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sábado, 17 de septiembre de 2016

IMPOSICIÓN IRRECHAZABLE A LOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS LABORALES: EL CASO EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.

Para forjar el compromiso con la prevención de riesgos laborales se debe responder claramente a esta pregunta: «¿Estamos comprometidos con la prevención?»

Lo normal es contestar: «Por supuesto»

Aunque no viene mal repreguntar: «¿Por supuesto que sí o por supuesto que no?»
 
Hace casi tres años, el 15 de noviembre de 2013, publicamos un post sobre los “reconocimientos médicos obligatorios”, que se puede volver a leer aquí.

En el mes de julio de este año en la reunión de la Subcomisión Delegada de la CIVEA en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se trato el asunto del que hoy volvemos a hablar.

Hace pocos días la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha citado nominativamente a sus empleados públicos al reconocimiento médico con un……deberá asistir al reconocimiento médico periódico…..en función de los riesgos a los que está expuesto en su puesto de trabajo, con el fin de valorar su aptitud para el mismo…

La citación no informa sobre las pruebas y analíticas a realizar, ni pide conformidad al empleado público, siendo obvio que de la expresión “deberá asistir” se deduce la "obligación" a la asistencia al reconocimiento médico cuando ninguna norma prevé expresamente su necesidad.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por medio de lo que parecen ser unos protocolos internos, establece supuestos de obligatoriedad distintos de los contemplados legalmente.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en vez de llevar a cabo las medidas necesarias para evitar o controlar la exposición a los riesgos a los que están expuestos los trabajadores con evaluaciones de riesgos "reales" utiliza los reconocimientos médicos periódicos como sustitutivo de las mismas, además de como un medio fiscalizador de las aptitudes laborales y de presunta discriminación y/o acoso discriminatorio a aquellos que no están de acuerdo con la alegal imposición.

El tema es de suma importancia por lo que la representación laboral sigue solicitando información al respecto.

La obligatoriedad de los reconocimientos médicos es una imposición rechazable, ya que de no serlo se pone en cuestión el sentido y filosofía de la vigilancia de la salud, que con la obligatoriedad deja de ser un derecho y una herramienta preventiva. 

La Directiva Marco 89/391/CEE, de donde emana el fondo y la forma de la normativa, en todo momento trata de reconocimientos médicos voluntarios como parte del deber de garantía de la salud del empleador con sus trabajadores.

El Tribunal Constitucional en su comentadísima sentencia 196/2004 de 15 de noviembre («STC 196/04») - criticada por excesivamente tuitiva por parte de la doctrina y alabada por su claridad y contundencia por otra -, da el valor que se merece la voluntad del trabajador, anteponiéndola a otras consideraciones y por encima de la utilización de los reconocimientos como medio para valorar las condiciones de trabajo.  
De tal manera, queda protegida la libertad a disponer sobre la propia salud, en una construcción plenamente coherente con la configuración otorgada a los reconocimientos médicos, concebidos como un derecho subjetivo para los trabajadores. 

Resulta menester, en definitiva, destacar cómo la regulación de la vigilancia de la salud en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales descansa en un principio vertebral: la voluntariedad del reconocimiento médico como regla general.

En la  Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se utiliza el reconocimiento médico como medio para valorar las condiciones de trabajo...con el fin de valorar su aptitud para el mismo…contraviniendo la «Sentencia del Tribunal Constitucional».

La decisión empresarial para "obligar al reconocimiento médico" debe ser justificada y razonada, exigiendo la valoración de cada caso concreto y su subsunción en alguno de los supuestos legales que permiten alterar el principio general de voluntariedad. La alteración de este principio requiere un juicio de proporcionalidad, de necesidad y de idoneidad. En este proceso valorativo debe ponderarse la inexistencia de medios alternativos de menor impacto, la indispensabilidad de las pruebas, su capacidad para conseguir el objetivo preventivo y la presencia de un interés prevalente del grupo social o de la colectividad laboral. Sólo si concurren estas notas, cabría excepcionar legítimamente el principio de voluntariedad.

Aclaración 1: El carácter de excepcionalidad exige que se aplique por circunstancias individuales de los empleados y no por el mero desempeño del puesto. Es decir, que el peligro no puede alegarse en abstracto o como hipótesis para cualquier trabajador, sino referido singularmente al empleado que presenta indicios, síntomas, conductas... que justifican la concreción del peligro. Para el resto de casos, la adopción de medidas preventivas debe ser suficiente para controlar los peligros, sin que se revele como imprescindible el que sean examinados por un sanitario.

Aclaración 2: La excepción de suponer un peligro para si mismo o terceros, se debe entender que es el peligro el que debe predicarse de forma individual (fulanito de tal) y no colectiva (por la mera pertenencia a un puesto de trabajo). Si se utilizan las excepciones para anticipar sanitariamente cualquier peligro potencial, el examen de salud se convertiría en universal, por cuanto, incluso en puestos de trabajo con riesgos de poca entidad, pueden darse comportamientos inesperados, autolesivos o dañinos para terceros.

Las excepciones al carácter voluntario contempladas en la legislación vigente no se han llevado a cabo en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de manera justificada y razonada, previo informe de los representantes de los trabajadores ni para cada caso en concreto, utilizándose de forma abusiva y generalizando las excepciones.

Es un hecho que la  Administración carece  de  competencia  para  efectuar  interpretaciones vinculantes de las normas laborales, competencia ésta atribuida en exclusiva a los órganos jurisdiccionales del orden social.

Insistimos: 'La vigilancia de la salud no es sinónimo de reconocimiento médico”. Una cultura de la prevención en la empresa debe basarse en una voluntad de saber, de querer y de querer saber, bajo un “liderazgo” que sabe que sabe. Aquí se pone en duda que los que dicen "saber" ciertamente saben.

La vigilancia de la salud es un conjunto de actuaciones sanitarias y técnicas, referidas tanto a individuos como a colectividades, realizadas con el fin de conocer el estado de salud, para aplicar dicho conocimiento a la prevención de riesgos en el trabajo. El concepto "salud de los trabajadores" está definido por la Organización Mundial de la Salud como estado de bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad.

En otras palabras, sólo si se observan necesidades objetivas en el caso concreto, será legalmente exigible el reconocimiento médico, que en ningún caso podrá ser indiscriminado ni tendente a evaluar las capacidades psicofísicas de los candidatos con un propósito de selección de personal más allá de la protección de su salud. 

El derecho al reconocimiento médico en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se ha convertido en una imposición irrechazable que conlleva una "presunta discriminación y un presunto acoso discriminatorio". 

La discriminación constituye un flagelo que puede afectar a la persona en cualquiera de los ámbitos en que ella se desempeña y son numerosas y dolorosas las implicancias y consecuencias personales, económicas, sociales y morales que acarrea.

Seguimos pagando las consecuencias de la desigualdad de trato, con actos discriminatorios y conductas de acoso discriminatorio sin que nadie ponga remedio.

jueves, 25 de agosto de 2016

LA FILOSOFÍA DE THELEMA Y PECADOS CAPITALES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.

Para mantenernos al margen y no caer en las veleidades de las políticas callejeras, hemos dedicado las horas de asueto y relax a la lectura.    

Tras reflexionar sobre todo lo leído en este periodo de tiempo, continuamos nuestra andadura siguiendo algunos de los preceptos que William Shakespeare escribió en su tragedia Hamlet:

No publiques con facilidad lo que pienses, ni ejecutes cosa no bien premeditada primero. Presta oído a los demás, pero reserva tu propia opinión.

Hace algunos meses llegó a nuestras manos el libro "Los diez pecados capitales de los empleados públicos". Se trata de un ensayo en el que se deja al desnudo el mundo burocrático. De una manera totalmente libre y personal en él se pone al descubierto el día a día de los empleados públicos y la gestión de asuntos públicos, expedientes y despachos. 

Los autores se adentran en el ámbito de los que responden a apetitos materiales (avaricia, lujuria, gula), de los que reflejan el poderío psicológico de quienes ocupan cargos o puestos públicos (soberbia, ira) o los que son propios del humano hedonismo (pereza) y se incorporan, por extensión a estos tiempos que corren, tres nuevos pecados: la frivolidad, la intransigencia y el oportunismo.

Hemos encontrado en tan agradable lectura similitudes por doquier con lo que se cuece o no se cuece en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

También hemos comparado las cocinas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con la filosofía de Thelema, filosofía basada en la máxima «haz tu voluntad: será toda la ley», nosotros diremos, "esto es lo que hay".

Cada capítulo del libro "Los diez pecados capitales de los empleados públicos" (destacamos en cursiva y en color rojo frases del libro) nos ha llevado a ponerle nombre y cara a quienes no están libres de culpa, hayan sido o no juzgados por los Tribunales de Justicia.

Prestando oído a los demás, informamos que la prensa publicaba hace días que La Unión Europea ha puesto su punto de mira en la contratación pública española. La Comisión Europea entiende que España “destaca” en Europa como uno de los países en los que hay más opacidad en la licitación pública, ya que en un porcentaje muy elevado las distintas administraciones públicas prefieren utilizar la adjudicación directa o procedimientos negociados antes que acudir a los medios convencionales, por eso ha exigido al Gobierno español -cuando lo haya- que haga más transparentes los sistemas de contratación pública, toda vez que considera “insuficientes” los actuales mecanismos de control, tanto los que tienen carácter previo como los posteriores a la adjudicación.

Diez pecados capitales, no se está libre de culpa, sobra decir que quedó para otros tiempos el informe a solicitar al Tribunal de Cuentas sobre la gestión de los "dineros" públicos en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

No están libres de culpa, ¡no!, diez pecados capitales. Ninguna novedad sobre los cuatro imputados, perdón, investigados, y su responsabilidad en los vertidos contaminantes de las aguas residuales del Centro Penitenciario de Albolote, en Granada, que llegaron a “originar un daño en la calidad del agua del conocido como arroyo Juncal determinante de un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales”.

Las intrigas gozan de buena salud en los muros administrativos… de esta nuestra Confederación…las intrigas son, en esta casa, como las telarañas en las bodegas, las hay en todos los rincones, se tejen sin cesar….

El favor, la influencia y el crédito, que son como formas o reflejos del poder, se distribuyen entre una serie de cabezas encumbradas alrededor de las cuales se forman….las camarillas que son otro tanto de intrigas y cábalas….Las vemos ora dividirse, ora reunirse, según los intereses de cada momento…

En una jerarquía todo empleado tiende a ascender hasta alcanzar su nivel de incompetencia…Todos conocemos al trepa, pelotas o buscavidas…a veces para trepar es necesario que otro caiga…

Relacionando partes del ensayo con la filosofía de Thelema: Unos jefes disponen de “licencia para hostigar”; otros jefes convierten lo voluntario en obligatorio por obra de birlibirloque, en definitiva unos y otros «hacen su voluntad que es toda la ley»

Ser jefe no es sólo para mandar, sino para velar por el buen funcionamiento del servicio y respeto del personal a su cargo. Mal jefe es el que se presta a dividir el personal según sus filias y sus fobias. Un buen jefe no consiente lo indebido…

Lo indebido. Por el poco caudal que baja por el río Guadalbullón (Jaén) y las múltiples incidencias que se dan en cada turno de riego, para "salvar el expediente" en este año se decidió que las incidencias serían resueltas por el SEPRONA quién controlará los turnos y tramitará ante el Organismo de Cuenca la correspondiente denuncia a los que los incumplan. El Servicio de Guardería Fluvial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Jaén queda relegado de la función de control y denuncia que llevaba a cabo hasta ahora ante las exigencias e intrigas de jefe y camarilla. Jefe y camarilla que son otro tanto de intrigas y cábalas….Los vemos ora dividirse, ora reunirse, según los intereses de cada momento…

Y aún hay más….diez pecados capitales, quienes deben, por mandato de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tener dedicación exclusiva en sus tareas preventivas, en este caso uno que debe dedicarse exclusivamente a prevenir riesgos laborales es el enlace entre regantes, SEPRONA y Guardería Fluvial, para este "salvar el expediente" y otros menesteres que nada tienen que ver con su puesto en la RPT. Y eso pasa allí en Jaén, como en las otras provincias que conforman la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. En una jerarquía todo empleado tiende a ascender hasta alcanzar su nivel de incompetencia…

Sabemos que no quedan tierras por descubrir y que el juego sucio no es monopolio del deporte. Sabemos que los que están en la cúspide de la pirámide consienten lo indebido…
 
Novedades, haberlas haylas…nos avisan a diario…dice la canción ¡¡Hay que ver, hay que ver, ayer le llamaban Pepito y hoy le llaman Don José….!!

Si vuestros ojos y oídos están desocupados y continuais con la costumbre de vuestros antepasados, ahora ya sólo os queda una cosa por hacer, y ésta no es precisamente aplaudir, porque la comedia aún no ha terminado.

¡Salud al mejor de los públicos que tiene en tan alta estima la Ética y la Buena Fé!

sábado, 9 de julio de 2016

LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE OCA EN OCA Y TIRO PORQUE ME TOCA Y EL EFECTO ESPECTADOR EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.

La siniestralidad laboral se combate desde perspectivas muy diversas.

En primer lugar, mediante la promoción pública (política, si se quiere) de la seguridad y la salud como parte de la gestión empresarial y no como un simple gasto añadido;

En segundo término, a través de una normativa de base que establezca los mecanismos de una adecuada planificación de la actividad preventiva, en general, y en cada sector de actividad, en particular;

En tercer término, mediante la creación de herramientas que vigilen de modo eficaz el cumplimiento de las obligaciones normativas sobre seguridad y salud y permitan una investigación eficaz de las causas que han convergido en la producción de un accidente o en un menoscabo del estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.  

Por último, mediante la construcción de normas que recojan un adecuado régimen de infracciones y sanciones aplicable frente a los incumplimientos más graves.

A la Inspección de Trabajo le compete de forma específica el control y vigilancia del cumplimiento de la normativa en el orden social. Esta normativa es muy amplia y comprende, entre otras materias, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Toda persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran constituir infracciones en materia de seguridad y salud laboral puede presentar denuncia -no sólo quienes estuvieran directamente afectados por las supuestas infracciones-. Igualmente pueden solicitar al inspector información técnica con ocasión de la actuación inspectora.  

Con respecto a este último párrafo recordamos que en el mes de agosto del año 2015, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir anunció la licitación del Pliego CU(SG)-5140 para la contratación de servicios de prevención ajeno, que venga a cubrir las necesidades que tiene dicho Organismo en materia de prevención de riesgos laborales.


Materias que están cubiertas mediante la constitución del Servicio de Prevención Propio con asunción de las cuatro especialidades, al declarar la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir disponer de los medios humanos y materiales necesarios para ello.

El encargo profesional de estas funciones (como así consta en los documentos contractuales del Pliego adjudicado -Pliego Cláusulas Administrativas y Pliego Prescripciones Técnicas) implica un ilegítimo sacrificio de auténticas potestades públicas, donde las labores de la Administración pública pasan a una empresa privada, con lo que las labores de los empleados públicos que forman parte del Servicio de Prevención Propio pasan a ser ejercidas por personal que no pertenece a la Administración.

Para el cumplimiento de las obligaciones normativas sobre seguridad y salud sirve, no sólo la Inspección de Trabajo, sino también el conjunto de herramientas y protocolos creados al efecto por las diversas Administraciones Públicas, incluidas la Fiscalía, el Poder Judicial y los Ministerios de Trabajo e Interior.

Por ello el Pliego CU(SG)-5140 para la contratación de servicios de prevención ajeno, fue denunciado ante la Inspección de Trabajo de Granada, Córdoba, Sevilla y Jaén. 

Pese al requerimiento realizado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la Inspección de Granada, el 1 de febrero de 2016 el Pliego CU(SG)-5140 fue adjudicado a PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U., formalizándose el contrato el 17 de marzo de 2016.

Sin embargo el 18 de abril de 2016, la Inspección de Trabajo de Jaén emite un "sorprendente" informe sobre este asunto en el que el Inspector actuante entiende que en esa fecha el pliego se encuentra en “fase de redacción y proyecto” por lo que no proceden actuaciones complementarias y que en caso de aparecer nuevos datos pueden aportarse a través de la correspondiente denuncia. Se desconocen los motivos sobre el porqué no se ejerció ese derecho por quienes presentaron en Jaén la denuncia inicial que dió lugar a ese peculiar informe.

La legislación estipula que la Inspección de Trabajo también realiza funciones de asistencia técnica en materias sobre el cumplimiento de las obligaciones normativas sobre seguridad y salud, que efectuará de conformidad con los principios del Estado Social y Democrático de Derecho que consagra la Constitución Española, y con los Convenios números 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo.

La disparidad de criterios sobre un mismo asunto, incluido el desconocimiento sobre lo que es un Pliego de Servicios, en especial la frase del Inspector actuante en la provincia de Jaén -con fecha 18 de abril el pliego se encuentra en “fase de redacción y proyecto”- ha llevado a los representantes de los empleados públicos a solicitar a la Inspección de Trabajo de Córdoba el asesoramiento técnico necesario puesto que la norma establece que:

Los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social servirán con objetividad los intereses generales y actuarán de acuerdo con los principios constitucionales de eficacia y jerarquía, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, y con sujeción a los criterios técnicos y directrices comunes establecidos por las autoridades competentes.

Los Inspectores actuantes no podrán tener interés directo ni indirecto en empresas o grupos de empresas objeto de su actuación, ni asesorar o defender a título privado a personas físicas o jurídicas con actividades susceptibles de la acción inspectora; incluso que se abstendrán en todo asunto en que concurra interés para la asociación o sindicato de su afiliación.

La Inspección de Trabajo, en el caso que nos ocupa va de oca en oca y su labor de vigilancia de la normativa queda en duda.

Puede ser por aquello que en ocasiones escriben los Inspectores actuantes en sus informes....."cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen y no se deriven perjuicios directos a los trabajadores"...


Resultando que se deja en manos externas la seguridad y salud de los empleados públicos que debe asumir el Servicio de Prevención Propio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir -propio y con las cuatro especialidades porque así ha sido declarado-, considerando que se vulneran los derechos de los empleados públicos: en cuanto a la vigilancia de la salud -que no se cumple con un mero reconocimiento médico-; en cuanto a la formación práctica y teórica suficiente y adecuada al puesto de trabajo –que no se imparte en esas estipulaciones, obligándose al empleado público a firmar el correspondiente “recibí” sin "recibir"-; en cuanto a situaciones de emergencia que en su caso deben ser resueltas del todo "incoherente" por un solo empleado público –pues no hay medios humanos suficientes y necesarios, ni se exige su necesidad ante planes de autoprotección y medidas de emergencia-; en cuanto .....al miedo generado por ser apartados del servicio si no se cumplen las normas ilegítimamente impuestas......

.........¿No se derivan perjuicios directos a los trabajadores?........¿Los empleados públicos tenemos la consideración de trabajadores según las normas establecidas?

Es patente el “efecto espectador” de la Inspección de Trabajo, de los representantes de los empleados públicos y de los propios empleados públicos y la tendencia de todos ellos al conformismo -aquel que se aparta demasiado del grupo (en opinión, aspecto, comportamiento,…) es ignorado, rechazado o agredido-.

............Y dice el cantar, de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente, ya, pero luego en cada casa el cantar es distinto, y a lo mejor estás en casa alguien y caes en una oca, y crees que de oca a oca y tiro porque me toca, y va y te dice: De eso nada, de pato a pato tiro yo y tu te esperas un rato. Es que en mi casa jugamos así. (Monólogo del Club de la Comedia).

martes, 7 de junio de 2016

DELITO CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, JUICIO ORAL A TRES ALTOS CARGOS DE LA CHG POR LOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES DE LA CARCEL DE ALBOLOTE AL ARROYO JUNCAL (GRANADA).

Desde 1973 el 5 de junio se celebra el día mundial del medio ambiente, que busca aumentar la conciencia global sobre la necesidad de tomar acciones positivas en pro del mismo. 

El pasado 5 de junio de 2016 se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente:

«En este Día Mundial del Medio Ambiente, insto a las personas y los gobiernos de todo el mundo a que superen la indiferencia, combatan la codicia y actúen para preservar nuestro patrimonio natural en beneficio de las generaciones presente y futuras.» — Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU

El juzgado de Instrucción 6 de Granada, que ha investigado desde 2010 si se han producido vertidos de aguas residuales mal depuradas procedentes de la cárcel al arroyo Juncal, aprecia un posible "delito contra el medio ambiente" en las continuas emisiones que habrían afectado al arroyo Juncal.

Así consta en un auto, dictado el pasado 1 de junio en el que da por concluida la instrucción del caso y deja en la antesala del juicio oral sólo a cuatro de los ocho investigados que quedaban en la causa: el subdirector general de Servicios Penitenciarios, Enrique Caracuel; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Manuel Romero; y el comisario de aguas y el jefe del área de calidad de las aguas de esa misma institución, Rafael A.G. y Cándido B.R., respectivamente.
 
Sobre el supuesto papel jugado por Enrique Caracuel, subdirector general de Servicios Penitenciarios, el auto establece que "pese a tener conocimiento directo de cuantas incidencias y problemas se venían produciendo con el sistema de depuración" del Centro Penitenciario de Albolote, "no adoptó las medidas que hubieran resultado precisas a fin de evitar la continuidad de los vertidos" y, en consecuencia, "la grave afectación para el equilibrio del ecosistema". Y ello pese a haber sido "reiteradamente" advertido de la "ilegalidad" de las emisiones.

En los tres altos cargos de CHG, el magistrado observa la misma conducta "omisiva", pues entiende que tenían capacidad para haber puesto fin a los vertidos.
 
Concretamente, respecto al presidente, recuerda que ostenta el cargo desde 2012 y que es el "responsable último" de todas las decisiones adoptadas en relación con los vertidos. Concluye que "fue igualmente conocedor" de la situación que venía produciéndose, "sin que conste -agrega- que llegara a realizar en el ámbito de sus competencias actuación alguna tendente a solucionar aquella". Esas actuaciones "tampoco fueron llevadas a cabo", como añade, por los otros dos altos cargos. Ambos "se abstuvieron de adoptar medida alguna tendente a evitar el daño medioambiental que de tal forma se venían paulatinamente ocasionando". Y ello pese a que las emisiones "de forma constante superaban los límites establecidos por la correspondiente autorización administrativa".

En su resolución, el magistrado Francisco Javier Zurita, acuerda exactamente transformar las diligencias previas del caso en un procedimiento abreviado, o lo que es lo mismo, pasar a la fase de preparación del juicio oral, en la que las partes califican los hechos y determinan qué posibles delitos integran y con qué penas deben de ser castigados.
 
Por lo pronto, el juez Zurita concluye que cuando menos, en el período comprendido entre diciembre de 2008 y la fecha actual, y como consecuencia de "una pauta de vertidos contaminantes" que se han venido produciendo "reiteradamente" y que poseían su origen en el "defectuoso" sistema de depuración de las aguas residuales del Centro Penitenciario de Albolote, se llegó a originar "un daño" en la calidad del agua de arroyo Juncal "determinante de un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales".

Así, a juicio del instructor, por lo averiguado hasta ahora "existen motivos suficientes" para atribuir la perpetración del posible delito medioambiental a los implicados señalados. Se da la circunstancia de que este magistrado tomó las riendas del juzgado de Instrucción 6 en septiembre pasado tras la jubilación del juez Miguel Ángel del Arco, que fue quien inició la investigación del caso, por el que en su día se llegó a interrogar incluso como investigada a la actual delegada del Gobierno en Granada, Sandra García, cuya imputación acordó finalmente dejar sin efecto la Audiencia Provincial de Granada.
 
El auto que cierra la instrucción del caso se produce después de que la acusación popular que ejerce la denunciante, Elena G.G., dueña del Cortijo Las Torres (aledaño a la prisión), haya puesto recientemente en conocimiento del juzgado, a través de su marido, nuevos vertidos supuestamente contaminantes.

INFORMACIÓN 07/06/2016.- EL JUEZ APRECIA UN DELITO MEDIOAMBIENTAL EN LOS "VERTIDOS" DE LA PRISIÓN DE ALBOLOTE

Los costes de esta degradación ambiental no se han tomado en consideración hasta hace pocos años, pero se empieza a comprender que deben ser incorporados en la evaluación de cualquier proyecto; no se pueden “externalizar”, como se ha venido haciendo, porque hoy sabemos que ello resulta absolutamente insostenible.