La función de control y vigilancia
del dominio público hidráulico, se ha ejercido históricamente por el Servicio
de Policía Fluvial (más conocido por Servicio de Guardería Fluvial), creado
mediante la Orden Ministerial de 11 de enero de 1958. Por decreto de 14 de
noviembre de 1958 se aprobó el Reglamento de Policía de Aguas y sus Cauces, el
cual designa funciones de policía de aguas a dos grupos de personas: a) todos
los funcionarios del Servicio, b) El personal de Guardería Fluvial del
Departamento.
El Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas establece en su artículo 94.4 que los agentes medioambientales, en el
ejercicio de sus funciones y a todos los efectos legales, tendrán la
consideración de agentes de la autoridad.
Por otra parte, el artículo 94.5
del mismo texto establece que los Guardas Fluviales (actualmente denominados
Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, especialidad
Vigilancia del Dominio Público Hidráulico) realizarán labores de apoyo y
asistencia a los agentes medioambientales en el ejercicio de sus funciones de
policía de aguas.
Desde hace décadas Doñana lleva
sufriendo el “robo de agua” hecho “presuntamente” conocido por todas las
Administraciones Públicas.
A finales del año 2014 tres
agentes fluviales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir fueron
amenazados y agredidos por más de 200 personas mientras realizaban su labor de
inspección en una finca agrícola del entorno de Doñana, en Lucena del Puerto
(Huelva).
Estos intolerables hechos a los
agentes fluviales de Doñana, que realizan un trabajo vital para el control de
las extracciones ilegales de agua en el entorno del humedal más emblemático de
España, se hicieron eco en prensa....
“El pasado lunes 24 de noviembre,
en una escena impropia del siglo XXI, tres agentes fluviales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir fueron
amenazados y agredidos en una finca de cultivo de fresa de Lucena del Puerto
(Huelva), situada en un monte público propiedad del ayuntamiento, mientras
realizaban su trabajo de protección del medio ambiente. Cuando se encontraban
en la finca, aparecieron de pronto más de 200 personas –agricultores y
trabajadores de fincas cercanas, supuestamente convocados a través de WhatsApp-
que comenzaron a insultar y amenazar a los agentes. Al tratar de abandonar
la finca, el vehículo oficial de los
agentes fue obstaculizado.”
Los sindicatos y asociaciones ecologistas tomaron partido en el asunto....
El BOE de 10 de diciembre de 2015,
recoge la Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaria de Estado de
Administraciones Públicas, que publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el protocolo de actuación frente
a la violencia en el trabajo en la Administración General del Estado (AGE) y
los organismos públicos vinculados o dependientes de ella.
Este protocolo se plantea como una
herramienta de uso común en la AGE para la prevención y actuación frente a los
casos de agresión, en o con ocasión del trabajo, sin menoscabo de su adaptación
a las características y problemática específica de cada Departamento u
organismo.
El protocolo fue objeto de
negociación en el seno de la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos
Laborales, y se elevó a Mesa General de Negociación de la AGE, siendo aprobado
por ésta en su reunión del 30 de julio de 2015.
Dice ponerse en práctica la
"tolerancia cero" frente a la violencia contra los empleados públicos
como consecuencia del ejercicio de sus funciones.
Los departamentos de la
Administración a partir del 20 de noviembre de 2015 “dicen los papeles” han
comenzado ya a aplicar medidas para prevenir la violencia y apoyar a los
empleados públicos víctimas de agresiones.
En el mes de febrero de 2017 se
difunde el Texto del Borrador de Orden Ministerial (aún sin ver la luz) por la que se regula el
ejercicio de las tareas de los funcionarios pertenecientes a la Escala de
Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio
Ambiente, encargados de la inspección y vigilancia del dominio público
hidráulico, en uno de sus artículos: Relaciones con los ciudadanos expone:
Los agentes procurarán desarrollar
su función informativa y disuasoria, de tal forma que se prevengan tanto los
daños medioambientales como la comisión de infracciones.
Deberán evitarse altercados y
discusiones al pedir los datos necesarios para formular las denuncias. En caso
de negativa por parte de los ciudadanos a facilitar los datos o la entrada a
las instalaciones o propiedad privada, podrán requerir los servicios de las
Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, o en su caso, de los Cuerpos de
Policía de las Comunidades Autónomas.
VIOLENCIA EN EL TRABAJO UN RIESGO PARA LA SALUD:
Definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS): «la
violencia ocupacional está constituida por incidentes en los cuales los
trabajadores sufren abusos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas
con el trabajo, incluyendo el trayecto de ida y vuelta al mismo, que coloquen
en peligro, implícita o explícitamente, su seguridad, su bienestar o su salud».
Definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): la
«violencia en el lugar de trabajo es toda acción, incidente o comportamiento
que se aparta de lo razonable mediante el cual una persona es agredida,
amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad
profesional o como consecuencia directa de la misma».
Cuando se habla de los riesgos que
pueden afectar a la salud de los empleados públicos, como consecuencia del
trabajo que realizan, se tiende a pensar, casi exclusivamente, en aquellos
riesgos que dan lugar a las formas de accidentes laborales más comunes y
conocidas: caídas, golpes, cortes, intoxicaciones... Accidentes todos ellos
relacionados con la actividad o las condiciones materiales en que se realiza el
trabajo.
Pero la actividad laboral se
realiza por personas, que trabajan y se relacionan con otras personas, ya sean
compañeros o usuarios de los servicios que se prestan. De tal forma, que uno de
los riesgos a los que están sometidas las personas en el desempeño de su
trabajo deriva, precisamente, de la interrelación con otras personas, cuando en
esa interrelación se producen comportamientos violentos que pueden suponer un
importante riesgo para la salud.
Dentro de ese conjunto de
problemas que pueden derivarse de la interrelación de las personas en situación
de trabajo, la violencia en el trabajo, en sus distintas manifestaciones, es
probablemente el más significativo y más grave de todos ellos; en particular en
un ámbito, como es la Administración General del Estado, en el que una parte importante
de su actividad consiste en prestar una atención directa al ciudadano o a los
usuarios de determinados servicios, lo que puede suponer, en algunas ocasiones,
para los empleados públicos de determinados ámbitos situaciones de riesgo que
deben de ser analizadas, estudiadas, y siempre que sea posible, evitadas.
Para responder a este fenómeno y,
sobre todo, con el objeto de establecer mecanismos de actuación y apoyo a los
empleados públicos víctimas de agresiones en el trabajo, los Departamentos y Organismos
más afectados deben aplicar Protocolos de actuación específicos con el objeto
de prevenir estas agresiones intolerables.
Nos vamos al día 1 de febrero de
2017: Protocolo
de Actuación contra la Violencia en el Trabajo aprobado en el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
Sin embargo...la historia se repite (y estamos en 2018): mismo lugar.....Doñana, Lucena del Puerto
(Huelva).
El pasado viernes 21 de septiembre
un agente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) estaba inspeccionando
pozos en los alrededores del Parque Nacional de Doñana cuando de repente su
coche oficial se vio rodeado de vecinos, que le increparon y le mantuvieron
retenido.
El origen de esta confrontación,
por la que el guarda fluvial tuvo que ser rescatado por la Guardia Civil y
recibir asistencia médica, estaba en 77 pozos ilegales sobre los que existe
ya una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que obliga a
su cierre.
El empleado público simplemente
estaba llevando a cabo sus funciones supervisando que la sentencia se estuviese
cumpliendo por parte del ayuntamiento de Lucena del Puerto cuando se encontró
con los asaltantes.
Como ya sabemos no es el primer caso y
pese a protocolos y acciones reivindicativas sigue siendo habitual que agentes medioambientales, vigilantes de dominio público,
guardas de explotación, que realizan sus tareas de servicio público -tareas de
vigilancia del dominio público- se encuentren con situaciones de violencia y
acoso en el desempeño de sus funciones.
Tras lo ocurrido el día 21 de septiembre de este 2018, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explican a los medios de
comunicación que el ministerio no dará ningún paso atrás en su objetivo de
frenar los pozos ilegales de Doñana. "Estamos estudiando la manera
de dar apoyo a estos empleados de una forma definitiva", apuntan.
La
sección sindical estatal de CCOO dice en su página web que va a
solicitar una reunión urgente con la máxima dirección del Ministerio para
abordar de una vez por todas este asunto y aclarar varios aspectos sobre la
realización de las tareas de vigilancia por los distintos colectivos.
Por su parte la Delegación del
Gobierno en Andalucía ha anunciado que, a partir de ahora, los agentes
destinados a esta actividad de inspección contarán con el apoyo de la Guardia
Civil en el ejercicio de sus funciones, estableciendo «un sistema específico de
colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Guardia
Civil, de forma que esas inspecciones irán reforzadas por miembros del
Instituto Armado».
En este sentido, continúa la
comunicación a los medios, que «estos agentes actuarán en la detención
inmediata de cualquier acto violento contra cualquier funcionario público», al
tiempo que se advierte que el atentado contra cualquiera de ellos tiene penas
mayores por suponer un delito contra la autoridad.
Lo que es redundantemente obvio
que pese a la existencia del Protocolo contra la violencia externa en el
trabajo, Protocolo
de Actuación contra la Violencia en el Trabajo aprobado en el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a la vista de lo que sigue ocurriendo, pues no es ninguna novedad, su implantación debe perfeccionarse -en alguna que otra Confederación Hidrográfica su implantación debe iniciarse-, en particular, que se
materialicen aquellas medidas correctoras que tienen que ver con el apoyo
sanitario y la atención psicológica -no debe olvidarse que se debe tratar como ACCIDENTE DE TRABAJO-, así como la asistencia jurídica por los Servicios Jurídicos del Estado, medidas que la Administración debe
proporcionar a los empleados públicos afectados. Todo ello unido a la necesidad
de establecer y difundir unos principios básicos de actuación, comunes para el
conjunto de las Confederaciones Hidrográficas y apoyados de manera explícita
por las mismas, eso incluye el total respaldo tanto del Jefe de Unidad (Comisarios de Aguas) como de las Jefaturas de Recursos Humanos.
Es evidente que la organización
del trabajo y los medios puestos a disposición no son los adecuados para
realizar el trabajo encomendado por la Ley de Aguas.
Partiendo del principio de
tolerancia cero -de ese 20 de noviembre de 2015- frente a las conductas
violentas y con el objetivo de dignificar el trabajo y la seguridad de los
empleados públicos expuestos a este tipo de agresiones, deben hacerse efectivas
y reales las medidas y estrategias preventivas, aportando, al tiempo, un
instrumento común de actuación y un sistema de garantías y apoyos suficientes
para los empleados expuestos a tales riesgos....hasta hoy...poca cosa...seguimos igual.
“La guardería fluvial hace un
trabajo fundamental velando por el agua,
un bien público y un recurso natural
vital para el mantenimiento de los ecosistemas, la población y la propia
agricultura”.
(Dixit Secretario General de WWF España-Noviembre 2014)
(Dixit Secretario General de WWF España-Noviembre 2014)
