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sábado, 7 de julio de 2018

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2018. DESMOTIVACIONES: SIGUE PENDIENTE EL DESCUENTO POR BAJA MÉDICA EN NÓMINA A NEGOCIAR CON LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES. NOTA(1) NOTA(2)

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 ha entrado en vigor este jueves, un día después de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado, por lo que las nuevas cuentas públicas están ya en vigor con medidas como la subida de las pensiones, el incremento del salario de los empleados públicos, la ampliación a cinco semanas del permiso de paternidad y la bajada del IRPF, entre otros.


El texto mantiene su estructura habitual en cuanto al señalamiento de las pensiones públicas (Título IV ) y las cotizaciones sociales (Título VIII ).

Destacamos:

1) Las retribuciones en el sector público suben un 1,75% (art. 18.Dos )

En consonancia con el reciente II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo 2018-2020, las retribuciones del personal del sector público se incrementan un 1,5%, al que se sumará otro 0,25% si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2017 alcanza o supera el 3,1%, con efectos de 1de julio de 2018.

Incluso se podrá llegar a incrementar un 0,2% adicional, si así lo decide cada administración para determinados colectivos.

Los empleados públicos verán en la nómina de julio un aumento del 1,75% mientras que para los seis primeros meses atrasados será del 1,5%. A ello se le puede añadir hasta un 0,3% adicional que negociará en cada ámbito, bien por productividad, carrera profesional o conciliación.

En una nómina de 1.500 euros brutos, la subida irrumpirá en julio en forma de 26,65 euros más este mes.

En el sueldo de este mes o el siguiente se abonarán además los atrasos por las alzas de enero a junio o julio, 210 euros de media.

NOTA (1): El Gobierno demora a septiembre la subida de sueldo de los funcionarios. Los empleados públicos no cobrarán el aumento de sueldo que incluye los Presupuestos de 2018 hasta la nómina de septiembre. Así se lo ha comunicado el director general de Función Pública a un sindicato. De esta forma, los atrasos de enero hasta la fecha, junto al alza del 1,75% que recogen las cuentas, no entrarán en la nómina de este mes o de agosto, como se esperaba, sino que esperará a la vuelta del verano.
 
NOTA (2) NADA NUEVO: CONSEJO DE MINISTROS DE 13/07/2018.- APROBADO EL INCREMENTO DE LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO 

2) La tasa de reposición de las Administraciones Públicas es del 100% (art. 19 )

Igualmente en consonancia con el referido II Acuerdo Gobierno-Sindicatos, se establece una tasa de reposición de efectivos del sector público en 2018 del 100%, con limitaciones para aquellas Administraciones Públicas que no cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria, y del 115% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía Autonómica y Policías Locales.

Se establecen limitaciones a la contratación de personal temporal y nombramiento de personal estatutario temporal y funcionarios interinos.

3) Se establece una jornada de trabajo de 37,5 horas en el sector público (disp. adic. 144ª ).

4) Se amplía el permiso por paternidad a 5 semanas (disp. final 38ª )

Con la modificación del art. 48.7 y la disp. adic. 19ª.2 ET, se amplía una semana más de las cuatro vigentes, que son ininterrumpidas, si bien esa quinta semana podrá disfrutarse en otro momento dentro de los 9 meses siguientes al nacimiento, previo acuerdo con el empresario.

El personal de la Administración Pública también se ve beneficiado de esta ampliación del permiso de paternidad con la modificación del art. 49.c EBEP.

Y se establece que la suspensión del contrato por esta causa podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o parcial de un mínimo del 50%, asimismo previo acuerdo de las partes.

En consecuencia, también se modifica el art. 185 LGSS en relación a la prestación económica.

Aquellos que sean padres a partir de hoy disfrutarán de cinco semanas de paternidad, en lugar de las cuatro establecidas hasta ahora. 

La demora en la entrada en vigor de las cuentas públicas, cuya publicación estaba prevista para el 1 de julio ha provocado que miles de padres se hayan quedado descolgados de una medida que también podrán disfrutar los funcionarios y sin obligación de hacerlo de forma simultánea a la madre.

Así podrán disfrutar de la baja tras las 16 semanas de la madre, ampliando el periodo total de ambos progenitores hasta 21 semanas.

La ampliación del permiso de paternidad así como el incremento del número de beneficiarios, ha motivado un aumento del 4,5% en los gastos, hasta los 2.559 millones en el conjunto de prestaciones que aparecen vinculadas a la cesación temporal en el trabajo por nacimiento de hijo, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia.

5) Se mantiene la bonificación del 50% de la cotización empresarial en caso de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, o de enfermedad profesional (disp. adic. 122ª ).

6) La base de cotización máxima a la Seguridad Social se incrementa un 1,4% (art.130 ).

El tope máximo de la base de cotización en todos los regímenes queda fijado en 3.803,70 euros/mensuales o 126,79 euros/día, a partir del 1 de agosto de 2018.

El tope mínimo es el importe del salario mínimo interprofesional para 2018, incrementado en un sexto.

Se mantienen los tipos de cotización por contingencias comunes y horas extraordinarias.

7) Rebaja del IRPF (art. 63)

Se modifica el art. 96.3 LIRPF, subiendo el umbral de la tributación de 12.000 a 14.000 euros para los contribuyentes que perciban rendimientos íntegros del trabajo.

La rebaja de IRPF pactada para los que ganan entre 12.000 y 18.000 euros, unos 3,5 millones de contribuyentes, redundará en que este colectivo pagará de media 500 euros menos de impuestos según calcula el Banco de España.

La medida eleva el mínimo exento de tributación de 12.000 euros a 14.000, y para las rentas hasta 18.000 reduce la cuantía a pagar.

Así un sueldo de 13.999 euros que paga 782 euros de IRPF, dejará de tributar por ello.

A partir de este umbral la factura fiscal se reduce frente al anterior escenario, lo que redunda en un aumento de sueldo neto para los trabajadores.

Las empresas tratarán de aplicar la rebaja en las nóminas reduciendo las retenciones de los rendimientos para los meses que restan hasta acabar el año. Sin embargo, no podrán aplicar toda la bajada fiscal por lo que una buena parte no entrará este año sino que habrá que percibirla en la declaración de la Renta para este ejercicio que se presenta el año que viene.

DESMOTIVACIONES.- Sigue pendiente la prestación económica en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones públicas:

En los presupuestos aprobados se reconoce la posibilidad de que cada Administración Pública, previa negociación colectiva, determine las retribuciones a percibir por el personal a su servicio en las situaciones de incapacidad temporal y en aquellas en las que se haya expedido licencia por enfermedad.

Mientras no se determinen estas retribuciones, permanecerá en vigor lo señalado en el artículo 9 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y DA 38ª de la Ley de PGE de 2013, por los que se estableció un descuento en la nómina para dichas situaciones.

Desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública se anunció este miércoles la próxima eliminación del descuento por bajas médicas en la nómina de empleados públicos de la Administración General del Estado, que pasarán a cobrar el 100% de su sueldo.

Parece ser que desde el Ministerio se tiene intención de poder alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales de la Función Pública  antes de dos semanas  para poder entregarles "un documento consensuado" en la reunión que mantendrán el próximo 16 de julio e implantar "sin mayor demora" esta medida, dándose instrucciones al director general de la Función Pública para convocar a los representantes de los trabajadores y negociar la misma.

En principio, esta negociación se limita al ámbito de la administración central. El resto de las administraciones autonómicas y locales puede seguir esta senda o no, dentro del marco de la  negociación colectiva.  

sábado, 23 de junio de 2018

AQUELLA ESPERADA FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO 2014: CHGUADALQUIVIR.- PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y BUENA GESTIÓN. NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES: MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLÓGICA. DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA.

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA EN 2014 POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Y SUS ORGANISMOS DEPENDIENTES, Y SU EJECUCIÓN HASTA 2017. (Ejercicio 2014)

En primer lugar repasamos cuales son las funciones propias del Tribunal de Cuentas:

a. La fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público: El Tribunal de Cuentas ejercerá su función fiscalizadora en relación con la ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos y se referirá al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad y de buena gestión.

b. El enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos: La función de enjuiciamiento contable, como jurisdicción propia del Tribunal de Cuentas, se ejercerá respecto de las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos, en orden a la exigencia de la responsabilidad contable en que aquellos pudieran haber incurrido.

En la fiscalización de los contratos celebrados por el MAPAMA 2014-2017, realizada a iniciativa del Tribunal de Cuentas, se ha comprobado si se ha cumplido con los principios de legalidad y buena gestión en todo el procedimiento de contratación, analizando, de forma particular, las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos, así como las principales incidencias detectadas relativas a su ejecución y cumplimiento.

De los resultados de esta fiscalización (parte "a" del repaso), el Informe recoge una serie de conclusiones, entre ellas:

1. En la fase de preparación de los contratos la fiscalización ha advertido insuficiencias en los informes preceptivos justificativos de la necesidad de la contratación, así como en la estimación de los presupuestos de licitación de los contratos. Estos no han sido elaborados con el rigor exigido por la legislación vigente.

Por su parte, en algunos contratos de servicios, que tenían por objeto el apoyo o asistencia a los órganos de gestión en el ejercicio ordinario de sus competencias, se incluyó en los pliegos la realización de actividades que podrían formar parte intrínseca de procedimientos administrativos y que comportan ejercer una serie de potestades administrativas, que están reservadas a los órganos administrativos y a los funcionarios públicos.

En cuanto a la realización de grandes proyectos de obras de infraestructuras (presas, embalses, canales, etc.), que llevaron aparejadas importantes inversiones durante prolongados periodos de tiempo, la fiscalización ha observado: la existencia de una serie de defectos o carencias en los proyectos iniciales; falta de previsión, descoordinación entre Administraciones, así como la ausencia de informes o actuaciones preceptivas, que han ocasionado importantes alteraciones en el ritmo de ejecución, en su coste final y en su rentabilidad social, en términos de satisfacción del interés público, al que deben responder.

Por otra parte, la fiscalización ha constatado que, en el caso de los procedimientos abiertos, en general, sólo hubo un único criterio para la adjudicación (el precio). Y cuando se incorporaron otros criterios de valoración adicionales, estos tuvieron un peso específico poco significativo (hasta un máximo del 20% de la valoración total y de forma conjunta con otros posibles criterios a valorar). Esta última circunstancia se produjo incluso en aquellos casos de contratos que requerían el empleo de tecnología especialmente avanzada, una ejecución particularmente compleja o que pudieran tener un impacto significativo en el medio ambiente; supuestos para los que la legislación vigente prevé que, para su adjudicación, puedan tenerse en cuenta otros criterios de valoración de carácter técnico, distintos del precio. No se tuvieron en consideración los criterios técnicos para valorar las ofertas.

Por otra parte, el informe señala que algunas Confederaciones Hidrográficas (del Ebro, Tajo, Guadalquivir y Miño-Sil) utilizaron de forma inadecuada la tramitación urgente y la de emergencia de los expedientes; puesto que, en un número significativo de casos, la concurrencia de requisitos que legalmente se exigen para ello, no quedó suficientemente acreditada.

2. Por lo que respecta al cumplimiento de los requisitos legales en las fases de adjudicación y formalización de los contratos, se han advertido algunas incidencias durante la valoración y adjudicación, tanto de los procedimientos abiertos como en los negociados, que pudieron afectar a los principios de objetividad, transparencia e igualdad de los licitadores que informan la contratación pública, dándose también supuestos de irregularidades formales y de procedimiento en la tramitación de diversos contratos.

3. En la fase de ejecución de los contratos la fiscalización destaca que una parte importante de los contratos de obras se han visto afectados por retrasos, incidencias y modificaciones que han alterado tanto los costes como los plazos de terminación inicialmente previstos, con los consiguientes retrasos en la entrega de los bienes al uso público. Por otra parte, han sido comunes los retrasos en la expedición de las certificaciones finales, así como en las actas de recepción y de conformidad, repercutiendo en el cumplimiento de los plazos contractuales y legales en la fase final de los contratos, hasta su liquidación y pago.

Esperaremos a que se dé publicidad a la parte "b" del repaso: el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.

VER INFORME Fuente: https://www.crisisycontratacionpublica.org/archives/9938

RESPECTO A LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES:

El Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales y el Real Decreto 359/2018, de 8 de junio, por el que se crean Subsecretarías en los departamentos ministeriales, hacen necesario desarrollar dichas estructuras para determinar los órganos directivos de los diferentes ministerios.

Dentro de la nueva organización, cabe destacar una novedosa distribución competencial para los actuales Departamentos ministeriales, respondiendo a la más adecuada expresión de los objetivos prioritarios del Gobierno y de su programa político en aras a lograr mayor eficacia en su acción y mayor eficiencia en el funcionamiento de la Administración General del Estado.


DIRECTORES GENERALES DEL AHORA MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA:

Ceses

Real Decreto 661/2018, de 22 de junio, por el que se dispone el cese de doña María Teresa Baquedano Martín como Directora General de Política Energética y Minas. PDF (BOE-A-2018-8650 - 1 pág. - 144 KB)
 
Real Decreto 662/2018, de 22 de junio, por el que se dispone el cese de doña Liana Sandra Ardiles López como Directora General del Agua. PDF (BOE-A-2018-8651 - 1 pág. - 146 KB)
 
Real Decreto 663/2018, de 22 de junio, por el que se dispone el cese de doña Valvanera Ulargui Aparicio como Directora General de la Oficina Española de Cambio Climático. PDF (BOE-A-2018-8652 - 1 pág. - 146 KB)
 
Real Decreto 664/2018, de 22 de junio, por el que se dispone el cese de don Francisco Javier Cachón de Mesa como Director General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. PDF (BOE-A-2018-8653 - 1 pág. - 147 KB)
 
Real Decreto 665/2018, de 22 de junio, por el que se dispone el cese de doña Raquel Orts Nebot como Directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. PDF (BOE-A-2018-8654 - 1 pág. - 145 KB)
 
Nombramientos

Real Decreto 666/2018, de 22 de junio, por el que se nombra Directora General de Política Energética y Minas a dona María Jesús Martín Martínez. PDF (BOE-A-2018-8655 - 1 pág. - 146 KB)
 
Real Decreto 667/2018, de 22 de junio, por el que se nombra Director General del Agua a don Manuel Menéndez Prieto. PDF (BOE-A-2018-8656 - 1 pág. - 144 KB)
 
Real Decreto 668/2018, de 22 de junio, por el que se nombra Directora General de la Oficina Española del Cambio Climático a doña Valvanera María Ulargui Aparicio. PDF (BOE-A-2018-8657 - 1 pág. - 145 KB)

Real Decreto 669/2018, de 22 de junio, por el que se nombra Director General de Biodiversidad y Calidad Ambiental a don Francisco Javier Cachón de Mesa. PDF (BOE-A-2018-8658 - 1 pág. - 146 KB)
 
Real Decreto 670/2018, de 22 de junio, por el que se nombra Directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar a doña Ana María Oñoro Valenciano. PDF (BOE-A-2018-8659 - 1 pág. - 147 KB)

DE LOS CAMBIOS DE CARGOS EN LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS...

Todo un enigma....para los que no rondamos despachos. 

La confianza institucional es básica y constituye el elemento fundamental en un gran número de actividades humanas y sociales. En toda relación de cooperación entre dos o más individuos es necesario el crédito recíproco, saber qué cabe aguardar del otro, su buen hacer. Confiar es esperar que el otro respete la palabra dada, esperar que se cumpla la obligación que nos hemos prometido o la expectativa que sensatamente nos hemos hecho de las personas y de las cosas. Cuando esto no se verifica, cuando no hay un sistema eficaz de sanciones para quien incumple sus funciones, entonces la confianza se deteriora, la irresponsabilidad se premia y el crédito público se deteriora.

Esperaremos noticias sobre el buen (o mal) hacer de los políticos-gestores o de los técnicos-gestores. A fin de cuentas nuestra vida laboral es una sucesión de acuerdos entre partes.

Seguiremos informando. 

sábado, 9 de junio de 2018

MAPA Y MITECO. CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS. CONCURSO DE TRASLADO INTERDEPARTAMENTAL 2018. POR SER DE INTERÉS.

En los últimos años el Ministerio al que se adscriben las Confederaciones Hidrográficas parece que no encuentra su nombre ni su lugar.

Agricultura y Medio Ambiente vuelven a tener entidad propia. Vuelven a escindirse las áreas agrícolas de las medioambientales.


El Boletín Oficial del Estado (BOE) del jueves 7 de junio publica el Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales: 

Artículo 11.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA):

Corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de recursos agrícolas, ganaderos y pesqueros, de industria agroalimentaria, de desarrollo rural y de alimentación.

Artículo 14.
Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO):

1. Corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de energía y medio ambiente para la transición a un modelo productivo y social más ecológico.

2. Igualmente corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica la política de agua como bien público esencial.

3. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores:
                   a) La Secretaría de Estado de Energía.
                   b) La Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

Disposición transitoria única. Subsistencia de estructuras vigentes.
Subsistirán, hasta la aplicación de los reales decretos de estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, los órganos directivos, unidades y puestos de trabajo de los departamentos ministeriales objeto de supresión o de reestructuración.

Disposición final tercera. Adscripción de organismos públicos.
Los organismos públicos quedan adscritos a los departamentos ministeriales de acuerdo con la distribución de competencias establecidas en este real decreto, y en los términos que se determinen en los reales decretos por los que se apruebe la correspondiente estructura orgánica.

El BOE de 9 de junio de 2018 publica el Real Decreto 359/2018, de 8 de junio, por el que se crean Subsecretarías en los departamentos ministeriales:

Artículo único. Creación de Subsecretarías. Se crean los siguientes órganos directivos:

1. Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación.
2. Subsecretaría para la Transición Ecológica.
 
Disposición transitoria primera. Subsistencia de órganos.
Los órganos directivos y unidades dependientes de las Subsecretarías que se suprimen por este real decreto se entenderán subsistentes y mantendrán su denominación, estructura y funciones en tanto no se realicen las oportunas modificaciones organizativas.

Los funcionarios y demás personal que resulte afectado por las modificaciones orgánicas establecidas en este real decreto seguirán percibiendo la totalidad de sus retribuciones con cargo a los créditos a los que aquellas venían imputándose, hasta que se adopten las disposiciones y medidas de desarrollo y se proceda a las correspondientes adaptaciones presupuestarias.

Disposición transitoria segunda. Titulares de órganos suprimidos.
Los titulares de los órganos superiores y directivos suprimidos por el Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales o por el presente real decreto, mantendrán la condición de alto cargo, desempeñando sus funciones de dirección de los servicios adscritos a los mismos, en tanto no se acuerde su cese.

Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de los servicios comunes.
Los servicios comunes de los ministerios en los que se hayan producido transferencias de actividad a otros departamentos ministeriales seguirán prestando los servicios a los ministerios a los que correspondan dichas áreas de actividad, hasta tanto se desarrolle la estructura orgánica de los ministerios y se establezca la distribución de efectivos.

Las CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS no son órganos independientes, aunque sí son entidades con personalidad jurídica propia. Tienen plena autonomía funcional entendemos siguen adscritas a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

Sus actividades principales son la planificación hidrológica, la administración y control del Dominio Público Hidráulico, la gestión de recursos y aprovechamientos que puedan ser de interés general, la explotación de los sistemas hidráulicos, la gestión de la demanda, la información de situaciones como las sequías e inundaciones así como la gestión de las mismas, la policía de aguas, la proyección y ejecución de nuevas inversiones en infraestructuras hidráulicas, monitorización  de la información sobre la cuenca, etc.

POLÍTICA DE AGUA COMO BIEN PÚBLICO ESENCIAL. 

La contaminación campa a sus anchas en varios de los ríos más importantes del país sin que nadie mueva un dedo para aplicar la legislación vigente o para frenar la polución de sus aguas, permitiendo que ciertas empresas se beneficien de volcar vertidos tóxicos, a costa de la salud de sus vecinos. Mucho tienen que cambiar las tornas para que se logren revertir situaciones que hoy se consideran límites, en gran parte de las corrientes de agua, lagos y embalses de España. 

Las reglas de juego tienen que ser claras y aplicables y que garanticen una gestión integral de este bien público esencial que resulte socialmente equitativa, ecológicamente sostenible, políticamente democrática y culturalmente aceptable.

MAPA: A este departamento corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de  recursos agrícolas, ganaderos y pesqueros, de industria agroalimentaria, de desarrollo rural y de alimentación.

MITECO: Se lleva el desgaje de Medio Ambiente: ámbitos de medioambiente, cambio climático y agua. La futura PAC "Política Agrícola Común" pone el acento precisamente en el cambio climático, la gestión sostenible de los recursos naturales, la conservación del paisaje en toda la Unión Europea y el mantenimiento de una economía rural viva, para la percepción de los pagos directos por parte de agricultores y ganaderos.

Con la división del MAPAMA la apuesta está hecha y solo falta empezar a confeccionar los nuevos equipos y echar a rodar.


  • Fecha de Publicación: 08/06/2018
  • Ambito: Interdepartamental, III Convenio Único de la Administración General del Estado
  • Numero de Puestos: 881
  • Grupos: 1 al 5
  • Plazo de Presentación de Solicitudes: Desde el día 11 al 29 de junio de 2018, ambos inclusive.
Documentos
DE 881 PUESTOS: APROXIMADO 60 PARA LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: 9 PUESTOS (G3:7; G4:2)

sábado, 5 de mayo de 2018

SALARIO MÍNIMO EN LA AGE. BUENAS PRÁCTICAS PARA COMBATIR EL ABSENTISMO LABORAL EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. FICHAR Y MARCHARSE. “IN VIGILANDO”. RECHAZO SINDICAL.

Se informa en diferentes páginas web que continúa la negociación del IV CUPLAGE. La última reunión del Grupo de Trabajo de Clasificación Profesional en la Comisión Negociadora IV Convenio Único lo fue el pasado día 27 de abril. Nos cuentan que hay un intercambio de propuestas con el compromiso de estudio y análisis, por las partes, para seguir debatiendo sobre el sistema de clasificación que debe regir el próximo Convenio.

PROPUESTA: CUADRO DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL IV CONVENIO ÚNICO Y RETRIBUCIONES BÁSICAS:
Puede apreciarse que la propuesta incluye el SALARIO MÍNIMO para el último grupo de clasificación, Grupo 5 (certificados básicos y otras titulaciones), de 1.200 euros.

Coincidiendo con la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, entre el 21 de mayo -cuando se votan las enmiendas parciales en el Congreso- y el 21 de junio, los sindicatos están convocando movilizaciones y concentraciones que se desarrollaran ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las capitales de provincia en toda España, para exigir ese salario mínimo.

Entendemos, aunque “a bombo y platillo” no se le dé la importancia que merece, también estas movilizaciones son para que, además, se eliminen los descuentos en las nóminas de los empleados públicos por incapacidad temporal (IT).

A su vez, el Gobierno, a través de diferentes medios informa que, el compromiso de eliminar los descuentos en las nóminas está en estudio. Explicamos.

En nuestro país hay personas que no van a trabajar (absentismo laboral) y que cobran puntualmente su sueldo, tanto en el sector público como en el privado, un fraude que supone para el estado más de 1.000 millones de euros, según fuentes del Ministerio de Empleo de hace un par de años, más o menos...esto no es ninguna novedad. 

Real Academia Española –RAE-....”de la lengua”: Absentismo:

1. Abstención deliberada de acudir al lugar donde se cumple una obligación.
2. Abandono habitual del desempeño de funciones y deberes propios de un cargo.

Las cifras de absentismo en el sector público son aparatosamente superiores a las del sector privado. Sin embargo, pocos son los políticos que se atreven a señalar un problema cuando afecta a un colectivo tan poderoso y multimillonario como el de los empleados públicos (3,13 millones, hablamos de número de trabajadores, no de "dineros", por si alguien confunde la expresión).

Cuando el Gobierno informa que para proceder a la supresión de la penalización por bajas laborales (IT), es necesario contar con datos transparentes para verificar que el absentismo laboral no crece con dicha eliminación y que, una vez realizado el estudio, se fijará una fecha para publicar los datos de absentismo en el Portal de Transparencia de cada comunidad autónoma y de la Administración General del Estado...se arma el revuelo....sindical.... y el rechazo y las criticas ante tal medida.

La función de los sindicatos es defender los intereses de la clase trabajadora, siendo la principal herramienta que ésta tiene para conseguir mejorar sus condiciones de trabajo.

Millones de horas pagadas, fraudulentamente no trabajadas, que tiene que hacer otro empleado, en este caso, público, con el consiguiente aumento de carga de trabajo y sus posibles repercusiones en su estado de salud...¿dónde está el "in vigilando"?, ¿dónde está la actuación sindical?.

No debía ser tal la reacción de rechazo...Unos fichan y se marchan. Otros ni siquiera fichan...

Los sindicatos no han contribuido, salvo raras excepciones, a la mejora de nuestras administraciones públicas, a hacerlas más potentes y participativas (más abiertas a la sociedad), a frenar y denunciar los casos de corrupción política, a defender unos instrumentos que son de y para la ciudadanía (en su mayoría trabajadora).

Aunque reconocemos que tampoco han tenido el objetivo explícito de debilitar ni de destruir a las administraciones públicas del país, sin embargo muchos de sus objetivos y actuaciones egoístas y cortoplacistas han contribuido a debilitarlas y a fracturar los diques institucionales que podrían haber evitado buena parte de los casos de corrupción. 
  
Los sindicatos han percibido a la Administración pública como un actor cuya función principal es proveer de recursos y un mayor grado de confort a sus propias organizaciones. Los sindicatos reciben subvenciones públicas totalmente justificadas por el importante poder que juegan a nivel laboral y social. Pero a estas grandes subvenciones hay que añadir otras más indirectas y no tan justificadas desde la financiación de eventos diversos, reuniones, estudios, viajes difíciles de justificar. 

Quizás el caso más evidente sea el de los liberados sindicales. Los sindicatos tienen una obsesión con los liberados sindicales no tanto para que ejerzan su función esencial de defensa de los trabajadores sino como un mecanismo de poseer, en el mejor de los casos, fuerza de trabajo para sus enormes burocracias internas y, en el peor de los casos, para mantener con criterios clientelares unos afiliados con un gran confort y calidad de vida.

Hay datos que sorprenden. 

Hay una dinámica del “compadreo” entre las élites políticas y las élites sindicales. En algunas administraciones públicas, esta complicidad de “intercambio de cromos” ha llegado a extremos inaceptables. En determinados ayuntamientos se ha llegado a un perverso pacto entre los políticos y los sindicalistas para hacer añicos al modelo meritocrático de acceso a la función pública. El pacto es el siguiente: los puestos más relevantes de la Administración (directivos y técnicos) los seleccionan libremente los políticos entre sus clientelas ampliando los puestos de eventuales y de libre designación. A cambio, los sindicatos pueden reclutar entre sus clientelas a los puestos más bajos.

Los sindicatos, en términos generales, han abocado la negociación de los convenios y los derechos de los trabajadores en el sector público a una dimensión mezquina y de vuelo gallináceo. Jamás se han preocupado, salvo excepciones, por fortalecer las instituciones públicas con sistemas de selección meritocráticos, con dotarla de una dirección pública profesional que evite la discrecionalidad y el clientelismo político, por mejorar la calidad de los servicios, las condiciones profesionales de los empleados públicos, etc, etc, etc.

Su lucha y frente de negociación tampoco han sido usualmente las mejoras retributivas sino una peculiar forma de ver una mejora de las condiciones laborales por el embudo de más días y horas de asueto para los empleados públicos. Las negociaciones se suelen poner duras y tensas, aunque siempre acaba cediendo la “no patronal” de naturaleza política, cuando se exige ampliar los días de libre disposición (en la práctica más días de vacaciones conocidas popularmente como “moscosos” y “canosos”), por una visión muy laxa de una mayor conciliación de la vida profesional con la familiar y personal que siempre se canaliza por menos horas trabajadas.

Ante esto muchos pensamos que los sindicatos ya no nos representan e incluso que ya no son necesarios, y que es mejor prescindir de ellos y buscar otra forma de organizarnos.

Si bien es cierto que a menudo ocurre que en los países avanzados la burocracia sindical se convierte en un obstáculo para el desarrollo de la lucha de clases, controlando e incluso frenando las luchas que en ocasiones se dan en algunas empresas y negociando con la patronal a espaldas de los trabajadores.  

Volviendo a la Comisión Negociadora IV Convenio Único, pese a que nos hemos encontrado notas informativas diversas sobre el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el trabajo, que se celebra como cada año el 28 de abril, exigiendo cambios normativos y políticas públicas que garanticen la seguridad y salud en el trabajo, no encontramos por ningún lado que el lema “Trabajo Seguro. Es tu salud, es tu derecho” y el tema sobre la inspección y control del cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales aparezca en nota informativa alguna de la Comisión Negociadora como tema tratado y necesario a incluir en el IV Convenio Único.

Nosotros seguimos sin ver presencia sindical en los centros de trabajo como garantía de protección a la salud de los empleados públicos. No vemos Delegados de Prevención por nuestros centros de trabajo. Hemos llegado a observar incluso a sindicalistas que formando parte de comisiones diversas que cuando son advertidos sobre algún incumplimiento en materia de seguridad y salud que les afecta a ellos mismos o a sus propios compañeros, la falta de conciencia sobre el riesgo es tal que parece grotesco que luego nos vendan que hay que acabar con esas situaciones. "In vigilando": Vigilar y controlar el cumplimiento de las normas sociales...de seguridad y salud en el desarrollo del trabajo...

...Y... vamos que nos vamos...horas sindicales, créditos horarios, dedicados ¿a....? 
 
Puede que de ahí venga esa oposición sindical a que el Gobierno necesite datos transparentes sobre el absentismo laboral.

Somos muchísimos los empleados públicos dignos de admiración. Nosotros no tendremos problema alguno sobre esta medida del Gobierno. O sea que.... absentistas.... a desempeñar las funciones y deberes propios del cargo...esto es, a currar.