LA PEREGRINACION DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS DEL GUADALQUIVIR: CARTA DE UN FUNCIONARIO

Un compañero nos ha remitido esta carta que transcribimos en su totalidad. 

Agradecemos a este compañero el interés demostrado por nuestros problemas. 

Estimados compañeros:

Leo con estupor las noticias publicadas hace pocos meses, en particular  una nota de prensa publicada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el día 24 de octubre de 2011. 

“Desde el momento de la publicación del RD de reversión, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha asumido los medios personales……..En este nuevo contexto, la CHG y la Junta de Andalucía están manteniendo una relación de "total colaboración"……de manera "efectiva y ordenada". Además, tal y como se dispone en el RD de reversión, la Administración General del Estado integra el personal transferido….cuyos derechos laborales quedan "totalmente garantizados". 

Todos los días desde esa fecha, espero expectante noticias sobre la garantía de los derechos laborales, conseguidos con el esfuerzo y dedicación, de los empleados públicos afectados.

Nadie les ha regalado nada, no han sido contratados por empresas privadas, se trata de personal de la Administración publica que accedió a sus puestos de trabajo a través de una oferta de empleo público cumpliendo los requisitos de igualdad, merito y capacidad.

Los empleados públicos afectados aceptaron “sin voluntad” la decisión de la transferencia del Guadalquivir a Andalucía. La salida de la Administración del Estado para la integración en la Administración de la Junta de Andalucía no fue una decisión orientada a la mejora de la gestión de los servicios, o al acercamiento de éstos a los ciudadanos, como se ha podido comprobar durante tres años. Pero por cuestiones Constitucionales y tras una sentencia, se adoptó de manera urgente e inmediata, devolver la transferencia de nuevo al Estado. 

La peregrinación de los empleados públicos del Guadalquivir de una administración a otra y la coletilla de la nota de prensa sobre que los derechos laborales quedan "totalmente garantizados" ha hecho que me sienta implicado en estas cuestiones.

Han pasado casi cuatro meses y el que suscribe oye de todo. Los representantes de esos trabajadores y algunos que otros funcionarios implicados en este proceso de ida y vuelta “sin  tener en cuenta la voluntad”, están empecinados en considerar este proceso como una “sucesión” de empresas y que procede la aplicación del Estatuto de los Trabajadores. 

No soy un experto jurista, pero el proceso de reversión no se ajusta en su totalidad a lo contemplado en el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores. Este articulo fue modificado en el año 2001 por la transposición a nuestro derecho de la Directiva de la Unión Europea para protección del trabajador en caso de sucesión de empresas, Directiva 2001/23/CE siendo clara al respecto que “La reorganización administrativa de las autoridades públicas administrativas y la transmisión de funciones administrativas entre autoridades públicas administrativas no constituirán una transmisión a efectos de la presente Directiva.”

Asimismo, y como dice la jurisprudencia, si en este caso fuese de aplicación ese art. 44, la sucesión no obliga al nuevo empresario al mantenimiento indefinido de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo que la empresa transmitente aplicaba….sino sólo a respetar las existentes en el momento de la transferencia, por lo que en el futuro habrá de acomodarse a las normas legales o pactadas que regulan la relación laboral con el nuevo empleador.

Además, la Directiva al igual que el artículo 44, limita la obligatoriedad del cesionario de mantener las condiciones de trabajo pactadas en convenio colectivo anterior hasta la entrada en vigor de un nuevo convenio o aplicación de un convenio colectivo existente.

Entiendo que, respecto del personal laboral, no hay que proceder por tanto a firmar convenio colectivo alguno para mantener las condiciones laborales del anterior puesto que en el Estado ya existe uno, asimismo, con respecto al personal funcionario existe la Legislación sobre Función Pública y con respecto a ambos el Estatuto Básico del Empleado Público, por lo que su aplicación seria automática al asumir la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir los medios personales por Real Decreto. Así que, jornadas y horario de trabajo (37 horas y media) y todas aquellas obligaciones establecidas en la legislación del Estado para su personal deben ser asumidas por todo el personal afectado en las mismas condiciones de igualdad, sin distinción de funcionarios y laborales y viceversa.

Para finalizar mi exposición y creo que es importante, debo decir que: no ha existido negociación anterior al proceso de reversión, no hubo acuerdos anteriores, ni “pactos vitalicios”, la salvaguarda de los derechos de los afectados debe llevarse a cabo según el convenio y legislación existentes en el Estado, con la consulta y participación de sus representantes.

Estos representantes deben conseguir un acuerdo de garantías en el que queden "totalmente garantizados" todos los conceptos salariales, que “SIEMPRE SE REVALORICEN” y “NO SE COMPENSEN”. 

Ello protegerá a los afectados “en la peregrinación sin voluntad” mucho más de lo que establece el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y esa sería la correcta fórmula de defensa que los agentes comprometidos en la negociación del proceso de reversión deberían aplicar. Los informes jurídicos existentes al respecto aconsejan utilizar esta fórmula como mayor garantía para todos los trabajadores y avalan mi exposición..

Agradecería a los Administradores de este blog la publicación de este escueto discurso y que incluyan todos los comentarios que se hagan al respecto. Esperare expectante la reacción de vuestros representantes sindicales y del resto de implicados si leen mis palabras y estudian detenidamente los hechos.

Atentamente,

Un Funcionario.