, auto; } -->

domingo, 18 de junio de 2017

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR: VERTIDOS-RESIDUOS PELIGROSOS. PREVENCIÓN: ANTICIPACIÓN.

El pasado jueves 15 de junio, los Delegados de Prevención de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir han solicitado al Comité de Empresa de la Administración General del Estado en Córdoba un pleno extraordinario para tratar y/o poner en conocimiento del mismo la solicitud de convocatoria extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Convocatoria que tiene como unico orden del día la prevención de riesgos laborales que conlleva la toma de muestras de vertidos por parte del personal de Guardería Fluvial de dicho Organismo.

Según consta en el Portal de Transparencia, con fecha 17 de marzo de 2016 fue formalizado el contrato “Pliego de Bases para la contratación de servicios de prevención ajeno, que venga a cubrir las necesidades que tiene la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir“, expediente CU(SG)-5140-, con PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U por 12 meses prorrogables.

Como ya informamos el 25 de noviembre de 2015, pese a que los servicios de prevención propios constituidos podrán subcontratar determinados y puntuales medios necesarios para la realización de las actividades preventivas a desarrollar, fue de hecho que con el Pliego anteriormente referido se adjudicaron todas y cada una de las funciones que el Servicio de Prevención Propio debe desempeñar, no respetándose los mínimos legales establecidos en la Ley de Prevención de los Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir –dixit el Pliego- "dispone de centros de trabajo de distinta índole distribuidos por toda su cuenca hidrográfica. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como titular de esos centros de trabajo debe gestionar la documentación preceptiva en relación con la Prevención de Riesgos Laborales y en ello se desprende una responsabilidad en materia de seguridad y salud del personal que desarrolla su actividad en los mismos para la Confederación". Responsabilidad compartida por la adjudicataria del Pliego, el Jefe/a del Servicio de Prevención, junto con la Secretaría General y la Presidencia del Organismo, quienes, además, deben establecer prioridades de actuación, interviniendo primeramente sobre aquellas actividades no evaluadas con anterioridad.

Durante las últimas décadas ha surgido una gran preocupación ambiental y de salud por los problemas que originan los residuos, principalmente los denominados peligrosos. Esta preocupación que nació en los países con mayor desarrollo económico, obligó a encarar problemas de contaminación del medio ambiente y sus consecuentes efectos adversos en la salud pública.

La experiencia ha demostrado que para lograr un manejo adecuado de los residuos peligrosos, es necesaria una infraestructura que facilite tomar las acciones necesarias.

Se entiende que una adecuada gestión es aquella que contempla los procesos de generación, de manipulación, de acondicionamiento, de almacenamiento, de transporte, de nuevo almacenamiento y de destino o tratamiento final, todo ello sin causar impactos negativos ni al medio ambiente ni a los seres vivos.

Los daños que se pueden ocasionar al medio ambiente y a la salud de la humanidad, y por tanto a los trabajadores, por la incorrecta gestión de los residuos peligrosos, son de una enorme importancia.


Es responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales.

Prevención ---> acción y efecto de prevenir ---> preparación de algo con anticipación para un determinado fin, a prever un daño o a anticiparse a una dificultad.

La herramienta fundamental en la prevención de riesgos laborales es la evaluación de riesgos, que propondrá, si es necesario, unas medidas preventivas encaminadas a evitar o disminuir los riesgos en los puestos de trabajo.

A pesar de todo lo expuesto, a fecha de hoy los riesgos en la toma de muestras y la manipulación de vertidos -de los que no se conocen exactamente sus características de peligrosidad, incluyendo los posibles efectos sobre el medio ambiente y las personas- por parte del personal de Guardería Fluvial o por parte de aquellos otros empleados públicos que los reciben en sus distintos centros de trabajo a la espera de ser llevados a algún laboratorio o por parte de otros empleados públicos que "por necesidades del servicio" los manipulan e incluso los transportan en otros vehículos oficiales, no han sido evaluados.

Evidentemente y en relación a las medidas de prevención a adoptar, tampoco se ha elaborado ningún procedimiento, norma o protocolo interno sobre la manipulación, transporte y recepción de “residuos peligrosos idem desconocidos”

Residuo peligroso: Es todo material sólido, pastoso, líquido, así como el gaseoso contenido en un recipiente que, siendo el resultado de un proceso de producción, transformación, utilización o consumo, su productor lo destina al abandono y contengan en su composición sustancias o materiales que representen un riesgo para la salud humana, recursos naturales o medio ambiente.

Los residuos de los cuales se desconozcan sus propiedades deberán considerarse como peligrosos, tomando las máximas precauciones.
La toma de muestras, la manipulación de vertidos, el transporte y la recepción y almacenamiento de los mismos lleva realizándose por los empleados públicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir desde “tiempos inmemoriales” y no solamente por los que desarrollan sus tareas para la guardería fluvial también por el personal de oficina y también por aquellos que tienen asignadas sus actividades en las presas. Sin embargo, el daño a los empleados públicos expuestos por el tratamiento de esos residuos no ha sido contemplado.

El artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales impone al empresario una serie de obligaciones a fin de garantizar la seguridad y la salud en el trabajo, reconociendo al trabajador el derecho a una protección eficaz en esta materia.

Como señala la doctrina la obligación empresarial “es una obligación de medios y no de resultado, por lo que el empresario cumplirá con su obligación genérica cumpliendo todas las obligaciones específicas en que aquélla se concreta, poniendo todos los medios necesarios para que no se produzcan daños, aunque éstos finalmente se produzcan y, en sentido contrario, incumplirá su obligación genérica incumpliendo alguna de las obligaciones específicas, aunque no se produzca un resultado dañoso”.

Los Delegados de Prevención de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir parecen haberse puesto "las pilas" quizá a petición de los afectados, pero a nuestro parecer han olvidado dónde, cómo y cuanto tiempo están las muestras de esos “residuos peligrosos idem desconocidos” en las distintas oficinas/instalaciones/vehículos donde trabajan otros empleados públicos y además acceden terceros. No sólo se debe proceder a la evaluación de riesgos y a la adecuación de los vehículos de la guardería fluvial para el transporte de los vertidos y de los “utensilios” usados para la toma de muestras, también hay que evaluar y adecuar el resto de vehículos que pueden llegar a transportar esos residuos, así como evaluar y adecuar las oficinas y resto de instalaciones donde los empleados públicos manipulan, reciben y almacenan los “vertidos” y, obviamente, evaluar todos los puestos de trabajo expuestos a los residuos peligrosos.

Insistimos en la consideración del trabajador como un ser humano y no como mero factor productivo y, por supuesto, en la conciencia del valor de la dignidad humana.

lunes, 22 de mayo de 2017

SOBREVENIDA LA CAUSA, SE APLAZA EL JUICIO DEL 23 DE MAYO CONTRA LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, POR MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO, HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE.

En nuestro post anterior informamos que el día 23 de mayo de 2017 a las 12:00 horas en el Juzgado de lo Social Nº 1 se celebraría juicio en Granada por la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que incluye el menoscabo a la dignidad del empleado público afectado.

Añadíamos...si el tiempo o causa sobrevenida no lo impide.

El dato principal para este nuevo post es que ha sobrevenido la causa vaticinada.

La Abogacía del Estado ha recurrido y el juicio previsto para el día 23 de mayo se ha suspendido.

El juez ha estimado el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado y ha señalado nueva fecha para el mes de septiembre.

Dice un dicho popular que "un mal abogado puede hacer que un caso se alargue durante años, pero uno bueno lo puede prolongar eternamente".

La lentitud de la Justicia no siempre es inevitable, a veces es premeditada y empleada como estrategia para dilatar la resolución de un procedimiento.

El procedimiento sobre la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la dignidad del empleado público que está siendo menoscabada perdurará en el tiempo hasta el mes de septiembre. Vuelta a empezar....si el tiempo o nueva causa sobrevenida no lo impide.

Es una frase ya asumida por cualquier persona, tenga o no estudios jurídicos, que una justicia lenta es menos justa. La Justicia, para merecer tal nombre debe ser justa, rápida y eficaz.

Está claro que “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión” (Artículo 24.1 de nuestra Carta Magna),

Asimismo, [...] todos tienen derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas [...] (sic Artículo 24.2)

Por "proceso público sin dilaciones indebidas" hay que entender el proceso que se desenvuelve en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido y en el que los intereses litigiosos pueden recibir pronta satisfacción.

La lenta tramitación procesal mermará los legítimos derechos del empleado público de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Granada, que seguirá en la misma situación durante cuatro meses más.

El derecho a obtener un pronta respuesta judicial a toda petición de justicia que se formule supone una exigencia elemental derivada del derecho a la tutela judicial efectiva.

Quizá hubiese sido necesario, a la vista de otros litigios contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, haber denunciado previamente que podría producirse el retraso o dilación, con el fin de que el juez hubiese podido entrar en materia para reparar la vulneración que se hubiera denunciado y, como en el caso, producido.

Tras este galimatías debiese tener en cuenta -porqué eso dicen nuestras leyes- que hay que conciliar la mayor tutela posible con el menor tiempo posible. En este punto podría ser pertinente preguntar ¿Para qué valen los plazos procesales establecidos en las leyes o, mejor, para quién valen?¿A quienes se aplica la indefensión o mejor, para quiénes vale?.

jueves, 11 de mayo de 2017

NUEVO JUICIO EN GRANADA A CELEBRAR EL PRÓXIMO 23 DE MAYO POR MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE UN EMPLEADO PÚBLICO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.

Dado el carácter indeterminado del concepto jurídico general de "modificación sustancial", hay que acudir a las pautas de interpretación que sobre el mismo ha fijado el Tribunal Supremo. 

Pautas según las cuales por modificación sustancial de las condiciones de trabajo hay que entender "las que sean de tal naturaleza que alteren y transformen los aspectos fundamentales de la relación laboral en términos tales que pasen a ser otros de modo notorio".

Entre la modificación de condiciones sustanciales en el trabajo, pueden considerarse todas aquellas que, de forma directa afectan a la vida del trabajador, redundando en perjuicio de su formación profesional o en menoscabo de su dignidad.

Si bien el Estatuto de los Trabajadores, concede al empresario un poder discrecional sobre la reorganización del trabajo dentro de la empresa, sobre todo en cuanto a la dirección y organización de la misma, cuando este poder afecta a las condiciones esenciales del contrato de trabajo, también el Estatuto de los Trabajadores limita dicho poder, imponiéndole determinadas obligaciones para realizar esos cambios.

El hecho es que la Jefatura de Recursos Humanos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir cambió discrecionalmente de puesto de trabajo al empleado público afectado (conductor), asignándole nuevas funciones (simple mantenimiento de vehículos) en un centro de trabajo distinto al habitual perjudicando su formación profesional y vulnerando el derecho a la dignidad, sin haber seguido el procedimiento previsto al respecto en el Convenio de aplicación y resto de normas legales de nuestro Ordenamiento Jurídico.

El oficio comunicando el cambio se envía al empleado público afectado desde la Jefatura de Servcios Generales, dependiente de la Jefatura de Recursos Humanos, con el conforme de la Secretaría General de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
El informe referido en dicho oficio no lo insertamos por ser un "mal" copia y pega (con una dejadez asombrosa en su redacción) de los articulos 16 y 17 y del Anexo III del III Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

Pero, volvamos a la expresión «sin menoscabo de la dignidad» que recoge el Estatuto de los Trabajadores. 

Hay que decir que dicho precepto se acoge a la interpretación doctrinal que entiende que los derechos profesionales del trabajador pueden quedar tutelados incluso en aquellas ocasiones en las que, aún respetando el grupo e incluso la categoría profesional, resultase dañado el interés profesional del trabajador en razón a las nuevas funciones encomendadas, como es el caso.

También hay que decir que el respeto a la dignidad (y dentro de ella el derecho a la propia imagen en los términos que se definen en sentencia de 11-4-1994 del Tribunal Constitucional) es invocable ante todo tipo de movilidad funcional e incluso para aquella que respete los límites funcionales de su ejercicio.

El concepto de dignidad y su vulneración depende también de las repercusiones sociales que va a originar el cambio de puesto y en este sentido la dignidad del empleado público afectado por esa decisión discrecional (totalmente arbitraría) de la Jefatura de Recursos Humanos puede no circunscribirse única y exclusivamente a ser un límite frente a un perjuicio profesional, sino que abarca otras esferas del empleado público, tales como la personal y la social y así será criterio para el Juez del caso uno de los principios esenciales para determinar el perjuicio a la dignidad del trabajador enjuiciando la posición personal y profesional en la que ha quedado el empleado público afectado con las nuevas funciones que se le encomiendan "a discrección".

En la presente situación se entiende perfectamente que el empleado público afectado ha pasado a desempeñar funciones que atentan a su propia imagen a nivel personal en cuanto no se tienen en cuenta las aptitudes, conocimientos, formación y en definitiva su patrimonio profesional para el desempeño de las nuevas funciones encomendadas; y a nivel social, al situarle en un área que conlleva una caída en la consideración profesional del mismo frente al resto de los empleados públicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Por tanto, desde esta perspectiva, no estamos ante un supuesto de mera movilidad funcional dentro de los supuestos permitidos por el artículo 39 Estatuto de los Trabajadores, sino ante una modificación sustancial de las condiciones de trabajo en los términos del artículo 41 Estatuto de los Trabajadores por haber sido perjudicada la dignidad del trabajador, la cual actúa como límite a la movilidad funcional impuesta por la Jefatura de Recursos Humanos con el apoyo de la Secretaría General del mencionado Organismo.

Dado que el Estatuto de los Trabajadores reconoce al trabajador afectado por la modificación sustancial el derecho a impugnar la medida ante la jurisdicción competente, realizado el trámite correspondiente, informamos que el próximo día 23 de mayo de 2017 a las 12:00 horas en el Juzgado de lo Social Nº 1 -si el tiempo y/o causa sobrevenida no lo impide- se celebrará el juicio en Granada por la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que incluye el menoscabo a la dignidad del empleado público afectado. Conviene traer a la memoria la celebración de un juicio anterior, el 17 de abril, por el acoso laboral que está sufriendo este mismo empleado público, cuyo “presunto acosador” se sentó en el banquillo y del que se está esperando se dicte sentencia. 
 

sábado, 25 de marzo de 2017

LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR NIEGA EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN DE SUS EMPLEADOS PÚBLICOS EN CUESTIONES DE PROTECCIÓN DE SU SALUD EN EL TRABAJO Y EL TSJA OMITE PRONUNCIARSE SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO PORQUE QUIENES RECLAMAN ESE DERECHO NO ESTÁN LEGITIMADOS. LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PAPEL MOJADO.

La participación de los trabajadores en todas las cuestiones relativas a la protección de su salud en el trabajo es un derecho de ellos y a la vez una obligación del empresario intrínseca a su deber de protección. En la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se definen dos formas básicas de participación de los trabajadores: una a través de los Delegados de Prevención, y otra mediante los Comités de Seguridad y Salud.

Los Delegados de Prevención son nombrados entre la representación unitaria con independencia de su afiliación sindical pues representan al conjunto de los trabajadores en la empresa.

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano de participación interno de la empresa para una consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. Su función es facilitar el intercambio de puntos de vista entre las partes, creando un foro estable de diálogo ordenado.

El Comité de Seguridad y Salud está compuesto por los Delegados de Prevención y un número igual de representantes designados por el empresario. Es, por tanto, un órgano de participación colegiado, paritario y consultivo.

Nos remontamos al año 2014:

Antecedentes: La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir decide nombrar “a dedo” a siete delegados de prevención infringiendo con ello la legislación vigente.

Pese a los requerimientos realizados al respecto por parte de la Inspección de Trabajo como autoridad laboral, se constituye un Comité de Seguridad y Salud compuesto por los Delegados de Prevención (1) y un número igual de representantes de la Confederación (2), designados (1 y 2) por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, quebrantando la participación y lesionando los derechos de los empleados públicos.

Por ello la FEP-USO y el Comité de Empresa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Córdoba interpusieron ante los juzgados demanda por vulneración de los Derechos Fundamentales contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, contra el Comité de Seguridad y Salud y contra los siete miembros de la parte social del mismo, demanda que fue ampliada posteriormente contra los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y USTEA siguiendo instrucciones del Juzgado.

En particular se interpone la demanda: Por transgredir el reconocimiento de la calidad de Delegados de Prevención elegidos por los Comités Provinciales correspondientes; Por reconocer un derecho que no les corresponde a quienes carecen de nombramiento legal exigible.
 
Los órganos judiciales, tienen una tarea como es la aplicación de la ley para, a través de tal aplicación, proteger y hacer efectivos los principios sobre los que se asienta el ordenamiento jurídico. Pero para algunos calibrar el peso específico de dichos principios en la realidad de los casos, parece no ser tarea fácil.

Disculpad que insistamos....los Delegados de Prevención son nombrados entre la representación unitaria con independencia de su afiliación sindical pues representan al conjunto de los trabajadores en la empresa.

Nos remontamos al 16 de marzo de 2017:

Textual: La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada estimando la competencia objetiva y territorial de esta Sala de Granada, para el conocimiento de la demanda sobre DERECHOS FUNDAMENTALES registrados al número 19/2016, estima la excepción de falta de legitimación activa del Sindicato FEDERACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN SINDICAL OBREA DE CORDOBA Y COMITE DE EMPRESA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR EN CORODABA, y sin entrar en el fondo de la cuestión debatida desestimamos la demanda formulada por dicho sindicato...   

A la vista de lo anterior, leemos que, el Tribunal aprecia la falta de legitimación del Sindicato y del Comité de Empresa (demandantes de Córdoba) y eso, sin ser juristas lo traducimos como que los Sres. Magistrados entienden que los demandantes no ostentan un interés legítimo en el procedimiento, pues, como dice el lenguaje jurídico, no concurre un vínculo especial y concreto entre el objeto de éste y el recurrente que se traduzca en un interés cualificado y específico consistente en la evitación cierta de un perjuicio.
DEMANDA: FUNDAMENTOS DE DERECHO. LEGITIMACIÓN:
Ambas partes ostentan legitimación activa y pasiva, conforme a los arts. 16 y 17 de la LRJS apartados 1 y 4 del art. 177 de la LRJS.

SENTENCIA: El Tribunal no reconoce la legitimación expuesta en la demanda por lo que no entra en el fondo de la cuestión debatida.

FONDO DE LA CUESTIÓN DEBATIDA:
Los hechos atentan contra el principio de igualdad y no discriminación por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ha transgredido el derecho fundamental, reconocido en el artículo 28.1 de nuestra Constitución, esto es, el derecho a la llamada “acción sindical”. 

La manifestación y el presupuesto indispensable de esta acción sindical es participar en la Prevención de Riesgos Laborales en la empresa y en el Comité de Seguridad y Salud, y obtener la información relevante de la empresa al objeto de transmitírsela a los trabajadores en aquello que les afecte para que puedan actuar en defensa de sus intereses”.


"Cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso, podrá recabar su tutela a través de la Ley reguladora de la jurisdicción social, cuando la pretensión se suscite en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social o en conexión directa con las mismas, incluidas las que se formulen contra terceros vinculados al empresario por cualquier título, cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios".

VAMOS MÁS ALLÁ: 

Se obvia el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social que dispone como falta grave o muy grave el incumplimiento de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores reconocidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

Como ya habíamos pronosticado se desmonta nuevamente la demanda haciendo uso de otra excepción procesal.

video