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jueves, 9 de noviembre de 2017

ABSUELTOS LOS TRES EX ALTOS CARGOS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR DE LOS DELITOS DE PREVARICACIÓN Y CONTRA EL MEDIO AMBIENTE... ¿PATENTE DE CORSO PARA JUSTIFICAR LOS VERTIDOS ILEGALES?...

La Sección Segunda de la Audiencia de Granada ha absuelto a los tres ex altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) de los delitos de prevaricación y contra el medio ambiente por los que fueron juzgados a finales de septiembre por los vertidos ilegales de aguas fecales de la prisión de Albolote (Granada) a raíz de la denuncia de un particular que alegaba que, desde finales de los años noventa, estos vertidos habían causado “graves y reiterados daños” en una finca de su propiedad, el Cortijo Las Torres, donde se encuentra el cauce del arroyo Juncal. La Fiscalía solicitó la libre absolución.

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Los Organismos de cuenca, en las concesiones y autorizaciones que otorguen, adoptarán las medidas necesarias para hacer compatible el aprovechamiento con el respeto del medio ambiente y garantizar los caudales ecológicos o demandas ambientales previstas en la planificación hidrológica, como está estipulado en la legislación de Aguas.

En el supuesto de que el Organismo de cuenca compruebe la existencia de un vertido autorizado que incumple el condicionado HYPERLINK "http://www.magrama.gob.es/es/agua/publicaciones/Manual_para_la_gestion_de_vertidos_tcm7-28966.pdf"de su autorización, las actuaciones básicas que debe realizar el organismo de cuenca son similares a las correspondientes en caso de vertido no autorizado.

Cuando se produce un incumplimiento de las condiciones de la autorización y el titular no atiende el requerimiento para cumplirlas el Organismo de cuenca debe iniciar las actuaciones tendentes al cese del vertido. Estas actuaciones incluyen iniciar el procedimiento de revocación de la autorización de vertido. En este procedimiento el Organismo de cuenca debe realizar una propuesta motivada de resolución revocando la autorización de vertido, que debe ser sometida a informe del Consejo del Agua. El informe del Consejo es preceptivo pero no vinculante.

Si bien el procedimiento de autorización de vertidos indirectos a aguas superficiales incumbe el órgano autonómico o local competente, en el caso de que estos vertidos conlleven una especial incidencia para la calidad del medio receptor han de ser informados favorablemente por la Confederación Hidrográfica previamente al otorgamiento de la preceptiva autorización.

Dice la Audiencia de Granada en su sentencia que tras la remodelación de la depuradora de la prisión de Albolote, la CHG verificó a través de análisis que los vertidos se adaptaban a lo que estipula la normativa y se acabó por dictar resolución favorable para la actualización de la autorización de vertido. La sentencia agrega que tras la denuncia de la dueña del cortijo afectado, el personal de la CHG realizó diversas inspecciones y los resultados de los análisis fueron normales.


Una vez realizado el informe por la Confederación Hidrográfica en cuestión, siendo este desfavorable se procederá en su caso a la revocación de la autorización de vertido, sin derecho a indemnización y se deberá emitir un informe para que el Gobierno suspenda definitivamente la actividad generadora del vertido o bien en caso de considerarlo más oportuno requiera al Organismo de cuenca para que adopte las medidas necesarias para la corrección del vertido, que serán repercutidas al titular.

El titular de la actividad es la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. (SIEP) que depende del Ministerio de Hacienda y del Ministerio del Interior y fue creada en el año 1992, tiene como accionista único al Estado Español.

La Audiencia no considera acreditado que los vertidos causasen o pudieran causar "alteraciones significativas" en las aguas superficiales o subterráneas, los suelos, los animales o las plantas que hay en el cauce o en la ribera del arroyo.

Recordamos el informe del Instituto de Medicina Legal de Valencia que, tras analizar las muestras tomadas por el Seprona (Servicio de Protección a la Naturaleza), concluye que los vertidos de aguas fecales de la prisión de Albolote "suponen un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas y una pérdida ostensible de suelo de cultivo y de frutales". 

Pese a ello la Audiencia de Granada dice que "no se ha acreditado debidamente" que los vertidos del Centro Penitenciario de Albolote al barranco del arroyo Juncal, que fueron autorizados por parte del órgano competente, fuesen contaminantes.

El Tribunal hace constar que este cauce es, en realidad, "una corriente discontinua de aguas procedentes de las lluvias caídas en los alrededores del paraje en el que está situado, afluyendo al río Colomera, cuyas aguas están consideradas de baja calidad y aptas sólo para el riego". 


Nos viene a la memoria aquello sobre que los Organismos de Cuenca tienen entre otras responsabilidades el control de los vertidos que se efectúan de forma directa a los ríos, a cauces naturales, aunque no circule el agua todo el año, y a las aguas subterráneas.

Las Confederaciones Hidrográficas otorgan las autorizaciones de vertido en el ámbito de sus competencias, en las que se establecen una serie de condiciones bajo las cuales se puede realizar el vertido autorizado.

Una vez autorizado un vertido, la Confederación tiene la responsabilidad de vigilarlo, de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas. Para ello se toman muestras de los vertidos para su análisis, así como medidas de caudal vertido. La frecuencia con la que se realizan los análisis depende de la magnitud del vertido, de su peligrosidad y de la sensibilidad del río o acuífero al que vierten. El incumplimiento de las condiciones de vertido conlleva sanción administrativa.

Desde un punto de vista gramatical «vertido» es el resultado de la acción verter y según el Diccionario de la Real Academia consiste en «derramar o vaciar líquidos o cosas menudas».

Aplicando esta noción al ámbito medioambiental, el Diccionario de la Naturaleza (Espasa Calpe, 1993) considera vertido la «descarga de residuos al medio», siendo el residuo «cualquier material o forma de energía descargados al medio ambiente por el hombre y susceptibles de producir contaminación ».

La contaminación que sanciona el tipo penal no es solamente la producida por residuos tóxicos, pues también puede producirse por cualquier otra sustancia que a través de cualquiera de las formas recogidas en el precepto suponga un peligro para el equilibrio del sistema natural (STS 24 de septiembre de 2002).

Durante el juicio, los tres ex altos cargos defendieron su gestión respecto a estos vertidos y descartaron que hubiera en ellos componentes tóxicos que provocaran graves daños al medio ambiente, relatando que el asunto fue tramitado como “uno más” de carácter leve, defendiendo su forma de proceder y haciendo hincapié en que la CHG no tiene capacidad para decretar el cese de la actividad que genera los vertidos, lo cual compete al Gobierno.
 

Alegación habitual la que invoca el consentimiento tácito de la Administración como argumento defensivo para cuestionar la falta de gravedad del vertido o, incluso, la irrelevancia penal de la conducta.

Entendemos una cierta tolerancia de la Administración motivada, quizá, por las consecuencias laborales y sociales que se derivarían de la paralización o cierre de la actividad contaminante, lo que lleva a la falta de acción administrativa.

Pero esta situación no puede ser suficiente para que opere una auténtica despenalización de la conducta por vía de hecho. Así lo ha recogido expresamente la jurisprudencia en un supuesto en que se venía realizando de forma continuada a lo largo de más de cinco años unos vertidos de aguas residuales procedentes de una industria en aguas terrestres. Tales vertidos contravinieron siempre las Leyes y Reglamentos protectores del medio ambiente, teniendo un claro carácter ilegal y contaminante.

Como consecuencia del vertido no sólo se creó la posibilidad de un grave perjuicio para las condiciones de la vida animal sino que se destruyó totalmente la fauna que habitaba dichas aguas antes de su contaminación.

Los vertidos del Centro Penitenciario de Albolote al Arroyo Juncal llevan produciéndose desde 1997. 

Las infraestructuras de depuración de aguas residuales se realizan para que los vertidos que se efectúen al medio natural se encuentren dentro de los parámetros admisibles.

La tolerancia administrativa a posteriori puede entrañar conductas no solamente criticables, desde el punto de vista medioambiental, sino abrir puertas a la arbitrariedad, lo que podemos asimilar a una  patente de corso para justificar los vertidos ilegales.

Nuestros cauces son utilizados en muchas ocasiones como cloacas y vertederos. Los Organismos de cuenca tienen entre otras responsabilidades el control de los vertidos que se efectúan de forma directa a los cauces naturales aunque no circule el agua por ellos todo el año.


jueves, 12 de octubre de 2017

SEGUNDA SENTENCIA: JAQUE MATE.- SE DEJA SIN EFECTO EL CAMBIO DE FUNCIONES EFECTUADO UNILATERALMENTE POR LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, DEBIENDO REPONER AL EMPLEADO PÚBLICO A SUS ANTERIORES CONDICIONES DE TRABAJO.

El día 28 de junio de 2016 por medio de un papel sujeto en el parabrisas de un vehículo se comunicaba a un empleado público que a partir del día siguiente no podía coger ningún coche de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

Tras esta “curiosa” forma de notificación y tras algún que otro traspiés dado por los "comunicantes", el 15 de febrero de 2017 la Secretaría General de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir notifica al empleado público mediante oficio que “el trabajador con puesto técnico superior de gestión y servicios comunes debe dejar sus funciones actuales como conductor e incorporarse al taller para realizar exclusivamente tareas de mantenimiento, conservación, limpieza y pequeñas reparaciones de vehículos”. 

El empleado público interpuso varias demandas contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para defender sus derechos vulnerados.

Hoy informamos sobre la segunda de las demandas interpuestas, concretamente la de fecha de 7 de marzo de 2017, específicamente por ser el empleado público apartado de las funciones propias de su categoría profesional.

Los preceptos del derecho son estos: vivir honestamente, no dañar a otros, dar a cada uno lo suyo.

Vivir honestamente significa, en el caso, actuar de acuerdo con las normas morales que se incorporan al orden jurídico; no dañar a otros constituye una de las bases fundamentales de los derechos civil y penal; y dar a cada uno lo suyo es lo que exige la justicia como finalidad suprema del derecho.

En el Derecho Romano se define la justicia como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Definición que implica no solo la actividad intelectual de declarar el derecho, sino también la material que permita su realización, desplegando toda actividad que sea necesaria para remover los obstáculos que la impidan. Voluntad que supone el reconocimiento de lo que se estima justo y bueno “aequum et bonum”. Principio el de la Justicia que la Constitución, en su artículo 1.1 proclama como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico.

Los jueces son los responsables de juzgar las disputas legales entre dos personas o litigantes. En el desarrollo de un juicio, las partes enfrentadas (demandante y demandado) exponen sus argumentos mediante sus correspondientes abogados. Mientras, el juez va conociendo a fondo los hechos. Finalmente, el juez o un tribunal cualificado deberá emitir una sentencia, una resolución final a favor o en contra de una de las dos partes. Esta resolución final es la sentencia. En ella, se presentan una serie de razonamientos legales. En la conclusión final (parte resolutiva) el juez emite un fallo.  Así, la sentencia firme es definitiva. El fallo es inapelable y debe aplicarse tal y como ha concretado el juez en su resolución.


Esta Sentencia es firme y no cabe interponer recurso: Jaque Mate

La ejecución de las sentencias, en sus propios términos, es un principio capital y esencial de todo sistema judicial, ya que la ejecución de las sentencias forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva – artículo 24.1 de la Constitución – y ha de ser considerada igualmente como parte integrante del proceso en el sentido del artículo 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento.

Es evidente, en este sentido, y clara, la voluntad del legislador de reforzar las potestades de los Jueces y Tribunales para lograr el cumplimiento de las sentencias, y hacerlo en plazos razonables, satisfaciendo así la tutela judicial efectiva de los recurrentes. De lo contrario, esto es, si las Administraciones Públicas no cumplen las sentencias, éstas se habrán de ejecutar de manera forzosa por los Jueces y Tribunales, que habrán de adoptar, y adoptarán, las medidas necesarias para remover cuantos obstáculos se opongan a la ejecución de la sentencia. 

En consecuencia, el contenido jurisdiccional no se acaba con la función de juzgar, sino que comprende, también, la potestad de hacer ejecutar lo juzgado. Es, por tanto, un derecho de los ciudadanos el que la ejecución de la sentencia lo sea en sus propios términos.

“Que, firme una sentencia e investida de la autoridad de la cosa juzgada, pueda un órgano político o administrativo impedir que se produzcan sus efectos normales pugna con los más elementales principios de un Estado de Derecho. No es concebible que las decisiones de los Tribunales queden a merced de la voluntad de políticos y funcionarios, que los pronunciamientos de los Tribunales puedan no llegar a cumplirse porque así lo decida el titular de un órgano no jurisdiccional. Lo que los jueces han sentenciado es el Derecho, la Justicia, el Ordenamiento jurídico aplicado a un caso concreto. Frente al Derecho ninguna razón puede oponerse válidamente”.

La Sentencia es clara y determinante: 

"La labor de conducción y la de mantenimiento es distinta. 

Cuando dentro de la conducción se incluye mantenimiento, conservación, limpieza y pequeñas reparaciones de vehículos, se está pensando en actividades accesorias a la principal que es la conducción, que de manera ocasional puede requerir efectivamente un mínimo mantenimiento o limpieza. 

En el taller lo que se plantea al trabajador es que básicamente realice mantenimiento de vehículos, y eso es algo distinto que se incluye en el área funcional 2 (mantenimiento de automóviles). 

El mantenimiento de automóviles se contiene así en dos áreas funcionales distintas, la diferencia está en que en un caso se trata de conductores de manera accesoria realizan ese mantenimiento, y en el otro de lo que sería propiamente un mecánico, que no conduce sino que sólo hace tareas de mantenimiento. 

La modificación operada por tanto en las funciones del trabajador ha de apreciarse como sustancial, pues se superan los límites que para la movilidad funcional contempla el art. 39 ET."

Así las cosas, el fallo es inapelable y debe aplicarse tal y como ha concretado el juez en su resolución..... 

Pero he aquí que... “Una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja”, un serio problema para el empleado público afectado. 


A nuestro juicio, este es el punto más importante, cuando nos encontramos ante lo que podría ser una ejecución fraudulenta. 

Es decir, aquel supuesto en que la Administración procede formalmente a la ejecución de la sentencia dictada, mediante los pronunciamientos, actos o actuaciones para ello necesarios, pero, sin embargo, el resultado obtenido no conduce justamente a la finalidad establecida por la propia Ley; como consecuencia, lo que ocurre es que con la actuación administrativa, en realidad, no se alcanza a cumplir la sentencia en la forma y términos que en ésta se consignan, para conseguir llevarla a puro y debido efecto. Se asimila la concurrencia de este elemento subjetivo a un supuesto de desviación de poder. En este caso se debe exigir la responsabilidad penal por desobediencia.

Esperamos y deseamos que nuestro compañero recupere "en todas sus formas y términos" el derecho a ser repuesto en el desempeño pleno de las funciones propias de su categoría profesional y no se vulnere nuevamente su derecho a la "efectiva ocupación" de sus anteriores condiciones de trabajo.

miércoles, 13 de septiembre de 2017

TRAS MUCHAS SUMAS Y RESTAS, JAQUE: PRIMERA SENTENCIA POR CAMBIO DISCRECIONAL DE PUESTO DE TRABAJO Y FUNCIONES A EMPLEADO PÚBLICO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. INFORMACIÓN SOBRE EL JUICIO DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE.

Con fecha 13 de mayo de 2016 el Jefe del Servicio de Recursos Humanos y la Jefa del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir comunicaron al afectado que debía someterse obligatoriamente al reconocimiento médico. El empleado público contesto por escrito a dicho requerimiento manifestando su disconformidad al considerar que no es obligatorio someterse al mismo. Ambas jefaturas responden al afectado argumentando que el reconocimiento médico es obligatorio cuando existe riesgo a terceros. 

El hecho es que la Jefatura de Recursos Humanos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir cambió discrecionalmente de puesto de trabajo al empleado público afectado asignándole nuevas funciones en un centro de trabajo distinto al habitual perjudicando su formación profesional y vulnerando el derecho a la dignidad, sin haber seguido el procedimiento previsto al respecto en el Convenio de aplicación y resto de normas legales de nuestro Ordenamiento Jurídico.

Son varias las demandas interpuestas por el afectado relacionadas con este asunto.

El día 12 de septiembre del presente tuvo lugar el juicio por cambio discrecional de puesto de trabajo y funciones a un empleado público de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Por estar relacionado a lo tratado en la Vista del 12 de septiembre, informamos sobre la Sentencia recaída ante la primera de las demandas interpuestas por el afectado, en este caso sobre DECLARACIÓN DE DERECHOS Y RECLAMACION DE CANTIDAD contra Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y contra el Jefe de Recursos Humanos de la misma.

El Fallo determina que se estima parcialmente la demanda: El afectado debe ser repuesto en el desempeño pleno de sus funciones; la CHG debe indemnizar al afectado por los daños y perjuicios causados por la retirada de funciones; el Jefe de Recursos Humanos queda absuelto.....pese a ser quien cambió discrecionalmente de puesto de trabajo al empleado público, situación esta última que será objeto de recurso por parte del afectado.    

SENTENCIA Nº 318/2017
En Granada, a treinta y uno de julio de dos mil diecisiete.
HECHOS PROBADOS

En el juicio celebrado ayer día 12 de septiembre por “Modificación sustancial de las condiciones de trabajo” la Abogacía del Estado manifiesta que se ha recurrido la Sentencia anterior. El abogado del demandante aporta las pruebas documentales necesarias. El Magistrado pese a las manifestaciones de la Abogacía del Estado admite como prueba la Sentencia sobre DECLARACIÓN DE DERECHOS Y RECLAMACION DE CANTIDAD, dado que se trata de información relevante sobre los hechos producidos con anterioridad, admitiendo la misma como antecedentes de esta nueva demanda. 

Parece ser que la Abogacía del Estado no está de acuerdo en que se admita como prueba una sentencia que ellos van a recurrir... 

Tras muchas sumas y restas y después del jaque, al "Ajedrecista" le quedan pocas fichas en su juego ante la Justicia.

Os mantendremos informados de todos los pasos que den las partes a partir de ahora.

domingo, 27 de agosto de 2017

EL SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, FIGURA DECORATIVA. SE ANUNCIA LICITACIÓN PARA VOLVER A EXTERNALIZAR LA TOTALIDAD DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA.

Tomando como punto de partida, algo ya habitual en el tratamiento de la temática preventiva, que el nudo gordiano de nuestra actual regulación legal (de inspiración comunitaria) es el cuadro obligatorio que se hace recaer sobre el empresario, el propio art. 14 LPRL, entre otros numerosos y variados comportamientos, impone al empleador el de "dotarse de una organización preventiva y de los medios necesarios". 

Esto es, el empresario, a fin de poder dar cumplimiento al programa obligatorio o a la compleja prestación encaminada a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores debe organizar, en algún modo, la actividad preventiva.
 
Su justificación puede buscarse en la propia conciencia tomada por el legislador a la hora de diseñar las obligaciones empresariales, de que el empresario carece, en la mayoría de los casos, de conocimientos técnicos y especializados suficientes para poner en marcha una adecuada política de prevención en su empresa.
 
De esta forma, la obligación se traduce en la necesidad de ayudarse de terceros y de disponer de los medios materiales necesarios para aquellos mismos fines.
 
Desde hace años (año 2000 para ser exactos, aunque se tome el año 2012 como nueva andadura tras la ilegal transferencia a la Junta de Andalucía), la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir constituyó un Servicio de Prevención Propio asumiendo las cuatro especialidades preventivas: Seguridad en el Trabajo; Higiene Industrial; Ergonomia y Psicosociologia aplicada y Medicina del Trabajo.
 
En el año 2015 y contraviniendo la Ley, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir externalizó integramente la prevención de riesgos laborales mediante el “Pliego de Bases para la contratación de servicios de prevención ajeno, que venga a cubrir las necesidades que tiene la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir“, expediente CU(SG)-5140. Dicho Pliego y la actuación de los responsables del contrato al respecto fue denunciada por la representación laboral ante la Inspección de Trabajo.
 
La Ley es clara y establece: Los servicios de prevención propios constituidos podrán subcontratar determinados y puntuales medios necesarios para la realización de las actividades preventivas a desarrollar pero núnca la total actividad.
 
Pronto a finalizar el contrato anterior, en el BOE del viernes 25 de agosto se publica anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para "la contratación del Servicio de asesoramiento técnico en Prevención de Riesgos Laborales y Pruebas Médicas para la realización de la vigilancia de la salud por entidad acreditada que vengan a cubrir las necesidades que tiene la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir".Expte:CU(SG)-5606
 
Curiosamente se modifica el título del contrato anterior -CU(SG)-5140- pero no su contenido. CONCLUSIÓN: Se vuelve a externalizar la actividad preventiva.
 
Insistimos en que la contratación de un servicio de prevención ajeno no exime al empresario de la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en todos los niveles jerárquicos. Está ampliamente demostrado que la externalización impide la integración.
 
En principio, el empresario es quien tiene la facultad de decidir de qué manera va a organizar los recursos para la prevención de riesgos en el trabajo siempre según las necesidades y con un criterio de suficiencia. La ley, sin embargo, pone algunas restricciones que condicionan la elección de una modalidad concreta de Servicio de Prevención.
 
La primera limitación se refiere al tamaño de la empresa. Si una empresa es  especialmente  grande,  de  más  de  500  trabajadores/as,  o  tiene  al menos  250  trabajadores/as  y  realiza  una  actividad  que  se  considera potencialmente peligrosa, el empresario debe constituir un Servicio de Prevención Propio.
 
Es por ello que se constituyó un Servicio de Prevención Propio en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, obviamente con los medios humanos expertos necesarios... el nuevo pliego da a entender que esos expertos que ocupan en la RPT los puestos diseñados para llevar a cabo las funciones en materia de prevención de riesgos laborales...muy expertos no son si tienen que contratar asesoramiento y consultoria...
 
Hay que insistir en el carácter asesor del Servicio de Prevención Propio, además del resto de funciones que les otorga la legislación y normativa vigente. Su función como asesor es dar apoyo técnico al empresario (Presidente del Organismo), a las distintas Jefaturas, a los trabajadores/as y a los representantes de los trabajadores/as, en todo lo que concierne a seguridad y salud, riesgos laborales y su prevención.
 
Si se contrata la realización de las actividades de prevención con una entidad o empresa externa, hablamos de Servicio de Prevención ajeno.

INSISTIMOS: Los servicios de prevención propios constituidos podrán subcontratar determinados y puntuales medios necesarios para la realización de las actividades preventivas a desarrollar pero núnca la total actividad.
 
En  este  caso  el  empresario  no  contrata  directamente  al  personal  del Servicio de Prevención, ni lo dota de recursos, ni interviene en la organización del trabajo del servicio. Simplemente acude al mercado para contratar la realización de una actividad a la que está obligado por ley. En esta modalidad, un Servicio de Prevención puede atender a diferentes empresas, por lo que debe contar con recursos suficientes para cubrir las necesidades de todas y cada una de ellas.
 
Si el empresario decide acudir a un Servicio de Prevención ajeno deberá consultar esta decisión con los representantes de los trabajadores antes de adoptarla. Además, «los criterios a tener en cuenta para la selección de la entidad con la que se vaya a concertar dicho servicio, así como las características técnicas del concierto, se debatirán, y en su caso se acordarán, en el seno del Comité de Seguridad y Salud  de  la  empresa».  
 
Podemos comprobar que la la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no cuenta con la capacidad suficiente en cuanto a la formación necesaria de sus recursos humanos por lo que debe recibir el asesoramiento y apoyo externo. 
 
Volvemos a una situación de más que dudosa legalidad, con todo lo que ello podría llegar a suponer...si los representantes de los trabajadores -supuestamente conocedores de la situación- entrasen en el fondo del asunto y volviesen a denunciar la situación.
 

El Servicio de Prevención Propio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es hoy en dia una figura "DECORATIVA", por imperativo legal, que depende de Secretaría General -Recursos Humanos-, Área que suele estar formada -en lo que respecta a nosotros y a otros- por personas con poca ética y poca sensibilidad hacia la prevención de riesgos laborales. 
 
En vez de invertir en prevención para adoptar las medidas preventivas colectivas resultado de las evaluaciones de riesgos realizadas en cada centro de trabajo se opta por contratar año tras año un Servicio de Prevención ajeno para llevar a cabo las labores que corresponden realizar a los expertos del Servicio de Prevención Propio constituido.
 
En este caso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sigue naufragando en las movidas aguas de los intereses empresariales.