Se informa en diferentes páginas
web que continúa la negociación del IV CUPLAGE. La última reunión del Grupo de
Trabajo de Clasificación Profesional en la Comisión Negociadora IV Convenio
Único lo fue el pasado día 27 de abril. Nos cuentan que hay un intercambio
de propuestas con el compromiso de estudio y análisis, por las partes, para
seguir debatiendo sobre el sistema de clasificación que debe regir el próximo
Convenio.
PROPUESTA: CUADRO DE CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL IV CONVENIO ÚNICO Y RETRIBUCIONES BÁSICAS:
Puede apreciarse que la propuesta
incluye el SALARIO MÍNIMO para el último grupo de clasificación, Grupo 5 (certificados básicos y otras
titulaciones), de 1.200 euros.
Coincidiendo con la tramitación de
los Presupuestos Generales del Estado para 2018, entre el 21 de mayo -cuando se
votan las enmiendas parciales en el Congreso- y el 21 de junio, los sindicatos
están convocando movilizaciones y concentraciones que se desarrollaran ante las
delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las capitales de provincia en
toda España, para exigir ese salario mínimo.
Entendemos, aunque “a bombo y
platillo” no se le dé la importancia que merece, también estas movilizaciones
son para que, además, se eliminen los descuentos en las nóminas de los empleados
públicos por incapacidad temporal (IT).
A su vez, el Gobierno, a través de
diferentes medios informa que, el compromiso de eliminar los descuentos en las
nóminas está en estudio. Explicamos.
En nuestro país hay personas que no van a trabajar
(absentismo laboral) y que cobran puntualmente su sueldo, tanto en el sector público como en el
privado, un fraude que supone para el estado más de 1.000 millones de euros,
según fuentes del Ministerio de Empleo de hace un par de años, más o menos...esto no es ninguna novedad.
Real Academia Española
–RAE-....”de la lengua”: Absentismo:
1. Abstención deliberada de acudir
al lugar donde se cumple una obligación.
2. Abandono habitual del desempeño
de funciones y deberes propios de un cargo.
Las cifras de absentismo en el
sector público son aparatosamente superiores a las del sector privado. Sin
embargo, pocos son los políticos que se atreven a señalar un problema cuando
afecta a un colectivo tan poderoso y multimillonario como el de
los empleados públicos (3,13 millones, hablamos de número de trabajadores, no de "dineros", por si alguien confunde la expresión).
Cuando el Gobierno informa que
para proceder a la supresión de la penalización por bajas laborales (IT), es
necesario contar con datos transparentes para verificar que el absentismo
laboral no crece con dicha eliminación y que, una vez realizado el estudio, se
fijará una fecha para publicar los datos de absentismo en el Portal de
Transparencia de cada comunidad autónoma y de la Administración General del
Estado...se arma el revuelo....sindical.... y el rechazo y las criticas ante tal medida.
La función de los sindicatos es
defender los intereses de la clase trabajadora, siendo la principal herramienta
que ésta tiene para conseguir mejorar sus condiciones de trabajo.
Millones de horas pagadas,
fraudulentamente no trabajadas, que tiene que hacer otro empleado, en este
caso, público, con el consiguiente aumento de carga de trabajo y sus posibles repercusiones en su estado de salud...¿dónde está el "in vigilando"?, ¿dónde está la actuación sindical?.
No debía ser tal la reacción de
rechazo...Unos fichan y se marchan. Otros ni siquiera fichan...
Los sindicatos no han contribuido,
salvo raras excepciones, a la mejora de nuestras administraciones públicas, a
hacerlas más potentes y participativas (más abiertas a la sociedad), a frenar y
denunciar los casos de corrupción política, a defender unos instrumentos que
son de y para la ciudadanía (en su mayoría trabajadora).
Aunque reconocemos que tampoco han tenido el objetivo explícito de
debilitar ni de destruir a las administraciones públicas del país, sin embargo muchos
de sus objetivos y actuaciones egoístas y cortoplacistas han contribuido a
debilitarlas y a fracturar los diques institucionales que podrían haber evitado
buena parte de los casos de corrupción.
Los sindicatos han percibido a la
Administración pública como un actor cuya función principal es proveer de recursos
y un mayor grado de confort a sus propias organizaciones. Los sindicatos
reciben subvenciones públicas totalmente justificadas por el importante poder
que juegan a nivel laboral y social. Pero a estas grandes subvenciones hay que
añadir otras más indirectas y no tan justificadas desde la financiación de
eventos diversos, reuniones, estudios, viajes difíciles de justificar.
Quizás el caso más evidente sea el de los liberados sindicales. Los sindicatos
tienen una obsesión con los liberados sindicales no tanto para que ejerzan su
función esencial de defensa de los trabajadores sino como un mecanismo de
poseer, en el mejor de los casos, fuerza de trabajo para sus enormes
burocracias internas y, en el peor de los casos, para mantener con criterios clientelares
unos afiliados con un gran confort y calidad de vida.
Hay datos que sorprenden.
Hay una dinámica del “compadreo”
entre las élites políticas y las élites sindicales. En algunas administraciones
públicas, esta complicidad de “intercambio de cromos” ha llegado a extremos
inaceptables. En determinados ayuntamientos se ha llegado a un perverso pacto
entre los políticos y los sindicalistas para hacer añicos al modelo
meritocrático de acceso a la función pública. El pacto es el siguiente: los
puestos más relevantes de la Administración (directivos y técnicos) los
seleccionan libremente los políticos entre sus clientelas ampliando los puestos
de eventuales y de libre designación. A cambio, los sindicatos pueden reclutar
entre sus clientelas a los puestos más bajos.
Los sindicatos, en términos
generales, han abocado la negociación de los convenios y los derechos de los
trabajadores en el sector público a una dimensión mezquina y de vuelo
gallináceo. Jamás se han preocupado, salvo excepciones, por fortalecer las
instituciones públicas con sistemas de selección meritocráticos, con dotarla de
una dirección pública profesional que evite la discrecionalidad y el
clientelismo político, por mejorar la calidad de los servicios, las condiciones
profesionales de los empleados públicos, etc, etc, etc.
Su lucha y frente de negociación
tampoco han sido usualmente las mejoras retributivas sino una peculiar forma de
ver una mejora de las condiciones laborales por el embudo de más días y horas
de asueto para los empleados públicos. Las negociaciones se suelen poner duras
y tensas, aunque siempre acaba cediendo la “no patronal” de naturaleza
política, cuando se exige ampliar los días de libre disposición (en la práctica
más días de vacaciones conocidas popularmente como “moscosos” y “canosos”), por
una visión muy laxa de una mayor conciliación de la vida profesional con la
familiar y personal que siempre se canaliza por menos horas trabajadas.
Ante esto muchos pensamos que
los sindicatos ya no nos representan e incluso que ya no son necesarios, y que
es mejor prescindir de ellos y buscar otra forma de organizarnos.
Si bien es cierto que a menudo
ocurre que en los países avanzados la burocracia sindical se convierte en un
obstáculo para el desarrollo de la lucha de clases, controlando e incluso
frenando las luchas que en ocasiones se dan en algunas empresas y negociando
con la patronal a espaldas de los trabajadores.
Volviendo a la Comisión
Negociadora IV Convenio Único, pese a que nos hemos encontrado notas informativas
diversas sobre el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el trabajo,
que se celebra como cada año el 28 de abril, exigiendo cambios normativos y
políticas públicas que garanticen la seguridad y salud en el trabajo, no
encontramos por ningún lado que el lema “Trabajo Seguro. Es tu salud, es tu
derecho” y el tema sobre la inspección y control del cumplimiento de la
normativa en prevención de riesgos laborales aparezca en nota informativa
alguna de la Comisión Negociadora como tema tratado y necesario a incluir en el IV Convenio
Único.
Nosotros seguimos sin ver
presencia sindical en los centros de trabajo como garantía de protección a la
salud de los empleados públicos. No vemos Delegados de Prevención por nuestros centros de trabajo. Hemos llegado a observar
incluso a sindicalistas que formando parte de comisiones diversas que cuando son
advertidos sobre algún incumplimiento en materia de seguridad y salud que les
afecta a ellos mismos o a sus propios compañeros, la falta de conciencia sobre
el riesgo es tal que parece grotesco que luego nos vendan que hay que acabar
con esas situaciones. "In vigilando": Vigilar y controlar el
cumplimiento de las normas sociales...de seguridad y salud en el desarrollo
del trabajo...
...Y... vamos que nos vamos...horas sindicales, créditos horarios, dedicados
¿a....?
Puede que de ahí venga esa
oposición sindical a que el Gobierno necesite datos transparentes sobre el
absentismo laboral.
Somos muchísimos los empleados públicos dignos de admiración. Nosotros no tendremos problema alguno sobre esta medida del Gobierno. O sea que.... absentistas.... a desempeñar las funciones y deberes propios del cargo...esto es, a currar.
