MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS. COMPAS DE ESPERA; "EFECTIVIDAD NEGOCIADORA" Y/O "EFECTOS PERVERSOS".

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha convocado la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado el próximo 16 de julio.

Esta mesa de la Función Pública, que estará presidida por la directora general de la Función Pública, Elena Collado, viene a cumplir con el compromiso de retomar el diálogo que adquirió con los representantes de los empleados públicos a finales de mayo.

La negociación es un medio de resolución de conflictos cuando las partes desean mantener o continuar la relación de intercambio. La negociación existe porque existe un conflicto, de forma que las partes pretenden resolverlo de forma que la solución negociada sea satisfactoria para ambos.

En el Diccionario del Uso del Español de María Moliner la palabra "estrategia", en su segunda acepción, se define como el “arte de dirigir un asunto para lograr el objeto deseado”, es la más adecuada con el propósito que subyace en la Negociación Colectiva.

La Negociación Colectiva en la AGE es un derecho de los empleados públicos.

Dónde se está negociando, qué se está negociando y cuáles son los principales problemas que se plantean, es lo que deberíamos conocer los interesados a través de nuestros representantes sindicales elegidos para tal fin.  

Cierto es que, es a las organizaciones sindicales a las que se les atribuye la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores, eso incluye a los empleados públicos.

Hasta ahora no sabemos si se ha producido una renovación real de los interlocutores sociales. Hasta ahora en todas las negociaciones los resultados de las partes han estado inversamente relacionados, si una de las partes gana, la otra pierde, y siempre ha perdido el empleado público. 

Comisiones Obreras (CCOO) informa lo siguiente:

Por parte de Función Pública, se convocó para el 6 de julio un grupo de trabajo de provisión de puestos de trabajo. La iniciativa no nacía de la voluntad de la Administración.

Fue el primer empujón a nivel de movilización, llevado adelante por CCOO el pasado 28 de mayo, el factor que ha servido para obligar a la Administración a poner encima de la mesa de negociación la necesidad de revisar el sistema de cobertura de puestos en la Administración General del Estado.

El planteamiento que CCOO ha llevado a esta reunión era meridiano: 

• El deterioro del sistema de provisión de puestos ha llegado a un punto completamente insoportable.
• Los principios de igualdad, capacidad, mérito y publicidad llevan tiempo en el olvido. 
• La desconfianza y el desapego de la plantilla en relación a dichos procesos es palpable. 
• El derecho a la carrera profesional en la AGE está en suspenso. Son las decisiones unilaterales de la Administración, decisiones arbitrarias en su mayoría, las que determinan la posibilidad de carrera de unos o de otras.

Hay múltiples motivos que colaboran a concretar la desagradable foto que en materia de provisión de puestos se pone de manifiesto en nuestra Administración.

• Se incumple reiteradamente la norma legal.
• Se abusa de los elementos de discrecionalidad que la Administración tiene a su alcance en esta parcela.
• La negociación colectiva ha quedado completamente arrinconada y son los antojos de cada uno o cada una de las gestoras de recursos humanos lo que realmente definen la gestión.
• E indudablemente, el largo periodo de recortes en materia de empleo que soportamos en esta Administración, las modificaciones unilaterales de las RPT, las amortizaciones de puestos de trabajo y el resto de medidas derivadas de una política de empleo completamente restrictiva, colaboran a que la situación haya llegado a un punto de decadencia nunca conocido. 

Si buscásemos ejemplos de lo que comentamos en los párrafos anteriores, podríamos estar una semana señalando situaciones indeseables. Aquí van algunas, probablemente las más sangrantes: 
 
a) Abuso de las Comisiones de Servicio, desbordando claramente el marco legal en el que pueden justificarse.

b) Falta de criterios en la definición de los concursos y una orientación que en los últimos años solo parece buscar la consolidación de aquellos previamente nombrados en comisión de servicios.

c) En ese sentido se han viciado las bases de los concursos y los procesos de valoración que debieran realizarse en los mismos.

d) Exclusiones y limitaciones a la participación en los concursos carentes de justificación alguna.

e) Modificaciones unilaterales de la RPT que han roto su lógica y que se han realizado sin control ni justificación alguna.

f) Decisiones unilaterales de la Administración que afectan a amplios colectivos y que han puesto en cuestión el derecho a carrera profesional del personal de la AGE. La última ocurrencia en este sentido la tenemos en relación con la entrada del personal militar, pero ya anteriormente hemos tenido ejemplos con personal de Correos.

g) Se abusa del nombramiento de personal funcionario interino o de personal laboral temporal, se sustituye empleo estructural por empleo precario y se impide que el personal de estructura pueda optar previamente a un destino geográfico más cercano a su deseo. 

No es necesario seguir., todos y todas en esta Administración conocemos las consecuencias del enfoque que hasta el momento ha dado Función Pública a la gestión de personal en la AGE.

No cabe duda sobre la necesidad de revisar la norma legal que da soporte a los diferentes procesos de provisión de puestos. Es algo en lo que deberemos poner el foco durante el desarrollo de la Ley AGE, pero a fecha de hoy tenemos el marco legal que tenemos y dentro del mismo debemos buscar las soluciones oportunas. 

No cabe duda de que es necesario realizar un diagnóstico de los recursos humanos y de los servicios públicos en la AGE, pero siendo conscientes de ello y sin despreciarlo, lo que también es cierto es que no podemos permitirnos ni un día más en la deteriorada y caótica situación que hoy se sufre en la AGE en todo lo que está relacionado con los procesos de provisión de puestos.

Exposición completa pinchando aquí.

El comunicado de esta organización sindical no menciona a un colectivo en particular, las Confederaciones Hidrográficas, aunque de facto existe un Plan de recursos humanos para la Explotación de Presas, (propuesta-estudio) y en concreto la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se encuentra dentro de los ejemplos de situaciones indeseables y sangrantes. Recordamos que "el agua no debería tener color político". 

Las Confederaciones Hidrográficas son responsables de mantener operativas las presas del Estado, lo que implica su conservación y mantenimiento durante el periodo de vida útil, así como su reposición una vez concluida ésta.

¿Faltan medios humanos y medios materiales para garantizar la seguridad de las presas en España? Es evidente que la dotación de medios es escasa para controlar la seguridad de forma óptima. 

Los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ¿van a dotar de recursos humanos y económicos a las Confederaciones Hidrográficas, para que se implanten y se lleven a la práctica los planes de gestión del riesgo de inundación y los programas de medidas, o va a ocurrir lo mismo que con las Normas de Explotación de las presas, que no se pueden implantar por falta de recursos? 

Parece que está en pugna que el control e inspección de las mismas lo realicen profesionales independientes de los titulares de la explotación de las infraestructuras, de ahí que estos asuntos no se resuelvan a favor del empleo público y se esté decidiendo que esa dotación de recursos humanos provenga de empresas privadas.

Si la iniciativa de CCOO es adoptada o se toman decisiones de espaldas o sin contar más que en lo imprescindible sobre las materias determinadas, la información facilitada sobre los temas a abordar será una estrategia más y de momento -es nuestra opinión- las reglas del juego no habrán cambiado.    

Compas de espera hasta ver los resultados de la reunión prevista: "Efectividad Negociadora" y/o "efectos perversos".