romero Ortiz carecen o no de fundamento. Los datos sobre adjudicaciones que en ella se ofrecen parten desde el 27 de octubre de 2008 hasta la actualidad, es decir, prácticamente las dos últimas presidencias del organismo.

En ese período, la anterior realizó adjudicaciones por un montante de más de 163 millones de euros, mientras que desde que Romero Ortiz asumió el cargo en marzo de 2012 la cantidad se eleva a más de 196 millones. Todo ello con la salvedad de que los contratos menores no se publicitan.

Durante el mandato anterior se efectuaron un total de 128 adjudicaciones a 126 empresas, recayendo el 60% de la contratación en 15 compañías. Con la presidencia actual se han realizado 291 adjudicaciones a 152 empresas y el mismo porcentaje de facturación lo acaparan 18 empresas. Es decir, que según la tesis de Romero la diferencia para que exista un oligopolio o no radica en tan sólo tres empresas.

Si nos atenemos a los procedimientos empleados en las adjudicaciones, las diferencias tampoco son tan kilométricas. Mientras que la anterior presidencia adjudicó el 33,3% de los contratos por el procedimiento abierto, el 6,9% por el negociado con publicidad y el 59,6% por el negociado sin publicidad. Romero y su equipo lo han hecho el 34, el 0,68 y el 65,2% respectivamente.
 
LEER INFORMACIÒN INTEGRA 

martes, 25 de noviembre de 2014

LA TRANSPARENCIA EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR: ASIGNATURA PENDIENTE.

La Sección Sindical de UGT/FSP del MAGRAMA en Sevilla informa sobre las ayudas de Acción Social referentes al año 2014 en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

La comisión paritaria de las ayudas sociales, no ha recibido ni ha enviado ninguna propuesta de listado definitivo como dice el encabezamiento del oficio firmado por el Sr. Presidente de la CHG (Manuel Romero Ortiz) que acompaña a la relación definitiva de las ayudas concedidas.

Insertamos por ser de interés general la nota informativa y damos las gracias por su envío:


Esta, como otras, seguiran siendo la ASIGNATURA PENDIENTE: La transparencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Negar lo evidente y lavarse las manos, ensucia la conciencia...

domingo, 23 de noviembre de 2014

EL COMISARIO DE AGUAS DE LA CHG Y LA LIMPIEZA DEL RÍO GUADALQUIVIR EN CÓRDOBA CONTINUAN SU PERIPLO POR LA PRENSA. (X) HOY EL CONFIDENCIAL.

Decía el cordobés Séneca que para saber algo, no basta con haberlo aprendido, ¿qué importa saber lo que es una línea recta si no se sabe lo que es la rectitud?

En el mes de diciembre de 2012 y tras un repentino cambio del equipo organizado por el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Rafael Álvarez Giménez paso a ocupar el cargo de comisario de aguas por su amistad personal con la secretaria general del Organismo. Álvarez fue gerente en Córdoba de la extinguida Agencia Andaluza del Agua durante la transferencia del Guadalquivir a la Junta de Andalucía.

El Confidencial:

El comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Rafael Álvarez Giménez, número dos del organismo, infló en 1,3 millones la limpieza del río a su paso por Córdoba “para corregir los daños causados por las excepcionales precipitaciones”, según anunció el Ministerio de Agricultura, Alimentación y  Medio Ambiente el pasado mes de mayo. Álvarez Giménez encargó esta obra, localizada en ocho hectáreas, a una empresa amiga: Viguecons Estévez. Costó 1,8 millones de euros frente a la mitad que podría haber costado según las tarifas de Tragsa, el holding público especializado en obras dependiente de la SEPI.

La retirada de los sedimentos (áridos) debe realizarse previa autorización de la confederación y a un vertedero autorizado. No fue así. Los áridos se trasladaron a una parcela particular propiedad de la empresa Viguecons Estévez SL quien realizó la obra con la empresa Caminos y Cauces SA. Viguecons Estévez SL, que ha conseguido el último Proyecto de Red de Saneamiento del entorno de Doñana. Fase V Fondos FEDER por 4,2 millones de euros, es propiedad de Francisco Rafael Estévez, adjudicataria de numerosas obras para la Diputación y Ayuntamiento de Córdoba por su amistad con Rafael Ruiz Giménez, director general de Infraestructuras del Ayuntamiento. Ruiz Giménez es primo hermano del comisario de aguas y fue enlace entre ambos. La amistad de Estévez con el comisario de Aguas está detrás de este jugoso contrato (...)

(...) Como ya denunciaron al Ministerio los empleados públicos de la confederación en sus escritos  de 10 de febrero de 2014 y también de febrero de 2013, que ya tiene en su poder la senadora socialista Fuensanta Coves, que provocó una intervención de la ministra en la Cámara Alta, el comisario de Aguas ha paralizado los trabajos que realizaban los funcionarios sobre los expedientes no resueltos por la Junta de Andalucía. Estaba prevista su tramitación a empresarios amigos con la excusa de agilizarlos. “Estas labores sirven para preservar la transparencia en el procedimiento y deben ser realizadas por funcionarios del organismo. A fecha de hoy el grueso de los expedientes siguen sin resolverse”, según critican fuentes de la confederación consultadas por este diario (...) 

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Volviendo a Séneca, cuando una parte del todo cae, lo demás no está seguro

jueves, 13 de noviembre de 2014

EL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DEL GUADALQUIVIR ACUMULA 24 MILLONES EN CONTRATOS A DEDO. FUENTE SEVILLA REPORT.

Más de un centenar de empresas se han beneficiado de este tipo de adjudicaciones desde que Manuel Romero Ortiz preside la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Manuel Romero Ortiz ha adjudicado casi 24 millones de euros en contratos por el procedimiento negociado sin publicidad desde que tomó posesión del cargo en marzo de 2012. Esta forma de contratación (en román paladino, a dedo) consiste en invitar a empresas elegidas por la entidad que adjudica, sin concurso previo ni transparencia en el proceso.

Algunos contratos superan ampliamente el límite legal establecido para este procedimiento.

Romero, que fue nombrado por el entonces ministro de Agricultura y actual comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, es un hombre muy vinculado al PP de Granada. Funcionario de carrera del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía, había ostentado hasta entonces el cargo de coordinador de Medio Ambiente de la Diputación de Granada.

Han pasado casi tres años y su gestión de la cuenca del Guadalquivir está cada vez más cuestionada, sobre todo en lo referente a la concesión de los contratos, como afirman fuentes internas de la Confederación. Más de un centenar de empresas se han beneficiado de este tipo de adjudicaciones, que abarcan desde algo más de 40.000 euros hasta casi un millón.

CONTRATACIONES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR
La mayoría de las sociedades se dedican a la obra civil o la consultoría. La principal agraciada es Construcciones Sánchez-Domínguez, Sando, y sus filiales Althenia y Conacon. Juntas han obtenido contratos por importe de más de 1,4 millones. Trauxia y Cyrsur, dedicadas al movimiento de tierras y a la construcción, respectivamente, también sobrepasan el millón entre ambas. Están vinculadas a través de la figura de Juan Carlos Serrano, apoderado de la primera y administrador único de la segunda.

El tándem formado por la consultora Ambesur, propiedad de Fernando Mancha López Jurado, y la constructora Arpo, de la que es apoderado y secretario, ha recibido 765.000 euros en contratos de la CHG. También se han beneficiado con 743.000 euros Prelaksa y su filial Barama, ambas constructoras, en las que Manuel Bach Moya es secretario y consejero delegado, en este orden.

Inversiones, Proyectos y Obra Civil, S.A. (IPOCSA) aparece en un lugar destacado dentro de las contrataciones negociadas sin publicidad, con un importe de casi 680.000 euros. Además, esta sociedad recibió, a través de Sogeosa —con la que está vinculada mediante su consejera delegada, María Enriqueta García—, 37,5 millones en cuatro contratos por procedimiento abierto, en los que participa en UTE con distintas empresas. Entre ellas destacan Arpo Construcciones y Fitonovo S.L, esta última epicentro de la investigación del Caso Madeja. Otras sociedades como Jiménez y Carmona, Construcciones Alpi y Typsa —junto a su vinculada Tecnoma— cobraron cantidades de entre medio millón y 750.000 euros.

Entre los adjudicatarios destaca el nombre de Isotrol, ingeniería sevillana encabezada por José Luis Calvo Borrego, pareja de Carolina Fernández Vigo, diputada del PP en el Parlamento de Andalucía. Según El Confidencial, Manuel Romero es buen amigo de la parlamentaria y habitual compañero de almuerzos en Sevilla de la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo.

La CHG ha concedido a Isotrol en los últimos meses varias adjudicaciones millonarias por procedimiento abierto y vía de urgencia, que han desatado la polémica porque han sido cuestionadas por los propios funcionarios de la institución. El pasado 14 de octubre, la senadora y exconsejera de Medio Ambiente andaluza, Fuensanta Coves, preguntó al respecto a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. No obtuvo respuesta. El PSOE ha pedido la comparecencia de Romero en la Comisión de Medio Ambiente.

El caso de Ayesa

 

La empresa andaluza de ingeniería Agua y Estructuras S.A. (Ayesa) ha logrado una decena de adjudicaciones bajo la dirección de Romero. Por ejemplo, sus filiales Aynova y ACT Sistemas, dedicadas a la consultoría y la informática, obtuvieron sendos contratos por importe de más de 840.000 euros, y ambas se adjudicaron la explotación de dos presas cada una el mismo día, 8 de agosto de 2012, por idéntica cuantía —71.390 euros— y en expedientes correlativos.

El presidente de Ayesa, José Luis Manzanares Japón, es un viejo conocido de Juan Saura Martínez, director técnico de la CHG y miembro permanente de la mesa de contratación de dicho organismo. En octubre de 1985 ambos publicaron un Trabajo en la Revista de Obras Públicas junto a José Luis de Justo Alpañes titulado “Comparación entre un canal trapecial y otro circular en terrenos expansivos”.

Además, ambos fueron integrantes de un equipo de investigación de la Universidad de Sevilla para el  proyecto “Ayudas a Consolidación de Grupos de la Junta de Andalucía”, que se desarrolló desde octubre de 2009 a diciembre de 2011 y fue financiado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresas de la Junta de Andalucía.

martes, 11 de noviembre de 2014

IX...LA INSPECCIÓN DE SERVICIOS SIGUE INVESTIGANDO LAS IRREGULARIDADES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, EL PSOE INSISTE Y SOLICITA LA COMPARECENCIA DE SU PRESIDENTE EN EL SENADO. LAS ADJUDICACIONES CONTINUAN, ASÍ NOS LO CUENTA EL CONFIDENCIAL.

La Inspección de Servicios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sometida a los principios de ética profesional tales como la integridad, la confidencialidad, la competencia profesional, la responsabilidad y la objetividad, sigue trabajando para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y continúa en su examen de las actuaciones presuntamente irregulares de los empleados públicos en el desempeño de sus funciones en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

En su deber de mantener y garantizar la confidencialidad de la información obtenida y respetando el valor y la propiedad de la misma como resultado de sus actuaciones, la Inspección no debe revelar nada de esa información a terceras partes sin la debida autorización, a menos que exista una obligación legal o profesional para hacerlo.

Ante la falta de respuesta del Gobierno a las preguntas realizadas el 1 de octubre de 2014 por el Grupo Parlamentario Socialista, con fecha 29 de octubre se solicita la Comparecencia del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, D. Manuel Romero Ortiz, ante la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, para explicar las irregularidades cometidas durante su gestión. El 4 de noviembre el Senado toma en consideración la solicitud.

ENLACE

A pesar de todo lo anterior El presidente del Guadalquivir desafía al Gobierno con 433.000 € en nuevas adjudicaciones a dedo según nos cuenta hoy "El Confidencial". 

domingo, 9 de noviembre de 2014

EL CPI. LO QUE EL OJO DE LA "JUSTICIA" NO VE. TRANSFERENCIA DEL GUADALQUIVIR, MANIPULACIÓN POLÍTICA DURANTE DOS LEGISLATURAS.

El CPI es un término acuñado por los gestores de recursos humanos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no transferida que proviene de un complemento definido por ley para no mermar los derechos económicos y profesionales de los empleados públicos: 

Al personal que, como consecuencia de un procedimiento de "reorganización administrativa" experimente una disminución en cómputo anual de las retribuciones brutas fijas y periódicas se le reconocerá un complemento personal de integración, de carácter transitorio, consistente en la diferencia de retribuciones. Para el cálculo de dicho complemento no se tomarán en consideración, en ningún caso, los importes acreditados en conceptos derivados de la antigüedad, incentivos al rendimiento, complemento de productividad, horas extraordinarias o conceptos retributivos equiparables. Este CPI no podrá ser incrementado ni revalorizado y se extinguirá siguiendo las pautas que se establecen en la legislación vigente.

Los agoreros vaticinaban, antes de la interposición de los correspondientes recursos, las consecuencias “funestas” de recurrir algo que ya estaba decidido.

Cierto es, porque así lo decidieron los representantes de los trabajadores con voz y voto en las mesas de negociación: No otorgar el CPI a 621 empleados públicos aunque hayan sido objeto de una transferencia ilegal, se les haya causado daño o se les haya discriminado.

Los representantes, tanto de la administración como de la parte social,  mediante una hoja de ruta realizada al efecto, empezaron a caminar paso a paso por los puntos de la ruta establecida, haciendo perder un tiempo valioso a los afectados. Durante mas de un año mareando la perdiz y como el que no quiere la cosa entreteniendo a los "listos" con cálculos "estúpidos" y escuchando las "voces" de los que nunca se vieron en semejante situación, consideraron que a esas 621 personas no les correspondía el derecho a percibir unas retribuciones superiores a las del resto de empleados públicos de la Administración General del Estado.

No se tuvo defensor alguno en esas mesas de negociación porque los participantes, con voz y voto en las mismas, no estaban por la labor de consentir tal afrenta. Afrenta que no se tuvo en cuenta cuando muchos empleados públicos solicitaron por escrito no ser transferidos a la Junta de Andalucía. Igualmente no se tuvo en cuenta que muchos empleados públicos solicitasen no ser devueltos al Estado.

A toda prisa se llevo a cabo una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) sin estudiar ni ejecutar, como es preceptivo, lo que la Ley llama Plan de Recursos Humanos, que debe servir, así lo dice la norma, para ver las necesidades de personal que en el caso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir eran obvias dada la cantidad de pliegos licitados por necesidades de personal desde 2011 hasta la fecha.

Esa RPT, sin estudio alguno, era necesaria para que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado se incluyese una disposición que daba la fecha de 1 de enero de 2013 como aquella en la que los empleados públicos transferidos se integraban de nuevo en la administración del Estado.

Es decir, el 22 de octubre de 2011 por Real Decreto se vuelve al Estado pero no es hasta el 1 de enero de 2013 cuando se toma la decisión de inscripción en los documentos registrales.

Sin embargo, algunos de esos 621 empleados públicos han recibido en compensación por la perdida de sus derechos economicos y profesionales durante su estancia en la Junta de Andalucía, comisiones de servicio y plazas fijas por concurso con subidas de nivel, adscripciones provisionales "eternas en el tiempo", horas extraordinarias "de dudosa realización", complementos varios según dispone el III Convenio para el personal laboral de la AGE y otra serie de "gratificaciones". El resto ha sido discriminado.

Las sentencias emitidas por la "justicia" hasta la fecha desestiman el CPI y la última de 23 de octubre de 2014 .....viene a indicar lo mismo que las anteriores que “la vuelta al Estado se produce por nulidad de la norma que transfirió a ese personal a Andalucía, por ilegalidad de la misma. Luego, si se anula, tiene que volver a tener efecto la situación anterior, de manera que no cabe hablar de adquisición de derechos con base a una norma ilegal”.

Si se anula todo, TODO debe volver a la situación anterior, por tanto todo debe volver a fecha 31 de diciembre de 2008, si es así entonces debe procederse a abonar la ayudas sociales correspondientes a ese periodo y ofertar las siguientes, debe procederse al abono de las productividades realizadas y no satisfechas, cualquier promoción horizontal y/o vertical tanto en la Junta de Andalucía como en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no transferida debe volver a fecha anterior al 1 de enero de 2009. Todo ello en base a los principios de igualdad, mérito y capacidad y por supuesto, publicidad.

Compendio de "irregularidades" esta vez en materia de recursos humanos dentro de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Relacionado pero no considerado igual, la Audiencia Nacional en una sentencia de fecha 8 de octubre de 2014 referente a las inundaciones sufridas en diciembre de 2010 y la inactividad en la limpieza de los cauces de la cuenca del Guadalquivir dictamina que la competencia para resolver los daños es atribuida a la Junta de Andalucía. El tribunal entiende también que a la Junta "resultaría atribuible la responsabilidad patrimonial reclamada por los afectados de las inundaciones". Esto es así porque el tribunal considera que "en virtud de lo previsto en el artículo 2.7 del Real Decreto 1498/2011 el pago de las obligaciones derivadas de la gestión autonómica se atribuye a la comunidad autónoma y, por lo tanto, también la obligación de indemnizar los daños causados por sus acciones y omisiones".

Sí la transferencia es nula ¿no existen obligaciones autonómicas siendo estas exclusivas del Estado porque todo vuelve a su estado anterior?. 

Que sepamos, hasta el momento, las Comunidades Autónomas forman parte del Gobierno de España, con lo que en el caso de solicitar una indemnización por mal funcionamiento de la Administración, la responsabilidad es solidaria.

Visto lo cual, nos encontramos que la "justicia" ve lo que quiere ver en cada momento y según quién o estamos ante esto: "Lo que el ojo de la "justicia" no ve".

Los derechos fundamentales de los demandantes, empleados públicos afectados por la transferencia anulada del Guadalquivir, se han vulnerado y violentado desde el inicio de las negociaciones desde antes de hacer efectiva la transferencia hasta la fecha y la manipulación política durante dos legislaturas ha sido más que evidente. 

El error político cometido y el daño causado a los empleados públicos afectados seguirá en manos de los Tribunales, incluidos los juzgados de lo social, porque la ley asi lo permite. 

El último fallo conocido, dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 23 de octubre de 2014, será recurrido porque eso fue lo acordado con los abogados que llevan esa demanda sobre la que se ha dictado sentencia y según consta en la Hoja de Encargo así debe ser por contrato, los abogados deben continuar con lo establecido y firmado por las partes. 

A modo de recordatorio para las partes firmantes del contrato:
                          
Asi es, y así consta en las cláusulas del contrato con el Gabinete Jurídico, en todas sus instancias y hasta resolución firme y como última la interposición de reclamaciones por responsabilidad patrimonial para solicitar una indemnización por daños y perjuicios causados como consecuencia de todo este despropósito de antojos políticos. Todo ello bajo el mismo contrato porque así fue acordado y firmado.

Para los agoreros, consejeros, aprendices de abogados y demás entendidos, las reclamaciones, las reivindicaciones y los recursos no han finalizado. Aún queda camino por recorrer.

miércoles, 5 de noviembre de 2014

LA LIMPIEZA DEL RÍO GUADALQUIVIR EN CÓRDOBA: EXPLICACIÓN OFICIAL "MAQUILLADA".

Antonio Hurtado Zurera, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista ha llevado una serie de preguntas escritas a la Mesa del Congreso de los Diputados:
  • ¿Cuánto dinero ha aplicado el Gobierno a la limpieza de las orillas del Guadalquivir a su paso por la ciudad de Córdoba? 
  • ¿Se va a continuar contribuyendo con la limpieza del río por Córdoba? 
  • ¿Se firmará algún tipo de convenio con el Ayuntamiento de Córdoba?
  • ¿En que términos puede haber un acuerdo con el Ayuntamiento de Córdoba?
  • ¿Cómo y de qué manera se garantizará la limpieza del río a su paso por la ciudad de Córdoba? 
Con fecha 4 de noviembre de 2014 el Gobierno ha procedido a publicar la ¿contestación? a las preguntas realizadas:
Vemos como en estas circunstancias, al igual que en otras, ha sido conveniente "maquillar" comportamientos, adecuarlos al contexto, ocultar la verdad y moderar respuestas en aras de una supuesta convivencia armoniosa. 

Como bien dijimos en nuestra última entrada la realidad es que no se puede mostrar algo que no se ve, así que el Gobierno ha dado una explicación oficial para que el ego de la conciencia de algunos se quede conforme.


Aún el Gobierno tiene que dar explicaciones sobre las irregularidades en el Guadalquivir, ¿volverá a adecuarlas al interés particular?: 

"Nadie rinde cuentas a la utilización de lo público para hacer negocios privados o para sanear fracasos empresariales con dinero público. La democracia española heredó con gusto la anclada cultura de la impunidad que todo lo corroe. Y así permanecen impunes no sólo los protagonistas de los escándalos económicos más lesivos de nuestra Historia, sino también los funcionarios que una vez aprobaron unas oposiciones y que no cumplen con su deber; los empresarios que burlan sus obligaciones fiscales y laborales; los abusadores de la economía sumergida; los periodistas complacientes; los jueces que escriben novelas y libros de consulta y dan conferencias bien pagadas en sus ratos libres ajenos al colapso judicial; los dirigentes empresariales que no se representan con dignidad ni a ellos mismos; los piratas de la propiedad intelectual ajena; los trabajadores que roban a sus empresas, que los hay; y por supuesto los cargos públicos cuya profesionalidad deja mucho que desear y que han hecho del servicio público poco más que una vieja canción que suena a lo lejos". Impunidad- Enrique Benítez 07.10.2014 

Entre tanta podredumbre somos algunos los que todavía no nos hemos rendido, y en medio de la picaresca y de la desvergüenza, simplemente hacemos y seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer. Lo correcto.  

lunes, 3 de noviembre de 2014

NADA ES LO QUE PARECE: LIMPIANDO EL GUADALQUIVIR, ACTUACIONES PLACEBO, EL EFECTO INAUGURACIÓN. ESPERANDO RESPUESTAS.

Todo gran mago sabe los procesos de manipulación de la ilusión. Tres posibilidades, para ser un gran mago; que haya descubierto los secretos de la verdadera magia y alquimia, que no sea de este mundo, o que sea el mejor ilusionista conocido. Hablamos de grandes magos, no de farsantes y charlatanes. Un farsante que se hace pasar por ilusionista puede engañar a todo el mundo, a intelectuales, a científicos, pero nunca podrá engañar a los grandes magos porque éstos ya se conocen todos los trucos.

La confusión entre lo que es y lo que parece ser es muy frecuente en nuestra vida cotidiana. A menudo nos quedamos perplejos ante algo que nos parecía real y que descubrimos era pura apariencia.

Normalmente establecemos conexiones para ubicar y enraizar lo que sabemos, para aplicarlo, para explicarlo, a menudo buscamos paralelismos y analogías que faciliten nuestra comunicación, nuestro análisis, nuestra síntesis, que, en ocasiones, pueden ser casuales e intuitivas. Ante las irregularidades en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que la Inspección de Servicios está investigando se podría utilizar la analogía "hay que limpiar el río"...de irregularidades.
   
Pues bien, ¡vamos a ello!. Nada es lo que parece.

Cada vez que hay crecidas e inundaciones se reclama “limpiar” el río. 

La idea “hay que limpiar el río” quizás está tan enraizada porque en el pasado los cauces se “limpiaban” sin contemplaciones, sabiendo que no servía de nada, a modo de “actuación placebo”, para mantener callado al ciudadano y ganar votos. Aún se sigue haciendo cuando se consigue regatear sin rubor las “trabas ambientales”.

Así, no faltan gestores públicos que se acogen a procedimientos de emergencia (sinónimo de ausencia de control) tras cada crecida para meter las máquinas “limpiadoras”, bajo una situación de grandes presiones económicas y dinero público disponible para las contratas.

Los organismos de cuenca tienen un deber de policía y protección del dominio público hidráulico, no un deber de limpieza cotidiana de los cauces en las zonas urbanas. Así se establece en el Texto Refundido de la Ley de Aguas. Esas "actuaciones de limpieza" están genéricamente encomendadas a las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Aún así, ni el Plan Hidrológico Nacional ni el Texto Refundido impiden que mediante la firma de convenios se acuerden ese tipo de actuaciones entre los organismos de cuenca y la entidades locales.

Tras varios años sin ninguna tarea de limpieza por parte de la entidad local competente del río Guadalquivir a su paso por Córdoba, el pasado año, el Organismo de Cuenca (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir), la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento constituyeron un grupo de trabajo para diseñar y programar todas las medidas a acometer para conservar y mantener un río limpio y que pudiera ser un referente de respeto medioambiental con el entorno. 

La CHG actuó “de emergencia” (ausencia de control) entre el Puente Romano y el puente sobre la autovía A-4. Actuación que generó un coste inicial de 1,5 millones de euros que incluía la recogida de residuos sólidos urbanos y arrastres acumulados en las márgenes y que fue ampliado a 300.000 euros más para llevar a cabo los trabajos que le correspondían al Ayuntamiento de Córdoba, según convenio “firmado”, sobre lo que se acumule bajo los pilares de los puentes.


Finalizada la limpieza a finales del año 2013, el Consejo de Ministros autoriza, con fecha 16 de mayo de 2014, la actuación de emergencia "para corregir los daños causados por las excepcionales precipitaciones registradas en el pasado año hidrológico" por 1,8 millones de euros.

En el mismo sentido debía haber actuado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el resto de provincias, sin embargo la CHG reconoció hace poco en prensa que no hay fondos suficientes para realizar todas las actuaciones que se requieren. A modo de ejemplo desde el inicio de 2014 el organismo ha invertido en toda la provincia de Granada 1,69 millones de euros

El famoso Plan Hidra contemplaba actuaciones por 30 millones de euros, de los cuales aproximadamente el 60% se ha utilizado para labores administrativas mayoritariamente realizadas por empresas externas. 


Una incoherencia para los "profanos" en la materia.

En Córdoba se cayó en el “efecto inauguración”, como en tantos otros lugares, descuido tradicional de la gestión, en este caso, fluvial. Las obras "de emergencia", autorizadas a posteriori e incongruentes, por lo de la eliminación de los residuos urbanos acumulados que debe corresponder a las entidades locales, generaron un presupuesto “engordado” que "deja de lado" actuaciones necesarias en numerosos municipios de la cuenca del Guadalquivir. 

En opinión de los expertos generalmente estas obras “urgentes” de limpieza y acondicionamiento obvian la planificación, muchas veces no existe proyecto, y casi siempre no se incluye un estudio ambiental. Nunca puede justificarse un procedimiento de limpieza, sea de residuos urbanos, sea de gravas, de vegetación viva o de madera muerta, dentro de un Plan de Restauración. Habría que limitar esas actuaciones solo a programas de mantenimiento de cauces en casos muy especiales de alto riesgo, labores que no pueden llamarse restauraciones, ni correcciones, ni financiarse como tales.

La tan esperada limpieza y adecuación del cauce del río Guadalquivir a su paso por Córdoba genera un debate entre los distintos sectores implicados del que es difícil sacar una conclusión. Todas las administraciones tienen alguna responsabilidad en estas labores. La comisión de seguimiento, grupo de trabajo creado para el “río limpio”, parece ser que ha desaparecido, ya que una vez ejecutadas todas esas labores de "urgencia", no se sigue con el mantenimiento y la conservación.

En relación con lo anterior Antonio Hurtado Zurera, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista ha llevado una serie de preguntas escritas a la Mesa del Congreso de los Diputados (BOCG 16 de octubre de 2014) que esperan respuesta:
  • ¿Cuánto dinero ha aplicado el Gobierno a la limpieza de las orillas del Guadalquivir a su paso por la ciudad de Córdoba? 
  • ¿Se va a continuar contribuyendo con la limpieza del río por Córdoba? 
  • ¿Se firmará algún tipo de convenio con el Ayuntamiento de Córdoba?
  • ¿En que términos puede haber un acuerdo con el Ayuntamiento de Córdoba?
  • ¿Cómo y de qué manera se garantizará la limpieza del río a su paso por la ciudad de Córdoba? 
Muchas preguntas esta recibiendo el Gobierno sobre la gestión de los recursos públicos en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, esperamos que la soberbia exagerada, conocida como “síndrome hybris”, y que se suele asociar a cargos de poder, no haga estragos ni vicie las respuestas incurriendo en la máxima “vanidad de vanidades”. 

Las cosas no suceden así por casualidad. Al cabo de los años, hemos visto como según las circunstancias era conveniente "maquillar" comportamientos, adecuarlos al contexto, ocultar la verdad, moderar respuestas o amordazar la espontaneidad en aras de una supuesta convivencia armoniosa. En otras palabras; se utiliza la manipulación y la hipocresía sin prestarle la atención más mínima, que la mentira es tan ubicua, que es habitual e irrefrenablemente inconsciente.

La realidad es que no se puede mostrar algo que no se ve, y si así fuera siempre habría una explicación oficial, una excusa estúpida pero convincente para que el ego de la conciencia de algunos se quede conforme.

Que la corrupción es mala para la sociedad es obvio, pues desvía parte de sus recursos hacia los caprichos de algún caradura. Pero también es mala para el corrupto quien, a cambio de poder o dinero, deja por el camino jirones de su propia dignidad. 

Este escenario está definiendo su rumbo hacia unos acontecimientos que pueden devenir en el fin del evento y el inicio de un nuevo pacto. Todo saldrá a la luz, hoy, mañana o pasado, pero tarde o temprano, saldrá a la luz.

"Las cosas no son siempre lo que parecen, la apariencias engañan a muchos, pero la inteligencia de unos pocos percibe aquello que se oculta" (Gayo Julio Fedro).