APROBADOS LOS PROTOCOLOS DE INTEGRACIÓN EN LAS NUEVAS AGENCIAS

Junta y sindicatos, excepto CSIF, dan el visto bueno a los protocolos de integración de personal de las nuevas agencias

CSIF-A anuncia medidas legales contra los protocolos y todo el entramado legislativo de la reordenación del sector público andaluz

   SEVILLA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Hacienda y Administración Pública y los sindicatos CCOO y UGT, presentes en la mesa general de función pública, excepto CSIF, han dado el visto bueno y han aprobado los protocolos de integración de personal de las nuevas agencias contempladas en la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público.

Según han indicado a Europa Press fuentes de la Junta, la reunión de la mesa general se ha desarrollado "moderadamente bien", tras lo que ha destacado el "amplio consenso" existente en dicha mesa general, de manera que "se han finalizado los protocolos de integración y se da la negociación por terminada", toda vez que "se han aprobado los protocolos por prácticamente todas las partes".

Por su parte, fuentes de CCOO han destacado a Europa Press que los protocolos "han recogido casi todas las cuestiones que habíamos planteado y nuestras reivindicaciones", de manera que "se logra efectuar la integración con garantías para los laborales y los funcionarios".

Las fuentes han destacado que "ha ido todo bien" y han recordado que ahora se deberá abordar la negociación de los planes iniciales de actuación de esas agencias, aunque han recordado que "primero deben entregarnos los estatutos terminados", algo que esperan que se produzca después de Semana Santa.

Por su parte, el sindicato CSIF-A solicitará judicialmente la anulación del entramado legislativo de la reordenación del sector público andaluz, de forma que ha anunciado medidas legales contra los protocolos de integración en las agencias públicas aprobadas en la mesa general del empleado público celebrada este viernes y donde "se consuma la traición a los empleados públicos al darse vía libre a los mismos". De esta forma, tiene previsto emprender medidas legales contra los estatutos, protocolos, planes iniciales de actuación y relaciones de puestos de trabajo (RPT).

Fuentes del sindicato han lamentado a Europa Press que la Junta "no tiene ningún dato concreto sobre los trabajadores trasvasados a estas agencias, ni sabe de cuántos trabajadores hablamos, ni adonde trabajarán ni qué función desempeñarán", toda vez que, a su juicio, los protocolos "repiten la disposición adicional de la Ley y no concreta nada".

En una nota, CSIF considera que se ha producido "la consumación de la traición a los empleados públicos de la Administración General de la Junta al darse por negociados y aprobados los protocolos de integración del personal en las agencias creadas con la Ley de Reordenación".

En este sentido, este sindicato, que asegura que la reunión se ha celebrado "en un clima tenso y agresivo por parte de los llamados sindicatos de clase, que no han dejado de atacar a esta central sindical en todas y cada una de sus intervenciones" y en ella CSIF "ha hecho valer una vez más nuestra defensa inequívoca de lo público y nuestra frontal oposición a la mezcla injusta y discriminatoria de más de 20.000 contratados de empresas públicas, consorcios y fundaciones con los empleados públicos de la Administración General de la Junta de Andalucía".

Por ello, CSIF ha reiterado que emprenderá medidas judiciales contra estos protocolos de integración al igual que hará con los estatutos de las agencias públicas cuando éstos sean publicados y ha lamentado que el resto de los sindicatos "como era esperable ha dado su total conformidad a esta integración de empleo privado a costa de los derechos y garantías del empleo público, llegando a afirmar éstos que con esta integración no se produce ninguna privatización de los servicios públicos".

Ante esto, CSIF ha insistido en que "el trasvase de funciones, servicios y puestos a un régimen predominantemente de derecho privado, con encomiendas de gestión y asignación de tareas públicas a personal contratado por los entes instrumentales, es la consagración definitiva del vaciamiento de las potestades administrativas, de la huida del derecho administrativo y la paulatina privatización y laboralización de la Administración Pública".

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