La Directiva Marco Europea del
Agua (DMA) nace como respuesta a la necesidad de unificar las actuaciones en
materia de gestión de agua en la Unión Europea. En ella se señala que debe establecerse un programa de medidas con el fin de alcanzar los
objetivos medioambientales necesarios. Según la vigente Ley de
Aguas cada demarcación hidrográfica establecerá un programa de medidas acordes
a lo establecido en la DMA.
Objetivos: preservar, proteger y mejorar la calidad del medio
ambiente y que los recursos naturales se utilicen de forma prudente y racional.
Las medidas básicas son los
requisitos mínimos que deben cumplirse en cada demarcación.
Los principales grupos de medidas a aplicar son, entre otros:
Los principales grupos de medidas a aplicar son, entre otros:
- Medidas para aplicar la legislación sobre protección del agua
- Medidas de control sobre extracción y almacenamiento del agua
- Medidas de control sobre fuentes difusas y vertidos puntuales
- Prohibición de vertidos directos a aguas subterráneas
- Medidas respecto a sustancias peligrosas en aguas superficiales
La labor de policía administrativa en el seno de las Confederaciones Hidrográficas es fundamental para la aplicación de estas medidas y llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Sin un control efectivo, una tutela permanente y vigilancia organizada es completamente impensable la práctica de una política de aguas eficaz como requiere la DMA.
La Guardería Fluvial -Escala de
Agentes Medioambientales, Técnicos Superiores de Actividades Técnicas y
Profesionales y, aún sin resolver, Guardas de Explotación- vigila día a día el Dominio Público
Hidráulico velando por el cumplimiento de la legalidad vigente. Tareas no siempre agradables y casi siempre desempeñadas en condiciones más duras de lo que el ciudadano de a pie puede pensar.
El número
de efectivos destinados a los servicios de Vigilancia del Dominio Público
Hidráulico
es insuficiente dada la gran extensión del territorio
y las numerosas tareas que deben desarrollar...Las Instituciones competentes lo saben...
Factor que ayuda a mejorar la
labor de vigilancia es el cambio de mentalidad por parte de los usuarios que
colaboran con la Administración mediante avisos, comunicaciones y denuncias,
esta situación supone una mayor implicación y colaboración de los ciudadanos
con la Guardería Fluvial, al entenderse ésta no ya como un elemento restrictivo
de derechos y usos del Dominio Público Hidráulico sino justamente como el
garante de esos derechos. La labor de asesoramiento por parte de la Guardería
Fluvial a los usuarios está siendo un factor clave para generar esta situación
de confianza...
...Pero....resulta que no todo el
monte es orégano: El control de la extracción de agua, tanto
de aguas superficiales como subterráneas, debe mejorar -dicen ciertos informes-. La
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, hizo público que el pasado 21 de
septiembre uno de sus guardas fue acosado y agredido por un numeroso grupo
de personas cuando trataba de inspeccionar una finca agrícola del entorno
de Doñana, en los pinares de Lucena del Puerto...Y NO ERA LA PRIMERA VEZ...
Este hecho intolerable fue
recogido, al igual que en 2014, por los medios de comunicación, asociaciones
ecologistas y sindicatos. CCOO solicitó una reunión con las altas esferas del
ahora Ministerio para la Transición Ecológica para tratar esta y otras
situaciones de violencia externa en el trabajo ejercidas por terceros.
El día 3 de octubre informamos que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, tras la solicitud de CCOO al Ministerio, convocaría una reunión con los colectivos afectados, sindicatos y dirección para abordar el problema de la seguridad en la realización de las tareas de vigilancia del Dominio Público Hidráulico y aclarar varios aspectos sobre la realización de estas tareas por los distintos colectivos.
El día 3 de octubre informamos que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, tras la solicitud de CCOO al Ministerio, convocaría una reunión con los colectivos afectados, sindicatos y dirección para abordar el problema de la seguridad en la realización de las tareas de vigilancia del Dominio Público Hidráulico y aclarar varios aspectos sobre la realización de estas tareas por los distintos colectivos.
El pasado 24 de octubre se llevó a
cabo la reunión prevista con el Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, junto a sólo una parte del colectivo de trabajadores que
realizan tareas de Vigilancia del Dominio Público en el Organismo, según informa
CCOO se impidió la asistencia a quienes habían mostrado un especial interés
en ir.
Ante esta "circunstancia" queremos aludir que el término “relaciones laborales” hace referencia al sistema en el que las empresas, los trabajadores y sus representantes y, directa o indirectamente, la Administración, interactúan con el fin de establecer las normas básicas que rigen las relaciones de trabajo.
Un sistema de relaciones laborales
refleja la interacción entre los principales actores que lo componen: el
Estado, la empresa, los sindicatos y los trabajadores (que pueden participar o
no en los sindicatos y otras entidades encargadas de su representación).
En un sistema de relaciones
laborales se ponen en juego simultáneamente intereses públicos y privados. El
carácter de las relaciones entre los trabajadores organizados, las empresas y
la Administración en lo que respecta a la salud y la seguridad es indicativo de
la situación general de las relaciones laborales en un país o en un sector y
viceversa.
Los sistemas de relaciones laborales poco desarrollados suelen ser
autoritarios y sus normas son dictadas por las empresas sin que el trabajador
participe directa o indirectamente, salvo en lo que se refiere a la aceptación
del empleo en las condiciones ofrecidas.
Sin lugar a duda, la medida en la
que la participación de los trabajadores y la negociación colectiva constituyan
elementos ordinarios de los sistemas de relaciones laborales repercutirá en el
modo en que el personal directivo aborda los problemas de salud y seguridad.
Obviamente la dependencia económica del trabajador respecto a la empresa sigue siendo el
factor que subyace a su relación y tiene consecuencias importantes en lo que se
refiere a la salud y la seguridad.
Se considera que la empresa tiene
el deber general de ofrecer un lugar de trabajo seguro y saludable y de formar
y equipar a los trabajadores para que lleven a cabo su labor sin riesgos. El
trabajador tiene el deber recíproco de seguir las instrucciones de salud y
seguridad y evitar dañarse a sí mismo o a los demás en el trabajo.
El incumplimiento de estas u otras
obligaciones puede generar conflictos que dependen del sistema de relaciones
laborales para su resolución.
Se informa que en la reunión solicitada a
instancia de CCOO con la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir se expuso, entre otra serie de problemas que sufre el colectivo de
vigilancia, el de mayor gravedad: las agresiones en la realización de sus
funciones.
La violencia en el lugar de
trabajo es un fenómeno emergente que afecta a todos los sectores y categorías
laborales. Su prevención y manejo exige una actuación coordinada de todas las
instituciones implicadas.
Se insiste -es la LEY- que “El empresario
deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los
aspectos relacionados con el trabajo”.
Según la Organización Mundial de
la Salud (OMS), “la violencia en el lugar de
trabajo, no es un problema individual ni aislado, es un problema
estructural y estratégico que tiene sus raíces en factores sociales,
económicos, organizativos y culturales” por lo que debe recibir un tratamiento
integral.
A nivel social se produce un
aumento de la siniestralidad laboral, un empeoramiento de la calidad de los servicios prestados y
la pérdida del prestigio de la entidad...
Las Faltas más frecuentes
derivadas de la violencia externa según la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre del Código Penal son: Faltas contra las personas y Faltas contra el
orden público.
Los Delitos establecidos en el
mismo texto por dichas faltas son: Lesiones, amenazas, calumnias e injurias y
atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la
resistencia y desobediencia.
De todo delito o falta nace una
acción penal para el castigo del culpable, y puede nacer también una acción
civil para la restitución, la reparación del daño y la indemnización de
perjuicios causados por el hecho punible. Excepto las lesiones y los malos
tratos de obra, el resto de infracciones, cuando por su gravedad no son
constitutivos de delito, sólo se pueden perseguir mediante denuncia de la
persona afectada, es decir del trabajador víctima de la actuación violenta.
Nos cuentan que la "Seguridad Ciudadana" -es la LEY- es la garantía de que los derechos y libertades reconocidos y
amparados por las constituciones democráticas puedan ser ejercidos libremente
por la ciudadanía y no meras declaraciones formales carentes de eficacia
jurídica.
Nos dicen -es la LEY- que para garantizar la
seguridad ciudadana, que es una de las prioridades de la acción de los poderes
públicos, el modelo de Estado de Derecho instaurado por la Constitución (la nuestra) dispone
de tres mecanismos: un ordenamiento jurídico adecuado para dar respuesta a los
diversos fenómenos ilícitos, un Poder Judicial que asegure su aplicación y
unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad eficaces en la prevención y persecución de
las infracciones.
Hay que preguntarse si los
empleados públicos expuestos a estas agresiones inadmisibles e ilegales están
incluidos dentro de la Legislación sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana, si las Instituciones y Órganismos competentes tomarán medidas reforzando las actuaciones y la seguridad y salud
del colectivo y/o si todo quedará en agua de borrajas...
