HÁGASE JUSTICIA. ACCIÓN SOCIAL: CONTROL Y JUSTIFICACIÓN DE LAS FACTURAS DEL GASTO “NO” EFECTUADO Y “SI” SUBVENCIONADO.

"Una de las razones por las que el hombre acepta vivir en sociedad y otorgar a un grupo de personas el gobierno común es el obtener la protección de sus derechos mediante un adecuado sistema de impartición de justicia. Siendo la impartición de justicia un servicio público de suma importancia, se ha establecido como una garantía individual el acceso a la misma, así como todo un cuerpo especializado, cuya función se considera tan importante que ha dado lugar al nacimiento de un auténtico "poder" en la clásica división tripartita: el Poder Judicial." Texto recogido de la web de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía.

 

La Acción Social se define como "el conjunto de actividades encaminadas a la consecución de un sistema general de bienestar social, entendido como un valor social que persigue la disponibilidad, a favor de todos los empleados públicos, de aquellos medios que sean precisos para satisfacer las demandas comúnmente aceptadas como necesidades, siempre que no se encuentren recogidas dentro de los sistemas mutualistas o de Seguridad Social, y teniendo como objetivos fundamentales los principios de igualdad, globalidad y universalidad".

Las “ayudas de acción social” tienen tratamiento “anual” en aplicación de los PGE (Presupuestos Generales del Estado) y de los Presupuestos Autonómicos, y se trata de una partida “subvencionada” en el importe de sus cuantías.

Las “ayudas de acción social” son fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas en cuanto al control y justificación de las facturas del gasto efectuado y subvencionado persiguiendo el bien común sin buscar satisfacer intereses personales.

 

Toda persona que presencie la comisión de un delito público o que, sin haberlo presenciado, tenga conocimiento de él por otra forma, está obligada a ponerlo inmediatamente en conocimiento de la autoridad, incurriendo en una infracción si no lo hiciere.

Una denuncia es la declaración, verbal o por escrito, por la que se comunica a la autoridad cualquier hecho del que se tenga conocimiento y que pueda ser constitutivo de una infracción penal, aunque no lo haya presenciado directamente o no le haya ocasionado perjuicio.

Están obligados especialmente a denunciar: los empleados o funcionarios públicos y los que conocieran la comisión de un delito por razón de su cargo, profesión u oficio. Estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción.  

Es por ello que, por iniciativa del Comité de Empresa de Córdoba y de empleados públicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Córdoba y Jaén, avalada por un total de aproximadamente 100 firmas de empleados públicos pertenecientes a ambas provincias, se ha formulado denuncia ante el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla:

La formulación de una denuncia no supone para su autor responsabilidad ni obligación especial alguna, ya que ni debe probar los hechos denunciados, ni debe intervenir en el proceso judicial que por tales sucesos se siga.

El colectivo de empleados públicos afectados, por ser caso excepcional, fue transferido, encomendado y revertido con ¿todos sus derechos? y deberes, debiendo mantener inalterables sus condiciones de trabajo, que en ningún caso, durante la transferencia, la encomienda de gestión y la reversión, debieron ser minoradas en ninguno de sus derechos.

Carpe diem (No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy).

Hágase Justicia.