El Gobierno Central y la Junta de Andalucía pretenden zanjar el tema de la Cuenca del Guadalquivir con un NUEVO REAL DECRETO DE TRANSFERENCIA, con una única misión: entregar las funciones reservadas por ley para los empleados públicos a personal externo. Se acabo LA IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.
El gobierno olvida que:
1.El Estado es titular de la soberanía popular, primando el principio de unidad y supremacía del interés general de la nación.
2.Las competencias exclusivas son del Estado en interés de construir, preservar y reforzar de manera permanente la unidad nacional por encima de los particularismos de regiones en que dicha unidad se descompone y que la Constitución protege.
3.Las Transferencias no pueden suponer la enajenación de las competencias. Las transferencias se refieren a facultades concretas de gestión, debiendo resultar asegurada la titularidad estatal.
4. La exclusividad ofrece la posibilidad de revocación de la transferencia en base a la necesidad de no fragmentar el régimen de un servicio público y unitario que traspasa los límites la comunidad autónoma.
5. LA CUENCA HIDROGRAFICA SE CONSIDERA INDIVISIBLE COMO UNIDAD DE GESTION DEL RECURSO.
6. SE ESTAN MANIPULANDO LAS SENTENCIAS DEL CONSTITUCIONAL Y DEL SUPREMO PARA NO LLEVAR A CABO LO FALLADO EN LAS MISMAS.
NOTICIA:
2.Las competencias exclusivas son del Estado en interés de construir, preservar y reforzar de manera permanente la unidad nacional por encima de los particularismos de regiones en que dicha unidad se descompone y que la Constitución protege.
3.Las Transferencias no pueden suponer la enajenación de las competencias. Las transferencias se refieren a facultades concretas de gestión, debiendo resultar asegurada la titularidad estatal.
4. La exclusividad ofrece la posibilidad de revocación de la transferencia en base a la necesidad de no fragmentar el régimen de un servicio público y unitario que traspasa los límites la comunidad autónoma.
5. LA CUENCA HIDROGRAFICA SE CONSIDERA INDIVISIBLE COMO UNIDAD DE GESTION DEL RECURSO.
6. SE ESTAN MANIPULANDO LAS SENTENCIAS DEL CONSTITUCIONAL Y DEL SUPREMO PARA NO LLEVAR A CABO LO FALLADO EN LAS MISMAS.
NOTICIA:
"La Junta de Andalucía está a punto de cerrar con el Gobierno central el listado final de transferencias sobre el río Guadalquivir que le permitirá la reciente modificación de la Ley de Aguas. Según los cálculos de la Junta, al menos el 50% del personal, funciones y fondos seguirán bajo el control del Ejecutivo andaluz. El acuerdo, que posiblemente se cerrará mediante un real decreto de transferencia, debe estar cerrado antes de concluya el mes de septiembre, ya que en octubre acaba la encomienda temporal que la Junta tenía sobre la totalidad de las aguas del Guadalquivir a su paso por la comunidad. No obstante, este mecanismo de transferencias de mayores competencias no cerrará la iniciativa legislativa autonómica para hacerse con la gestión integral del río mediante una delegación de funciones. La encomienda concluirá, pero la reclamación se mantendrá como una petición formal del Parlamento andaluz, que se aprobará casi con toda seguridad el próximo 13 de septiembre en un pleno extraordinario.
La reciente modificación de la Ley de Aguas (apartados 2, 3 y 4 del artículo 94) permitirá a la Junta quedarse con las inspección y control del dominio público del río; es decir, la política de policía de aguas, que son unos 181 empleados. Pero la comisión bilateral Junta-Estado está a punto de cerrar otras competencias que también se pueden transferir sin violar la sentencia del Constitucional. Fuentes del Gobierno central también explicaron que serán muchos más funcionarios y empleados laborales los que se quedarán en la Junta.
De cumplirse esa cifra del 50%, la cifra de trabajadores que no se reincorporarían a la Confederación superarían, al menos, los 350. En el momento de la transferencia, anulada en tres ocasiones por el Tribunal Supremo, pasaron a la Junta 704 personas, pero con margen para llegar a 849 efectivos; se le otorgó un presupuesto anual de 120 millones de euros más el montante de las ayudas europeas ligadas al río, y 54 de los 57 embalses. Fuentes del Gobierno andaluz no pudieron precisar las cifras precisas, ya que aún deben cerrar asuntos muy técnicos sobre el conjunto de la gestión.
Andalucía aspira a quedarse con otras funciones como la gestión y explotación de los embalses, la recaudación de algunos cánones y el mantenimiento de algunas redes de información hidrológica y medioambiental.
Este acuerdo con el Estado no va a evitar que la Junta siga reclamando la gestión integral del río como una delegación de transferencias, una vía que permitiría el artículo 150.2 de la Constitución. No se trataría de una competencia exclusiva, que es lo que los tribunales han anulado, sino una delegación. Pero, incluso, así, hay demasiadas dudas legales sobre ello. El líder del PP, Javier Arenas, ha solicitado que se pronuncien los servicios jurídicos del Parlamento antes de respaldar una iniciativa en la Cámara."
La reciente modificación de la Ley de Aguas (apartados 2, 3 y 4 del artículo 94) permitirá a la Junta quedarse con las inspección y control del dominio público del río; es decir, la política de policía de aguas, que son unos 181 empleados. Pero la comisión bilateral Junta-Estado está a punto de cerrar otras competencias que también se pueden transferir sin violar la sentencia del Constitucional. Fuentes del Gobierno central también explicaron que serán muchos más funcionarios y empleados laborales los que se quedarán en la Junta.
De cumplirse esa cifra del 50%, la cifra de trabajadores que no se reincorporarían a la Confederación superarían, al menos, los 350. En el momento de la transferencia, anulada en tres ocasiones por el Tribunal Supremo, pasaron a la Junta 704 personas, pero con margen para llegar a 849 efectivos; se le otorgó un presupuesto anual de 120 millones de euros más el montante de las ayudas europeas ligadas al río, y 54 de los 57 embalses. Fuentes del Gobierno andaluz no pudieron precisar las cifras precisas, ya que aún deben cerrar asuntos muy técnicos sobre el conjunto de la gestión.
Andalucía aspira a quedarse con otras funciones como la gestión y explotación de los embalses, la recaudación de algunos cánones y el mantenimiento de algunas redes de información hidrológica y medioambiental.
Este acuerdo con el Estado no va a evitar que la Junta siga reclamando la gestión integral del río como una delegación de transferencias, una vía que permitiría el artículo 150.2 de la Constitución. No se trataría de una competencia exclusiva, que es lo que los tribunales han anulado, sino una delegación. Pero, incluso, así, hay demasiadas dudas legales sobre ello. El líder del PP, Javier Arenas, ha solicitado que se pronuncien los servicios jurídicos del Parlamento antes de respaldar una iniciativa en la Cámara."
Publicado en PRENSA
NO es posible que que la junta se quede con la gestión del Guadalquivir, va en contra de las sentencias y debemos de acudir a la justicia para que estos energumenos NO se salgan con la suya, alguien podría decirme si se ha pedido ejecución de sentencia?.
ResponderEliminarAnonimo 4 de septiembre de 2011 10:49
ResponderEliminarDebemos esperar dos meses para solictar la ejecución de las sentencias.
La primera del Supremo fue publicada en el BOE el 9 de julio, aun no se han cumplido los dos meses.
Como podrás comprobar por las noticias aparecidas en los medios de comunicación, el Gobierno Andaluz se está dando prisa en "acatar" las sentencias.
Deberíamos manifestarnos en la calle para que los ciudadanos sepan que Griñán NO hace caso de la justicia y para decirle a los de la junta que no vamos a ceder a sus pretensiones y que vean que vamos a dar guerra al igual que lo estamos haciendo con el decretazo de la reordenación y por eso como bien dice el anónimo de las 10:49 tenemos que acudir a un despacho de abogados y denunciar lo que quieren hacer que a todas luces es ILEGAL y va en contra de la sentencia del constitucional y el supremo, creo que deberiamos manifestarnos también en la puerta de las oficinas con la pancarta del GUADALQUIVIR NO SE VENDE como hacíamos antes, ya que, eso les duele muchíiiiisimo.
ResponderEliminarHabeís visto por parte del mayor partido de la oposición de decir algo en contra de verdad, sobre la manipulación que está haciendo el partido en el poder en el que confiabamos tantos ciudadanos, en cuanto a su integridad moral, nada de nada, son capaces de saltarse lo mas esencial que tienen en su ética politica como son las setencias del tribunal contitucional, las le va en ello la perdida de votos. Así se convierten en escoria de la politica, la oposición igual de lo mismo. Todo por el poder, el resto es todo mentira. Solo nos queda esperar los plazos y denunciarlos de nuevo.
ResponderEliminarDe dónde ha salido esta noticia...Cual es la fuente? No es que dude que las aspiraciones de la Junta sean esas, pero me parece que hay algo que no concuerda con esas aspiraciones. Ese nuevo Real Decreto de Transferencia sólo podrá traspasar al personal que esté justificado en base a las materias delegadas (policía de aguas) o encomendadas y en este ultimo punto, por poner un ejemplo nunca podrán encajar todas las de DPH.
ResponderEliminarEn particular ni la tramitación de concesiones ni la de constitución de comunidades de usuarios es encomendable con la redacción actual del art. 17 del TRLA.
Además esto ya no sólo es una cuestión andaluza, afecta a todo el territorio. De llevarse a cabo las CCAA sin excepción reclamarán el "café para todos" con el que se va a despedir nuestro este nefasto presidente del Gobierno que la historia juzgará debidamente.
ESTO ES INCREIBLE. ENTRE LAS COMPETENCIAS QUE QUIERE QUEDARSE SON LAS DE LA GUARDERIA DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO. SI HUBIESE DENUNCIAS TENDRIAN QUE ACUDIR AL ESTADO PARA QUE SE EJECUTEN.
ResponderEliminarPAGAR DOS VECES EL MISMO TRABAJO.
Sí, hay que ir a un despacho de abogados, pero para que demande por lo penal a los prevaricadores que obstruyen las sentencias.
ResponderEliminarLa cosa se pone aún mas difícil, porque según los que han solicitado el retorno, unos 100, el resto del personal quiere seguir en la Junta y muchos de ellos ya tienen nueva plaza provisional por el concurso. Si a estos los retornan sin consulta previa sobre retorno voluntario, entonces es cuando van a llover los contenciosos a la Administración con la consiguiente posible paralización de la actividad administrativa a consecuencia del cabreo del personal.
ResponderEliminar19:04 podrías decir dónde has conseguido esos datos? Te los has inventado o lo sabes sobre seguro. En Córdoba, donde veo que hay bastantes opiniones en esta entrada y que parece que es el único sitio donde realmente existe preocupación, ni un sólo funcionario de los antiguos CHG ha obtenido plaza y de los laborales sólo 2 personas.
ResponderEliminarHe enviado a la plataforma un manifiesto para firmar, os ruego lo leais, y que sea firmado, ese o cualquier otro que en términos parecidos propongáis, creo que hay que enseñar los dientes antes de que no haya vuelta atrás.
ResponderEliminarPor mi parte estoy convencido de lo que propongo y hay bastante gente dispuesta a firmar y a plantar cara en esta situación.
Ánimo a todos.
Anónimo de las 19.04:
ResponderEliminarNadie tiene nueva plaza provisional. Los que han concursado siguen en la plaza anterior hasta que no se resuelva definitivamente. Incluso puede haber cambios por las alegaciones.
¿Cuándo se transfirió ilegalmente se consultó a los afectados? No, así que ahora no hay por qué consultar. Otra cosa es que sea justo que se haga.
La actividad admva. no tiene que paralizarse porque se recurra lo que dices. Ha habido recursos más importantes (al TC y al TS) y no se paralizó.
Arquimedes 4 de septiembre de 2011 22:18
ResponderEliminarAgradecemos la iniciativa. Estamos en ello.
Sería conveniente que alguien aclarara que si los que pasen al Estado conservaran el mismo sueldo o no. Es que este detalle hará que haya mucha gente que se decante por una opción u otra.
ResponderEliminarDesde esta Plataforma se proponer, previa consulta de los interesados, las listas del personal que quiere retornar a la CHG y del que quiere continuar en la Junta, a los efectos de que se tengan en cuentan en el nuevo Real Decreto de traspasos que se va a expedir por el Gobierno Central.
ResponderEliminarUrge cuanto antes celebrar Asambleas por provincias para aportar las listas del personal que quiera reintegrarse a la CHG. Por defecto, los que no estén en estas listas serán los que figuren en el nuevo Real Decreto de traspasos.
ResponderEliminar4 de septiembre de 2011 23:23
ResponderEliminarTe aclaro:
1) Existen unas listas provisionales de adjudicación de plazas en la Junta, lo que crea derechos al estar incurso en un proceso de provisión de plazas regulado por Ley. Por lo tanto, es difícil el retracto sobre la situación administrativa de espectativa creada sobre un empleado en esas circunstacias.
2) Estamos en una situación diferente en la que el retorno supone en muchos casos un perjuicio económico y de perpestivas profesionales de promoción. En estos casos para evitar lo que la jurisprudencia viene expresando a favor del empleado, es perfectamente plausible por la Administración negociar sobre sus intereses.
3)La paralización administrativa en su sentido alegórico, es aquella que toma el personal en el relajamiento de su actividad a la espera de resultados jurídico-administrativos sobrevenidos por situaciones que le son ajenas y le provocan malestar.
17:54 podrías poner qué jurisprudencia nos es favorable en el punto 2 al que haces referencia.
ResponderEliminarsaludos.