GUADALQUIVIR: AGUILAR NO NOS RECIBE. LA OPOSICIÓN NOS ESCUCHA: CONCLUSIONES Y VOLUNTADES.

Hemos enviado escritos a la Ministra de Medio Ambiente (Aguilar solicitándole urgente entrevista en el mes de abril) y al Ministro de Política Territorial (Chaves definición de situación administrativa ante las sentencias del constitucional y supremo en el mes de junio), a Díaz Trillo (sobre la encomienda), no hemos obtenido respuesta a la solicitud de entrevista. Las respuestas del resto ya las conocemos: "la intención de la administración andaluza, tras el proceso de reordenación del sector publico "fallido" con respecto a la integración del personal de la Agencia Andaluza del Agua en su Agencia de Medio ambiente y Agua"

Ante la dejadez del Gobierno en el conflicto y visto el compendio de despropósitos que retuercen las Sentencias del Constitucional y Supremo.

Sin respuestas y teniendo en cuenta, la modificación de la Ley de Aguas llevada a cabo por el Gobierno, la Proposición de Ley de Delegación de competencias del Guadalquivir del Gobierno Andaluz y el nuevo Real Decreto de Transferencias previsto para este viernes 23 de septiembre, hemos solicitado al resto de Grupos Parlamentarios de la oposición  para abordar la gestión el Guadalquivir, y la situación de los empleados públicos afectados por la misma.

El Partido Popular ha sido el primero que ha respondido ante nuestras reivindicaciones. La primera reunión se mantuvo el lunes 19 de septiembre en la Sede Regional del Partido Popular con el equipo de Javier Arenas:  Antonio Sanz y Carolina González Vigo, se ha dejado claro:

1. Con respecto a la sentencia del Constitucional:

No es ninguna afrenta ni perjuicio a los andaluces ni a Andalucía, esta sentencia es un revés al comportamiento del Gobierno (andaluz y central) y del Partido que los sustenta.

Garantiza que la mejor defensa de los intereses de los andaluces se hace en el marco de la igualdad de derechos y oportunidades con el resto de España y de los españoles, y en la convergencia con los derechos del marco institucional de la Unión Europea.

Es el camino para conseguir un marco jurídico estable y común a toda España que determine una igualdad de oportunidades y de solución común de los problemas.

 

2. Con respecto a Proposición de Ley Orgánica a tramitar ante la Mesa del Congreso de los Diputados sobre delegación de competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por territorio andaluz a la Comunidad Autónoma de Andalucía que el Pleno del Parlamento andaluz aprobó por unanimidad:

Se trata de un trámite formal de una iniciativa socialista que ahora empieza su debate y que tendrá que atender a las enmiendas que se presenten  y al informe consultivo antes de votarse definitivamente.

La decisión del Consejo Consultivo que no se conocerá hasta el mes de diciembre, entendemos deberá actuar teniendo en cuenta la Sentencia del Constitucional.

Cuando la ley llegue al Congreso de los Diputados. Tendrá que solventar distintos pasos, informes jurídicos de la cámara, del Estado… y acordarse por la mesa su debate o no.

Lo que se pretende es recuperar el modelo de gestión y preservar la unidad de cuenca.

El modelo de gestión actual se encuentra politizado y se ha "ninguneado" al funcionario y personal laboral que es el verdadero garante de la imparcialidad, objetividad y eficacia en la prestación de un servicio público como es el agua.

El Partido Popular tiene un compromiso sagrado con los empleados públicos, retirar la ley de reordenación del sector público.

Por incoherente que parezca esta iniciativa socialista de delegación de competencias del Guadalquivir, el propio PSOE no lo ha presentado directamente al gobierno de Zapatero porque ellos  mismo dudan que pueda llegar a algún lado.

El Partido Popular dentro aproximadamente de 15 días debe presentar las enmiendas correspondientes a dicha proposición de Ley y HA PROPUESTO llamar al COLECTIVO DE EMPLEADOS PUBLICOS AFECTADOS POR LAS TRANSFERENCIAS DEL GUADALQUIVIR A COMPARECER EN EL PARLAMENTO COMO AGENTES SOCIALES PARA QUE EXPONGAMOS NUESTRA OPINIÓN SOBRE LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS SOBRE LAS AGUAS DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR. Todo queda que algún grupo parlamentario vete nuestra comparecencia.

3. Con respecto al nuevo modelo de gestión que el Partido Popular pretende, siempre dentro de la Constitucionalidad de la norma, oídas las demandas de los empleados públicos presentes, se han sentado las bases del nuevo modelo de gestión y hemos obtenido la voluntad del Partido Popular de defender nuestros intereses.

El Partido Popular recuperará el modelo de Confederación que no debía de haberse perdido en nuestra comunidad y que tan buenos resultados ha dado en una gestión independiente objetiva y eficaz, evidentemente adaptándolo a los nuevos tiempos, recuperando el protagonismo de los funcionarios qué el PSOE se ha cargado.

4. Con respecto a la tramitación en el Congreso de los Diputados del nuevo Real Decreto de Transferencias que el Gobierno Central y el Gobierno andaluz andan gestionando en la comisión Bilateral, no pueden hacer, a priori, nada al respecto puesto que no son participes en dicha toma de decisiones, pero se supone que el Partido Popular tendrá voz y voto en el Congreso.

Se han sentado estas bases, el Partido Popular nos ha escuchado, hemos propuesto y hemos obtenido la voluntad de defender nuestros intereses que son los del río Guadalquivir si queremos seguir conservándolo, sabemos que el compromiso de derogar la ley de reordenación del sector publico está sellado, esperamos que esta voluntad termine con un acatamiento real y un restablecimiento de nuestras funciones y competencias integradas de nuevo en el Estado y desandar todo el mal camino recorrido para volver a la senda de la legalidad y lealtad constitucional.

RECORDAMOS DE NUEVO:

MODELO SOLICITUD EJECUCION DE SENTENCIA AL TRIBUNAL SUPREMO

MODELO SOLICITUD AL DEFENSOR DEL PUEBLO   (RECTIFICADO)

El escrito al Defensor del pueblo se puede enviar por FAX: 91 308 11 58

Mediante correo eléctronico: registro@defensordelpueblo.es 

O presentando la queja en: https://www.defensordelpueblo.es/es/Queja/index.html

 

HACER EJECUTAR LO JUZGADO. GARANTÍAS DE EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS SOBRE EL GUADALQUIVIR

El objeto de la ejecución de una sentencia es hacer efectivos los pronunciamientos judiciales, como colofón al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24.1 de la Constitución.

Vencido el plazo de cumplimiento voluntario, si la sentencia o resolución judicial no ha sido cumplida de forma debida y completa, cualquiera de las partes o personas afectadas, podrán instar su ejecución forzosa.

La legitimación para ser parte demandante en los procesos contencioso-administrativos se reconoce en las personas físicas o jurídicas que ostenten derechos o intereses legítimos afectados. Igualmente, se reconoce tal legitimación a las corporaciones asociaciones y sindicatos que representen derechos o intereses colectivos. 

Cabe destacar una fuerza pasiva frente al incumplimiento de las Sentencias, consistente en la nulidad radical de los actos y disposiciones generales contrarios a las Sentencias y dictados para eludir su contenido. En igual medida, tras dos meses sin que se produzca el cumplimiento de la Sentencia, el órgano jurisdiccional podrá adoptar medidas de ejecución forzosa para conseguir el cumplimiento y evitar el incumplimiento.

MODELO DE SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL SUPREMO ANULANDO EL RD 1666/2008 (Como colectivo afectado)

MODELO DE SOLICITUD AL DEFENSOR DEL PUEBLO PARA QUE INTERPONGA RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA DEL REAL DECRETO-LEY 12/2011, DE 26 DE AGOSTO, QUE MODIFICA EL TRLA. (De forma individual) (RECTIFICADO)

También en DOCUMENTOS

GUADALQUIVIR: REPARTO DE EEPP, SE ENMASCARAN Y RETUERCEN LAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES, COMISION BILATERAL

La Comisión Bilateral Estado-Junta de Andalucía, a la que podríamos llamar perfectamente Comisión Unilateral Junta-Junta, ha estado presidida por Manuel Chaves, y Mar Moreno. Al término de la misma, Gaspar Zarrías, también presente en la reunión, ha declarado ante la prensa su "satisfacción" ante una reunión que ha calificado de "positiva" y "productiva", y con la que el Gobierno reafirma su compromiso con el cumplimiento del Estatuto de Andalucía.

Hay que recordar que el Estatuto Andaluz ha sido, en cuanto a "las competencias exclusivas de la Junta de Andalucía sobre el Guadalquivir" anulado por el Constitucional.

En dicha reunión se ha dado luz verde al nuevo modelo de gestión del río Guadalquivir, que fijará las competencias de Andalucía, tras las sentencias de los Tribunales Supremo y Constitucional que anularon las competencias plenas de la Junta sobre dicha cuenca.

Según Mar Moreno, el nuevo modelo pone a la región en "el cuadro de mando" de la Cuenca, aunque los detalles se fijarán en la Comisión Mixta de Transferencias en próximos días.

"Los expertos en Administración hidráulica de esta comisión" han analizado el nuevo modelo de gestión de la cuenca para adaptarlo a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, y que deberá quedar cerrado en la próxima convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias, respetando siempre el principio de "unidad de cuenca", ha remarcado Zarrías.
Nos preguntamos que entienden ellos sobre el concepto "unidad de cuenca" y  que entienden sobre la Directiva Marco del Agua cuando habla de "cuenca y subcuenca".

Moreno ha alabado la nueva Ley de Aguas que, a su juicio, "ensancha el cauce legal para que se cumplan las aspiraciones de Andalucía" y ha adelantado que con el nuevo modelo se va a producir una "devolución de competencias a su comunidad".

Por su parte, Zarrías ha recordado que varias comunidades se ven regadas por las aguas del Guadalquivir por lo que el Estado ha tenido que asumir cuestiones importantes de su gestión, lo que no quita que Andalucía "tenga un peso importante para la gestión del día a día del río".

La Comisión Bilateral de ayer pactó el siguiente paso:

Andalucía recupera algunas competencias exclusivas (no el 100%) y el Estado le delega otras.

Es decir, a nuestro corto entender, se otorgan de nuevo las competencias exclusivas anuladas por el Constitucional y se recupera la transferencia anulada por el Supremo, es decir el 100%.

Informan ante la prensa que la "gestión propia" (es decir toda) incluirá todo lo relacionado con los embalses, la policía de la cuenca, las autorizaciones o la gestión de calidad del agua.

Sobre las competencias delegadas, se creará la semana que viene una comisión mixta que decidirá los criterios del reparto de competencias (por ejemplo, cuántos funcionarios se devuelven al Gobierno Central y cuántos se quedan en Andalucía) y en qué temas podrá decidir la Junta ("tendrá voz") de entre los que son potestad exclusiva del Estado. Comisión mixta, que sin crearse aún, esta "rematando" el reparto.

El siguiente capítulo dependerá de cómo prospere en las Cortes la iniciativa que acaba de aprobar el Parlamento andaluz por unanimidad de todos los partidos. Según esta iniciativa, Andalucía reclamaría al Estado que delegue nuevas competencias sobre el Guadalquivir (por la vía del artículo 150.2 de la Constitución), que se sumarían a las ya aprobadas en la Comisión Bilateral.

Además debemos decir que al Organo competente que gestione las competencias otorgadas mediante la modificación de la Ley de Aguas tendrá carácter de Autoridad Pública, a sabiebdas que dicho caracter está reservado por ley a los funcionarios.

Sobre el Guadalquivir, la Comisión Bilateral decide enmascarar y retorcer las sentencias de los mas altos tribunales.

MÁS EN PESTAÑA PRENSA

EL GOBIERNO DE LA NACION DILAPIDA LA GESTIÓN HIDRAULICA BASADA EN LA UNIDAD DE CUENCA

La política hidráulica nacional adopta una serie de medidas para dilapidar el principio de unidad de cuenca y la Administración Hidráulica tomada como modelo en Europa.  Principio que ha soportado con éxito la gestión hidráulica en España desde hace décadas y que ha sido incorporado al derecho internacional y hoy es vértice fundamental de la propia Directiva Marco de Aguas.

El Pleno del Congreso, con 182 votos a favor, 5 en contra y 150 abstenciones, aprobó ayer la reforma de la Ley de Aguas para otorgar determinadas competencias de vigilancia y control de los ríos a las comunidades que las tienen recogidas en sus estatutos de autonomía, que son Andalucía, Cataluña y Aragón.

Esta cesión es un guiño del Gobierno a la Junta de Andalucía tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la competencia exclusiva de Andalucía sobre el Guadalquivir y que el ejecutivo andaluz no quiere asumir.

Las competencias transferidas ayer se refieren a la "policía de dominio público hidráulico", es decir, que las comunidades se encargarán de inspeccionar los ríos en su territorio, vigilar que se cumplen las condiciones en las concesiones, informar sobre crecidas y controlar la calidad de las aguas, tramitando los procedimientos hasta la propuesta de resolución.

La nueva "Ley de Aguas supone el desmantelamiento de las Confederaciones Hidrográficas". La modificación rompe con la gestión integral de las cuencas gestionadas hasta ahora por la Confederaciones Hidrográficas del Ministerio de Medio Ambiente, en beneficio del Gobierno Andaluz y su malgestionada administración hidráulica.

La confrontación por el reparto de competencias sobre el agua concebida exclusivamente como un recurso productivo puede y debe superarse mediante la aplicación de la Directiva Marco. Cosa que no se está llevando a cabo por el Gobierno de la Nación. Esta norma de la Unión Europea nos obliga y nos brinda, a la vez, la oportunidad de planificar y gestionar las aguas de forma integrada e integradora. En primer lugar, la Directiva recuerda que el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger y defender. No debemos concebir este patrimonio de manera fragmentada, como un mero recurso económico, ya que forma parte de ecosistemas esenciales para la vida.

No es sostenible, desde el punto de vista político, de cohesión nacional y de igualdad económica y de derechos, que existan regulaciones distintas en unos territorios administrativos respecto de otros, consolidando un régimen fiscal, un régimen concesional, métodos, requisitos y condiciones diferentes.

La Sentencia del Constitucional no acatada, acaba con el camino para conseguir un marco jurídico estable y común a toda España que determine una igualdad de oportunidades y de solución común de los problemas.

Lo que esperamos es un acatamiento real y sin trampas ni interpretaciones torticeras de la sentencia del Tribunal Constitucional, un restablecimiento de las funciones y competencias integradas en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, un desandar todo el mal camino recorrido para volver por la senda de la legalidad y lealtad constitucional.

Todo esta reforma se ha hecho sin contar con las opiniones del Consejo Nacional del Agua y el Consejo Asesor de Medio Ambiente, y sin la participación de los propios usuarios.

Estamos, pues, ante una muestra más del desatino político que nos lleva hasta la total desmembración de los logros alcanzados en España.

La actual política hidráulica está expropiando los derechos de la mayoría para disfrute de unos pocos, bien pertrechados tras unas perversas barricadas territoriales. El criterio de Unidad de Cuenca se tomo como garantía de un justo reparto. De nuevo aparece la inconstitucionalidad de la norma:

- Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte de territorio del Estado.

- Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

La ‘Unidad de Gestión’ de las cuencas, implica, sin más interpretaciones, la existencia de una cuestión indiscutible y que no es otra que la de la prioridad y exclusividad del Estado en toda planificación hidrológica y, por ende, hidráulica.

Debemos llegar a la conclusión de que hay demasiada gente, entre los políticos, practicando la Hidráulica sin licencia.