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viernes, 8 de febrero de 2019

ES NOTICIA: LOS AGROPIRATAS DEL AGUA IMPONEN UN RÉGIMEN DEL MIEDO PARA MANTENER EL EXPOLIO DEL ACUÍFERO DE DOÑANA. ¿QUÉ MEDIDAS IMPULSARÁ EL GOBIERNO PARA EVITAR LAS AGRESIONES Y PROTEGER A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS QUE VIGILAN DOÑANA?...RESPUESTA DE FECHA 2 DE ENERO...


Doñana es una de las zonas donde más agua se roba. Organizaciones ecologistas como WWF y Greenpeace  llevan años denunciando esta práctica extendida que esquilma los acuíferos y contribuye a la mala calidad del agua.


Una combinación de impunidad y connivencia ha creado un régimen del miedo alrededor del Parque Nacional de Doñana. ¿El objetivo? Mantener el expolio del acuífero del que depende el espacio natural, por el que Europa ha llevado a España a los tribunales, y alimentar así el creciente sector de la agricultura de regadío.  

La realidad es que -mientras se abrían cientos de pozos, se multiplicaba la superficie de explotación y la cifra de negocio- los apenas diez inspectores encargados de supervisar la regulación de aguas patrullan incluso escoltados ante el acoso de los agropiratas, que utilizan agua extraída ilegalmente para sus campos. El Gobierno declarará el acuífero sobreexplado en la Junta de Gobierno de Doñana el 21 de febrero. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha incoado 943 expedientes en los dos últimos años. Casi la mitad, 480, solo en la provincia de Huelva. 

El proceso de clausura de pozos es lento. En febrero de 2019, 77 captaciones ilegales perforadas en suelo público de Lucena del Puerto siguen abiertas a a pesar de haber sido localizadas, expedientadas y sancionadas en 2014. Muchas están operativas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía hizo firme la resolución en mayo de 2017 tras el recurso del Ayuntamiento de la localidad. Cinco años de prórroga llevándose el agua sin permiso.

En septiembre de 2018, cuando un inspector de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir fue a comprobar si el Ayuntamiento había cumplido la orden de cerrar estos pozos -cosa que no había hecho-, un grupo de agricultores lo rastrearon y cercaron hasta acorralarlo en su coche. El funcionario pasó cinco días ingresado en un hospital de la ciudad de Huelva tras el shock.
  
"Fui a comprobar la ejecución de una resolución. A ver si los pozos seguían en el mismo estado porque se tenía que restaurar el área a la situación anterior a la apertura", cuenta a eldiario.es el inspector agredido que prefiere que su nombre no aparezca. "Por la zona en la que estaba, en el parque natural, entre pinares, me extrañó el movimiento. Allí no suele haber nadie. Pero es que ya son como una organización. Tienen sus puntos de control, sus avisos". Conducía un coche anónimo, sin distintivos. "Aun así dieron el aviso".


Lo que sucedió después en los pinares de Doñana fue una suerte de acecho al inspector. "Una auténtica cacería", rememora. "Yo conozco la zona y los caminos. Trabajo aquí desde 1994. Según me iba moviendo iban cerrando pasos. Iban rastreándome y cercándome las salidas".

El grupo con el que acabó enfrentado se coordinó para ir acumulando gente junto al inspector. Gracias a diferentes avisos entre ellos, consiguieron bloquear el automóvil de la Confederación en un paraje sin escapatoria. "Me cerraron en un sitio sin salida con un barranco a un lado y el lecho del río por el otro. Le tenemos acorralado, decían. Allí pretendían volcarme el coche con un tractor. No podía ni salir del coche. Llamé al 112 y la Guardia Civil apareció a los 45 minutos". Tras no poder estabilizarle la presión arterial en el centro de salud de Almonte fue trasladado a un hospital de la ciudad de Huelva donde estuvo cinco días. Hoy sigue de baja.

Eso fue el 21 de septiembre de 2018. "No era la primera vez. Tuve un episodio parecido en 2014". El pasado martes, cuatro meses después, eldiario.es recorrió ese campo de pozos junto a la Inspección de la CHG. Las captaciones están numeradas para no confundirlas o contarlas varias veces. Cada tubo tiene su equipo para alimentar la bomba que extrae el agua. "¿Están operativos?". "Claro. Nosotros no los podemos tocar sin una orden", explica un inspector. La Confederación ha decidido asumir la clausura y su coste: 65.000 euros que luego pasará al Ayuntamiento.

"Yo pago mis impuestos"

El clima ha provocado que los funcionarios deban extremar las precauciones al recorrer los campos. "Intentamos no ir solos. Acudir con agentes de la Guardia Civil…", cuentan al borde de una balsa de riego ilegal a la que llega sin cesar agua sacada sin permiso.

La balsa es una gran alberca vallada, con equipo de bombeo para enviar el líquido a las fincas. En su perímetro hay instaladas diversas tuberías de las que no para de manar agua.

Un hombre se acerca mientras este periodista observaba la infraestructura y no tiene reparo en admitir que es suya: "El dueño soy yo". Dice llamarse Francisco. Al tiempo que el presidente de la Confederación informa de que se trata de una balsa sin autorización, este agricultor replica en voz baja: "A mí me ha dado permiso el Ayuntamiento. Yo pago mis impuestos".  

El Ayuntamiento al que se refiere es el de Lucena del Puerto. Uno de los cinco municipios –junto a Almonte, Rociana, Bonares y Moguer– de la corona forestal norte de Doñana. Sus regadíos fueron regulados en diciembre de 2014 en un plan especial que admite 9.300 hectáreas de cultivos de las que ya se han regularizado unas 4.500. No ha detenido el expolio.

Los gobiernos locales ceden el uso del suelo público a particulares a cambio de un canon anual de entre 300 y 600 euros. Y, según se desprende de diversas sentencias judiciales, se desentienden. Los agricultores perforan y conducen el agua sin pedir permiso. Es algo extendido, no exclusivo de un municipio.

Los tribunales han constatado cómo, una vez impuesta la sanción por parte de la Confederación, los Ayuntamientos repiten la misma argumentación en sus recursos: ellos solo ceden el terreno, no abren pozos. En Almonte, en Moguer, en Lucena, el Tribunal Superior de Justicia insiste: "El titular es responsable" y añade la responsabilidad de "no ejercer la vigilancia necesaria".

"Se pueden tirar una semana abriendo el pozo" y conectándolo con las balsas donde se acumula el agua robada. Un directivo de la CHG cuenta a eldiario.es que "he seguido conducciones durante más de tres kilómetros y no he sido capaz de encontrar dónde terminaban. Y si llegan a una carretera, la cruzan por debajo". Toda esa obra, aunque se ejecute rápidamente, no puede pasar desapercibida a los vecinos, al resto de trabajadores… ¿Pueden trabajar a escondidas una semana? "¿Por qué escondidos?", replican los encargados de rastrearlas. Esta situación exige, al menos, cierta connivencia. "Totalmente", remata el directivo que también exige el anonimato al hablar.

El inspector agredido en septiembre es de la zona. Algunos de sus compañeros vienen de comarcas más alejadas porque no dan abasto y por seguridad. "No tienen miedo porque saben que no les va a pasar nada", reflexiona el funcionario. "La situación se ha ido dejando, dejando y se han envalentonado. No he visto yo fincas cerradas tras las sanciones. Al contrario, hay más superficie".

Los agricultores legales

Aparte del humedal más importante de Europa y Patrimonio de la Humanidad, los principales perjudicados por este clima son los agricultores 100% legales. La inversión para hacerse con suelo no baja de los 110.000 euros por hectárea, si tienen derechos de agua. Culpan a los piratas de "tirar para abajo de los precios". Y, sin embargo, no hay un movimiento para exponer a lo que pinchan el acuífero. Los técnicos explican que "muchos legales tienen también fincas irregulares". Y añaden que "donde plantó uno en una temporada, plantará otro a la siguiente". Se mantiene el silencio.

Y esa agua es cada vez más escasa por el cambio climático. Las lluvias no reponen el acuífero al ritmo que se gasta. Esto ha hecho que la Comisión Europea haya llevado a España ante el Tribunal Europeo por el deterioro del parque. La próxima declaración de "en mal estado" del acuífero permitirá a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir controlar más el agua que se saca. Reducir el volumen extraído a partir del máximo que permite la ley. 

Aún así, quedará pendiente lidiar con los agropiratas que han establecido ese régimen de temor.

Leer noticia Raúl Rejón - Lucena del Puerto (Huelva)

Eldiario.es, añade: 
El inspector agredido remata: "Llevarme otra vez allí es llevarme al matadero". 

Nosotros nos preguntamos...¿Qué hay sobre esto?

29/09/2018.- REGISTRADAS EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PREGUNTAS PARLAMENTARIAS PARA CONOCER LAS MEDIDAS QUE IMPULSARÁ EL GOBIERNO PARA AFRONTAR LAS AGRESIONES Y PROTEGER A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS QUE VIGILAN EL PARQUE NATURAL DE DOÑANA

RESPUESTA ENCONTRADA:  Gracias a colaborador "anónimo",

                                                                                        CONTESTACIÓN

Esta situación sobre agresiones a empleados públicos que vigilan el Dominio Público Hidráulico, bien común del ciudadano, se repite día sí y día también, en todas la Confederaciones Hidrográficas....soluciones...

martes, 29 de enero de 2019

REAL DECRETO-LEY 24/2018, DE 21 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE RETRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO. CONVALIDADO Y TRAMITADO COMO PROYECTO DE LEY



Pleno Convalidación  22/01/2019 Concluido - (Convalidado y tramitado como Proyecto de Ley) desde 22/01/2019.

Presentado el 27/12/2018, calificado el 09/01/2019

Autor:
Gobierno

Situación actual:
Concluido - (Convalidado y tramitado como Proyecto de Ley)

Tramitación seguida por la iniciativa:
Pleno Convalidación desde 09/01/2019 hasta 22/01/2019
Concluido - (Convalidado y tramitado como Proyecto de Ley) desde 22/01/2019

Diarios de Sesiones:
DS. Congreso de los Diputados Núm.175 de 22/01/2019 Pág: 45

Pleno
Debate de convalidación o derogación de Real Decreto-ley,  texto íntegro     (PDF)

B.O.E.

BOE Núm: 312 de 27/12/2018
Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. (PDF)

BOE Núm: 25 de 29/01/2019
Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.     (PDF)

Iniciativas relacionadas:
059/000045/0000 121/000044/0000    enlace >>

Intervenciones:

Votaciones plenarias (registradas con sistema electrónico o por asentimiento): 
VOTACIÓN PLENARIA del día 22/01/2019 enlace >>
Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del Sector Público.
Sí: 343 No: 1 Abstenciones: 2
  
VOTACIÓN PLENARIA del día 22/01/2019 enlace >>
Tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del Sector Público.
Sí: 346 No: 1 Abstenciones: 0 
  

Información adicional:

PROYECTOS DE LEY

1. APROBACIÓN. Los proyectos de ley se aprueban por el Consejo de Ministros y se remiten al Congreso de los Diputados acompañados de una Exposición de Motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos (art. 88 CE).

Por tales antecedentes se entienden tanto los estudios de la Administración para la preparación del texto, como los informes de Instituciones públicas (Consejo de Estado, etc.) y organizaciones privadas representativas de intereses afectados por la norma.

2. ENMIENDAS. La Mesa del Congreso recibe el texto y ordena su publicación en el BOCG y el envío a la Comisión correspondiente. A partir de la fecha de publicación, los Grupos Parlamentarios disponen de 15 DÍAS para presentar ENMIENDAS al texto, salvo que la Mesa, a petición de algún Grupo, acuerde un aplazamiento (art.110 RC).

TIPOS DE ENMIENDA:
  • De Totalidad: Se refieren al espíritu, los principios o la oportunidad del proyecto de ley y pueden pretender, bien su devolución al Gobierno, bien su sustitución por un texto alternativo.
  • Al Articulado o parciales: Se refieren a la supresión, modificación o adición de algún aspecto concreto del proyecto.

3. DEBATE DE TOTALIDAD. En caso de presentarse enmiendas de totalidad, su debate en el Pleno es el primer trámite que tiene que salvar el proyecto de ley (art. 112 RC).

Ordenación del debate:
  • Defensa del proyecto por un miembro del Gobierno.
  • Turno a favor, por 15 min., de los Grupos que hayan presentado enmienda de totalidad.
  • Turno en contra, por 15 min., de los Grupos que se opongan a la/s enmiendas.
  • Fijación de posiciones, por 10 min., de los Grupos que lo soliciten.
  • Votación, primero, de las enmiendas de devolución. De prosperar alguna, el texto se reenvía al Gobierno. 
  • A continuación se votan las de texto alternativo. Si el Pleno aprueba alguna, el texto pasa a la Comisión correspondiente y se abrirá un nuevo plazo de enmiendas al articulado.

4. PONENCIA. Concluido el plazo de enmiendas -y el debate de totalidad, si lo hubiera- la Comisión correspondiente designa, de entre sus miembros, una PONENCIA, grupo reducido de diputados representantes de todos los Grupos Parlamentarios que, a puerta cerrada, redactan un INFORME a la vista del texto remitido por el Gobierno y de las enmiendas presentadas (art. 113 RC). Dispone para ello de un plazo de 15 días (la Mesa de la Comisión puede ampliar ese plazo).

5. DELIBERACIÓN EN COMISION. Concluido el Informe de la Ponencia, la Comisión se reúne de nuevo para debatirlo, así como las enmiendas artículo por artículo. Tras votarlos, emite un DICTAMEN que someterá al Pleno de la Cámara. Los Grupos Parlamentarios disponen de 48 horas, desde la aprobación del Dictamen, para comunicar cuáles de los votos particulares y enmiendas que resultaron rechazados en la Comisión tienen intención de defender en el Pleno (art. 114-116 RC).

6. DELIBERACIÓN EN PLENO. El debate en el Pleno, que puede comenzar con un nuevo turno de defensa por parte del Gobierno y de presentación del Dictamen por un miembro de la Comisión, supone el final de esta primera fase de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, que pasa entonces al Senado (art. 118 RC).

7. TRAMITACIÓN EN EL SENADO. Recibido el texto, el Senado dispone de DOS MESES para tramitar el proyecto, plazo en el que sus posibilidades de actuación son tres:
  • Aprobar el texto en los mismos términos en que le fue remitido por el Congreso. En tal caso, quedará definitivamente aprobado.
  • Introducir enmiendas. El proyecto volverá al Pleno del Congreso, que puede aceptarlas o rechazarlas por mayoría simple.
  • Interponer un veto, que ha de ser aprobado por mayoría absoluta (art. 90.2 CE). Para superarlo, el Congreso debe ratificar, por idéntica mayoría, el texto inicial por él aprobado. De no conseguirla, se someterá de nuevo a votación transcurridos dos meses a contar desde la interposición del veto que, en este caso, será superado por mayoría simple.

Por término medio, un proyecto de ley tarda unos cinco meses desde que el Consejo de Ministros lo envía al Parlamento hasta que, aprobado definitivamente por el Congreso, sancionado y promulgado por el Rey y publicado en el BOE, se convierte en Ley.

sábado, 19 de enero de 2019

IV CONVENIO ÚNICO PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, SISTEMA DE CLASIFICACIÓN, ENCUADRAMIENTO Y OTROS...SEMANA DE REUNIONES, PIEDRA EN EL CAMINO...

Una piedra en el camino... Un obstáculo que resolver... Una lección para aprender...

En distintas notas informativas los “sindicatos” nos cuentan como ha ido durante esta semana la negociación para configurar lo que vendrá a ser el Nuevo Convenio (IV Convenio Único para el personal Laboral de la Administración General del Estado).

Unos nos cuentan que, en cuanto a la clasificación profesional, han conseguido que finalmente la Administración asuma que, además del sistema educativo en vigor, el nuevo sistema de clasificaciones esté relacionado con el sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, quedando la clasificación definida por el grupo y la especialidad.

Estos mismos nos exponen que la Administración sigue empeñada en llevar a cabo el encuadramiento en función de la titulación que exista y que se exigirá para nuevos ingresos en cada grupo. Ello provocaría que se separe al personal perteneciente ahora a un mismo grupo en grupos diferentes con retribuciones básicas diferenciadas compensándose esta diferencia económica mediante un complemento de integración, complemento que, en cualquier caso, debería ser no absorbible y revalorizable.

Igualmente dicen: Por otra parte, y en este mismo marco, está el tema de las actividades identificadas como propias de personal funcionario (y cuyo listado nos sigue pareciendo incompleto). Es imprescindible negociar en paralelo cómo sería el procedimiento de cambio de régimen jurídico, plazos para los procesos, etc....deberán quedar garantizados las retribuciones y el ámbito geográfico. Serán en todo caso cambios de régimen de carácter voluntario, con lo cual, quien decida quedarse en el Convenio (como actividad a extinguir) no debería sufrir ninguna merma de derechos de movilidad, promoción, etc.


Piedra en el camino: Cuestión de importancia a tener en cuenta es la vinculación que tiene el IV Convenio Único con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, de modo que su entrada en vigor no podría ser aplicada hasta que eso suceda.

Otro sindicato en dos notas informativas realizadas al efecto nos dice en una de ellas que La Administración se mostró solícita a tratar el tema y quedó en espera de que el resto de Organizaciones Sindicales les remitieran sus propuestas al respecto:


El caso es que unos y otro nos cuentan que se han pasado por alto la mayoría de las propuestas presentadas...

¡Vaya con la piedra en el camino! 

He aquí un simil:

Nos quedamos inmovilizados esperando, quizá siglos, a que las fuerzas de la naturaleza erosionen la piedra. Y así, nos quedamos parados, contemplándola, teorizando sobre sus propiedades y disertando sobre sus cualidades minerales. Al fin y al cabo, es una piedra que ya conocemos del pasado: sabemos muchas cosas sobre ella. Nos distraemos con esta piedra, pese a que no es un obstáculo en nuestro camino, y dejamos de avanzar. 

Puede que se nos olvide, incluso, que nos habíamos fijado un destino al que llegar.

Hay que recordar que el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos establecidos por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Hay reglas y exigencias... La política se desvanece, la función pública se descompone.

La piedra (Antonio Pereira)

El distraído en ella tropezó,
el bruto la utilizó como proyectil,
el emprendedor, usándola construyó,
el campesino, cansado del trabajo,
de ella hizo asiento.
Para los niños fue juguete,
Drummond la hizo poesía,
David mató a Goliat, ...
Por fin;
el artista concibió la más bella escultura.
En todos los casos,
la diferencia no fue la piedra.
Sino el hombre.

viernes, 21 de diciembre de 2018

POR REAL DECRETO-LEY LAS RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS CRECERÁN EN 2019 (publicado en BOE 27/12/2018). ASÍ ANDA LA NEGOCIACIÓN DEL IV CONVENIO ÚNICO DEL PERSONAL LABORAL DE LA AGE Y LA AMPLIACIÓN DE DERECHOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS...

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto-ley que versa, entre otras cuestiones, sobre el incremento retributivo del sector público a llevar a cabo durante el año 2019. 

Según se publica en la página web de La Moncloa, el Real Decreto ley se aprueba en consonancia con los compromisos asumidos por el Gobierno con los sindicatos en materia de función pública.

La decisión del Ejecutivo de aprobar el incremento salarial en un Real Decreto Ley es "evitar que haya un periodo de incertidumbre hasta aprobar la Ley General de Presupuestos Generales del Estado" y para que se desplieguen los efectos de esta subida en la realidad económica desde el 1 de enero del próximo año.
  
El artículo 86 de la Constitución Española indica que en caso de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-Leyes.

Por esta naturaleza extraordinaria, el decreto ley tiene carácter provisional, y sólo puede valer para el tiempo necesario a fin de reunir al Parlamento para que sea éste quién “regularice” la situación de dicha legislación. 

Los Reales Decretos ley deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad en el Congreso en un plazo de treinta días desde su promulgación.

Así, -BOE- en un plazo de treinta días el Congreso deberá convalidarlo o derogarlo. 

Si lo convalida, el Decreto-Ley seguirá llamándose así pero pasará a ser Ley ordinaria, y dejará de tener carácter temporal. Por el contrario, si el Congreso lo deroga dejará de existir pero habrá sido plenamente válido durante el tiempo anterior, pues la derogación no tiene efectos retroactivos.

Normalmente el Decreto-ley tiene un carácter provisional y, por otra parte, no puede entrar en contradicción con las normas jurídicas del estado ni ir en contra de los derechos y deberes de los ciudadanos establecidos en la Constitución.

Es un procedimiento con límites en el que, además de concurrir esa extraordinaria y urgente necesidad, no puede afectar a instituciones básicas; a derechos, deberes y libertades…

Pues bien, la subida salarial aprobada por Real Decreto ley en consejo de Ministros este viernes será de aplicación a los empleados públicos de las administraciones estatal, autonómica y local, y también a los trabajadores del sector público empresarial...siempre y cuando se convalide en el Congreso de los Diputados...depositario de la Soberanía Nacional.

Con esta subida salarial se dice reconocer el esfuerzo que los empleados públicos hicieron para sacar a España de la crisis, en consideración a su dedicación, profesionalidad y vocación de servicio público.
   
El incremento de las retribuciones para 2019 establece una subida fija del 2,25% para todos los empleados públicos, a la que hay que sumar un porcentaje variable que puede alcanzar el 0,25%, ligado a la evolución del PIB a partir de un 2,5%. 

Los empleados públicos contarán, además, con otro 0,25% de fondos adicionales cuyo reparto, en este caso, dependerá de la negociación de cada administración con sus organizaciones sindicales.

En el caso de la retribución variable del 0,25% para un crecimiento del PIB igual o superior al 2,5%, el porcentaje de retribución variable disminuirá proporcionalmente a la reducción que se produzca sobre dicho 2,5% (los porcentajes variables según el crecimiento del PIB quedan reflejados en la tabla resumen de incrementos).


La Web de La Moncloa expone que, con la medida económica aprobada, se amplian de derechos de los empleados públicos y, que esta medida se une a todas las aprobadas por el Gobierno en los últimos meses en materia de función pública....  

...Es de interés informar que el día 20 de diciembre la Administración hizo entrega a las Organizaciones Sindicales que negocian el IV Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado de una propuesta económica, una propuesta de encuadramiento y un texto del nuevo Convenio.

Asi que...NO es todo tan bonito como lo pintan...

Entendemos que el Real Decreto Ley no resuelve un problema extraordinario y urgente sino que actúa como ley escoba para regular todo lo que el Gobierno tenía en mente y era problemático. Eso es poco democrático, máxime cuando la negociación sobre lo que debería ser el IV CUAGE sigue y, nos cuentan los sindicatos, que seguirá negociándose hasta finales de enero, porque deben analizar con detalle el texto propuesto...que no es el esperado...