Nuestro colectivo ha hecho entrega hoy de un DOCUMENTO-MANIFIESTO EN LA SEDE DEL PARTIDO POPULAR EN CORDOBA, para hacerselo llegar a Javier Arenas. Asimismo, le ha sido remitido dicho documento y el siguiente mensaje a través de correo electrónico:
"El colectivo de empleados publicos afectados por la transferencia del Guadalquivir, hoy anulada, necesita que el Partido Popular "muestre sus cartas" ante la pretension del Gobierno Central y del Gobierno Andaluz de destruir, con caracter urgente y electoralista los principios contemplados en la Ley de Aguas y con ello, los principios de unidad de la nación española y de solidaridad entre personas y territorios. Necesitamos que nos hagan llegar su posicionamiento al respecto y se dejen de "ambiguedades" como dice la prensa. No queremos mas "premeditaciones, alevosias y nocturnidades". Por ello, hemos redactado un Manifiesto "POR LOS PRINCIPIOS DE UNIDAD DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y DE SOLIDARIDAD Y UTILIZACIÓN RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES" que se adjunta y que les enviamos a traves de diferentes medios"
Atentamente,
COLECTIVO DE EMPLEADOS PUBLICOS AFECTADOS POR RD 1666/2008
El MANIFIESTO PARA PRESERVAR LA UNIDAD DE CUENCA, destaca entre otros:
"QUINTO.- Los empleados públicos integrados en la extinta Agencia Andaluza del Agua por el proceso de transferencias declarado nulo por el Tribunal Supremo en tres ocasiones, MANIFESTAMOS que a partir de esta fecha, permaneceremos espacialmente vigilantes al estricto cumplimiento de la normativa de aguas y las limitaciones aludidas, y denunciará la toma de decisiones que perjudiquen la seguridad jurídica de los administrados y sus procedimientos, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades a las personas que, en la actualidad o en un futuro, ostentan la dirección política de los órganos de la administración pública del agua, en la medida en que persistan en su postura de separarse de la legalidad vigente."
Esperamos pronta respuesta del Partido Popular ante nuestras demandas y reivindicaciones.
Informaremos de lo que vaya sucediendo.
martes, 6 de septiembre de 2011
domingo, 4 de septiembre de 2011
SE DESMANTELA EL GUADALQUIVIR: EL 50% DEL PERSONAL, FUNCIONES Y FONDOS SEGUIRÁN BAJO EL CONTROL DEL EJECUTIVO ANDALUZ.
El Gobierno Central y la Junta de Andalucía pretenden zanjar el tema de la Cuenca del Guadalquivir con un NUEVO REAL DECRETO DE TRANSFERENCIA, con una única misión: entregar las funciones reservadas por ley para los empleados públicos a personal externo. Se acabo LA IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.
El gobierno olvida que:
1.El Estado es titular de la soberanía popular, primando el principio de unidad y supremacía del interés general de la nación.
2.Las competencias exclusivas son del Estado en interés de construir, preservar y reforzar de manera permanente la unidad nacional por encima de los particularismos de regiones en que dicha unidad se descompone y que la Constitución protege.
3.Las Transferencias no pueden suponer la enajenación de las competencias. Las transferencias se refieren a facultades concretas de gestión, debiendo resultar asegurada la titularidad estatal.
4. La exclusividad ofrece la posibilidad de revocación de la transferencia en base a la necesidad de no fragmentar el régimen de un servicio público y unitario que traspasa los límites la comunidad autónoma.
5. LA CUENCA HIDROGRAFICA SE CONSIDERA INDIVISIBLE COMO UNIDAD DE GESTION DEL RECURSO.
6. SE ESTAN MANIPULANDO LAS SENTENCIAS DEL CONSTITUCIONAL Y DEL SUPREMO PARA NO LLEVAR A CABO LO FALLADO EN LAS MISMAS.
NOTICIA:
2.Las competencias exclusivas son del Estado en interés de construir, preservar y reforzar de manera permanente la unidad nacional por encima de los particularismos de regiones en que dicha unidad se descompone y que la Constitución protege.
3.Las Transferencias no pueden suponer la enajenación de las competencias. Las transferencias se refieren a facultades concretas de gestión, debiendo resultar asegurada la titularidad estatal.
4. La exclusividad ofrece la posibilidad de revocación de la transferencia en base a la necesidad de no fragmentar el régimen de un servicio público y unitario que traspasa los límites la comunidad autónoma.
5. LA CUENCA HIDROGRAFICA SE CONSIDERA INDIVISIBLE COMO UNIDAD DE GESTION DEL RECURSO.
6. SE ESTAN MANIPULANDO LAS SENTENCIAS DEL CONSTITUCIONAL Y DEL SUPREMO PARA NO LLEVAR A CABO LO FALLADO EN LAS MISMAS.
NOTICIA:
"La Junta de Andalucía está a punto de cerrar con el Gobierno central el listado final de transferencias sobre el río Guadalquivir que le permitirá la reciente modificación de la Ley de Aguas. Según los cálculos de la Junta, al menos el 50% del personal, funciones y fondos seguirán bajo el control del Ejecutivo andaluz. El acuerdo, que posiblemente se cerrará mediante un real decreto de transferencia, debe estar cerrado antes de concluya el mes de septiembre, ya que en octubre acaba la encomienda temporal que la Junta tenía sobre la totalidad de las aguas del Guadalquivir a su paso por la comunidad. No obstante, este mecanismo de transferencias de mayores competencias no cerrará la iniciativa legislativa autonómica para hacerse con la gestión integral del río mediante una delegación de funciones. La encomienda concluirá, pero la reclamación se mantendrá como una petición formal del Parlamento andaluz, que se aprobará casi con toda seguridad el próximo 13 de septiembre en un pleno extraordinario.
La reciente modificación de la Ley de Aguas (apartados 2, 3 y 4 del artículo 94) permitirá a la Junta quedarse con las inspección y control del dominio público del río; es decir, la política de policía de aguas, que son unos 181 empleados. Pero la comisión bilateral Junta-Estado está a punto de cerrar otras competencias que también se pueden transferir sin violar la sentencia del Constitucional. Fuentes del Gobierno central también explicaron que serán muchos más funcionarios y empleados laborales los que se quedarán en la Junta.
De cumplirse esa cifra del 50%, la cifra de trabajadores que no se reincorporarían a la Confederación superarían, al menos, los 350. En el momento de la transferencia, anulada en tres ocasiones por el Tribunal Supremo, pasaron a la Junta 704 personas, pero con margen para llegar a 849 efectivos; se le otorgó un presupuesto anual de 120 millones de euros más el montante de las ayudas europeas ligadas al río, y 54 de los 57 embalses. Fuentes del Gobierno andaluz no pudieron precisar las cifras precisas, ya que aún deben cerrar asuntos muy técnicos sobre el conjunto de la gestión.
Andalucía aspira a quedarse con otras funciones como la gestión y explotación de los embalses, la recaudación de algunos cánones y el mantenimiento de algunas redes de información hidrológica y medioambiental.
Este acuerdo con el Estado no va a evitar que la Junta siga reclamando la gestión integral del río como una delegación de transferencias, una vía que permitiría el artículo 150.2 de la Constitución. No se trataría de una competencia exclusiva, que es lo que los tribunales han anulado, sino una delegación. Pero, incluso, así, hay demasiadas dudas legales sobre ello. El líder del PP, Javier Arenas, ha solicitado que se pronuncien los servicios jurídicos del Parlamento antes de respaldar una iniciativa en la Cámara."
La reciente modificación de la Ley de Aguas (apartados 2, 3 y 4 del artículo 94) permitirá a la Junta quedarse con las inspección y control del dominio público del río; es decir, la política de policía de aguas, que son unos 181 empleados. Pero la comisión bilateral Junta-Estado está a punto de cerrar otras competencias que también se pueden transferir sin violar la sentencia del Constitucional. Fuentes del Gobierno central también explicaron que serán muchos más funcionarios y empleados laborales los que se quedarán en la Junta.
De cumplirse esa cifra del 50%, la cifra de trabajadores que no se reincorporarían a la Confederación superarían, al menos, los 350. En el momento de la transferencia, anulada en tres ocasiones por el Tribunal Supremo, pasaron a la Junta 704 personas, pero con margen para llegar a 849 efectivos; se le otorgó un presupuesto anual de 120 millones de euros más el montante de las ayudas europeas ligadas al río, y 54 de los 57 embalses. Fuentes del Gobierno andaluz no pudieron precisar las cifras precisas, ya que aún deben cerrar asuntos muy técnicos sobre el conjunto de la gestión.
Andalucía aspira a quedarse con otras funciones como la gestión y explotación de los embalses, la recaudación de algunos cánones y el mantenimiento de algunas redes de información hidrológica y medioambiental.
Este acuerdo con el Estado no va a evitar que la Junta siga reclamando la gestión integral del río como una delegación de transferencias, una vía que permitiría el artículo 150.2 de la Constitución. No se trataría de una competencia exclusiva, que es lo que los tribunales han anulado, sino una delegación. Pero, incluso, así, hay demasiadas dudas legales sobre ello. El líder del PP, Javier Arenas, ha solicitado que se pronuncien los servicios jurídicos del Parlamento antes de respaldar una iniciativa en la Cámara."
Publicado en PRENSA
viernes, 2 de septiembre de 2011
"ATAQUE" A LA CONSTITUCIÓN Y ADULTERACION DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO
El 1 de enero de 2009 se produjo la integración por TRANSFERENCIA (RD 1666/2008) de 223 funcionarios y 479 laborales (702 empleados públicos de la administración General del Estado) procedentes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Agencia Andaluza del Agua. Esa transferencia fue ANULADA POR TRES SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO.
Aparte se transfirieron 147 puestos de trabajo vacantes. Según pacto de los Sindicatos con el Gobierno Andaluz y Central tras la reunión en Cazorla del año 2007 (Chaves, Zarrias, Narvona), 97 de esas vacantes estaban destinadas a concurso oposición. Hasta la fecha esos 147 puestos han sido "regalados" al personal de EGMASA sin proceso selectivo alguno. A esos hay que añadir los 7000 restantes trabajadores de EGMASA que entran a formar parte de la AMAYA, repetimos, sin proceso selectivo alguno contraviniendo lo establecido en la Constitución.
Aparte se transfirieron 147 puestos de trabajo vacantes. Según pacto de los Sindicatos con el Gobierno Andaluz y Central tras la reunión en Cazorla del año 2007 (Chaves, Zarrias, Narvona), 97 de esas vacantes estaban destinadas a concurso oposición. Hasta la fecha esos 147 puestos han sido "regalados" al personal de EGMASA sin proceso selectivo alguno. A esos hay que añadir los 7000 restantes trabajadores de EGMASA que entran a formar parte de la AMAYA, repetimos, sin proceso selectivo alguno contraviniendo lo establecido en la Constitución.
Mediante la Ley de reordenación del sector público andaluz se extingue la Agencia Andaluza del Agua, creándose una Agencia Pública Empresarial, administración paralela, cuyos fines son tanto la gestión del Medio Ambiente (montes públicos, vigilancia y control ambiental, emergencias ambientales, prevención y extinción de incendios), como la gestión del Agua (Infraestructuras hidráulicas, dominio público hidráulico y calidad del medio hídrico) que eran gestionadas a través de la Consejería de Medio Ambiente y a través de la Agencia Andaluza del Agua respectivamente.
La gestión del Medio Ambiente y Agua a través de la Agencia Publica Empresarial que se crea paralelamente a la existente, deja en manos de trabajadores no habilitados la gestión del Servicio Público.
Recurrida la Ley de reordenación del sector público andaluz, recurridos los Decretos por los que se crea la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA) y se integra al personal de EGMASA en esta última, anulado el Real Decreto de Transferencia del Guadalquivir, el gobierno andaluz no da marcha atrás y consigue que se modifique la Ley de Aguas mediante un Real Decreto-ley 12/2011, que desfragmenta la gestión de las Infraestructuras Hidráulicas, reserva de agua del ciudadano, adultera el Dominio Público Hidráulico y toda una organización creada con el principio de unidad de cuenca, desmembrando las funciones y competencias, perdiendo toda la base de experiencia y profesionalidad depurada durante años.
La dirección imprudente, irresponsable e incompetente del Gobierno Griñan desde el año 2005 es ahora apoyada por el Gobierno Central, todo va en perjuicio del sector y sobre todo del servicio público que se presta a la ciudadanía, encareciendo la disponibilidad del agua, perjudicando su calidad, el buen estado natural del medio hídrico y la agricultura. A partir de la convalidación del Real Decreto Ley que modifica la Ley de Aguas serán distintos los criterios para sancionar a los que violen el dominio público hidráulico del mismo río en diferentes comunidades autónomas y serán también distintos los criterios para sancionar en las distintas provincias. Todo esto hará que el servicio público que se presta a la ciudadanía sea cada vez más ineficaz.
Se deben reforzar la competencias del Estado sobre el Agua por el interés general y no desmantelarlas por interés político y electoralista.
No se puede permitir este "Ataque a la Constitución", ni la "adulteración" del Dominio Público Hidráulico.
La gestión del Medio Ambiente y Agua a través de la Agencia Publica Empresarial que se crea paralelamente a la existente, deja en manos de trabajadores no habilitados la gestión del Servicio Público.
Recurrida la Ley de reordenación del sector público andaluz, recurridos los Decretos por los que se crea la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA) y se integra al personal de EGMASA en esta última, anulado el Real Decreto de Transferencia del Guadalquivir, el gobierno andaluz no da marcha atrás y consigue que se modifique la Ley de Aguas mediante un Real Decreto-ley 12/2011, que desfragmenta la gestión de las Infraestructuras Hidráulicas, reserva de agua del ciudadano, adultera el Dominio Público Hidráulico y toda una organización creada con el principio de unidad de cuenca, desmembrando las funciones y competencias, perdiendo toda la base de experiencia y profesionalidad depurada durante años.
La dirección imprudente, irresponsable e incompetente del Gobierno Griñan desde el año 2005 es ahora apoyada por el Gobierno Central, todo va en perjuicio del sector y sobre todo del servicio público que se presta a la ciudadanía, encareciendo la disponibilidad del agua, perjudicando su calidad, el buen estado natural del medio hídrico y la agricultura. A partir de la convalidación del Real Decreto Ley que modifica la Ley de Aguas serán distintos los criterios para sancionar a los que violen el dominio público hidráulico del mismo río en diferentes comunidades autónomas y serán también distintos los criterios para sancionar en las distintas provincias. Todo esto hará que el servicio público que se presta a la ciudadanía sea cada vez más ineficaz.
Se deben reforzar la competencias del Estado sobre el Agua por el interés general y no desmantelarlas por interés político y electoralista.
No se puede permitir este "Ataque a la Constitución", ni la "adulteración" del Dominio Público Hidráulico.
No debemos permitir este nuevo "atropello" del Gobierno.
jueves, 1 de septiembre de 2011
GESTIÓN DEL GUADALQUIVIR: LA PRENSA SE HACE "ECO" DE NUESTRAS DEMANDAS.
Nuestra entrada del blog de ayer y su consiguiente denuncia ante los medios ha generado que la prensa escrita se haga "eco" de nuestras reivindicaciones y se publiquen nuestras demandas:
(...) Esta primera delegación de competencias -a la que en próximas semanas podrían seguir más si lo acuerdan el Gobierno y la Junta en una comisión bilateral que se reunirá este mes- originará que al menos 44 empleados públicos que fueron traspasados de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sigan perteneciendo a la Junta. Éstos serían los efectivos de la guardería fluvial, aunque para conocer la cuantía de empleados públicos que tendrá la Junta tras el traspaso de la policía de aguas habría que sumar los funcionarios y laborales de la dirección general de Planificación, anotaron ayer fuentes de la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA). Esta plataforma denunció en un comunicado que, desde que la Junta de Andalucía tomó las riendas de la cuenca del Guadalquivir, muchas de esas funciones se han estado realizando por personal externo no habilitado, es decir, procedente de las empresas públicas.(...)
Recogemos otra de las noticias publicadas estos días:
La gestión del río Guadalquivir se ha convertido en una poderosa arma de cara a las elecciones y aprieta las tuercas al Partido Popular. La posición ambigua del Partido Popular:
Apelando al sentir andaluz por el río –cuya cuenca discurre en parte por otras tres comunidades autónomas–, el PSOE involucra al PP en la responsabilidad social de la política fluvial. «Esperamos que Arenas abandone su táctica de confrontación y deje a un lado los términos despectivos sobre nuestra propuesta», dijo ayer la dirigente socialista, que aludió directamente a Rajoy, al pedirle al presidente de los populares andaluces, Javier Arenas, que «le transmita su compromiso» con la gestión andaluza del río con el máximo de competencias andaluzas. A través de una proposición parlamentaria, el PSOE-A fuerza a Arenas a reclamar a Rajoy apoyo a la ley orgánica: El Guadalquivir, que calibra el ADN de la política andaluza: eres o no eres andaluz si quieres o no la gestión de la cuenca.
INFORMAMOS, ASIMISMO:
Recurrida la Ley de reordenación del sector público andaluz, recurridos los Decretos por los que se crea la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA) y se integra al personal de EGMASA en esta última, anulado el Real Decreto de transferencia del Guadalquivir, el gobierno andaluz no da marcha atrás y consigue que se modifique La Ley de Aguas mediante un Real Decreto‐ley 12/2011, que desfragmenta la gestión de las Infraestructuras Hidráulicas, reserva de agua del ciudadano, desvirtúa el Dominio Público Hidráulico y toda una organización creada con el principio de unidad de cuenca, desmembrando las funciones y competencias, perdiendo toda la base de experiencia y profesionalidad depurada durante años.Tenemos el apoyo de las Asociaciones de Regantes (FERAGUA) y de los Ecologistas y desde aquí seguimos trabajando para evitar que la a dirección imprudente, irresponsable e incompetente del Gobierno Griñan desde el año 2005 ahora apoyada por el Gobierno Central, no perjudique el sector y sobre todo el servicio público que se presta a la ciudadanía, encareciendo la disponibilidad del agua, perjudicando su calidad, el buen estado natural del medio hídrico y la agricultura, haciendo el servicio público cada vez más ineficaz.
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