SALARIO MÍNIMO EN LA AGE. BUENAS PRÁCTICAS PARA COMBATIR EL ABSENTISMO LABORAL EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. FICHAR Y MARCHARSE. “IN VIGILANDO”. RECHAZO SINDICAL.

Se informa en diferentes páginas web que continúa la negociación del IV CUPLAGE. La última reunión del Grupo de Trabajo de Clasificación Profesional en la Comisión Negociadora IV Convenio Único lo fue el pasado día 27 de abril. Nos cuentan que hay un intercambio de propuestas con el compromiso de estudio y análisis, por las partes, para seguir debatiendo sobre el sistema de clasificación que debe regir el próximo Convenio.

PROPUESTA: CUADRO DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL IV CONVENIO ÚNICO Y RETRIBUCIONES BÁSICAS:

Puede apreciarse que la propuesta incluye el SALARIO MÍNIMO para el último grupo de clasificación, Grupo 5 (certificados básicos y otras titulaciones), de 1.200 euros.

Coincidiendo con la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, entre el 21 de mayo -cuando se votan las enmiendas parciales en el Congreso- y el 21 de junio, los sindicatos están convocando movilizaciones y concentraciones que se desarrollaran ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las capitales de provincia en toda España, para exigir ese salario mínimo.

Entendemos, aunque “a bombo y platillo” no se le dé la importancia que merece, también estas movilizaciones son para que, además, se eliminen los descuentos en las nóminas de los empleados públicos por incapacidad temporal (IT).

A su vez, el Gobierno, a través de diferentes medios informa que, el compromiso de eliminar los descuentos en las nóminas está en estudio. Explicamos.

En nuestro país hay personas que no van a trabajar (absentismo laboral) y que cobran puntualmente su sueldo, tanto en el sector público como en el privado, un fraude que supone para el estado más de 1.000 millones de euros, según fuentes del Ministerio de Empleo de hace un par de años, más o menos...esto no es ninguna novedad. 

Real Academia Española –RAE-....”de la lengua”: Absentismo:

1. Abstención deliberada de acudir al lugar donde se cumple una obligación.

2. Abandono habitual del desempeño de funciones y deberes propios de un cargo.

Las cifras de absentismo en el sector público son aparatosamente superiores a las del sector privado. Sin embargo, pocos son los políticos que se atreven a señalar un problema cuando afecta a un colectivo tan poderoso y multimillonario como el de los empleados públicos (3,13 millones, hablamos de número de trabajadores, no de "dineros", por si alguien confunde la expresión).

Cuando el Gobierno informa que para proceder a la supresión de la penalización por bajas laborales (IT), es necesario contar con datos transparentes para verificar que el absentismo laboral no crece con dicha eliminación y que, una vez realizado el estudio, se fijará una fecha para publicar los datos de absentismo en el Portal de Transparencia de cada comunidad autónoma y de la Administración General del Estado...se arma el revuelo....sindical.... y el rechazo y las criticas ante tal medida.

La función de los sindicatos es defender los intereses de la clase trabajadora, siendo la principal herramienta que ésta tiene para conseguir mejorar sus condiciones de trabajo.

Millones de horas pagadas, fraudulentamente no trabajadas, que tiene que hacer otro empleado, en este caso, público, con el consiguiente aumento de carga de trabajo y sus posibles repercusiones en su estado de salud...¿dónde está el "in vigilando"?, ¿dónde está la actuación sindical?.

No debía ser tal la reacción de rechazo...Unos fichan y se marchan. Otros ni siquiera fichan...

Los sindicatos no han contribuido, salvo raras excepciones, a la mejora de nuestras administraciones públicas, a hacerlas más potentes y participativas (más abiertas a la sociedad), a frenar y denunciar los casos de corrupción política, a defender unos instrumentos que son de y para la ciudadanía (en su mayoría trabajadora).

Aunque reconocemos que tampoco han tenido el objetivo explícito de debilitar ni de destruir a las administraciones públicas del país, sin embargo muchos de sus objetivos y actuaciones egoístas y cortoplacistas han contribuido a debilitarlas y a fracturar los diques institucionales que podrían haber evitado buena parte de los casos de corrupción. 

  

Los sindicatos han percibido a la Administración pública como un actor cuya función principal es proveer de recursos y un mayor grado de confort a sus propias organizaciones. Los sindicatos reciben subvenciones públicas totalmente justificadas por el importante poder que juegan a nivel laboral y social. Pero a estas grandes subvenciones hay que añadir otras más indirectas y no tan justificadas desde la financiación de eventos diversos, reuniones, estudios, viajes difíciles de justificar. 

Quizás el caso más evidente sea el de los liberados sindicales. Los sindicatos tienen una obsesión con los liberados sindicales no tanto para que ejerzan su función esencial de defensa de los trabajadores sino como un mecanismo de poseer, en el mejor de los casos, fuerza de trabajo para sus enormes burocracias internas y, en el peor de los casos, para mantener con criterios clientelares unos afiliados con un gran confort y calidad de vida.

Hay datos que sorprenden. 

Hay una dinámica del “compadreo” entre las élites políticas y las élites sindicales. En algunas administraciones públicas, esta complicidad de “intercambio de cromos” ha llegado a extremos inaceptables. En determinados ayuntamientos se ha llegado a un perverso pacto entre los políticos y los sindicalistas para hacer añicos al modelo meritocrático de acceso a la función pública. El pacto es el siguiente: los puestos más relevantes de la Administración (directivos y técnicos) los seleccionan libremente los políticos entre sus clientelas ampliando los puestos de eventuales y de libre designación. A cambio, los sindicatos pueden reclutar entre sus clientelas a los puestos más bajos.

Los sindicatos, en términos generales, han abocado la negociación de los convenios y los derechos de los trabajadores en el sector público a una dimensión mezquina y de vuelo gallináceo. Jamás se han preocupado, salvo excepciones, por fortalecer las instituciones públicas con sistemas de selección meritocráticos, con dotarla de una dirección pública profesional que evite la discrecionalidad y el clientelismo político, por mejorar la calidad de los servicios, las condiciones profesionales de los empleados públicos, etc, etc, etc.

Su lucha y frente de negociación tampoco han sido usualmente las mejoras retributivas sino una peculiar forma de ver una mejora de las condiciones laborales por el embudo de más días y horas de asueto para los empleados públicos. Las negociaciones se suelen poner duras y tensas, aunque siempre acaba cediendo la “no patronal” de naturaleza política, cuando se exige ampliar los días de libre disposición (en la práctica más días de vacaciones conocidas popularmente como “moscosos” y “canosos”), por una visión muy laxa de una mayor conciliación de la vida profesional con la familiar y personal que siempre se canaliza por menos horas trabajadas.

Ante esto muchos pensamos que los sindicatos ya no nos representan e incluso que ya no son necesarios, y que es mejor prescindir de ellos y buscar otra forma de organizarnos.

Si bien es cierto que a menudo ocurre que en los países avanzados la burocracia sindical se convierte en un obstáculo para el desarrollo de la lucha de clases, controlando e incluso frenando las luchas que en ocasiones se dan en algunas empresas y negociando con la patronal a espaldas de los trabajadores.  

Volviendo a la Comisión Negociadora IV Convenio Único, pese a que nos hemos encontrado notas informativas diversas sobre el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el trabajo, que se celebra como cada año el 28 de abril, exigiendo cambios normativos y políticas públicas que garanticen la seguridad y salud en el trabajo, no encontramos por ningún lado que el lema “Trabajo Seguro. Es tu salud, es tu derecho” y el tema sobre la inspección y control del cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales aparezca en nota informativa alguna de la Comisión Negociadora como tema tratado y necesario a incluir en el IV Convenio Único.

Nosotros seguimos sin ver presencia sindical en los centros de trabajo como garantía de protección a la salud de los empleados públicos. No vemos Delegados de Prevención por nuestros centros de trabajo. Hemos llegado a observar incluso a sindicalistas que formando parte de comisiones diversas que cuando son advertidos sobre algún incumplimiento en materia de seguridad y salud que les afecta a ellos mismos o a sus propios compañeros, la falta de conciencia sobre el riesgo es tal que parece grotesco que luego nos vendan que hay que acabar con esas situaciones. "In vigilando": Vigilar y controlar el cumplimiento de las normas sociales...de seguridad y salud en el desarrollo del trabajo...

...Y... vamos que nos vamos...horas sindicales, créditos horarios, dedicados ¿a....? 

 

Puede que de ahí venga esa oposición sindical a que el Gobierno necesite datos transparentes sobre el absentismo laboral.

Somos muchísimos los empleados públicos dignos de admiración. Nosotros no tendremos problema alguno sobre esta medida del Gobierno. O sea que.... absentistas.... a desempeñar las funciones y deberes propios del cargo...esto es, a currar.