Recapitulamos:
La Sentencia T.C. 30/2011, de 16 de marzo Declara la inconstitucionalidad y nulidad del art. 51 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
El Convenio de colaboración de encomienda de gestión entre la Administración General del Estado (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino) y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Consejería de Medio Ambiente) en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se firma el 7 de abril de 2011 en Madrid, siendo vigente desde el dia de su firma.
En el BOJA 8 de abril de 2011, se publica el Acuerdo de 5 de abril de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se presta conformidad para la suscripción del Convenio de colaboración de encomienda de gestión. La Administración del Estado, titular de la competencia, encomienda los medios imprescindibles para la prestación del servicio a la Administración autonómica, que dispone de los medios. La encomienda de gestión objeto del presente Convenio tendrá una duración de seis meses, a contar desde la fecha de su firma. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de extinción de la encomienda de gestión, la Administración del Estado se subrogará en los contratos suscritos y demás obligaciones asumidas con terceros para el ejercicio de las actividades encomendadas.
En virtud del Real Decreto 1666/2008 se traspasaron a la Comunidad Autónoma de Andalucía los medios personales, técnicos, patrimoniales y financieros correspondientes a las funciones que aquélla pasó a ejercer, medios de los que ahora no dispone la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, imprescindibles para la prestación de un servicio público de tanta trascendencia como es la gestión de los recursos y aprovechamientos hidráulicos, por lo que la Junta de Andalucia asume los mismos durante 6 meses.
LOS MEDIOS PERSONALES TRANSFERIDOS SE ENCUENTRAN A FECHA DE HOY EN SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE "SERVICIOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS POR TRANSFERENCIA".
JURIDICAMENTE LOS MEDIOS PERSONALES TRANSFERIDOS SE ENCUENTRAN A FECHA DE HOY EN LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE "SERVICIOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS POR TRANSFERENCIA".
LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, NO HA REALIZADO EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE DE CADA UNO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS TRANSFERIDOS CUYA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA A FECHA 17 DE MARZO DE 2011 SERIA "SERVICIO EN LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO".
Si en la actualidad se encuentran en fase de tramitación las órdenes, en virtud de las cuales se lleva a cabo la adscripción funcional del personal funcionario y laboral de la Junta de Andalucía, ¿Ha sido un olvido del Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General de Recursos Humanos el no haber llevado a cabo el documento de nueva situación administrativa de cada uno de los empleados públicos transferidos, o existe otra intención?
Seguiremos informando.
Yo agradezco enormemente vuestro trabajo, y lo digo totalmente en serio, pero no acabo de entender qué es lo que quereis decir con esto, ¿somos del Estado? si es así, cuando pasen los 6 meses de encomienda, ¿volvemos a depender del Ministerio de Medio Ambiente? ¿a quién debemos "someternos"? Porque me consta que esto está siendo un auténtico desastre, las anteriores Confederaciones vacías de contenido a favor de la AMAYA, ¿esto es legal? ¿qué hacemos, esperar sentados? y nunca mejor dicho.
ResponderEliminarPara aclaración del autor del artículo:
ResponderEliminarEl Real Decreto 1666/2008 será nulo de pleno de Derecho cuando por sentencia del Tribunal Supremo así se disponga. El TS analizará pormenorizadamente cuales artículos son susceptibles de declararse nulos o no nulos, y si las transferencias de medios y recursos va univocamente unido al traspaso de las compentecias hidráulicas. El Gobierno Nacional podrá también expedir un nuevo Real Decreto que derogue al anterior o que lo adapte a la sentencia del TS.
En todo caso, el nuevo Real Decreto seguirá el principio de irretroactividad y no perjuicio de la norma, y en consecuencia el retorno de los empleados a situaciones laborales pretéritas con pérdida de derechos económicos y profesionales, será voluntaria.
Bueno, ¿volvemos al estado o no volvemos?.
ResponderEliminarHUELVA, 30 (EUROPA PRESS)
ResponderEliminarLa organización agraria Asaja-Huelva ha presentado el documento de alegaciones contra el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, que afecta a 9.000 hectáreas en los términos municipales del Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, al considerar que incurre en un defecto de forma por "errores en la cartografía", que prevé una dotación de agua "netamente deficiente y sin argumentos técnicos que la sostengan".
Según ha informado la organización en una nota, consideran que estas valoraciones arrojan "dudas" sobre si la Junta de Andalucía es competente jurídicamente en la elaboración y ejecución del Plan después de que el Tribunal Constitucional anulase la competencia exclusiva de la administración autonómica andaluza sobre el Guadalquivir.
Asaja-Huelva considera que los "múltiples errores detectados en la trasposición digital de la cartografía del plan" así como la ausencia de un "listado nominativo de afectados a través de referencias catastrales que permita detallar la preceptiva ubicación de las parcelas, superficie, uso especificado de las fincas, y en consecuencia las afecciones de zonificación", generan una situación de total "indefensión jurídica" en los afectados en cuanto a las consecuencias que en el Derecho a Propiedad pudiesen derivarse a medio y largo plazo.
De igual modo, en su documento de alegaciones, la organización agraria estima que la dotación de agua recogida en el Plan Especial de Ordenación se antoja "netamente deficiente y sin argumentos técnicos que la sostengan" ya que los 4.000 metros cúbicos previstos en el mismo distan mucho de los alrededor de 7.000 metros cúbicos que requiere actualmente la producción, lo que supone "una amenaza" para la subsistencia de muchos regantes por cuanto ahoga el desarrollo de su actividad económica.
En este sentido, Asaja-Huelva ha recordado el "pernicioso" efecto que sobre un abastecimiento más eficiente y racional del agua ha tenido el retraso de las infraestructuras hidráulicas superficiales previstas en la provincia de Huelva (Anillo Hídrico, Presa de la Alcolea), con cuya ejecución en tiempo y forma hubiera quedado "suficientemente cubierta" la dotación de agua, contribuyendo así además a acabar con las explotaciones y situaciones de irregularidad.
Por último, desde un punto de vista jurídico, la organización agraria tiene dudas sobre la legitimidad de las competencias de la administración autonómica en el diseño, ejecución y desarrollo del Plan Especial de Ordenación, toda vez que el Tribunal Constitucional declaró nulo el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que otorgaba a la Comunidad Autónoma de Andalucía competencias exclusivas sobre las aguas del Guadalquivir que transcurren por su territorio.
En este sentido, Asaja-Huelva entiende que pese a la aprobación por parte del Gobierno de España de una encomienda de gestión temporal del Guadalquivir concedida al gobierno autonómico, prorrogable cada seis meses, esta situación "no puede ser indefinida" ya que genera una sensación de inseguridad al no definir sobre qué administración u organismo descansará o asumirá realmente las competencias, hasta ahora en manos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Por todo ello, dada su trascendencia, Asaja-Huelva reclama "un plan en condiciones" o la "reelaboración" del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, de tal forma que queden claramente definidas las competencias del mismo para evitar la falta de seguridad jurídica que se ha generado después de la declaración de nulidad por parte del Tribunal Constitucional del artículo 51 del Estatuto.
Siguiendo con la inseguridad jurídica, hay que destacar la que supone el no haber publicado aún la encomienda de gestión. Un particular no sabe ahora mismo si la concesión o autorización la tramita la junta o no, qué competencias se encomiendan, etc.
ResponderEliminarQue no la publiquen me da muy mala espina. Están jugando con ello.
Compañeros del agua, hoy me han llamado de Delegación Provincial de Sevilla para que firme la adscripción a la consejería de medio ambiente. Visto lo visto hasta ahora no firmo nada de momento. Ante la hipotética vuelta al Estado, ¿firmar la adscripción afectaría en algo?
ResponderEliminarVeo que no hay más comentarios y por tanto deduzco que todos tenemos las cosas muy claras. O será la típica dejadez del funcionario o laboral a ver si alguien le resuelve la papeleta o le contesta sin ni quiera preguntar.
ResponderEliminar18:11 a ver si alguien te puede dar luz, yo no firmaba, a ver si esto explota por algún lado. En Córdoba nadie se atreve a dar órdenes por escrito, algo temen o no tienen potestad sobre nosotros.
ResponderEliminarY lo que se decía en marzo,
Valcárcel asegura que Zapatero "busca siempre la puerta de atrás cuando no le gustan las sentencias del Tribunal Constitucional"
El presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, aseguró que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, “es muy dado a buscar siempre la puerta de atrás cuando no les gustan las sentencias del Tribunal Constitucional”, y remarcó que la decisión del Alto Tribunal sobre el artículo 51 del Estatuto andaluz “es tan clara como el agua”.
El jefe del Ejecutivo murciano, que realizó estas declaraciones desde el municipio de Águilas y a preguntas de los periodistas sobre la entrevista entre Rodríguez Zapatero y el presidente andaluz, José Griñán, destacó que Zapatero “ya no engaña a nadie”, y añadió que “observo aquí un factor de índole político para contentar a quien ya se ha visto machacado con lo que le está cayendo”, en referencia al presidente de la Junta de Andalucía.
Valcárcel aseguró que la sentencia del Constitucional “no deja margen para interpretaciones, ni malabarismos ni juegos de trileros”; porque, según dijo, la sentencia dice claramente que “el agua es un bien de Estado y corresponde al Estado gestionarla y no hay margen para que nadie que no sea el Estado tenga competencia, en este caso concreto, sobre el río Guadalquivir”.
Además, el jefe del Ejecutivo murciano criticó “el concepto de la democracia” que tiene el presidente de todos los españoles ya que, “a escasamente 20 horas de la sentencia del Constitucional le concede una entrevista al presidente andaluz y, sin embargo, no da respuesta a las reiteradas peticiones de entrevista que desde hace dos años le ha realizado el Gobierno murciano”.
El presidente destacó que “venimos solicitando entrevistas para abordar temas que preocupan a los murcianos, pero no se nos quiere atender”, y añadió que “éste es un ejemplo más que se une a cuando decimos que Zapatero no paga lo que debe, que no reconoce a 450.000 murcianos, pese a que la Región de Murcia hace los deberes y es una de las comunidades menos endeudadas”. “No queremos que se nos trate mejor que a nadie pero tampoco peor que a nadie”, apostilló Valcárcel.
“No pedimos agua por capricho”
En el Día Mundial del Agua, que se celebra hoy, el presidente Valcárcel defendió que la Región de Murcia “no pide el agua por capricho” sino porque “es un instrumento, una herramienta de trabajo” para la agricultura, y destacó que la Región de Murcia exporta el 25 por ciento del total de España en productos hortofrutícolas”.
“Somos una Región referente en Europa y fuera de ella”, aseguró Valcárcel, quien remarcó que “somos la primera región de toda la Unión Europea que está reutilizando agua con un sistema terciario”. Además, el presidente murciano defendió que “tenemos todo el derecho del mundo a reclamar un bien que es de todos”, y añadió que “ahora lo ha dicho el Tribunal Constitucional, pero antes lo hemos dicho incansablemente desde el Gobierno de la Región de Murcia.