GUADALQUIVIR: LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA SE RESISTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL SUPREMO.

DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 24.1 CE

La lógica y el sentido común, el menos común de los sentidos entre los hombres, muestran que cuando el particular se dirige a los Tribunales de Justicia en busca de amparo ante una actuación ajena que reputa contraria al ordenamiento jurídico, lo hace no solo para obtener una declaración en tal sentido sino para conseguir también que lo que dice el Tribunal tenga una aplicación real y efectiva, pues la realización del derecho vulnerado exige que se desplieguen todas las acciones que sean necesarias a tal fin, dado que no hay nada más frustrante para una persona que obtener una declaración judicial favorable y luego no poder llevarla a efecto.

La realidad es tozuda y como antes se ha dicho, la lógica y el sentido común suelen brillar por su ausencia, viéndose con frecuencia que si difícil y costoso es obtener de nuestros Tribunales del orden contenciosos-administrativo una mera declaración favorable donde se afirmen los derechos que han sido quebrantados por la Administración Pública, más penoso resulta todavía conseguir que la declaración judicial obtenida sea llevada a su puro y debido efecto, ante la oposición de la parte condenada que no duda en utilizar cualquiera de los recursos de los que dispone para obstaculizar la realización práctica del derecho dicho por los Tribunales de Justicia.

Si se analiza la jurisprudencia de nuestros órganos judiciales, las Administraciones Públicas, no tienen bastante con quebrantar sus obligaciones, los principios a los que está sometida su actuación, en definitiva, el ordenamiento jurídico vigente, sino que no dudan en hacer lo posible para que las resoluciones judiciales sean papel mojado, oponiendo cualquier excusa, desplegando cualquier actividad, material o jurídica, para dejar de cumplir lo establecido por aquellas, abocando al justiciable a una verdadera indefensión e incluso frustración, pues no se debe olvidar que lo que el "dañado" ante una acción de la Administración Pública contraria al ordenamiento jurídico y lesiva para sus derechos e intereses, es que, además declararse expresamente el carácter antijurídica de aquella, se reconozca la situación jurídica y se adopten todas las medidas que sean necesarias para su pleno restablecimiento; en definitiva, que se haga justicia. Lo que los particulares quieren es que su esfera jurídica sea respetada, permanezca incólume y no se vea alterada por quien, como la Administración Pública, está, por mandato constitucional, plenamente sometida a la ley y al Derecho.

El derecho a la tutela judicial efectiva implica no solo el derecho de acceder a los Tribunales de Justicia para obtener una resolución fundada, sino también el derecho a que el fallo judicial se cumpla y a que el recurrente sea repuesto en su derecho y compensado por el daño sufrido si hubiere lugar a ello.

”Las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en estas se consignen”. Con ello queda fijado sin ningún género de duda, aunque la realidad demuestre que esto no sea suficientemente entendido por todos, el principio rector de toda ejecución, la norma primaria que dice cómo deben ejecutarse las sentencias dimanantes de los órganos judiciales del orden contencioso-administrativo: dichas resoluciones han de ser cumplidas en la forma y términos que las mismas consignen, es decir, en sus propios términos, como dice la ley.  

Extractos: Fuente-Derecho.com/articulos/2009.Bernabé Arias Criado. Abogado. Técnico de función administrativa. Servicio Andaluz de Salud.

Las Sentencias del Tribunal Supremo HAN ANULADO el RD 1666/2008, "TRANSFERENCIA DEL GUADALQUIVIR", aun no han sido publicadas en los medios oficiales, presuntamente parecen UNA SIMPLE DECLARACION DE INTENCIONES.

Nosotros tenemos razones de interés público para que se proceda a su ejecución.