GUADALQUIVIR: EMPLEADOS PÚBLICOS EXTRAVIADOS, CIUDADANOS PERDIDOS, EXPEDIENTES TRASPAPELADOS ¿DÍAS DE DESGOBIERNO Y VACÍO DE PODER?

El poder político deteriora y envilece la burocracia funcionarial, que de resultar profesional y eficaz supondría un contrapeso al poder político que éste no tolera, prefiriendo una burocracia ineficaz pero que sirva de botín a disposición de amigos y militantes, “porque al partido gobernante no le interesan tanto los servicios que los empleados públicos prestan a la Administración, como las rentas políticas y económicas que pueden obtener de ella”. Por eso todas las reformas administrativas están terminando ser un fracaso estrepitoso.(Desgobierno de lo público, de Alejandro Nieto).

La Reforma del Estatuto de Autonomía Andaluz apelaba a las competencias exclusivas sobre el rio Guadalquivir, decisión que fue tomada en consenso por todos los grupos políticos: pero, como bien se comprobó el 18 de febrero de 2007, solo el 35,6% de la ciudadania acudió a votar al referéndum de aprobación del mismo.

Estos casi siete meses desde el fallo del Constitucional declarando nulas las competencias exclusivas sobre el Guadalquivir han sido una pérdida de tiempo para el administrado, el usuario, y un coste innecesario para el ciudadano.

Durante tres años se ha creado una incertidumbre en nuestro colectivo de la que no nos desprenderemos tan fácilmente. Aun habiendo entrado en vigor el RD de integración al Estado de lo ilegalmente transferido, quedan asuntos de tema laboral y económico sin resolver, de forma que se ha incurrido en una falta de responsabilidad  política y en una falta de respeto hacia el empleado público garante de la prestación de un servicio de interés general. 

Hemos declarado ante los medios que estamos planteando pedir daños y perjuicios por la situación psicológica y personal que nos ha generado este desgobierno.

Nuestro colectivo lleva meses solicitando al Ministerio de Política Territorial y al Ministerio de Medio Ambiente reuniones urgentes para tratar sobre la situación de inseguridad laboral que preveíamos iba a ocurrir con estas vacilaciones políticas. ¿Donde estaban los sindicatos?.

CCOO declara ante los medios que "todos los actos administrativos de estos trabajadores afectados transferidos a la Junta y ahora integrados de nuevo en el Estado, con independencia de si tienen o no consecuencias económicas, deberán ser declarados nulos, al declararse nula la transferencia".

Rosa Aguilar ha dicho que esta integración al Estado los medios personales y materiales será «temporal» hasta que se apruebe la delegación las mismas, que se apelara al artículo 150.2 de la Constitución "para recuperar las plenas competencias" y que ambas administraciones siguen trabajando "para conseguir el objetivo de que Andalucía sigua comandando y desarrollando las funciones del Guadalquivir" siempre bajo la "seguridad jurídica" para los trabajadores.

Manuel Chaves, ha asegurado que la decisión de la Junta de Andalucía de revertir las competencias del Guadalquivir al Gobierno Central, se ha basado en "garantizar" la seguridad jurídica de los trabajadores y funcionarios dependientes de dichas competencias, que la decisión se ha tomado pensando en la "seguridad jurídica de los trabajadores y funcionarios que estaban relacionados con las competencias del Guadalquivir". En este sentido, ha abundado en que si los trabajadores están pensando acudir a los tribunales "a reclamar o reivindicar algo" lo pueden hacer "con toda la legitimidad del mundo", añadiendo que la administración "respetará" esa decisión.

La última propuesta del Gobierno era que Andalucía asumiera la policía de aguas y, a través de una encomienda de cinco años de duración, se cerraran el resto de funciones. Pero, según Mar Moreno, no se pudo encontrar una salida con el suficiente respaldo legal. La Junta prefirió entonces que todas las competencias y los medios volvieran al Estado.

Ahora, la vista está puesta en el artículo 150.2 de la Constitución y en la proposición de Ley Orgánica que Andalucía quiere que apruebe el próximo Gobierno central para que se deleguen, otra vez, todas las competencias de la cuenca.

Los gobernantes se excusan ahora ante la opinión pública que la decisión de revertir las competencias del Guadalquivir al Estado se ha basado en garantizarnos seguridad jurídica.

Volvemos a insistir, una vez más, en la idea capital a los que, altaneros, manipulan, dirigen, deciden y  mandan sobre nosotros. A ellos les decimos: No creáis nunca que vuestro papel como gobernantes consiste en que vuestros bolsillos ganen peso y se llenen de dinero. Eso es una falacia que se paga siempre, aunque, generalmente, se da uno cuenta cuando ya es tarde para rectificar.

A partir del lunes 24 de octubre, la incertidumbre e inseguridad jurídica vuelve a estar "latente", empleados públicos extraviados, ciudadanos perdidos, expedientes traspapelados ¿días de desgobierno y vacio de poder? 

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