DESBARAJUSTE EN LA MOVILIDAD INTERADMINISTRATIVA: EL SINDICATO ANDALUZ DE FUNCIONARIOS SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA OTORGAR A UN FUNCIONARIO DE LA JUNTA UN PUESTO DE TRABAJO EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.

La carrera profesional de los empleados públicos de la Junta de Andalucía, es un derecho que se encuentra reconocido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y en la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía. 

La provisión de puestos, la promoción profesional, la movilidad, las retribuciones, el acceso, las potestades administrativas, han pasado a un segundo plano en la negociación de las Mesas de la Función Pública Andaluza, donde prima más el interés individual que el colectivo, tanto por parte de la Administración como de los sindicatos presentes en ellas (UGT, CCOO y CSIF).

La Junta de Andalucía lleva sin convocar concurso de traslados desde el año 2009 y cuando se convocó el último, en marzo de 2011, con la obligación legal de haberlo resuelto en septiembre de ese mismo año, agotó el plazo legal, y modificó las bases del concurso expirado éste, prolongando un proceso que ya debía haber terminado y que originó una oleada de demandas judiciales derivando en la paralización del concurso por parte de diversos juzgados de Andalucía. El desbloqueo de la situación en la que se encuentra el Concurso de Méritos se encuentra en la actualidad “cocinándose a fuego lento” en el Parlamento andaluz.

En otras cocinas --Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, como partes integrantes de la CECIR en la Administración General del Estado-- diversos colectivos de funcionarios solicitan que no se adopte acuerdo alguno de apertura de puestos reservados a funcionarios del Estado a funcionarios de Cuerpos y Escalas de otras Administraciones, si no ha tenido lugar con anterioridad la selección justificada de los puestos susceptibles de apertura, el preceptivo proceso de estudio y homologación al que se refiere el EBEP y sin que, posteriormente, se acuerden en el seno de CECIR criterios claros y transparentes para proceder a dichas modificaciones.

El proceso paulatino de reorganizaciones internas y la consiguiente supresión de vacantes en las RPTs de la Administración General del Estado (AGE) está generando dificultades para el desarrollo y la carrera profesional de los empleados públicos.

La apertura de puestos reservados a funcionarios del Estado para que puedan ser ocupados por funcionarios de otras Administraciones restringe aún más las posibilidades de carrera profesional de los funcionarios, por lo que esta posibilidad debe someterse a criterios de estricta necesidad y realizarse con las necesarias garantías y la debida transparencia.

A día de hoy, aún sin desarrollar el EBEP que dispone la movilidad funcionarial efectiva interadministrativa por parte de las distintas Administraciones Públicas, poder moverse de una Administración a otra es una labor imposible para el 90% de los empleados públicos ya que los puestos ofertados no están abiertos a ser ocupados por personal de otra Administración distinta a la convocante y si lo están, las normas internas de funcionamiento no permiten esta movilidad tampoco.

Hace unos tres años los funcionarios de la Junta constituyeron la "Plataforma de funcionarios desplazados de la Junta de Andalucía", para denunciar su situación a la opinión pública, puesto que se consideran  los principales perjudicados del bloqueo del concurso de méritos emprendido por la Junta de Andalucía. En diferentes notas enviadas a los medios de comunicación allá por el año 2012, la Plataforma informó que muchos funcionarios de la Junta de Andalucía se encuentran desplazados de sus hogares varios cientos de kilómetros y pedían vía Plataforma, por aquel entonces, una solución rápida aunque fuese transitoria --reubicación temporal--.

Desde aquellas fechas no se ha vuelto a saber nada más de la "Plataforma de funcionarios desplazados de la Junta de Andalucía", pero es cierto que ese tipo de situaciones se traduce en familias partidas, cuyos miembros tienen que vivir en provincias distintas, con el consiguiente quebranto familiar, afectivo y económico, o en trabajadores que ante la imposibilidad de costear los gastos de mantener dos viviendas tienen que recorrer cientos de kilómetros diarios para desplazarse a su centro de trabajo, con el desgaste físico y psicológico que ello conlleva.

El caso es que sobre la "igualdad" y la "desigualdad" y expuesta y centrada así la cuestión, os informamos que el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), observando que un funcionario de la Administración de la Junta de Andalucía ha obtenido un puesto en la Administración General del Estado --pese a estar “imputado” en varios procesos judiciales-- solicita a la Subdelegación del Gobierno o a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir información sobre el procedimiento llevado a cabo.

Un funcionario para cada puesto, pero no cualquier funcionario para cualquier puesto, sino el que reúne los requisitos por los procedimientos legales establecidos para cubrir transitoriamente tal puesto. Es habitual la frecuente complicidad del funcionario que se aprovecha de su relación de amistad o afinidad con la autoridad para obtener tan anómalo nombramiento…¿no queda en entredicho la imparcialidad funcionarial?; al fin y al cabo, el “funcionario okupa” debe el puesto y las retribuciones a su señor -sic Sevach-