CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR LAS PREGUNTAS SIN RESPUESTA DEL GOBIERNO AL CERRARSE LA X LEGISLATURA, CONTRATACIÓN EXTERNA, LA CIVEA Y LA SOMBRA DEL ENCHUFISMO.

Disueltas las cámaras el pasado día 27 de octubre, sus señorías han cerrado la X Legislatura con la mira puesta en el 13 de enero de 2016. Ese día está señalada la sesión constitutiva de las cámaras en la que no todos los actuales estarán presentes. Aún así sus señorías cobrarán, sin trabajar la mayoría de ellos, hasta las elecciones generales los sueldos de noviembre y diciembre a la vez, además de recibir si no son reeelegidos una indemnización de 2.813 euros por cada año en el escaño.

A la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Intervención General del Estado le otorgó dictamen desfavorable a las cuentas auditadas del año 2014, entre otras causas, por no disponer de un inventario que recoja los bienes del inmovilizado intangible y del inmovilizado material. Pero, en este caso, hay otras motivaciones que las puramente inventariales.

El auditor (IGAE) censura a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por no haber incorporado aún a su balance los bienes y elementos afectados por el proceso de transferencia de competencias a la Junta de Andalucía ejecutado en 2011, lo que le indicaron por primera vez en el informe de auditoría de las cuentas de ese año, indicación que se ha mantenido en los informes de auditoría de los ejercicios siguientes.

También le reprocha el que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no aporte relaciones de acreedores que justifiquen el saldo de 8.797.557,14 € de "Otras partidas pendientes de aplicación", y que no haya regularizado la partida de "otros deudores no presupuestarios".

Así, el auditor, como ya informamos en su momento, sentencia: "En nuestra opinión, debido a los hechos muy significativos descritos en el apartado "Resultados del trabajo: Fundamento de la opinión desfavorable", las cuentas anuales adjuntas no expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio".

Resulta que la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados decretó el 27 de octubre de 2015 la caducidad de todas las iniciativas registradas en el Congreso que no ha dado tiempo a debatir en la X Legislatura, con lo que la pregunta al Gobierno con respuesta escrita presentada el 20/10/2015 Medidas ante las conclusiones del Informe de Auditoría de la Intervención General del Estado sobre las cuentas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que ha sido desfavorable. Queda sin respuesta. Concluida - (Caducada sin calificación previa) desde 28/10/2015 en que fue calificada.

Lo mismo ha ocurrido con otra pregunta al Gobierno con respuesta escrita Adjudicación a Rafael Álvarez Giménez de una plaza en la dirección técnica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), en Córdoba. Que fue presentada el 20/10/2015, calificada el 28/10/2015 y dada por Concluida - (Caducada sin calificación previa) desde 28/10/2015. Sin respuesta.

La falta de personal en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se suple con la contratación externa de empresas de servicios, en lugar de ampliar la Relación de Puestos de Trabajo. Sin embargo de todos es conocido que la Relación de Puestos de Trabajo en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se amplia y adecua según para que personas.

 

Siguiendo con la contratación externa, hay que decir que los gestores del Guadalquivir olvidan con cada pliego (véase el informe de la Inspección de Servicios del MAGRAMA y véanse la cantidad de Pliegos adjudicados durante 2015) aquella instrucción de obligado cumplimiento, valga la redundancia, “Que se evite, tanto por los órganos gestores de personal como por los responsables de la gestión de los servicios, el recurso a la contratación de servicios externos para suplir la carencia de medios personales, cuando se trate de hacer frente a necesidades permanentes de personal, relacionadas con el ejercicio de las competencias que tenga atribuidas la entidad u órgano de que se trate”. No hay que olvidar que fue copartícipe de estos hechos el excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir al que se le adjudica una plaza por la que se pregunta al Gobierno y que el Gobierno no procederá a contestar...

Es una práctica común la de enchufar a parientes, correligionarios y conmilitones en la Administración a través de empresas concesionarias y contratistas. Nada más sencillo: se “externaliza” un servicio o función pública y la empresa contratista se encarga. A fin de cuentas se trata de una empresa privada, sometida a las leyes del mercado y por tanto contrata a quien le viene en gana ¿no? Cada uno en su casa hace y deshace a su antojo.

Además, de lo que ninguna duda cabe es que las empresas privadas tienden a maximizar el beneficio. Y para ello nada mejor que estar a bien con quien ejerce la función de controlarlas (y contratarlas). Recapitulamos: La Administración Pública no es una empresa privada.

Todos conocemos la querencia de las grandes empresas por la paz social. Nada mejor que una acertada política de selección de personal para evitar inconvenientes ambientales, culturales o, simplemente, trabas a la libertad de empresa. ¡Qué es necesario instalar una industria contaminante, pues se contrata a los posibles afectados y santas pascuas!.

La Comisión Técnica Permanente de CIVEA (Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado) se reunió el pasado 10 de noviembre despues de que las Organizaciones Sindicales CCOO, UGT, CSIF y CIG decidieran levantarse del Pleno de la CIVEA, convocado el día 3 de noviembre, en respuesta a la manera en que la Administración incumple reiteradamente el reglamento de funcionamiento de este órgano. La Administración en la reunión del 10 de noviembre informó que se llevará a cabo un proceso de consolidación definitiva sobre los complementos asignados temporalmente. 

Es obligación de la Administración incluir en el concurso de traslados todos aquellos puestos que estén en situación de asignación temporal de complementos para que puedan optar a ellos todos los empleados públicos. Los sindicatos denuncian ese incumplimiento porque la Administración pretende eliminar la convocatoria de estos puestos suprimiendo el derecho a la promoción y movilidad de miles de empleados públicos.

Algunos de estos puestos serán "adjudicados a dedo", al margen de los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Las comisiones de servicio y las adscripciones temporales siguen aumentando con el paso del tiempo. No existe igualdad, mérito, capacidad y ... transparencia en las comisiones de servicio y adscripciones temporales. Ni los sindicatos ni  los concursos de traslado consiguen frenar la tendencia de la Administración de colocar a sus funcionarios “a dedo”.

Por si esto fuera poco, el pasado mes de julio Aproam --Asociación Profesional de Agentes Medioambientales-- miembro de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales se vio en la obligación de denunciar publicamente, entre otros hechos, que es ilícito que un funcionario Agente Medioambiental  "sufra represalias por realizar eficazmente sus funciones y obligaciones" y, a la vez --¡Ojo al dato!--, "que a otros empleados públicos en la policía de cauces se les gratifique económicamente mediante dietas y pagos por trabajos a través de empresas externas, que se distribuyen de una forma clientelar, lo que puede constituir un delito contra la Administración Pública".

La sombra del enchufismo, el amiguismo y de los tratos de favor salpican a la Administración. Lamentablemente, el enchufe lleva siglos entre nosotros. Ancestral mecanismo. Desde siempre se ha aceptado con resignación el desembarco del "típico inútil" recomendado.

"Lo peor no es que se cometa esta conducta, siempre inmoral y a menudo ilegal, sino que se haga la vista gorda, se la comprenda, y hasta se la defienda en ciertos foros y ambientes". 

Muchos enchufados (por un pariente, un padrino político, o un conocido, que quizá a su vez debe un favor) se consuelan con el argumento de que poseen la competencia profesional adecuada al puesto. Raramente se plantean que alguien, con iguales o superiores merecimientos, ha quedado eliminado de la competición.