CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR: BURLAR LA LEGISLACIÓN VIGENTE. LA GUERRA PSICOLÓGICA.

Nuestra trayectoria tras el paso por la Junta de Andalucía nos llevo a descubrir de que pie cojeaban las organizaciones sindicales, con lo que convocados procedimientos electorales, tanto en la Administración andaluza como en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, esos sindicatos que parecen ser los más representativos fuera de aquí, tras las elecciones correspondientes a Juntas de Personal y Comités de Empresa, dejaron de serlo.

Aún así, a nivel estatal y en nuestro ámbito del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y sus Organismos Autónomos, UGT, CCOO y CSIF siguen teniendo la sartén por el mango.

El desorden que han generado estos sindicatos firmando acuerdos con los que posteriormente no están de acuerdo, da a entender como planifican las negociaciones de las que después rehuyen contándonos en sus notas informativas que todo ha sido por decisión unilateral de la Administración.

Con respecto a la Prevención de Riesgos Laborales el caos es total, se han designado delegados de prevención “como churros” incumpliendo los requisitos establecidos en la legislación y normativa vigente, incluyendo el Convenio Único, con la más absoluta negligencia de la Administración, quien se desprende del problema exponiendo que, la legislación establece que se podrán acordar otros sistemas de designación con carácter excepcional y por razones suficientemente justificadas. Estas razones, no justificadas en la mayoría de los casos, han llevado al incremento de delegados de prevención que, saltándose el imperativo legal, han dispuesto de créditos horarios que no les corresponden, lo que ha supuesto un aumento del gasto en estos tiempos de austeridad y que debe ser atajado.

La pescadilla que se muerde la cola. La Administración debe deshacer el entuerto. Los perjudicados, los legítimos delegados de prevención elegidos por y entre los representantes de los trabajadores en las Juntas de Personal y en los Comités de Empresa, que disponen del crédito horario que les corresponde por ley, por ser representantes de esas Juntas de Personal y de esos Comités de Empresa y no por ser delegados de prevención. Las victimas, como viene siendo habitual, los empleados públicos a los que representan.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales y toda su normativa de aplicación es lo que menos importa. Por ello se va a proceder a la modificación del REAL DECRETO 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado en todo lo referido a la participación y representación, delegados de prevención y comités de seguridad y salud, que los sindicatos están esperando “como agua de mayo” para como "tiburones" hacerse con la potestad en exclusiva de participación y representación, acabando con la representación unitaria que, a fin de cuentas, es la que, por cercanía y conocimiento del medio laboral, debe representar al empleado público.

En la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, como en otros Organismos y Departamentos  del MAGRAMA se ha aprendido a burlar la ley y a devorar a los comités de empresa, avanzando el desmantelamiento de los derechos de los trabajadores sin esperar a la próxima reforma legislativa y creando situaciones de hecho que sientan precedentes, actuando al margen de la ley y enjuiciando, en multitud de ocasiones, la actuación de la Inspección de Trabajo.

El hecho de burlar la legislación vigente se ha convertido en una filosofía en sí misma en esta Confederación y en el Ministerio. Se pretenden disminuir los costes de las actividades de los comités de empresa, cuando los responsables del desmadre y del cuantioso abuso de las arcas públicas son las Organizaciones Sindicales y la propia Administración permisiva. Política antisindical. En ningún caso se pueden contrariar las disposiciones legislativas vigentes con el pretexto de que se va a modificar la normativa. 

El uso de la mentira y el engaño, la coacción y el chantaje, es simplemente criminal. Pero resulta muy difícil, imposible, para la verdadera víctima (el empleado público) el denunciarlo el desorden en la aplicación de la ley, la ley misma y los motivos: por un lado, es difícil demostrar algo; por otro, el procedimiento es particularmente largo y caro. Hasta ahora nadie se ha embarcado en esta aventura. 

Hoy procedemos a publicar tres post seguidos: POLITICA ANTISINDICAL EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.  COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Miércoles 23 de abril de 2014

Por desgracia, nadie mueve un dedo en esta guerra psicológica por lo que todos estos hechos no devengan en escándalo público.