REFORMA LABORAL Y SILENCIO EN LA RPT DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS DEL GUADALQUIVIR REVERTIDOS AL ESTADO EN EJECUCION DE SENTENCIA.

REFORMA LABORAL 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

1º. Se publica el Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y la corrección de errores publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 42, de 18 de febrero de 2012.

2º. Vigencia transitoria de determinados artículos del Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos, aprobado por Real Decreto 801/2011, de 10 de junio.

El Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, ha dado nueva redacción a los artículos 51 y 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, referentes a los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada.

Ante las dudas surgidas, y en tanto se elabora un nuevo reglamento de procedimiento sobre despidos colectivos y suspensión de contratos y reducción de jornada, razones de seguridad jurídica aconsejan deslindar aquellos aspectos del actual Reglamento que deben entenderse en vigor.

Lo dispuesto en la presente Orden será de aplicación a los procedimientos a que se refieren los artículos 47 y 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, iniciados con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, hasta tanto se produzca la entrada en vigor del reglamento de procedimiento de despidos colectivos y de suspensión de contratos y reducción de jornada, a que se refiere el apartado 2 de la disposición final decimoquinta de dicho real decreto-ley.

Añadimos: CONSEJO DE MINISTROS DEL VIERNES 16 DE MARZO

El Consejo de Ministros del viernes podría aprobar ya la anunciada supresión de entes públicos (2.381 empresas, 613 fundaciones y 1.029 consorcios). El conjunto de estos organismos acumula una deuda de 57.170 millones. 

Cerca de 700.000 contratados se verán afectados por las medidas excepcionales del Ejecutivo, que también contemplan la eliminación de, al menos, un 30% de empresas, organismos y fundaciones públicas –un 10% más de lo que se había apuntado de los entes adscritos a la Administración central–.

SILENCIO EN LA RPT DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS REVERTIDOS AL ESTADO EN EJECUCION DE SENTENCIA

En estos momentos, la RPT está pendiente de que se vuelva a convocar a los sindicatos.

Sabemos que se está elaborando un documento de alegaciones, no sabemos si se ha procedido a su consenso y a su entrega a la Administración.

Nos cuentan que la Administración presuntamente prevé la amortización de plazas vacantes y un recorte drástico de lo que nos corresponde. 

Según las notas informativas que nos hizo llegar la parte social de la Mesa, resulta que:

A) El Complemento Específico obligaría a la plena dedicación, con 40 horas semanales, como en la Junta de Andalucía, cosa incierta, pues como ya hemos mencionado en otras ocasiones, en la Junta de Andalucía no se hacían 40 horas semanales: ORDEN de 16 de julio de 1999, de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se modifica la Orden de 29 de julio de 1996, sobre jornadas y horarios en la Administración General de la Junta de Andalucía (BOJA nº 82, de 17 de julio de 1999)

B) Los criterios seguidos para la cuantificación del CPI han compensado las diferencias entre las sumas de salarios y pluses (complementos) del Estado respecto de los de la Junta de Andalucía.

C) Los complementos que aparezcan en la RPT los pagará el trabajador con su CPI: a mayor número de complementos, menor es la cantidad a percibir en el CPI, el salario final será el mismo mientras que las obligaciones contractuales serán dispares, creando un agravio entre trabajadores del mismo Grupo.

La Administración no tiene obligación de negociar los términos de la RPT pero sí cuando la misma afecta a las condiciones de trabajo de los empleados públicos, lo que comporta el efecto práctico de que la Administración queda obligada a negociar la RPT y los sindicatos cuentan con derecho a exigirlo. 

La jurisprudencia anuda la falta de negociación a la nulidad de pleno derecho de la RPT por afectar al derecho fundamental de la negociación colectiva.

Creemos urgente y necesario, QUE TANTO LA PARTE SOCIAL COMO LA ADMINISTRACION, normalicen la situación de una plantilla de empleados públicos destrozada por la incompetencia de la Administración que llevo a cabo una transferencia inconstitucional.