La carrera profesional de los
empleados públicos de la Junta de Andalucía, es un derecho que se encuentra
reconocido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y en la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía.
La provisión de puestos, la promoción
profesional, la movilidad, las retribuciones, el acceso, las potestades
administrativas, han pasado a un segundo plano en la negociación de las Mesas
de la Función Pública Andaluza, donde prima más el interés individual que el colectivo,
tanto por parte de la Administración como de los sindicatos presentes en ellas (UGT, CCOO y CSIF).
La Junta de Andalucía lleva sin
convocar concurso de traslados desde el año 2009 y cuando se convocó el último,
en marzo de 2011, con la obligación legal de haberlo resuelto en septiembre de
ese mismo año, agotó el plazo legal, y modificó las bases del concurso expirado
éste, prolongando un proceso que ya debía haber terminado y que originó una
oleada de demandas judiciales derivando en la paralización del concurso por
parte de diversos juzgados de Andalucía. El desbloqueo de la situación en la que se encuentra el Concurso de Méritos se
encuentra en la actualidad “cocinándose a fuego lento” en el Parlamento
andaluz.
En otras cocinas --Secretarías de
Estado de Presupuestos y Gastos y Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, como partes integrantes de la CECIR en la Administración General del Estado-- diversos colectivos de
funcionarios solicitan que no se adopte acuerdo alguno de apertura de puestos
reservados a funcionarios del Estado a funcionarios de Cuerpos y Escalas de
otras Administraciones, si no ha tenido lugar con anterioridad la selección
justificada de los puestos susceptibles de apertura, el preceptivo proceso de
estudio y homologación al que se refiere el EBEP y sin que, posteriormente, se
acuerden en el seno de CECIR criterios claros y transparentes para proceder a
dichas modificaciones.
El proceso paulatino de
reorganizaciones internas y la consiguiente supresión de vacantes en
las RPTs de la Administración General del Estado (AGE) está generando dificultades para el
desarrollo y la carrera profesional de los empleados públicos.
La apertura de puestos reservados
a funcionarios del Estado para que puedan ser ocupados por
funcionarios de otras Administraciones restringe aún más las posibilidades de
carrera profesional de los funcionarios, por lo que esta posibilidad
debe someterse a criterios de estricta necesidad y realizarse con las
necesarias garantías y la debida transparencia.
A día de hoy, aún sin desarrollar
el EBEP que dispone la movilidad funcionarial efectiva interadministrativa por
parte de las distintas Administraciones Públicas, poder moverse de una
Administración a otra es una labor imposible para el 90% de los empleados públicos ya que los puestos ofertados no están abiertos a ser ocupados por personal de
otra Administración distinta a la convocante y si lo están, las normas internas
de funcionamiento no permiten esta movilidad tampoco.
Hace unos tres años los
funcionarios de la Junta constituyeron la "Plataforma de funcionarios
desplazados de la Junta de Andalucía", para denunciar su situación a la opinión
pública, puesto que se consideran los
principales perjudicados del bloqueo del concurso de méritos emprendido por la
Junta de Andalucía. En diferentes notas enviadas a los medios de comunicación
allá por el año 2012, la Plataforma informó que muchos funcionarios de la Junta
de Andalucía se encuentran desplazados de sus hogares varios cientos de
kilómetros y pedían vía Plataforma, por aquel entonces, una solución rápida aunque fuese
transitoria --reubicación temporal--.
Desde aquellas fechas no se ha vuelto a saber nada más de la "Plataforma de funcionarios desplazados de la Junta de Andalucía", pero es cierto que ese tipo de situaciones se traduce en familias partidas, cuyos miembros tienen que vivir en provincias distintas, con el consiguiente quebranto familiar, afectivo y económico, o en trabajadores que ante la imposibilidad de costear los gastos de mantener dos viviendas tienen que recorrer cientos de kilómetros diarios para desplazarse a su centro de trabajo, con el desgaste físico y psicológico que ello conlleva.
El caso es que sobre la "igualdad" y la "desigualdad" y expuesta y centrada así la cuestión, os informamos que el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), observando que un funcionario de la Administración de la Junta de Andalucía ha obtenido un puesto en la Administración General del Estado --pese a estar “imputado” en varios procesos judiciales-- solicita a la Subdelegación del Gobierno o a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir información sobre el procedimiento llevado a cabo.
Un funcionario para cada puesto, pero no cualquier funcionario para cualquier puesto, sino el que reúne los requisitos por los procedimientos legales establecidos para cubrir transitoriamente tal puesto. Es habitual la frecuente complicidad del funcionario que se aprovecha de su relación de amistad o afinidad con la autoridad para obtener tan anómalo nombramiento…¿no queda en entredicho la imparcialidad funcionarial?; al fin y al cabo, el “funcionario okupa” debe el puesto y las retribuciones a su señor -sic Sevach-