El mejillón cebra es una especie
invasora que ha proliferado en ríos y lagos de España y Norteamérica. Proviene
de las cuencas de los mares Negro y Caspio y supone un grave riesgo
medioambiental y, por tanto, también socioeconómico. En España, la invasión comenzó en 2001 en el embalse de Flix,
desde donde se produjo una dispersión a otros pantanos de la cuenca del Ebro y
otros puntos hasta colonizar completamente esta cuenca.
La expansión del mejillón cebra supone un grave impacto ambiental porque altera el equilibrio ambiental de los ecosistemas, pero también supone un negativo impacto económico. Tanto en Estados Unidos como en la cuenca del Ebro, la invasión ha costado millones de euros. Entre otros problemas, obstruye toda clase de infraestructuras hídraúlicas.
Una
especie entra en un ecosistema que no es el suyo, quizá por descuido de
alguien, de algún responsable de política ambiental de alguna administración
pública, y de repente, al no existir ningún depredador que controle su
población, se expande hasta convertirse en una invasión, hasta que acaba siendo
una plaga que afecta a todo ese
ecosistema e, incluso, lo pone en peligro. ¿La solución?
Lamentablemente, en muchos casos, una vez ocurrida la catástrofe, ya no existe solución alguna por mucho empeño que se ponga y muchas inversiones que se hagan.
Desde hace
años, la Administración Pública ha sido invadida por personal externo alterando
las competencias y facultades de los servidores públicos, modificando el
sistema. Esa especie hasta entonces desconocida para la inmensa mayoría de
nosotros se está haciendo famosa, ocupando páginas de periódicos, espacios
radiofónicos e incluso gozando de momentos estelares en el gran medio, la
televisión, por aquello de las denuncias por haber sido cedidos ilegalmente a la administración, consiguiendo ser de la noche a la mañana empleados públicos, con
el consecuente asombro del que aprobó una oposición. Con el discurrir del
tiempo, la noticia ya no es tan noticia, y esa especie ha empezado a perder
protagonismo en nuestros medios de comunicación, pero el peligro que supone
sigue plenamente latente pues se afianza cada vez más en la Administración
Pública.
Al funcionario público se le exige
un comportamiento intachable y de respeto absoluto de la legalidad, debiendo
adecuar su quehacer profesional, en todo caso, a las normas que lo regulan,
demandándole la sociedad una dedicación exacta y eficaz en el servicio que
presta, teniendo en cuenta la concepción que se tiene hoy de la administración,
que no es otra que la prestacional y teniendo como finalidad primaria y última la de
proporcionar al ciudadano los servicios públicos de toda clase y en condiciones
óptimas.
A la especie exótica invasora no
se le exige nada y por ello se sigue reproduciendo. Conlleva menos control y costes más elevados a corto, medio y largo plazo, incluso duplicándolos.
Esta semana se ha tenido conocimiento de este documento:
La solicitud en cuestión se refiere a la ampliación de los trabajos de TRAGSATEC.
Las relaciones de TRAGSA y sus
filiales con la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y
con los poderes adjudicadores dependientes de ellas en su condición de medio
propio y servicio técnico tienen naturaleza instrumental y no contractual, por
lo que, a todos los efectos, son de carácter interno, dependiente y
subordinado.
En la actualidad, su carácter ni es dependiente, ni subordinado, de hecho son los empleados públicos los que dependen y están subordinados a los que bajo ese tipo de encomiendas y/o convenios desarrollan los trabajos que son propios de esos empleados públicos. El empleado público, si acaso sigue teniendo el "privilegio" de seguir desempeñando sus tareas, se encuentra ante el "ordeno y mando" de la especie exótica invasora.
Queremos incidir en que el desarrollo de trabajos de carácter jurídico, administrativo y técnico son potestades públicas, que obviamente deben ser realizadas por servidores públicos, particularmente por funcionarios, en este caso de Comisaria de Aguas.
En estos momentos, de infortunio, o no, de los gestores de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en los que los pliegos negociados sin publicidad para este tipo de trabajos, parece ser que han sido restringidos por la Autoridad, se solicita la ampliación de esas tareas, otorgando, una vez más y sin que nadie ponga remedio, potestades públicas a aquellos que por ley no las tienen.
El ciudadano no es consciente de esta situación. Nosotros sí.
Si se utiliza a la empresa
pública Tragsatec para
desatascar el bloqueo de expedientes, el ciudadano se puede encontrar con un caso tipo FOGASA.
El informe del órgano
fiscalizador sobre esa gestión asegura que los empleados de
Tragsatec se “extralimitaron” en las funciones teóricamente
encomendadas, ya que no
sólo realizaron “tareas de apoyo, instrumentales y carácter accesorio”
–como recoge la letra del contrato–, sino que, en realidad, “instruyeron” los expedientes, una
función que únicamente es competencia de los funcionarios públicos.
A vueltas con lo mismo y con lo mismo nos encontramos. Sobrecostes y usurpación de funciones públicas. Las razones por las cuales nuestro Organismo no puede
llevar a cabo por si mismo dichas actividades, especificando el
motivo que ha llevado a considerar la encomienda de
gestion como el medio juridico adecuado para
satisfacerlas, se basa en que no es necesaria la incorporacion de funcionarios porque realmente se utiliza la misma excusa de siempre.....tras la transferencia y reversión del Guadalquivir no existen medios humanos para llevar a cabo esas funciones.
Lo que debe desconocer el órgano contratante, aunque lo conoce a la perfección, de esas encomiendas, es que a los funcionarios existentes se les retira el trabajo para otorgarselo de esta manera tan "legalista" a la especie exótica invasora.
La situación actual está ayudando a crear ese tipo de empleados públicos que alegan "No fui yo,
fue la crisis" para atribuir los malos resultados al entorno y no a su
desempeño y dar la razón a quienes están gestionando los recursos humanos en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por ser el caso.
El perfil usual de los líderes que gestionan los recursos humanos, en este Organismo, del todo autónomo, ya sea "el principal" o "por provincias" es
como el que sigue (un simil):
"Aquel Jefe de Personal era un ex oficial del Servicio Penitenciario. Cuando finalizaba la jornada laboral, le gustaba pararse en la vereda,
frente a la puerta de salida, enfrentando a quienes se retiraban, para escuchar
el obligado "Hasta mañana Señor González". Irónico deseo que tanto él
como todos los que lo pronunciaban sabían que era absolutamente ficticio. Pero
esa era su orgásmica forma de sentirse poderoso".
- Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general.
- Ejercerán sus funciones de buena fe y con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a estos principios.
- Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular.
- Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.
- Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad en la prestación de servicios públicos.
- Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección.
- Desempeñarán sus funciones con transparencia.
- No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales.
Quizá la Inspección de Servicios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente este actuando. Son tantas historias las que contar que, como esta entrada de hoy (pensará alguno), a los Señores Inspectores se les haría interminable la investigación de todos estos hechos.
Gracias por la atención prestada.
