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viernes, 5 de enero de 2018

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR: FISCALIZACIÓN....EL TIEMPO NOS DIRÁ... MIENTRAS TANTO...LICITACIÓN...CONTRATACIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO EN EXPEDIENTES PATRIMONIALES...

La primera atribución del Pleno del Tribunal de Cuentas, según su ley de funcionamiento, es aprobar el programa de fiscalizaciones de cada año y elevarlo a la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

El programa anual de fiscalizaciones, que se enmarca en la planificación que el Tribunal realiza a medio y largo plazo, recoge, para cada ejercicio, las iniciativas fiscalizadoras del Tribunal de Cuentas, las fiscalizaciones que emanan de las Cortes Generales y, en su ámbito, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, y las que deban realizarse por mandato legal.

El programa se aprueba antes de que finalice el año anterior al que se refiera. Durante la vigencia del programa los miembros del Pleno podrán proponer la inclusión de nuevas actuaciones o la modificación, suspensión o supresión de las previstas.

Según establece la ley, el Tribunal de Cuentas hará constar en el resultado de la fiscalización cuantas infracciones, abusos o prácticas irregulares haya observado, con indicación de la responsabilidad en que, a su juicio, se hubiere incurrido y de las medidas para exigirla.

Asimismo, propondrá las medidas que haya que adoptar, en su caso, para la mejora de la gestión económico-financiera del sector público.

A 31 de diciembre de 2017 informamos sobre la inclusión en el programa anual de fiscalizaciones LOS CONTRATOS TRAMITADOS COMO DE EMERGENCIA Y DE URGENCIA POR LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, DURANTE LOS EJERCICIOS 2008 A 2017



Con fecha de hoy El Confidencial informa que


Curiosamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE 05/01/2018) nos encontramos tres anuncios de licitación:

1.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para la contratación del seguimiento y soporte técnico en la tramitación de los convenios regulados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y de las encomiendas de gestión y licitaciones reguladas por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. PDF (BOE-B-2018-564 - 2 págs. - 180 KB)
   
2.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para la contratación del seguimiento y soporte técnico en los procedimientos del Área Jurídica de la Secretaría General de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. PDF (BOE-B-2018-565 - 2 págs. - 179 KB)

3.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación del soporte técnico en expedientes Patrimoniales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, términos municipales varios, provincias varias. PDF (BOE-B-2018-563 - 2 págs. - 178 KB)

Incluimos, por ser de interés, los Pliegos de Prescripciones Técnicas de las anteriores licitaciones:




Todos ellos con la justificación habitual, véase el ejemplo “dada la escasez de medios humanos se estima necesario acudir a la contratación de medios externos para el seguimiento y asesoramiento en la tramitación y resolución de los distintos expedientes e impedir su acumulación”.

Destacamos el numerado como 3 por ser su autor quien gestionó muchos de los contratos tramitados que, según el Tribunal de Cuentas, serán fiscalizados por iniciativa de las Cortes Generales, haciendo constar en el resultado, si no se suspenden o se suprimen las actuaciones programadas, cuantas infracciones, abusos o prácticas irregulares se hayan observado, con indicación de la responsabilidad en que, a su juicio, se hubiere incurrido y de las medidas para exigirla. 

Mientras tanto, aquí queda escrito lo expuesto para conocimiento de aquellos que puedan haber incurrido en responsabilidad y de aquellos otros que lo permiten.

El tiempo nos dirá.... o ya nos dirá el Tribunal....

martes, 12 de diciembre de 2017

LOS RIESGOS PSICOSOCIALES PRINCIPAL FUENTE DE SINIESTRALIDAD LABORAL EN ESPAÑA. ACTUACIONES CONTRARIAS A LOS DERECHOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EL CALDO DE CULTIVO EN LA ADMINISTRACIÓN...

La Dirección General de Función Pública ha realizado la coordinación del Proyecto Europeo de Factores Psicosociales desarrollado en el seno del Comité del Dialogo Social Europeo que ha finalizado...después de 2 años y ...se cuenta que... nos presentará en breve la guía de gestión de riesgos psicosociales elaborada, que estará accesible para el personal de la Administración General del Estado.

Se ha estudiado la situación de los empleados públicos en la Unión Europea: Trastornos músculo-esqueléticos, envejecimiento poblacional (factor que puede acarrear un aumento de daños a la salud y la aparición de nuevas patologías), aumento de patologías relacionadas con factores psicosociales, problemas de salud originados por los nanomateriales, riesgos biológicos, procesos tecnológicos innovadores, riesgos derivados de las nuevas formas de organización del trabajo y cambio de las relaciones laborales, patologías no traumáticas (infartos, ictus…), y patologías de la voz.

Los riesgos psicosociales --categoría que engloba los traumas psíquicos, el estrés, el acoso moral o mobbing, el síndrome del quemado o las depresiones-- se han convertido en los últimos años en la principal fuente de siniestralidad laboral, tanto en España como en Europa, y todo apunta a que lo seguirán siendo en el futuro.

Es conocido que algunas formas de trabajo (trabajo a turnos o nocturno) entrañan más riesgo de trastornos psíquicos, psico-somáticos o de comportamiento. Pero otros van ligados a las fórmulas cada vez más flexibles de organización del trabajo, especialmente en materia de jornada laboral y a una gestión de recursos humanos más individualizada y orientada hacia un rendimiento obligatorio. La presión de tener que acabar el trabajo en un tiempo limitado; las relaciones jerárquicas; las responsabilidades adicionales; la falta de apoyo y valoración son, entre más, factores que aumentan el estrés en el trabajo.

Todo ello por no mencionar los cambios en la naturaleza de los riesgos producidos como consecuencia de una inadecuada dirección y organización de la Administración, que comprenden materias tales como el diseño de las tareas de los puestos de trabajo, la carrera profesional del trabajador (determinada en innumerables ocasiones de forma subjetiva y al libre albedrío del superior inmediato), el ámbito de decisión y control de cada uno de los puestos de trabajo, el rol desempeñado en el lugar de trabajo, la distribución de jornadas y horarios y, fundamentalmente, las relaciones del personal entre sí y con el entorno social.

La presencia de dichos factores puede dar lugar a que se manifieste una situación de estrés laboral y de ésta derivarse la producción de siniestros laborales. Incluso las agresiones verbales (violencia o amenaza de violencia, “acoso verbal” o psíquico) de los propios "compañeros", de los "jefes/jefazos/jefecillos", de los ciudadanos o usuarios, pueden ser factores desencadenantes de lesiones.

Son los Tribunales quienes, a golpe de sentencia, se están encargando de ir delineando progresivamente, y aún de una forma embrionaria, la dimensión jurídica tanto del acoso moral en el trabajo, como del resto de riesgos psicosociales, así como de identificar y adecuar los resortes legales vigentes y practicables --sustancial y procesalmente-- para dar respuesta a estas situaciones, pues, obviamente, la ausencia de una ordenación propia y privativa, tanto en la vertiente preventiva como en la reparadora, en modo alguno supone un completo vacío de regulación, ni la carencia de instrumentos eficaces para proteger a los trabajadores frente a estas nuevas contingencias profesionales.

Mencionamos un párrafo de importancia "prevenir y no curar" de una de las últimas Sentencias que condena a un Ayuntamiento a la indeminización correspondiente por los daños causados y su permisividad al respecto de los Riesgos Psicosociales:
En el ordenamiento interno el hecho de que los daños psíquicos no aparezcan contemplados en el listado de enfermedades profesionales hace que la jurisprudencia los trate como accidentes de trabajo cuando dan lugar a situaciones incapacitantes.

Las enfermedades se diferencian del accidente precisamente en que su manifestación no siempre será súbita y violenta (como es el caso de los accidentes en sentido estricto o de algunas enfermedades comunes --infartos, hemorragias cerebrales, etc.--) sino que, en ocasiones, su aparición no responderá a un momento concreto y no derivará de un acto violento con manifestación externa.

Es más, junto a los agentes físicos, químicos, biológicos o mecánicos que pueden objetivarse y evaluarse y a los que cabría calificar de “visibles”, cobran importancia día a día, por su influencia en la salud integral de la persona, cuantos han venido a denominarse “invisibles”, por estar vinculados a elementos como el estrés, la carga mental, el ambiente laboral nocivo o el deterioro del propio edificio en el que se desarrolla el trabajo.

El hostigamiento psicológico laboral puede encontrar vías de ataque apropiadas contra la víctima: no asignándole función alguna, o tareas sin sentido, cuestionando permanentemente sus decisiones sobre cómo y cúando actuar o juzgando su desempeño como insuficiente de manera ofensiva.

No cabe olvidar cómo los centros en los cuales el empresario ejerce de forma abusiva sus facultades directivas, tomando decisiones que constantemente pueden afectar a las funciones o tareas encomendadas a los trabajadores o a otros aspectos organizativos de la relación laboral (en una especie de “tiranía”) constituyen un importante caldo de cultivo para la aparición de un claro malestar. Aun cuando estas decisiones pueden estar fundamentadas en los márgenes de actuación del poder directivo y, por ello, formarían parte del ejercicio cotidiano del ius variandi (facultad de modificar las formas y modalidades del trabajo) lo cierto es que si las mismas no se producen dentro de un marco reglado, pueden llegar a ser arbitrarias o caprichosas, provocando el sometimiento de uno o varios empleados a cambios continuos de puesto de trabajo, la asignación permanente de tareas adicionales o una distribución arbitraria de las mismas, pudiendo estas últimas actuaciones, dañar al resto.

Comportamientos de este tipo pueden concebirse como actuaciones desviadas del fin institucional y contrarias a los derechos de los trabajadores, repercutiendo negativamente en su bienestar emocional.

Conectada también con un ejercicio abusivo de las facultades directivas, aunque con matices propios, no es infrecuente la existencia de una serie de prácticas empresariales de carácter despótico en las cuales la productividad constituye un fin en sí mismo con abstracción de los medios para alcanzarla. Son prácticas consistentes en el sometimiento de los empleados (a todos o a gran parte de ellos) a una presión constante (sobrecarga laboral, miedos, amenazas, fomento de la competitividad encarnizada, supervisión del trabajo mediante vigilancia electrónica permanente --stalking--...) como medio para incrementar su dedicación y rendimiento. Estos métodos, anclados en una concepción desconocedora del valor del capital humano, convierten el ambiente de trabajo en un espacio hostil y deshumanizado capaz de generar patologías sociolaborales asociadas al estrés.


Si importante es prestar atención a la protección de la salud de los trabajadores, lo es también erradicar conductas desviadas que tiendan a la confusión o al abuso. Muchos de estos "abusadores" se niegan a abandonar el "sillón", incluso a muchos de ellos la autoridad competente, pese a conocer sus arbitrariedades y alegalidades, les permite seguir "apoltronados en su sillón". Ya sabemos que el ser humano muestra caras muy diferentes y, a veces, la búsqueda de beneficios personales se hace con tal profusión que flaco favor hacen a quienes verdaderamente precisan de ayuda. Por ello mismo, el papel del juzgador se erige relevante para evitar la fácil inclinación de la balanza cuando se trate de dilucidar conflictos entre trabajadores de abajo y trabajadores de arriba.

Y es que en la actualidad se dispone de numerosas evidencias científicas que confirman que la exposición a los factores de riesgo psicosocial afectan a la salud. A corto plazo a través de lo que denominamos situaciones estresantes, que incluyen diversos aspectos de la salud física, mental y social. A largo plazo esta exposición puede provocar alteraciones cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, endocrinas, musculoesqueléticas y de la salud mental.

¿Te sientes identificado? A C T U A...

Tan importante es prestar atención a estos riesgos psicosociales que la misma Unión Europea viene considerando esta actuación prioritaria en sus estrategias sobre seguridad y salud laboral....y España que lo vea...


jueves, 9 de noviembre de 2017

ABSUELTOS LOS TRES EX ALTOS CARGOS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR DE LOS DELITOS DE PREVARICACIÓN Y CONTRA EL MEDIO AMBIENTE... ¿PATENTE DE CORSO PARA JUSTIFICAR LOS VERTIDOS ILEGALES?...

La Sección Segunda de la Audiencia de Granada ha absuelto a los tres ex altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) de los delitos de prevaricación y contra el medio ambiente por los que fueron juzgados a finales de septiembre por los vertidos ilegales de aguas fecales de la prisión de Albolote (Granada) a raíz de la denuncia de un particular que alegaba que, desde finales de los años noventa, estos vertidos habían causado “graves y reiterados daños” en una finca de su propiedad, el Cortijo Las Torres, donde se encuentra el cauce del arroyo Juncal. La Fiscalía solicitó la libre absolución.

Acceso a mapa
Los Organismos de cuenca, en las concesiones y autorizaciones que otorguen, adoptarán las medidas necesarias para hacer compatible el aprovechamiento con el respeto del medio ambiente y garantizar los caudales ecológicos o demandas ambientales previstas en la planificación hidrológica, como está estipulado en la legislación de Aguas.

En el supuesto de que el Organismo de cuenca compruebe la existencia de un vertido autorizado que incumple el condicionado HYPERLINK "http://www.magrama.gob.es/es/agua/publicaciones/Manual_para_la_gestion_de_vertidos_tcm7-28966.pdf"de su autorización, las actuaciones básicas que debe realizar el organismo de cuenca son similares a las correspondientes en caso de vertido no autorizado.

Cuando se produce un incumplimiento de las condiciones de la autorización y el titular no atiende el requerimiento para cumplirlas el Organismo de cuenca debe iniciar las actuaciones tendentes al cese del vertido. Estas actuaciones incluyen iniciar el procedimiento de revocación de la autorización de vertido. En este procedimiento el Organismo de cuenca debe realizar una propuesta motivada de resolución revocando la autorización de vertido, que debe ser sometida a informe del Consejo del Agua. El informe del Consejo es preceptivo pero no vinculante.

Si bien el procedimiento de autorización de vertidos indirectos a aguas superficiales incumbe el órgano autonómico o local competente, en el caso de que estos vertidos conlleven una especial incidencia para la calidad del medio receptor han de ser informados favorablemente por la Confederación Hidrográfica previamente al otorgamiento de la preceptiva autorización.

Dice la Audiencia de Granada en su sentencia que tras la remodelación de la depuradora de la prisión de Albolote, la CHG verificó a través de análisis que los vertidos se adaptaban a lo que estipula la normativa y se acabó por dictar resolución favorable para la actualización de la autorización de vertido. La sentencia agrega que tras la denuncia de la dueña del cortijo afectado, el personal de la CHG realizó diversas inspecciones y los resultados de los análisis fueron normales.


Una vez realizado el informe por la Confederación Hidrográfica en cuestión, siendo este desfavorable se procederá en su caso a la revocación de la autorización de vertido, sin derecho a indemnización y se deberá emitir un informe para que el Gobierno suspenda definitivamente la actividad generadora del vertido o bien en caso de considerarlo más oportuno requiera al Organismo de cuenca para que adopte las medidas necesarias para la corrección del vertido, que serán repercutidas al titular.

El titular de la actividad es la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. (SIEP) que depende del Ministerio de Hacienda y del Ministerio del Interior y fue creada en el año 1992, tiene como accionista único al Estado Español.

La Audiencia no considera acreditado que los vertidos causasen o pudieran causar "alteraciones significativas" en las aguas superficiales o subterráneas, los suelos, los animales o las plantas que hay en el cauce o en la ribera del arroyo.

Recordamos el informe del Instituto de Medicina Legal de Valencia que, tras analizar las muestras tomadas por el Seprona (Servicio de Protección a la Naturaleza), concluye que los vertidos de aguas fecales de la prisión de Albolote "suponen un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas y una pérdida ostensible de suelo de cultivo y de frutales". 

Pese a ello la Audiencia de Granada dice que "no se ha acreditado debidamente" que los vertidos del Centro Penitenciario de Albolote al barranco del arroyo Juncal, que fueron autorizados por parte del órgano competente, fuesen contaminantes.

El Tribunal hace constar que este cauce es, en realidad, "una corriente discontinua de aguas procedentes de las lluvias caídas en los alrededores del paraje en el que está situado, afluyendo al río Colomera, cuyas aguas están consideradas de baja calidad y aptas sólo para el riego". 


Nos viene a la memoria aquello sobre que los Organismos de Cuenca tienen entre otras responsabilidades el control de los vertidos que se efectúan de forma directa a los ríos, a cauces naturales, aunque no circule el agua todo el año, y a las aguas subterráneas.

Las Confederaciones Hidrográficas otorgan las autorizaciones de vertido en el ámbito de sus competencias, en las que se establecen una serie de condiciones bajo las cuales se puede realizar el vertido autorizado.

Una vez autorizado un vertido, la Confederación tiene la responsabilidad de vigilarlo, de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas. Para ello se toman muestras de los vertidos para su análisis, así como medidas de caudal vertido. La frecuencia con la que se realizan los análisis depende de la magnitud del vertido, de su peligrosidad y de la sensibilidad del río o acuífero al que vierten. El incumplimiento de las condiciones de vertido conlleva sanción administrativa.

Desde un punto de vista gramatical «vertido» es el resultado de la acción verter y según el Diccionario de la Real Academia consiste en «derramar o vaciar líquidos o cosas menudas».

Aplicando esta noción al ámbito medioambiental, el Diccionario de la Naturaleza (Espasa Calpe, 1993) considera vertido la «descarga de residuos al medio», siendo el residuo «cualquier material o forma de energía descargados al medio ambiente por el hombre y susceptibles de producir contaminación ».

La contaminación que sanciona el tipo penal no es solamente la producida por residuos tóxicos, pues también puede producirse por cualquier otra sustancia que a través de cualquiera de las formas recogidas en el precepto suponga un peligro para el equilibrio del sistema natural (STS 24 de septiembre de 2002).

Durante el juicio, los tres ex altos cargos defendieron su gestión respecto a estos vertidos y descartaron que hubiera en ellos componentes tóxicos que provocaran graves daños al medio ambiente, relatando que el asunto fue tramitado como “uno más” de carácter leve, defendiendo su forma de proceder y haciendo hincapié en que la CHG no tiene capacidad para decretar el cese de la actividad que genera los vertidos, lo cual compete al Gobierno.
 

Alegación habitual la que invoca el consentimiento tácito de la Administración como argumento defensivo para cuestionar la falta de gravedad del vertido o, incluso, la irrelevancia penal de la conducta.

Entendemos una cierta tolerancia de la Administración motivada, quizá, por las consecuencias laborales y sociales que se derivarían de la paralización o cierre de la actividad contaminante, lo que lleva a la falta de acción administrativa.

Pero esta situación no puede ser suficiente para que opere una auténtica despenalización de la conducta por vía de hecho. Así lo ha recogido expresamente la jurisprudencia en un supuesto en que se venía realizando de forma continuada a lo largo de más de cinco años unos vertidos de aguas residuales procedentes de una industria en aguas terrestres. Tales vertidos contravinieron siempre las Leyes y Reglamentos protectores del medio ambiente, teniendo un claro carácter ilegal y contaminante.

Como consecuencia del vertido no sólo se creó la posibilidad de un grave perjuicio para las condiciones de la vida animal sino que se destruyó totalmente la fauna que habitaba dichas aguas antes de su contaminación.

Los vertidos del Centro Penitenciario de Albolote al Arroyo Juncal llevan produciéndose desde 1997. 

Las infraestructuras de depuración de aguas residuales se realizan para que los vertidos que se efectúen al medio natural se encuentren dentro de los parámetros admisibles.

La tolerancia administrativa a posteriori puede entrañar conductas no solamente criticables, desde el punto de vista medioambiental, sino abrir puertas a la arbitrariedad, lo que podemos asimilar a una  patente de corso para justificar los vertidos ilegales.

Nuestros cauces son utilizados en muchas ocasiones como cloacas y vertederos. Los Organismos de cuenca tienen entre otras responsabilidades el control de los vertidos que se efectúan de forma directa a los cauces naturales aunque no circule el agua por ellos todo el año.


jueves, 12 de octubre de 2017

SEGUNDA SENTENCIA: JAQUE MATE.- SE DEJA SIN EFECTO EL CAMBIO DE FUNCIONES EFECTUADO UNILATERALMENTE POR LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, DEBIENDO REPONER AL EMPLEADO PÚBLICO A SUS ANTERIORES CONDICIONES DE TRABAJO.

El día 28 de junio de 2016 por medio de un papel sujeto en el parabrisas de un vehículo se comunicaba a un empleado público que a partir del día siguiente no podía coger ningún coche de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

Tras esta “curiosa” forma de notificación y tras algún que otro traspiés dado por los "comunicantes", el 15 de febrero de 2017 la Secretaría General de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir notifica al empleado público mediante oficio que “el trabajador con puesto técnico superior de gestión y servicios comunes debe dejar sus funciones actuales como conductor e incorporarse al taller para realizar exclusivamente tareas de mantenimiento, conservación, limpieza y pequeñas reparaciones de vehículos”. 

El empleado público interpuso varias demandas contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para defender sus derechos vulnerados.

Hoy informamos sobre la segunda de las demandas interpuestas, concretamente la de fecha de 7 de marzo de 2017, específicamente por ser el empleado público apartado de las funciones propias de su categoría profesional.

Los preceptos del derecho son estos: vivir honestamente, no dañar a otros, dar a cada uno lo suyo.

Vivir honestamente significa, en el caso, actuar de acuerdo con las normas morales que se incorporan al orden jurídico; no dañar a otros constituye una de las bases fundamentales de los derechos civil y penal; y dar a cada uno lo suyo es lo que exige la justicia como finalidad suprema del derecho.

En el Derecho Romano se define la justicia como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Definición que implica no solo la actividad intelectual de declarar el derecho, sino también la material que permita su realización, desplegando toda actividad que sea necesaria para remover los obstáculos que la impidan. Voluntad que supone el reconocimiento de lo que se estima justo y bueno “aequum et bonum”. Principio el de la Justicia que la Constitución, en su artículo 1.1 proclama como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico.

Los jueces son los responsables de juzgar las disputas legales entre dos personas o litigantes. En el desarrollo de un juicio, las partes enfrentadas (demandante y demandado) exponen sus argumentos mediante sus correspondientes abogados. Mientras, el juez va conociendo a fondo los hechos. Finalmente, el juez o un tribunal cualificado deberá emitir una sentencia, una resolución final a favor o en contra de una de las dos partes. Esta resolución final es la sentencia. En ella, se presentan una serie de razonamientos legales. En la conclusión final (parte resolutiva) el juez emite un fallo.  Así, la sentencia firme es definitiva. El fallo es inapelable y debe aplicarse tal y como ha concretado el juez en su resolución.


Esta Sentencia es firme y no cabe interponer recurso: Jaque Mate

La ejecución de las sentencias, en sus propios términos, es un principio capital y esencial de todo sistema judicial, ya que la ejecución de las sentencias forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva – artículo 24.1 de la Constitución – y ha de ser considerada igualmente como parte integrante del proceso en el sentido del artículo 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento.

Es evidente, en este sentido, y clara, la voluntad del legislador de reforzar las potestades de los Jueces y Tribunales para lograr el cumplimiento de las sentencias, y hacerlo en plazos razonables, satisfaciendo así la tutela judicial efectiva de los recurrentes. De lo contrario, esto es, si las Administraciones Públicas no cumplen las sentencias, éstas se habrán de ejecutar de manera forzosa por los Jueces y Tribunales, que habrán de adoptar, y adoptarán, las medidas necesarias para remover cuantos obstáculos se opongan a la ejecución de la sentencia. 

En consecuencia, el contenido jurisdiccional no se acaba con la función de juzgar, sino que comprende, también, la potestad de hacer ejecutar lo juzgado. Es, por tanto, un derecho de los ciudadanos el que la ejecución de la sentencia lo sea en sus propios términos.

“Que, firme una sentencia e investida de la autoridad de la cosa juzgada, pueda un órgano político o administrativo impedir que se produzcan sus efectos normales pugna con los más elementales principios de un Estado de Derecho. No es concebible que las decisiones de los Tribunales queden a merced de la voluntad de políticos y funcionarios, que los pronunciamientos de los Tribunales puedan no llegar a cumplirse porque así lo decida el titular de un órgano no jurisdiccional. Lo que los jueces han sentenciado es el Derecho, la Justicia, el Ordenamiento jurídico aplicado a un caso concreto. Frente al Derecho ninguna razón puede oponerse válidamente”.

La Sentencia es clara y determinante: 

"La labor de conducción y la de mantenimiento es distinta. 

Cuando dentro de la conducción se incluye mantenimiento, conservación, limpieza y pequeñas reparaciones de vehículos, se está pensando en actividades accesorias a la principal que es la conducción, que de manera ocasional puede requerir efectivamente un mínimo mantenimiento o limpieza. 

En el taller lo que se plantea al trabajador es que básicamente realice mantenimiento de vehículos, y eso es algo distinto que se incluye en el área funcional 2 (mantenimiento de automóviles). 

El mantenimiento de automóviles se contiene así en dos áreas funcionales distintas, la diferencia está en que en un caso se trata de conductores de manera accesoria realizan ese mantenimiento, y en el otro de lo que sería propiamente un mecánico, que no conduce sino que sólo hace tareas de mantenimiento. 

La modificación operada por tanto en las funciones del trabajador ha de apreciarse como sustancial, pues se superan los límites que para la movilidad funcional contempla el art. 39 ET."

Así las cosas, el fallo es inapelable y debe aplicarse tal y como ha concretado el juez en su resolución..... 

Pero he aquí que... “Una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja”, un serio problema para el empleado público afectado. 


A nuestro juicio, este es el punto más importante, cuando nos encontramos ante lo que podría ser una ejecución fraudulenta. 

Es decir, aquel supuesto en que la Administración procede formalmente a la ejecución de la sentencia dictada, mediante los pronunciamientos, actos o actuaciones para ello necesarios, pero, sin embargo, el resultado obtenido no conduce justamente a la finalidad establecida por la propia Ley; como consecuencia, lo que ocurre es que con la actuación administrativa, en realidad, no se alcanza a cumplir la sentencia en la forma y términos que en ésta se consignan, para conseguir llevarla a puro y debido efecto. Se asimila la concurrencia de este elemento subjetivo a un supuesto de desviación de poder. En este caso se debe exigir la responsabilidad penal por desobediencia.

Esperamos y deseamos que nuestro compañero recupere "en todas sus formas y términos" el derecho a ser repuesto en el desempeño pleno de las funciones propias de su categoría profesional y no se vulnere nuevamente su derecho a la "efectiva ocupación" de sus anteriores condiciones de trabajo.