No hay mejor sistema
de control que el de la transparencia de la actuación de las administraciones
públicas, de manera que ésta pueda ser conocida y fiscalizada por los
ciudadanos.
La Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece una serie de principios éticos generales y también de obligaciones
concretas para los miembros del Gobierno, los altos cargos de la Administración
General del Estado y de las entidades del sector público estatal.
Es decir, esta norma
obliga a los políticos (y gestores públicos) a informar en qué gastan el dinero público y permite a
los ciudadanos consultar las subvenciones, los contratos o los sueldos de los
cargos públicos, así como solicitar más información al respecto.
La ley establece
cerca de cuarenta infracciones, la mayoría muy graves, en materia de gestión
económico-presupuestaria y disciplinarias. El régimen
sancionador se divide en tres ámbitos: "infracciones en materia de
conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el
ámbito disciplinario".
Los ministros o secretarios de Estado que
vulneren el Código de Buen Gobierno serán sancionados por el Consejo de
Ministros. Los demás altos cargos de la administración estatal serán
sancionados por el Ministerio de Hacienda. En el caso de
infracciones graves, podrá haber un cese en el cargo político así como una
inhabilitación política entre un periodo entre cinco y diez años.
La titularidad del
derecho de acceso a la información pública "se reconoce a todas las
personas". Los ciudadanos podrán dirigir una solicitud de información
adicional al titular del órgano administrativo que posea la información, sin
necesidad de motivarla. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que
permita tener constancia de la identidad del solicitante, de la información que
solicita y de una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos
de comunicaciones.
La Ley no permite que
se pueda solicitar información de manera anónima.
El Código Ético de la
Función Pública del que hemos hablado en innumerables ocasiones establece que
los empleados públicos:
- Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas.
- Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.
El poner en
conocimiento de los órganos de Inspección presuntas infracciones del
ordenamiento jurídico y por una mala administración no protege al denunciante, lo
vemos cada día. Lo sentimos en “nuestras carnes” cada día.
, Abogado del Estado, nos cuenta como es necesaria en España una
ley que proteja a quienes, en la tesitura de cumplir con el código ético no lo
hacen “a pecho descubierto” por el acoso laboral (seguridad y salud) que ello supone, y proceden a denunciar hechos demostrados tras el anonimato, y que
incluso bajo el anonimato son perseguidos sin rubor por aquellos que hacen de
la transparencia y buen gobierno todo lo contrario.
En otros países
democráticamente más avanzados y con menores índices de corrupción no solo
existe una normativa para proteger a los denunciantes de la corrupción, sino
que incluso hay sanciones para los que simplemente intentan averiguar quien ha
filtrado o denunciado un caso de corrupción.
En Suecia es delito
tratar de averiguar la persona que ha filtrado una noticia. En España es
exactamente al revés, los que sufren persecución y acoso son los denunciantes.
En definitiva, cada vez que salta un nuevo escándalo de corrupción se busca al
“topo” desesperadamente.
Atribuyen
a Camilo José Cela la explicación definitiva de la diferencia entre un gerundio
y un participio. "No es lo mismo estar dormido que durmiendo, como no es
lo mismo estar jodido que jodiendo".
La
dicotomía es aparentemente irresoluble. De un lado están los gobernados, en su
participio; de otro, los que están gobernando, sacando pecho de su gerundio y
de esas medidas duras y difíciles que nunca les afectan a ellos. Están a punto
de que les mandemos a freír espárragos, que es infinitivo pero que debiera ser
imperativo.
La
gravedad de esta situación es evidente. No solo están desactivadas en su mayor
parte las alarmas internas del control sino que si algún empleado público
honesto se atreve a dar la voz de alarma –ya sea utilizando los medios de
comunicación, redes sociales o los recursos disponibles en el ordenamiento jurídico- sobre la
existencia de una trama o de un caso de corrupción es perseguido con saña precisamente
por aquellos que supuestamente deberían velar porque estos casos de corrupción
no sucedan.
Resulta bastante
curioso que el alto cargo o gestor público de turno tenga mucho más
interés en que no trasciendan los casos de corrupción que en investigarlos,
denunciarlos a la Fiscalía o a los Tribunales y exigir las correspondientes
responsabilidades.
Las causas de estas
conductas resultan difíciles de comprender salvo que los “perseguidores” tengan
algún tipo de responsabilidad política o jurídica directa por acción o por
omisión en el caso denunciado o que, en el mejor de los casos, sean defensores
de una supuesta “razón de Estado” que llevaría a evitar, no ya que los trapos
sucios se laven fuera de casa, sino que se laven, a secas.
La excusa, como no,
es el énfasis que se pone en España en la protección del honor y la privacidad
y por supuesto el uso –y el abuso- de la normativa de protección de datos,
refugio ideal para todo el que prefiere no dar a conocer su nómina, sus
gratificaciones, productividades o donde viaja con el dinero de los
contribuyentes. La normativa de protección de datos de carácter personal no
está pensada para la protección de las cloacas.
Pero lo más
preocupante es que la reacción sea abrir un expediente informativo para localizar
al denunciante, con la colaboración de los funcionarios del organismo en
cuestión -suponemos que deseosos de evitar ser confundidos con el topo-. El
mundo al revés. Paradoja del Buen Gobierno en el Guadalquivir.
No nos engañemos,
mientras los empleados públicos honestos y neutrales no tengan libertad para
decir la verdad, no avanzaremos mucho en la lucha contra la corrupción, dado
que ellos saben mejor que nadie lo que ocurre en sus lugares de trabajo. Así lo
entienden también los informes de la Unión Europea que han estudiado la
corrupción en España y que insisten en introducir la protección del
whistleblower-denunciante anónimo.
¿Cuánto tiempo?, ¿cuánto sabes?, ¿cuánto
tienes?, ¿cuánto vales?...
Nadie, ¿qué sabe nadie?...Si nadie sabe de qué hablo: Detrás de un número de puesto de trabajo existe una persona que intenta frenar injerencias y abusos políticos, víctima de la deshonestidad de los "otros".
Nadie, ¿qué sabe nadie?...Si nadie sabe de qué hablo: Detrás de un número de puesto de trabajo existe una persona que intenta frenar injerencias y abusos políticos, víctima de la deshonestidad de los "otros".
Si no se pone remedio
a estas situaciones de desamparo, parafraseando a Cela, con tantos usando
gerundios (jodiendo), vamos a acabar todos sumidos en el participio (bien
jodidos).
