SALIDA SALOMÓNICA DE LA SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO EN CÓRDOBA. LOS RESULTADOS DE ALGUNOS EXPEDIENTES POCO TIENEN QUE VER CON LA GRAVEDAD DE LOS HECHOS.

El destino posterior atribuido al funcionario cesado, de forma excepcional, deberá serlo en adscripción provisional, por tratarse de un nombramiento como consecuencia de un cese en un puesto de libre designación. La adscripción provisional se llevará a cabo en el mismo Departamento o en sus organismos adscritos y en el mismo municipio (RESAP de 1996).

La creación del puesto para ser proveído en adscripción provisional  dependerá de si existe o no puesto  conforme a las características exigidas. Si no fuera así  la Comisión Eje­cutiva de la Comisión-Interministerial de Retribuciones procederá a crear un pues­to de características adecuadas, modifi­cando al efecto la correspondiente Rela­ción de Puestos de Trabajo. 

Concretamente, podemos diferenciar:

I. Cuando el cese se produzca en un puesto ubicado en los servicios centrales, el Ministerio u organismo donde estuviera destinado el funcionario procederá a la asignación de un puesto vacante disponible y adecuado a lo establecido (RESAP de 1996).

II. Cuando no exista puesto vacante disponible en el Ministerio u organismo competente, se propondrá a la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones la creación de un puesto de las características adecuadas. Dicha propuesta será incluida en el orden del día de la primera reunión de la citada Comisión (RESAP de 1996).

III. Cuando el cese se produzca en los servicios periféricos, el Delegado del Gobierno o el Subdelegado de Gobierno  en el ámbito de sus respectivas competencias, en caso de existir puesto vacante en el Ministerio u organismo donde se haya producido el cese, efectuará la asignación del correspondiente puesto de trabajo (RESAP de 1996). 

IV. Cuando no exista puesto vacante idóneo en el Ministerio u organismo, el  Delegado del Gobierno o el Subdelegado de Gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias y a propuesta de los Directores o Jefes de Unidades de los servicios periféricos de cada departamento, atribuirá el desempeño provisional de un puesto de trabajo vacante idóneo, (RESAP de 1996).

V. Si continuase sin existir puesto vacante idóneo, el Delegado del Gobierno o el Subdelegado de Gobierno  en el ámbito de sus competencias, oídos los Directores o Jefes de Unidades de los servicios periféricos de cada Departamento, determinará el centro o la unidad en que deberá crearse el puesto, e instará al Ministerio u organismo afectado a que eleve la propuesta a la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones. Dicha propuesta será incluida en el orden del día de la primera reunión de la citada Comisión, (RESAP de 1996).

(RESAP de 1996): Resolución Conjunta de la Secretaria de Estado de Administración Pública y Hacienda de 15  de febrero de 1996 que dicta reglas aplicables a determinados procedimientos en materia de reingreso al servicio activo y de asignación de puestos de trabajo para la Administración General del Estado.

 

En respuesta a las explicaciones demandadas por la FEP-USO por presunto trato de favor al excomisario de aguas de la CHG, que publicamos en nuestra entrada del martes, 13 de octubre de 2015:

LA FEP-USO Y EQUO RECLAMAN EXPLICACIONES POR PRESUNTO TRATO DE FAVOR AL EXCOMISARIO DE AGUAS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

Os informamos sobre la salida salomónica de la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Córdoba respecto de ese "asunto":

Otra forma más de lavarse las manos.

Deberíamos editar un Manual ilustrado para lavarse las manos. "Cómo lavarse las manos perfectamente". Lo que puede parecer un asunto, por cotidiano, poco trascendente, no lo es ni mucho menos en todas las circunstancias.

Se dice que, si todos los ciudadanos estamos sometidos al cumplimiento de la ley, esa sujeción debe ser aún mayor en el caso de los funcionarios o de los jueces, visto que su trabajo diario está directamente al servicio del interés general, del bien común. Para garantizar esa sujeción especial a la ley por parte de los funcionarios, la propia ley establece su responsabilidad disciplinaria. Ésta es la teoría, como lo es que el Derecho tiene que servir a la Justicia (con mayúsculas), o que los políticos tienen que ser honrados y eficaces. Pero, desgraciadamente, no siempre ocurre así. 

Cuando un funcionario (policía, juez, ingeniero, registrador, auxiliar administrativo o lo que sea) infringe las reglas de su código de conducta comete una falta disciplinaria. Sancionar esa falta tiene la finalidad de garantizar que el servicio público en cuestión se preste debidamente, corrigiendo los comportamientos de los servidores públicos que se desvían de ese objetivo. No sancionarla permite que el funcionario infractor pueda seguir desviándose de sus obligaciones sin sufrir consecuencia negativa alguna por su mala conducta, ejemplo que, a su vez, puede cundir -y a veces ha cundido- entre sus compañeros. Si éste se ha saltado la ley, y no le ha pasado nada, yo también lo puedo hacer sin riesgo mayor, pensará el resto.

Sucede que los funcionarios están agrupados en cuerpos muy diversos, desde los abogados del Estado hasta los ujieres. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos a los que se accede con una formación básica, pero suficiente para las funciones que tiene encomendadas. Y otros cuerpos, encargados de funciones más elevadas, para cuyo ingreso se necesita acreditar una formación más exigente. Pero, en unos casos y en otros, las pruebas son de conocimiento, no de buena conducta. No hay tests de integridad, ni de rectitud, ni de corruptibilidad. Acaso sería prejuicioso.

Por poner un ejemplo, en materia de incompatibilidades, cuando los funcionarios de los cuerpos del grupo A1 de una Administración Pública hacen la vista gorda con el compañero infractor “porque, si no, nos tendrían que sancionar a muchos”, como llegó a decir la persona responsable de una Inspección General de Servicios. Y no es un tema menor porque las infracciones en esa materia llevan aparejadas una sanción de suspensión de empleo y sueldo de hasta seis años.

A la vista de la situación del otorgamiento de la Adscripción Provisonal al excomisario de aguas, con la RESAP de 1996 en la mano, encontramos la "buena manera" de incentivar la responsabilidad de los servidores públicos, no viendo intención o ánimo alguno de sancionar al modesto funcionario, como vemos por los obvios resultados, siendo adscrito provisionalmente a un puesto de trabajo por el mismo Órgano que incoa y resolverá, en su día, el expediente disciplinario.

Precocinado el pastel, incluida la respuesta salomónica de la Subdelegación de Gobierno en Córdoba, para quienes desconocen lo que pasa en la trastienda de las instituciones, decirles que para los que conocemos lo que ocurre sí hay una cosa clara: Los resultados de algunos expedientes poco tienen que ver con la gravedad de los hechos.