La política hidráulica nacional adopta una serie de medidas para dilapidar el principio de unidad de cuenca y la Administración Hidráulica tomada como modelo en Europa. Principio que ha soportado con éxito la gestión hidráulica en España desde hace décadas y que ha sido incorporado al derecho internacional y hoy es vértice fundamental de la propia Directiva Marco de Aguas.
El Pleno del Congreso, con 182 votos a favor, 5 en contra y 150 abstenciones, aprobó ayer la reforma de la Ley de Aguas para otorgar determinadas competencias de vigilancia y control de los ríos a las comunidades que las tienen recogidas en sus estatutos de autonomía, que son Andalucía, Cataluña y Aragón.
Esta cesión es un guiño del Gobierno a la Junta de Andalucía tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la competencia exclusiva de Andalucía sobre el Guadalquivir y que el ejecutivo andaluz no quiere asumir.
Las competencias transferidas ayer se refieren a la "policía de dominio público hidráulico", es decir, que las comunidades se encargarán de inspeccionar los ríos en su territorio, vigilar que se cumplen las condiciones en las concesiones, informar sobre crecidas y controlar la calidad de las aguas, tramitando los procedimientos hasta la propuesta de resolución.
La nueva "Ley de Aguas supone el desmantelamiento de las Confederaciones Hidrográficas". La modificación rompe con la gestión integral de las cuencas gestionadas hasta ahora por la Confederaciones Hidrográficas del Ministerio de Medio Ambiente, en beneficio del Gobierno Andaluz y su malgestionada administración hidráulica.
La confrontación por el reparto de competencias sobre el agua concebida exclusivamente como un recurso productivo puede y debe superarse mediante la aplicación de la Directiva Marco. Cosa que no se está llevando a cabo por el Gobierno de la Nación. Esta norma de la Unión Europea nos obliga y nos brinda, a la vez, la oportunidad de planificar y gestionar las aguas de forma integrada e integradora. En primer lugar, la Directiva recuerda que el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger y defender. No debemos concebir este patrimonio de manera fragmentada, como un mero recurso económico, ya que forma parte de ecosistemas esenciales para la vida.
No es sostenible, desde el punto de vista político, de cohesión nacional y de igualdad económica y de derechos, que existan regulaciones distintas en unos territorios administrativos respecto de otros, consolidando un régimen fiscal, un régimen concesional, métodos, requisitos y condiciones diferentes.
La Sentencia del Constitucional no acatada, acaba con el camino para conseguir un marco jurídico estable y común a toda España que determine una igualdad de oportunidades y de solución común de los problemas.
Lo que esperamos es un acatamiento real y sin trampas ni interpretaciones torticeras de la sentencia del Tribunal Constitucional, un restablecimiento de las funciones y competencias integradas en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, un desandar todo el mal camino recorrido para volver por la senda de la legalidad y lealtad constitucional.
Todo esta reforma se ha hecho sin contar con las opiniones del Consejo Nacional del Agua y el Consejo Asesor de Medio Ambiente, y sin la participación de los propios usuarios.
Estamos, pues, ante una muestra más del desatino político que nos lleva hasta la total desmembración de los logros alcanzados en España.
La actual política hidráulica está expropiando los derechos de la mayoría para disfrute de unos pocos, bien pertrechados tras unas perversas barricadas territoriales. El criterio de Unidad de Cuenca se tomo como garantía de un justo reparto. De nuevo aparece la inconstitucionalidad de la norma:
- Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte de territorio del Estado.
- Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.
La ‘Unidad de Gestión’ de las cuencas, implica, sin más interpretaciones, la existencia de una cuestión indiscutible y que no es otra que la de la prioridad y exclusividad del Estado en toda planificación hidrológica y, por ende, hidráulica.
Debemos llegar a la conclusión de que hay demasiada gente, entre los políticos, practicando la Hidráulica sin licencia.
PLATAFORMA AMPLIA INFORMACION:
ResponderEliminarLas competencias transferidas ayer sobre "policía de dominio público hidráulico", a Andalucia, Cataluña y Aragón, incluyen según comunicado del Ministerio de Medio Ambiente a la Comunidad de Aragón la asunción de las funciones de los agentes medioambientales de las confederaciones hidrográficas. Desconocemos lo que recogen el resto de los comunicados enviados a Andalucia y Cataluña. Desconocemos los pactos.
Los únicos votos en contra fueron los de cuatro diputados populares y el de Rosa Díez (UPyD). Nacionalistas y socialistas votaron a favor. El resto se abstuvo, incluido el grueso de diputados del PP, cuyas razones fueron de forma, ya que "un real decreto ley está reservado para asuntos urgentes y extraordinarios y este no cumple esos preceptos".
ya están corriendo listas de personal y de embalses susceptibles de ser transferidos, si alguien tiene más información que la ponga. Y eso lo sabreis ya casi todos.
ResponderEliminarpor otra parte, muchos se quieren quedar en la Junta, veremos a ver qué es lo que nos depara el destino.
suerte.
VUELTA A LA VOLUNTARIEDAD.
ResponderEliminarDesde luego el giro que ha tomado el asunto no no se lo esperaba casi nadie. Todos confiando en el Constitucional y ahora va a haber una división que nos va a afectar a todos, digan lo que digan. Es una pena cómo nos van a separar a gente que llevábamos más de 20 años de buena convivencia, puta política. Y lo peor es que no es para bien, el que piense eso se equivoca.
ResponderEliminarHa sido muy duro para mí hacer el siguiente comentario.
ResponderEliminarIntentaron dividirnos entre laborales y funcionarios…..y no lo consiguieron. Intentaron dividirnos entre personal de presas y el resto…………..y no lo consiguieron. Intentan dividirnos entre personal de guardería y el resto……………¿yyy….? Parece como si el resto se conformarse y se diese con un canto en los dientes por el hecho de sea, la guardería fluvial y algo más, lo que sea transferido nuevamente a la Junta. Aunque, lógicamente, no comparto esta actitud, en cierta medida la comprendo y asumo, ya que quizás recibamos lo que nos merecemos pues como colectivo y salvo honrosas excepciones particulares, creo que no hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
En cualquier caso, continuaré mi lucha contra la innombrable ley y a favor del acatamiento de nuestra vapuleada y maltrecha Constitución.
Esto lo dice un andarríos que sólo desea hacer su trabajo de modo imparcial y digno, aunque sé que algunos de los que lean esto, nunca tendrán la catadura moral de entenderlo.
Saludos y le deseo a cada cual que se cumplan sus mejores expectativas.
La Comisión Bilateral de Cooperación Junta-Estado ha acordado el nuevo modelo de gestión de la Cuenca del Guadalquivir -que entrará en vigor en octubre- tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. El Gobierno de Andalucía asumirá la gestión de determinados embalses, el control y vigilancia del dominio público hidraulico, determinadas autorizaciones y calidad del agua.
ResponderEliminarAdemás se creará una comision bipartita para el analisis y fijacion de criterios en aspectos basicos de gestion del río como el regimen de desembalses, concesiones administrativas, cesion de derechos y comunidades usuarios. Según este acuerdo, dentro del marco constitucional y bajo el más absoluto respeto a la establecido en la sentencia que reserva al Estado la titularidad de la competencia, la Administración andaluza tendrá un papel protagonista sobre la gestión de la cuenca.
que embalses se van a quedar en la junta??
ResponderEliminarEstán barajando dejar los embalses de abastecimiento, así como la parte proporcional de servicios horizontales.
ResponderEliminarClaro que también tendrán que dejar aquellos vinculados a ámbitos muy específicos y que ya antes de la transferencia era propiedad d ela Junta.
En cuanto a los de interés general, tambien serán negociados en el nuevo marco de la ley de Aguas,