En el proceso de reordenación del sector público impulsado por José Antonio Griñán y conocido como el "decretazo", se promueve la integración de empresas y entes públicos de la Junta en nuevas superagencias que harán lo mismo que aquellas pero transformando a todos sus contratados en nuevos "laborales de agencia" de la Junta de Andalucía. Pero resulta que en el caso de la empresa pública Egmasa, sus trabajadores tienen una serie de privilegios concedidos por la empresa con dinero público que no disfrutarán los funcionarios y laborales de la Junta que pasen a formar parte de la nueva Agencia. Esto es, dentro de las Agencias se avecina una estructura de desigualdades irritante porque además de haber sido contratados sin pruebas adecuadas o de forma arbitraria, los nuevos "laborales de agencia" disfrutarán de ayudas que superan las condiciones de los laborales y funcionarios que sí hicieron pruebas y oposiciones para obtener sus puestos. En el caso de Egmasa es un fondo social que aporta 450 euros por trabajador para un fondo de pensiones gestionado por igual para todos los trabajadores. Lea los documentos completos.
Concretamente, en el acta de 17 de marzo de 2011, sólo un mes y medio antes de la constitución de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, Egmasa dio el paso que convertir un remanente que tenía de sus compromisos de Acción Social en ayuda a los fondos de pensiones. Y lo expresa de este modo:
"Durante el ejercicio 2011, la totalidad de los gastos de acción social irán con cargo al remanente, ya que no habrá ninguna dotación para este concepto con cargo a los presupuestos de ese ejercicio.
Los compromisos de Acción social para ambos años son:
• Las aportaciones obligatorias al plan de pensiones para todos los colectivos, consistente en la aportación de 450€ por parte de la empresa a cada trabajador que aporte 200€.
• Aportaciones extras por edad acordadas para los trabajadores entre 50 y 65 años, consistente en una mayor aportación por parte de la empresa según la edad del trabajador.(Hasta 3.000 euros se dan a los trabajadores de 65 años).
• Ayudas sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los trabajadores: ayudas de guardería, gastos médicos extraordinarios, becas de estudios, ayudas de desvalimiento, préstamos y ayudas por maternidad.
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Genial. Los transferidos, aunque raquítico, teníamos un plan de pensiones en la AGE y de la noche a la mañana, tras la transferencia, desapareció y los representantes de los empleados públicos (sindicatos) no dijeron ni “mu”. Ahora, para algunos, instauran un sistema de pensiones privado. Esto, lejos de cerrar la brecha (que se pretende con cerrar con la desordenación del sector público, y que han abierto ellos), supone una profundización de la misma y es que están “seleccionando” lo mejor de cada casa para los entes. Me explico, si hay algo “bueno” en el convenio de la Junta se traslada a los entes y si no puede ser trasladado se suprime, pero no a la inversa.
ResponderEliminarNO A LA LEY 1/2011.
Para lo que aún tengan dudas al respecto. Esta gente son "su gente" y "sus trabajadores", el resto son sólo personas que han entrado legítimamente en la administración, y por tanto con nuestra independecia, les sobramos.
ResponderEliminar¿Ha sido eliminada la entrada que trataba sobre el “cese” del Jefe de Servicio de Infraestructuras de la Agencia Andaluza del Agua en Cádiz?
ResponderEliminarAnónimo de las 10:55, lo que te podemos decir, es que te dirijas al blog o correo de los compañeros de Cádiz y les consultes a ellos.
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