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jueves, 25 de agosto de 2016

LA FILOSOFÍA DE THELEMA Y PECADOS CAPITALES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.

Para mantenernos al margen y no caer en las veleidades de las políticas callejeras, hemos dedicado las horas de asueto y relax a la lectura.    

Tras reflexionar sobre todo lo leído en este periodo de tiempo, continuamos nuestra andadura siguiendo algunos de los preceptos que William Shakespeare escribió en su tragedia Hamlet:

No publiques con facilidad lo que pienses, ni ejecutes cosa no bien premeditada primero. Presta oído a los demás, pero reserva tu propia opinión.

Hace algunos meses llegó a nuestras manos el libro "Los diez pecados capitales de los empleados públicos". Se trata de un ensayo en el que se deja al desnudo el mundo burocrático. De una manera totalmente libre y personal en él se pone al descubierto el día a día de los empleados públicos y la gestión de asuntos públicos, expedientes y despachos. 

Los autores se adentran en el ámbito de los que responden a apetitos materiales (avaricia, lujuria, gula), de los que reflejan el poderío psicológico de quienes ocupan cargos o puestos públicos (soberbia, ira) o los que son propios del humano hedonismo (pereza) y se incorporan, por extensión a estos tiempos que corren, tres nuevos pecados: la frivolidad, la intransigencia y el oportunismo.

Hemos encontrado en tan agradable lectura similitudes por doquier con lo que se cuece o no se cuece en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

También hemos comparado las cocinas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con la filosofía de Thelema, filosofía basada en la máxima «haz tu voluntad: será toda la ley», nosotros diremos, "esto es lo que hay".

Cada capítulo del libro "Los diez pecados capitales de los empleados públicos" (destacamos en cursiva y en color rojo frases del libro) nos ha llevado a ponerle nombre y cara a quienes no están libres de culpa, hayan sido o no juzgados por los Tribunales de Justicia.

Prestando oído a los demás, informamos que la prensa publicaba hace días que La Unión Europea ha puesto su punto de mira en la contratación pública española. La Comisión Europea entiende que España “destaca” en Europa como uno de los países en los que hay más opacidad en la licitación pública, ya que en un porcentaje muy elevado las distintas administraciones públicas prefieren utilizar la adjudicación directa o procedimientos negociados antes que acudir a los medios convencionales, por eso ha exigido al Gobierno español -cuando lo haya- que haga más transparentes los sistemas de contratación pública, toda vez que considera “insuficientes” los actuales mecanismos de control, tanto los que tienen carácter previo como los posteriores a la adjudicación.

Diez pecados capitales, no se está libre de culpa, sobra decir que quedó para otros tiempos el informe a solicitar al Tribunal de Cuentas sobre la gestión de los "dineros" públicos en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

No están libres de culpa, ¡no!, diez pecados capitales. Ninguna novedad sobre los cuatro imputados, perdón, investigados, y su responsabilidad en los vertidos contaminantes de las aguas residuales del Centro Penitenciario de Albolote, en Granada, que llegaron a “originar un daño en la calidad del agua del conocido como arroyo Juncal determinante de un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales”.

Las intrigas gozan de buena salud en los muros administrativos… de esta nuestra Confederación…las intrigas son, en esta casa, como las telarañas en las bodegas, las hay en todos los rincones, se tejen sin cesar….

El favor, la influencia y el crédito, que son como formas o reflejos del poder, se distribuyen entre una serie de cabezas encumbradas alrededor de las cuales se forman….las camarillas que son otro tanto de intrigas y cábalas….Las vemos ora dividirse, ora reunirse, según los intereses de cada momento…

En una jerarquía todo empleado tiende a ascender hasta alcanzar su nivel de incompetencia…Todos conocemos al trepa, pelotas o buscavidas…a veces para trepar es necesario que otro caiga…

Relacionando partes del ensayo con la filosofía de Thelema: Unos jefes disponen de “licencia para hostigar”; otros jefes convierten lo voluntario en obligatorio por obra de birlibirloque, en definitiva unos y otros «hacen su voluntad que es toda la ley»

Ser jefe no es sólo para mandar, sino para velar por el buen funcionamiento del servicio y respeto del personal a su cargo. Mal jefe es el que se presta a dividir el personal según sus filias y sus fobias. Un buen jefe no consiente lo indebido…

Lo indebido. Por el poco caudal que baja por el río Guadalbullón (Jaén) y las múltiples incidencias que se dan en cada turno de riego, para "salvar el expediente" en este año se decidió que las incidencias serían resueltas por el SEPRONA quién controlará los turnos y tramitará ante el Organismo de Cuenca la correspondiente denuncia a los que los incumplan. El Servicio de Guardería Fluvial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Jaén queda relegado de la función de control y denuncia que llevaba a cabo hasta ahora ante las exigencias e intrigas de jefe y camarilla. Jefe y camarilla que son otro tanto de intrigas y cábalas….Los vemos ora dividirse, ora reunirse, según los intereses de cada momento…

Y aún hay más….diez pecados capitales, quienes deben, por mandato de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tener dedicación exclusiva en sus tareas preventivas, en este caso uno que debe dedicarse exclusivamente a prevenir riesgos laborales es el enlace entre regantes, SEPRONA y Guardería Fluvial, para este "salvar el expediente" y otros menesteres que nada tienen que ver con su puesto en la RPT. Y eso pasa allí en Jaén, como en las otras provincias que conforman la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. En una jerarquía todo empleado tiende a ascender hasta alcanzar su nivel de incompetencia…

Sabemos que no quedan tierras por descubrir y que el juego sucio no es monopolio del deporte. Sabemos que los que están en la cúspide de la pirámide consienten lo indebido…
 
Novedades, haberlas haylas…nos avisan a diario…dice la canción ¡¡Hay que ver, hay que ver, ayer le llamaban Pepito y hoy le llaman Don José….!!

Si vuestros ojos y oídos están desocupados y continuais con la costumbre de vuestros antepasados, ahora ya sólo os queda una cosa por hacer, y ésta no es precisamente aplaudir, porque la comedia aún no ha terminado.

¡Salud al mejor de los públicos que tiene en tan alta estima la Ética y la Buena Fé!

sábado, 9 de julio de 2016

LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE OCA EN OCA Y TIRO PORQUE ME TOCA Y EL EFECTO ESPECTADOR EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.

La siniestralidad laboral se combate desde perspectivas muy diversas.

En primer lugar, mediante la promoción pública (política, si se quiere) de la seguridad y la salud como parte de la gestión empresarial y no como un simple gasto añadido;

En segundo término, a través de una normativa de base que establezca los mecanismos de una adecuada planificación de la actividad preventiva, en general, y en cada sector de actividad, en particular;

En tercer término, mediante la creación de herramientas que vigilen de modo eficaz el cumplimiento de las obligaciones normativas sobre seguridad y salud y permitan una investigación eficaz de las causas que han convergido en la producción de un accidente o en un menoscabo del estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.  

Por último, mediante la construcción de normas que recojan un adecuado régimen de infracciones y sanciones aplicable frente a los incumplimientos más graves.

A la Inspección de Trabajo le compete de forma específica el control y vigilancia del cumplimiento de la normativa en el orden social. Esta normativa es muy amplia y comprende, entre otras materias, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Toda persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran constituir infracciones en materia de seguridad y salud laboral puede presentar denuncia -no sólo quienes estuvieran directamente afectados por las supuestas infracciones-. Igualmente pueden solicitar al inspector información técnica con ocasión de la actuación inspectora.  

Con respecto a este último párrafo recordamos que en el mes de agosto del año 2015, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir anunció la licitación del Pliego CU(SG)-5140 para la contratación de servicios de prevención ajeno, que venga a cubrir las necesidades que tiene dicho Organismo en materia de prevención de riesgos laborales.


Materias que están cubiertas mediante la constitución del Servicio de Prevención Propio con asunción de las cuatro especialidades, al declarar la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir disponer de los medios humanos y materiales necesarios para ello.

El encargo profesional de estas funciones (como así consta en los documentos contractuales del Pliego adjudicado -Pliego Cláusulas Administrativas y Pliego Prescripciones Técnicas) implica un ilegítimo sacrificio de auténticas potestades públicas, donde las labores de la Administración pública pasan a una empresa privada, con lo que las labores de los empleados públicos que forman parte del Servicio de Prevención Propio pasan a ser ejercidas por personal que no pertenece a la Administración.

Para el cumplimiento de las obligaciones normativas sobre seguridad y salud sirve, no sólo la Inspección de Trabajo, sino también el conjunto de herramientas y protocolos creados al efecto por las diversas Administraciones Públicas, incluidas la Fiscalía, el Poder Judicial y los Ministerios de Trabajo e Interior.

Por ello el Pliego CU(SG)-5140 para la contratación de servicios de prevención ajeno, fue denunciado ante la Inspección de Trabajo de Granada, Córdoba, Sevilla y Jaén. 

Pese al requerimiento realizado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la Inspección de Granada, el 1 de febrero de 2016 el Pliego CU(SG)-5140 fue adjudicado a PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U., formalizándose el contrato el 17 de marzo de 2016.

Sin embargo el 18 de abril de 2016, la Inspección de Trabajo de Jaén emite un "sorprendente" informe sobre este asunto en el que el Inspector actuante entiende que en esa fecha el pliego se encuentra en “fase de redacción y proyecto” por lo que no proceden actuaciones complementarias y que en caso de aparecer nuevos datos pueden aportarse a través de la correspondiente denuncia. Se desconocen los motivos sobre el porqué no se ejerció ese derecho por quienes presentaron en Jaén la denuncia inicial que dió lugar a ese peculiar informe.

La legislación estipula que la Inspección de Trabajo también realiza funciones de asistencia técnica en materias sobre el cumplimiento de las obligaciones normativas sobre seguridad y salud, que efectuará de conformidad con los principios del Estado Social y Democrático de Derecho que consagra la Constitución Española, y con los Convenios números 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo.

La disparidad de criterios sobre un mismo asunto, incluido el desconocimiento sobre lo que es un Pliego de Servicios, en especial la frase del Inspector actuante en la provincia de Jaén -con fecha 18 de abril el pliego se encuentra en “fase de redacción y proyecto”- ha llevado a los representantes de los empleados públicos a solicitar a la Inspección de Trabajo de Córdoba el asesoramiento técnico necesario puesto que la norma establece que:

Los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social servirán con objetividad los intereses generales y actuarán de acuerdo con los principios constitucionales de eficacia y jerarquía, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, y con sujeción a los criterios técnicos y directrices comunes establecidos por las autoridades competentes.

Los Inspectores actuantes no podrán tener interés directo ni indirecto en empresas o grupos de empresas objeto de su actuación, ni asesorar o defender a título privado a personas físicas o jurídicas con actividades susceptibles de la acción inspectora; incluso que se abstendrán en todo asunto en que concurra interés para la asociación o sindicato de su afiliación.

La Inspección de Trabajo, en el caso que nos ocupa va de oca en oca y su labor de vigilancia de la normativa queda en duda.

Puede ser por aquello que en ocasiones escriben los Inspectores actuantes en sus informes....."cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen y no se deriven perjuicios directos a los trabajadores"...


Resultando que se deja en manos externas la seguridad y salud de los empleados públicos que debe asumir el Servicio de Prevención Propio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir -propio y con las cuatro especialidades porque así ha sido declarado-, considerando que se vulneran los derechos de los empleados públicos: en cuanto a la vigilancia de la salud -que no se cumple con un mero reconocimiento médico-; en cuanto a la formación práctica y teórica suficiente y adecuada al puesto de trabajo –que no se imparte en esas estipulaciones, obligándose al empleado público a firmar el correspondiente “recibí” sin "recibir"-; en cuanto a situaciones de emergencia que en su caso deben ser resueltas del todo "incoherente" por un solo empleado público –pues no hay medios humanos suficientes y necesarios, ni se exige su necesidad ante planes de autoprotección y medidas de emergencia-; en cuanto .....al miedo generado por ser apartados del servicio si no se cumplen las normas ilegítimamente impuestas......

.........¿No se derivan perjuicios directos a los trabajadores?........¿Los empleados públicos tenemos la consideración de trabajadores según las normas establecidas?

Es patente el “efecto espectador” de la Inspección de Trabajo, de los representantes de los empleados públicos y de los propios empleados públicos y la tendencia de todos ellos al conformismo -aquel que se aparta demasiado del grupo (en opinión, aspecto, comportamiento,…) es ignorado, rechazado o agredido-.

............Y dice el cantar, de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente, ya, pero luego en cada casa el cantar es distinto, y a lo mejor estás en casa alguien y caes en una oca, y crees que de oca a oca y tiro porque me toca, y va y te dice: De eso nada, de pato a pato tiro yo y tu te esperas un rato. Es que en mi casa jugamos así. (Monólogo del Club de la Comedia).

martes, 7 de junio de 2016

DELITO CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, JUICIO ORAL A TRES ALTOS CARGOS DE LA CHG POR LOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES DE LA CARCEL DE ALBOLOTE AL ARROYO JUNCAL (GRANADA).

Desde 1973 el 5 de junio se celebra el día mundial del medio ambiente, que busca aumentar la conciencia global sobre la necesidad de tomar acciones positivas en pro del mismo. 

El pasado 5 de junio de 2016 se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente:

«En este Día Mundial del Medio Ambiente, insto a las personas y los gobiernos de todo el mundo a que superen la indiferencia, combatan la codicia y actúen para preservar nuestro patrimonio natural en beneficio de las generaciones presente y futuras.» — Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU

El juzgado de Instrucción 6 de Granada, que ha investigado desde 2010 si se han producido vertidos de aguas residuales mal depuradas procedentes de la cárcel al arroyo Juncal, aprecia un posible "delito contra el medio ambiente" en las continuas emisiones que habrían afectado al arroyo Juncal.

Así consta en un auto, dictado el pasado 1 de junio en el que da por concluida la instrucción del caso y deja en la antesala del juicio oral sólo a cuatro de los ocho investigados que quedaban en la causa: el subdirector general de Servicios Penitenciarios, Enrique Caracuel; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Manuel Romero; y el comisario de aguas y el jefe del área de calidad de las aguas de esa misma institución, Rafael A.G. y Cándido B.R., respectivamente.
 
Sobre el supuesto papel jugado por Enrique Caracuel, subdirector general de Servicios Penitenciarios, el auto establece que "pese a tener conocimiento directo de cuantas incidencias y problemas se venían produciendo con el sistema de depuración" del Centro Penitenciario de Albolote, "no adoptó las medidas que hubieran resultado precisas a fin de evitar la continuidad de los vertidos" y, en consecuencia, "la grave afectación para el equilibrio del ecosistema". Y ello pese a haber sido "reiteradamente" advertido de la "ilegalidad" de las emisiones.

En los tres altos cargos de CHG, el magistrado observa la misma conducta "omisiva", pues entiende que tenían capacidad para haber puesto fin a los vertidos.
 
Concretamente, respecto al presidente, recuerda que ostenta el cargo desde 2012 y que es el "responsable último" de todas las decisiones adoptadas en relación con los vertidos. Concluye que "fue igualmente conocedor" de la situación que venía produciéndose, "sin que conste -agrega- que llegara a realizar en el ámbito de sus competencias actuación alguna tendente a solucionar aquella". Esas actuaciones "tampoco fueron llevadas a cabo", como añade, por los otros dos altos cargos. Ambos "se abstuvieron de adoptar medida alguna tendente a evitar el daño medioambiental que de tal forma se venían paulatinamente ocasionando". Y ello pese a que las emisiones "de forma constante superaban los límites establecidos por la correspondiente autorización administrativa".

En su resolución, el magistrado Francisco Javier Zurita, acuerda exactamente transformar las diligencias previas del caso en un procedimiento abreviado, o lo que es lo mismo, pasar a la fase de preparación del juicio oral, en la que las partes califican los hechos y determinan qué posibles delitos integran y con qué penas deben de ser castigados.
 
Por lo pronto, el juez Zurita concluye que cuando menos, en el período comprendido entre diciembre de 2008 y la fecha actual, y como consecuencia de "una pauta de vertidos contaminantes" que se han venido produciendo "reiteradamente" y que poseían su origen en el "defectuoso" sistema de depuración de las aguas residuales del Centro Penitenciario de Albolote, se llegó a originar "un daño" en la calidad del agua de arroyo Juncal "determinante de un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales".

Así, a juicio del instructor, por lo averiguado hasta ahora "existen motivos suficientes" para atribuir la perpetración del posible delito medioambiental a los implicados señalados. Se da la circunstancia de que este magistrado tomó las riendas del juzgado de Instrucción 6 en septiembre pasado tras la jubilación del juez Miguel Ángel del Arco, que fue quien inició la investigación del caso, por el que en su día se llegó a interrogar incluso como investigada a la actual delegada del Gobierno en Granada, Sandra García, cuya imputación acordó finalmente dejar sin efecto la Audiencia Provincial de Granada.
 
El auto que cierra la instrucción del caso se produce después de que la acusación popular que ejerce la denunciante, Elena G.G., dueña del Cortijo Las Torres (aledaño a la prisión), haya puesto recientemente en conocimiento del juzgado, a través de su marido, nuevos vertidos supuestamente contaminantes.

INFORMACIÓN 07/06/2016.- EL JUEZ APRECIA UN DELITO MEDIOAMBIENTAL EN LOS "VERTIDOS" DE LA PRISIÓN DE ALBOLOTE

Los costes de esta degradación ambiental no se han tomado en consideración hasta hace pocos años, pero se empieza a comprender que deben ser incorporados en la evaluación de cualquier proyecto; no se pueden “externalizar”, como se ha venido haciendo, porque hoy sabemos que ello resulta absolutamente insostenible.

sábado, 28 de mayo de 2016

DE ARISTÓTELES EN LA GRAN MORAL: DE LA JUSTICIA...A LA ACTUALIDAD, EL CPI DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL GUADALQUIVIR, LA INJUSTICIA DE LA JUSTICIA...

Se nos ha pedido insistentemente, aunque se piense lo contrario, que hagamos una entrada sobre el llamado CPI (Complemento Personal de Integración) que la legislación vigente permite y que según que casos, y que cosas, arbitrariamente se aplica, como ha ocurrido con la reversión de los empleados públicos del Guadalquivir al Estado. ¡Anda que no ha llovido...! -observese la ironía-.

Pese a nuestra falta de datos fehacientes y dando respuesta a los comentarios –repetimos que no datos fehacientes- que aportáis en la entrada anterior y desconociendo si el Gabinete Jurídico contratado y que debe finalizar el contrato firmado por las partes ha suministrado o está suministrando información al respecto a aquellos que se prestaron como voz en este litigio (o a la inversa), realizamos este post “reivindicativo” sobre la situación, entendiendo, evidentemente, que si actualmente no existe interés colectivo si que se puede individualmente demandar por inobservancia, negligencia, impericia...o por incumplimiento de contrato, a las partes que se crean correspondientes.

Decía Aristóteles (año 384 a.C, filosofo, teólogo, científico y humanista) en  “La gran moral · libro primero, capítulo XXXI: De la justicia”:

En todos los actos de justicia, comprendidos tal como la ley los comprende, el individuo que los realiza puede ser justo exclusivamente para sí mismo y frente a frente de sí mismo, puesto que el prudente, el valiente, el templado sólo tienen estas virtudes para sí, y no salen de sí mismos. Pero lo justo que se refiere a otro, es muy diferente de lo justo tal como resulta de la ley, porque no es posible que el justo, que lo es relativamente a los demás, sea justo para sí sólo. He aquí precisamente lo justo y la justicia que queremos conocer y que se aplican a los actos que acabamos de indicar. Lo justo que lo es relativamente a los demás, es, para decirlo en una sola palabra, la equidad, la igualdad; y lo injusto es la desigualdad. Cuando uno se atribuye a sí mismo una parte de bien más grande o una parte menos grande de mal, hay iniquidad, hay desigualdad; y entonces creen los demás, que aquel ha cometido y que ellos, han sufrido una injusticia. Si la injusticia consiste en la desigualdad, es una consecuencia necesaria que la justicia y lo justo consistan en la igualdad perfecta.... De aquí se deduce, que la justicia y lo justo son relativos a ciertos seres y a ciertas cosas. Además, siendo lo justo lo igual, lo igual proporcional o la igualdad proporcional será también lo justo.

Actualmente ante cualquier sentencia los jurisconsultos suelen decir: “Es injusto, pero es legal”. Sin embargo nada se dice sobre aquello de la ley injusta y su eficacia jurídica en el sentido de su aplicación.

Es evidente que los Tribunales están para aplicar la Ley. Obviamente si la Ley es injusta el responsable es el legislador. Pero resulta que la ley (y el legislador) permite a los jueces la interpretación de ésta según su apreciación, con la discrecionalidad que crean oportuna.

El acto o proceder contrario a la justicia, la razón y las leyes, dictado por la voluntad o el capricho se conoce como arbitrariedad. Si esa voluntad o ese capricho son la voluntad o el capricho de un juez se ve... lo que se ve.

Leyes injustas y sentencias arbitrarias, están a la orden del día. Las justificaciones y los razonamientos jurídicos son muchos y muy variados (Sala A "sentencia favorable", Sala B -mismo litigio- "sentencia desfavorable"), pero si a esas justificaciones y razonamientos les añadimos el condimento político y/o sindical, los resultados son una verdadera catástrofe. Y los hay...

Sin “tapujos”:

Durante el mes de marzo del año 2014, empleados públicos de la Administración General del Estado, adscritos a aquella parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que nunca fue transferida a la Comunidad Autónoma de Andalucía, procedieron a reclamar ante la propia Confederación (y entendemos que posteriormente ante los Tribunales) aquellas cantidades que no les fueron satisfechas por no haber sido nunca transferidos.

Las reclamaciones de cantidad realizadas por los no transferidos se basaban principalmente en una discriminación retributiva y en una igualdad a la que no tuvieron “derecho” los empleados públicos que si fueron transferidos (discriminados, sin igualdad) y revertidos de nuevo al Estado por Sentencias de los Altos Tribunales (discriminados, sin igualdad).

El Guadalquivir fue revertido al Estado el 22 de octubre de 2011 por Real Decreto, pero no es hasta el 1 de enero de 2013 cuando el legislador toma la decisión de inscribir a los empleados públicos devueltos al Estado en el Registro de Personal. Durante ese periodo "en la nube" las retribuciones percibidas por los si transferidos fueron las correspondientes (entre comillas) a las que se debían recibir en la Administración Pública anterior, en tanto en cuanto se decidía si se aplicaba o no el reconocimiento del CPI (complemento personal de integración), de carácter transitorio, que, como ya hemos mencionado, la Ley (el legislador) establece para este tipo de casos y que por motivos disfrazados no fue aplicado para los empleados públicos transferidos-revertidos, Junta de Andalucía-Administración General del Estado- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Añadido el condimento político y sindical (o viceversa o ambos a la vez) os remitimos a nuestro post del 9 de noviembre de 2014: EL CPI. LO QUE EL OJO DE LA "JUSTICIA" NO VE.

Igualmente os remitimos a un post que por circunstancias no fue publicado y que puede leerse aquí

El oficio del Jurista consiste en determinar y decidir el derecho en lo justo o lo injusto. El derecho se puede resumir entonces, como la ciencia de lo justo y lo injusto. De ser ciertos los comentarios al respecto de la reclamación de cantidad de los empleados públicos NO transferidos y que jamás estuvieron "en la nube": Se trataría de un despropósito, por muy legal que el Tribunal en cuestión sentencie que lo sea.

Lo anterior nos puede dar a entender que la extensión de efectos de esa sentencia de reclamación de cantidad favorable para los NUNCA transferidos puede dar lugar a que cualquier empleado público de la Administración General del Estado, que perteneciese durante el periodo demandado a cualquier Departamento Ministerial u Organismo Público, reclame la misma cantidad por los mismos fundamentos de derecho que los NO transferidos del Guadalquivir. El proceso puede ser interminable. 

Los despropósitos y las arbitrariedades que vengan de los encargados de impartir justicia causan eso que se ha dado en llamar alarma social, aunque la alarma social dure poco porque los tribunales –en según qué casos- abandonan su indolencia y lentitud habitual y se apresuran a ejecutar sentencias legales, pero de muy dudosa justicia.