INFORME DE FISCALIZACIÓN DE
LA CONTRATACIÓN CELEBRADA EN 2014 POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Y SUS ORGANISMOS DEPENDIENTES, Y SU EJECUCIÓN
HASTA 2017. (Ejercicio 2014)
En primer lugar repasamos cuales son las funciones propias del Tribunal
de Cuentas:
a. La fiscalización externa,
permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector
público: El Tribunal de Cuentas ejercerá su
función fiscalizadora en relación con la ejecución de los programas de ingresos
y gastos públicos y se referirá al sometimiento de la actividad
económico-financiera del sector público a los principios de legalidad y de
buena gestión.
b. El enjuiciamiento de la
responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de
caudales o efectos públicos: La función de enjuiciamiento contable, como jurisdicción propia del Tribunal de
Cuentas, se ejercerá respecto de las cuentas que deban rendir quienes recauden,
intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o
efectos públicos, en orden a la exigencia de la responsabilidad
contable en que aquellos pudieran haber incurrido.
En la fiscalización de los contratos celebrados por el MAPAMA 2014-2017, realizada a
iniciativa del Tribunal de Cuentas, se ha comprobado si se ha cumplido con los principios de legalidad y buena gestión en todo el procedimiento de contratación, analizando, de forma
particular, las fases de preparación, adjudicación y formalización de los
contratos, así como las principales incidencias detectadas relativas a su
ejecución y cumplimiento.
De los resultados de esta fiscalización (parte "a" del repaso),
el Informe recoge una serie de conclusiones, entre ellas:
1. En la fase de
preparación de los contratos la fiscalización ha advertido
insuficiencias en los informes preceptivos justificativos de la necesidad de la
contratación, así como en la estimación de los presupuestos de licitación de
los contratos. Estos no han sido elaborados con el rigor exigido por la
legislación vigente.
Por su parte, en algunos
contratos de servicios, que tenían por objeto el apoyo o asistencia a
los órganos de gestión en el ejercicio ordinario de sus competencias, se
incluyó en los pliegos la realización de actividades que podrían formar parte
intrínseca de procedimientos administrativos y que comportan ejercer una serie
de potestades administrativas, que están reservadas a los órganos
administrativos y a los funcionarios públicos.
En cuanto a la realización de grandes
proyectos de obras de infraestructuras (presas, embalses, canales,
etc.), que llevaron aparejadas importantes inversiones durante prolongados
periodos de tiempo, la fiscalización ha observado: la existencia de una serie
de defectos o carencias en los proyectos iniciales; falta de previsión,
descoordinación entre Administraciones, así como la ausencia de informes o
actuaciones preceptivas, que han ocasionado importantes alteraciones en el
ritmo de ejecución, en su coste final y en su rentabilidad social, en términos
de satisfacción del interés público, al que deben responder.
Por otra parte, la fiscalización
ha constatado que, en el caso de los procedimientos abiertos,
en general, sólo hubo un único criterio para la adjudicación (el precio). Y
cuando se incorporaron otros criterios de valoración adicionales, estos
tuvieron un peso específico poco significativo (hasta un máximo del 20% de la
valoración total y de forma conjunta con otros posibles criterios a valorar).
Esta última circunstancia se produjo incluso en aquellos casos de contratos que
requerían el empleo de tecnología especialmente avanzada, una ejecución
particularmente compleja o que pudieran tener un impacto significativo en el
medio ambiente; supuestos para los que la legislación vigente prevé que, para
su adjudicación, puedan tenerse en cuenta otros criterios de valoración de
carácter técnico, distintos del precio. No se tuvieron en consideración los criterios técnicos para valorar las ofertas.
Por otra parte, el informe señala
que algunas Confederaciones Hidrográficas (del Ebro, Tajo, Guadalquivir y
Miño-Sil) utilizaron de forma inadecuada la tramitación urgente y la de
emergencia de los expedientes; puesto que, en un número significativo
de casos, la concurrencia de requisitos que legalmente se exigen para ello, no
quedó suficientemente acreditada.
2. Por lo que respecta al
cumplimiento de los requisitos legales en las fases de adjudicación y
formalización de los contratos, se han advertido algunas incidencias
durante la valoración y adjudicación, tanto de los procedimientos
abiertos como en los negociados, que pudieron afectar a los principios de
objetividad, transparencia e igualdad de los licitadores que informan la
contratación pública, dándose también supuestos de irregularidades formales y
de procedimiento en la tramitación de diversos contratos.
3. En la fase de ejecución
de los contratos la fiscalización destaca que una parte importante de los
contratos de obras se han visto afectados por retrasos, incidencias y
modificaciones que han alterado tanto los costes como los plazos de
terminación inicialmente previstos, con los consiguientes retrasos en la
entrega de los bienes al uso público. Por otra parte, han sido comunes los
retrasos en la expedición de las certificaciones finales, así como en las actas
de recepción y de conformidad, repercutiendo en el cumplimiento de los plazos
contractuales y legales en la fase final de los contratos, hasta su liquidación
y pago.
Esperaremos a que se dé publicidad a la parte "b" del repaso: el enjuiciamiento de la
responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de
caudales o efectos públicos.
RESPECTO A LA NUEVA ESTRUCTURA
ORGÁNICA BÁSICA DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES:
El Real Decreto 355/2018, de 6 de
junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales y el Real
Decreto 359/2018, de 8 de junio, por el que se crean Subsecretarías en los
departamentos ministeriales, hacen necesario desarrollar dichas estructuras
para determinar los órganos directivos de los diferentes ministerios.
Dentro de la nueva organización, cabe destacar una
novedosa distribución competencial para los actuales Departamentos
ministeriales, respondiendo a la más adecuada expresión de los objetivos
prioritarios del Gobierno y de su programa político en aras a lograr mayor
eficacia en su acción y mayor eficiencia en el funcionamiento de la Administración General del Estado.
DIRECTORES GENERALES DEL AHORA MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA:
Ceses
Real Decreto 661/2018, de 22 de
junio, por el que se dispone el cese de doña María Teresa Baquedano Martín como
Directora General de Política Energética y Minas. PDF (BOE-A-2018-8650 - 1 pág. - 144 KB)
Real Decreto 662/2018, de 22 de
junio, por el que se dispone el cese de doña Liana Sandra Ardiles López como
Directora General del Agua. PDF (BOE-A-2018-8651 - 1 pág. - 146 KB)
Real Decreto 663/2018, de 22 de
junio, por el que se dispone el cese de doña Valvanera Ulargui Aparicio como
Directora General de la Oficina Española de Cambio Climático. PDF (BOE-A-2018-8652 - 1 pág. - 146 KB)
Real Decreto 664/2018, de 22 de
junio, por el que se dispone el cese de don Francisco Javier Cachón de Mesa
como Director General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. PDF (BOE-A-2018-8653 - 1 pág. - 147 KB)
Real Decreto 665/2018, de 22 de
junio, por el que se dispone el cese de doña Raquel Orts Nebot como Directora
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. PDF (BOE-A-2018-8654 - 1 pág. - 145 KB)
Nombramientos
Real Decreto 666/2018, de 22 de
junio, por el que se nombra Directora General de Política Energética y Minas a
dona María Jesús Martín Martínez. PDF (BOE-A-2018-8655 - 1 pág. - 146 KB)
Real Decreto 667/2018, de 22 de
junio, por el que se nombra Director General del Agua a don Manuel Menéndez
Prieto. PDF (BOE-A-2018-8656 - 1 pág. - 144 KB)
Real Decreto 668/2018, de 22 de
junio, por el que se nombra Directora General de la Oficina Española del Cambio
Climático a doña Valvanera María Ulargui Aparicio. PDF (BOE-A-2018-8657 - 1 pág. - 145 KB)
Real Decreto 669/2018, de 22 de
junio, por el que se nombra Director General de Biodiversidad y Calidad
Ambiental a don Francisco Javier Cachón de Mesa. PDF (BOE-A-2018-8658 - 1 pág. - 146 KB)
Real Decreto 670/2018, de 22 de
junio, por el que se nombra Directora General de Sostenibilidad de la Costa y
del Mar a doña Ana María Oñoro Valenciano. PDF (BOE-A-2018-8659 - 1 pág. - 147 KB)
DE LOS
CAMBIOS DE CARGOS EN LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS...
Todo un enigma....para los que no rondamos despachos.
La confianza institucional es
básica y constituye el elemento fundamental en un gran número de actividades
humanas y sociales. En toda relación de cooperación entre dos o más individuos
es necesario el crédito recíproco, saber qué cabe aguardar del otro, su buen
hacer. Confiar es esperar que el otro respete la palabra dada, esperar que se
cumpla la obligación que nos hemos prometido o la expectativa que sensatamente
nos hemos hecho de las personas y de las cosas. Cuando esto no se verifica,
cuando no hay un sistema eficaz de sanciones para quien incumple sus funciones,
entonces la confianza se deteriora, la irresponsabilidad se premia y el crédito
público se deteriora.
Esperaremos
noticias sobre el buen (o mal) hacer de los políticos-gestores o de los técnicos-gestores. A fin de
cuentas nuestra vida laboral es una sucesión de acuerdos entre partes.
