El Consejo aprueba los estatutos de las ocho agencias creadas en el marco de la reordenación del sector público andaluz
La reestructuración, que también incluye cambios en cinco consejerías, suprime 166 directivos y conlleva un ahorro anual de 3 millones de euros
El Consejo de Gobierno ha aprobado los estatutos de las ocho agencias instrumentales creadas en el marco de la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público Andaluz. Esta reestructuración, que supondrá un ahorro anual de 3 millones de euros y la supresión de 166 puestos directivos, incluye también la modificación de los organigramas de las consejerías de Economía, Innovación y Ciencia; Empleo; Agricultura y Pesca; Igualdad y Bienestar Social, y Medio Ambiente, cuyos correspondientes decretos también ha aprobado hoy el Gobierno andaluz.
Los nuevos estatutos, negociados con las organizaciones sindicales en el marco de la Mesa General del Empleado Público de la Administración de la Junta, son los de la Agencia Andaluza del Conocimiento, la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Empleo, la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la Agencia de Medio Ambiente y Agua.
La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia modifica su estructura con la creación de la Agencia Andaluza del Conocimiento, como agencia pública empresarial, y la supresión de la Secretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
La Agencia Andaluza del Conocimiento pasa a asumir las funciones y el personal de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria, de la Sociedad para el Impulso del Talento (Talentia) y del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía (CIT Andalucía).
En cuanto a la supresión de la Secretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, sus competencias las asume la Secretaría General de Innovación, que a partir de ahora pasa a denominarse de Innovación y Sociedad de la Información. Entre otras funciones, asumirá las relativas a telecomunicaciones, sociedad de la información e innovación, prospección y evaluación en las administraciones públicas andaluzas.
Asimismo, dentro del proceso de optimización de recursos en Economía, Innovación y Ciencia, se suprime el Centro de Negocios de Madrid y el Instituto de Innovación para el Bienestar Ciudadano. Las competencias de estas dos entidades se trasladan a la Delegación del Gobierno de la Junta en Madrid y a la Agencia Andaluza del Conocimiento, respectivamente.
La creación de la Agencia de Obra Pública constituye el cambio más destacado del proceso de reordenación del sector público andaluz en el ámbito de la Consejería de Obras Públicas. La nueva entidad, que adopta la forma de agencia pública empresarial, surge a partir de las antiguas sociedades Ferrocarriles de la Junta de Andalucía y Gestión de Infraestructuras de Andalucía (GIASA).
La Consejería de Empleo modifica su organigrama con la aprobación de los nuevos estatutos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que se convierte en agencia de régimen especial con el fin de aumentar su autonomía, capacidad de gestión y especialización. El nuevo SAE, que mantiene su actual estructura directiva, asume las competencias e integra al personal de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo y de los consorcios UTEDLT (Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico). Del total de puestos directivos que se suprimen en el marco de la reordenación del sector público andaluz, 95 corresponden a estas unidades.
En el ámbito de la Consejería de Salud, la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol pasa a convertirse en la cabecera del grupo integrado por las agencias Bajo Guadalquivir, Alto Guadalquivir y Poniente, que gestionan cuatro hospitales y 11 centros hospitalarios de alta resolución en la comunidad autónoma. Ello implica la aprobación de los nuevos estatutos de la primera de estas agencias (la de mayor antigüedad y volumen de gestión) y la modificación de los del resto.
En la Consejería de Agricultura y Pesca se crea la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa) y desaparecen la Empresa Pública de Desarrollo Agraria y Pesquero (Dapsa) y del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA). Agapa se constituye como agencia de régimen especial para asumir, entre otras funciones, las de ejecución de programas y acciones de fomento; vigilancia e inspección; tramitación de ayudas y subvenciones; gestión de laboratorios, y realización de obras de infraestructuras agrarias y pesqueras. Asimismo, integrará en su seno a las 59 oficinas comarcales agrarias de la comunidad, el Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea (Ieamed) y el Complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto, situado en Dos Hermanas (Sevilla).
El principal cambio en el organigrama de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social se deriva de la creación de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia y la consiguiente supresión de la Secretaría General para la Atención a la Dependencia. Asimismo, desaparecen la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y la Fundación para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social. La entidad que se crea, configurada como agencia pública empresarial, asume las competencias que hasta ahora venían desarrollando estas fundaciones y la anterior Secretaría. Su creación supondrá el reforzamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de cuyas prestaciones se benefician en Andalucía 186.400 personas (el 30% del total nacional).
En la Consejería de Cultura, se crea la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIC), agencia pública empresarial que llevará a cabo funciones de dirección, organización, producción, fomento, promoción y difusión de programas, instituciones, equipamientos e instalaciones culturales. Esto supone la supresión del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras.
Finalmente, la Consejería de Medio Ambiente modifica su estructura orgánica con la creación de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, como entidad instrumental adscrita, y de la Secretaría General de Agua. La nueva agencia pública empresarial asume las funciones y el personal de la extinta Empresa de Gestión Medio Ambiental (Egmasa), así como una parte de las competencias de la también desaparecida Agencia Andaluza del Agua, especialmente las relativas a emergencias. La otra parte se traslada a la Secretaría General de Agua, que será la encargada de impulsar los proyectos de la Consejería en materias de planificación, participación, dominio público hidráulico, infraestructuras y explotación de aguas.
- Más información en la pestaña "Prensa"
- Pitada San Telmo aprobación Estatutos Agencias I
- Pitada San Telmo aprobación Estatutos Agencias II
Los del Agua cuando cojones vamos a recurrir el convenio de encomienda de gestión con motivo de la sentencia del TC
ResponderEliminarAnónimo, lo que vamos a recurrir es el acuerdo de la encomienda, que es lo que se ha publicado en BOJA.
ResponderEliminarEl recurso no se prepara en dos días, cuando esté listo se hará el trámite oportuno.
Por cierto. ¿el convenio se llegó a firmar? ¿y quien firmó por el estado, el presidente de la CHG o rosita? Me pregunto otra cosa, ¿puede entenderse en vigor el decreto de traspaso en tanto no haya sentencia del Supremo? y si es así, ¿que validez tiene la encomienda? Y una última pregunta ¿que pasa con las concesiones que no aparecen en el convenio expresamente, porqué evitan mencionarlas y luego internamente nos dan instrucciones para que las tramitemos justificando su inclusión en un párrafo omnibus en el que cabe todo?
ResponderEliminarLa Agencia catalana del agua no tramita concesiones en el Ebro porque no son encomendables, ¿nosotros sí? Esto ya no es huida del derecho administrativo sino una burla a la ley y a todos los usuarios del agua.
Me pregunto si un trámite realizado en base a una encomienda ilegal podrá invalidar una resolución aunque esta finalmente la firme el presidente de la CHG.
Saludos y ánimo a todos, estoy seguro que el año que viene nos traerá por fin la coherencia y tranquilidad que todos deseamos.
eso to paaanaa, haseros caso de los señoritos de andalucia, ar fina mas tiraos que una colilla de certas corto
ResponderEliminarAnónimo de las 19:45
ResponderEliminarLas respuestas a tus preguntas están en la pestaña "Prensa".
Mira las noticias del día 7 y 8 de abril acerca de este tema.
"Gobierno y Junta rubrican la encomienda para la gestión temporal del Guadalquivir"
Aunque el acuerdo se publicó el día 8 en el BOJA, todavía no tenemos constancia que se haya publicado en el BOE
En el BOE no se tiene que publicar nada, tiene validez al ser publicado en cualquier medio oficial, lo dijo el jurista con el que se habló el jueves pasado por telefono. Tambien dijo que "somos del Estado" sin ninguna duda, que todas las resoluciones hechas por la Agencia Andaluza del Agua al amparo del art. 51 eran NULAS DE PLENO DERECHO y por ende, recurribles por los administrados, no estaría de más que la gente lo supiera.
ResponderEliminarPlataforma, no va contigo, lo digo al aire, pero hay que moverse ya! pero para volver al Estado, yo ya estoy hasta los mismísimos del cachondeo que se trae la Junta con los ex-confederados.
Nuestra lucha principal ahora no va por el camino de la derogación de la ley 1/2011, va por otros derroteros.
Lo que se dijo es que para ser recurrido el acuerdo, tiene que ser publicado en cualquier medio oficial y por lo tanto al haberse publicado en BOJA, ya se puede recurrir.
ResponderEliminarPor otro lado, cualquier acuerdo que haga el Estado, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente con la Junta, debe ser publicado en el BOE para que tenga efecto, al menos esa es la información que tenemos.
Entonces, en qué situación nos encontramos si no tiene efecto el acuerdo junta-estado? nos van a volver locos.
ResponderEliminarLos convenios con CCAA se publican en el cap.III del BOE, raro es el día que no hay uno. Para mí, hasta que no salga en el BOE no hay nada válido. Si yo estuviera en el DPH pediría instrucciones por escrito y si no me las dan les diría a los afectados que la Junta no tiene competencias y que vayan a la CHG o enviaría directamente el expediente a ésta.
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