LA AUDITORÍA DEL ESTADO DESTAPA MÁS IRREGULARIDADES EN LA GESTIÓN DEL GUADALQUIVIR, INFORMA EL CONFIDENCIAL. LAS CUENTAS NO CUADRAN.

La Intervención califica como “opinión desfavorable” las cuentas presentadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el ejercicio 2014.  

Analicemos:

El control interno de la gestión económico financiera del sector público estatal se realizará mediante el ejercicio de la función interventora y del control financiero.  

La función interventora tiene por objeto controlar todos los actos de la Administración del Estado y de sus Organismos autónomos que den lugar al reconocimiento de derechos y de obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven y la recaudación, inversión o aplicación en general de los caudales públicos, con el fin de asegurar que la administración de la Hacienda Pública se ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso.

La Intervención General de la Administración del Estado podrá interponer los recursos y reclamaciones que autoricen las disposiciones vigentes. Asimismo, podrá instar la declaración de lesividad y la revisión de oficio de aquellos actos que considere perjudiciales para los intereses económicos de la Hacienda Pública.

 

La noticia publicada hace unos momentos en El Confidencial sobre el informe de auditoria de la Intervención Delegada sobre las cuentas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir durante el ejercicio 2014, nos expone que el mandato de Manuel Romero Ortiz al frente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir continúa lleno de sobresaltos. La auditoría de la Intervención General del Estado ha desvelado más irregularidades en la etapa de Romero, imputado por supuestos delitos de prevaricación omisiva, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente en el caso de los vertidos ilegales de aguas fecales procedentes de la depuradora de la Prisión de Albolote (Granada).

La auditoría expresa de este modo su desacuerdo con los estados financieros y expresa de modo literal que no presentan “adecuadamente la realidad económico-financiera del organismo público”. “No presentan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado de las operaciones o de los cambios en la situación financiera de la entidad auditada, de conformidad con los principios y normas generalmente aceptados”.

Asimismo, El Confidencial informa sobre la “Renuncia “no legal” del Comisario de Aguas”, sus motivos, repercusiones y consecuencias. 

Noticia integra: 

LA AUDITORÍA DEL ESTADO DESTAPA MÁS IRREGULARIDADES EN LA GESTIÓN DEL GUADALQUIVIR

El informe realizado da como resultado OPINIÓN DESFAVORABLE, significando que los resultados de las cuentas no expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el ejercicio de 2014.

La opinión favorable, limpia o sin salvedades significa que el auditor está de acuerdo, sin reservas, sobre la presentación y contenido de los estados financieros, que no es el caso.

En este caso la OPINIÓN DESFAVORABLE u opinión adversa o negativa significa que el auditor está en desacuerdo con los estados financieros de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y afirma que éstos no presentan adecuadamente la realidad económico-financiera del Organismo Público  auditado y ello supone manifestarse en el sentido de que las cuentas anuales tomadas en su conjunto no presentan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado de las operaciones o de los cambios en la situación financiera de la entidad auditada, de conformidad con los principios y normas generalmente aceptados.

Para que un auditor llegue a expresar una opinión como la indicada, es porque ha identificado errores, incumplimiento de principios y normas contables generalmente aceptados, incluyendo defectos de presentación de la información, que, a su juicio, afectan a las cuentas anuales en una cuantía o concepto muy significativo o en un número elevado de capítulos que hacen que concluya de forma desfavorable.

En un sistema democrático de gobierno, la rendición de cuentas al público y, en particular, a sus representantes elegidos, es un aspecto primordial de la gestión de una entidad del sector público. La auditoría financiera realizada con criterios de eficacia, eficiencia y economía, trata de verificar, si a juicio del auditor, los estados contables del organismo auditado se presentan adecuadamente según los principios de contabilidad que le son aplicables y la auditoría de cumplimiento de legalidad trata de verificar si el organismo auditado cumple con la legalidad vigente en la gestión de los recursos públicos. 

Es evidente que en este Organismo las cuentas no cuadran.
 

LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, A LA OCASIÓN LA PINTAN CALVA, LA CARABINA DE AMBROSIO.

Hay momentos en que la suerte, el destino, los designios divinos o como ustedes lo quieran llamar, nos ponen frente a una situación de la que podemos sacar ventaja. Es cuestión de estirar la mano, tomarla y aprovecharla, se suele decir entonces aquello de "a la ocasión la pintan calva". Más cuando si lo que se hace no sirve para nada, antaño se solía decir "esto es la carabina de Ambrosio...colgada de un clavo". Razón pasmosa del refranero español, aplicable a infinidad de situaciones.

Hace una semana la alcaldesa de Monturque (Córdoba), exigió a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) "que actúe de manera inmediata en los cauces del arroyo Hondo y el río Cabra para evitar futuros daños humanos y materiales que podrían producirse en el municipio en caso de desborde de alguno de dichos cauces, como ha ocurrido en las últimas horas", a causa de una tromba de agua que afectó a la localidad y provocó inundaciones. 

 

Lo anterior llevo a que el día 11 de septiembre de 2015 el diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, envió  una carta a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en la que reclama "una actuación urgente ante las recientes inundaciones que han tenido tugar en Monturque, Cabra y Lucena, entre otros, por las copiosas lluvias que han tenido lugar durante los días 6 y 7 de septiembre".

Hurtado le recuerda en la misiva que "los informes técnicos ponen de manifiesto que los desbordamientos del río Cabra y del Arroyo Hondo, por claras deficiencias detectadas en los cauces, no abordadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que lleva cinco años sin actuar, son la principal razón de las constantes inundaciones que se vienen produciendo en los últimos años". 

Por ello, en su carta, pide que se adopten "con carácter de urgencia las medidas de limpieza, dragado y protección de los márgenes del río, para evitar daños mayores y evitar la enorme intranquilidad de la población cada vez que llueve". Además, demanda "que se aborden por la CHG los planes de actuación en las 27 áreas de Córdoba con riesgo de inundaciones, que afectan a más de 46.000 personas".

 

Echando la vista unos meses atrás el PSOE propuso a la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas que encomendase al Tribunal de Cuentas "la elaboración y remisión a la Cámara de un informe relativo a la verificación de la observancia" de la Ley de Contratos del Sector Público "en las contrataciones llevadas a cabo por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) durante los ejercicios 2013 y 2014, con especial atención a las contrataciones de las actuaciones de limpieza en el río Guadalquivir a su paso por Córdoba". El PSOE busca que el Tribunal de Cuentas diga si la CHG cumplió la Ley al contratar la limpieza del Guadalquivir, actuación que costó al erario público la ingente cantidad de 1,8 millones de euros.

Como quiera que una cosa lleva a la otra, hoy día 16 de septiembre de 2015, se licitan dos contratos, para seís meses con identico Presupuesto base de licitación de 826.446,28 Euros, sin especificación de las zonas de actuación -ámbito territorial a la carta (DMA)- y con el Visto Bueno del Comisario de Aguas que renunció a su cargo en el pasado mes de julio.  A la ocasión la pintan calva.

- Pliego de Servicios de mantenimiento y conservación de los cauces de la zona de Córdoba. Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir.Expediente: CO(CO)-5224 

- Pliego de servicios de mantenimiento y conservación de los cauces de la zona de Sevilla. Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. Expediente: SE(CO)-5227 

Redactados en los mismos términos y salidos de algún cajón, ambos pliegos nos exponen:

Y con respecto a la necesidad de contratación, señalan, ambos pliegos, que el buen estado del Domino Público Hidráulico exige una labor continua de inspección, de acondicionamiento y recuperación ambiental de los cauces. La carabina de Ambrosio. 

Prestando un poco de atención a los últimos acontecimientos, por ejemplo la Resolución de 27 de julio de 2015, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por la que se revoca la delegación de funciones hecha en favor del comisario de aguas por resolución de 20 de julio de 2000, y que vuelven a ser asumidas por la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, o  que el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, que investiga el caso de los supuestos vertidos ilegales de aguas fecales procedentes de la depuradora de la Prisión de Albolote (Granada), mantiene la imputación contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Manuel Romero Ortiz, y el comisario de Aguas de este organismo, Rafael Álvarez, por supuestos delitos de prevaricación omisiva, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente y contra el actual jefe de Calidad de las Aguas, Cándido Brieva por un delito contra el medio ambiente y otro de prevaricación, rechazándose la petición de sobreseimiento que había solicitado la Abogacía del Estado para estos tres altos cargos de la Confederación, pues no hay más que decir.... 

Esto es la carabina de Ambrosio y a la ocasión la pintan calva y aquí ... se la agarra por los pelos.

CAMBIOS QUE VIENEN EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, CONTINÚA LA PRESENCIA DE LA AUTENTICA "DEDOCRACIA".

La pérdida de credibilidad del sector público como gestor del bienestar ciudadano viene  acompañado de manifestaciones que exigen y obligan a que las instituciones públicas actúen aplicando principios de excelencia, eficiencia y eficacia. 

Excelencia para satisfacer las necesidades de los ciudadanos con mayor transparencia y responsabilidad. 

Eficiencia para el logro del resultado de la manera más óptima y menos costosa posible, en definitiva “hacer bien las cosas”. 

 

Eficacia para alcanzar los objetivos propuestos y la consiguiente actuación para cumplir tales objetivos. 

El objetivo de toda empresa privada es primordialmente el fin de lucro. Un gestor/dirigente/ejecutivo es efectivo cuando es apto, capaz y competente, cuando hace las cosas y desempeña una acción favorable para los intereses de la organización. La eficiencia y la eficacia de un gestor/dirigente/ejecutivo se determina según utilice bien o malgaste los recursos a su disposición y se relacione bien o mal con el entorno cambiante. 

El Estado no está para ganar dinero, sino para ser eficaz, para distribuir equitativamente, para proteger al más débil, para ser un árbitro justo en las lógicas diferencias que conviven en toda sociedad. Sus directivos, sus empleados públicos, deben ser efectivos. 

Para conocimiento del ciudadano las causas de la corrupción son de diferente índole. Entre las causas inmediatas, podemos citar el soborno de parte del sector privado, el gran conjunto de trámites para las actuaciones públicas, el poder discrecional de algunos servidores del Estado, la falta de transparencia en los procesos de contratación administrativa, el despilfarro del gasto público y la externalización de servicios. Entre las mediatas, sobresalen, la baja remuneración de algunos servidores públicos, principalmente los diferentes al nivel directivo, la debilidad en correctivos penales y disciplinarios que castiguen las prácticas corruptas, el debilitamiento de los controles institucionales y ciudadanos en cuanto a la transparencia de la función pública, la impunidad, en suma, el monopolio, la discrecionalidad y la rendición de cuentas.

Próximamente se cumplirá un año desde que las llamadas “presuntas irregularidades en la gestión del dinero público en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir” empezaran a investigarse a raíz de las informaciones publicadas por “El Confidencial”. 

Pasado un año, hay cambios, pero no son los esperados. Los responsables políticos siguen siendo los mismos y con las elecciones generales a la vista y, tal y como ocurrió en las anteriores, se mantienen ciertos cargos directivos "a perpetuidad". Es vital considerar que no existe democracia sin la existencia de controles al ejercicio del poder publico. Medir la eficiencia y la eficacia de una decisión pública, y su excelencia, analizando y evaluando entre otras cuestiones el comportamiento de sus empleados públicos, aquí es harina de otro costal. 

La existencia de un régimen correcto de provisión de puestos de trabajo y de un sistema adecuado de movilidad de los empleados públicos constituye un elemento decisivo para que las Administraciones Públicas alcancen los fines y objetivos que les son propios, esto es, la eficiencia y la eficacia. 

En los últimos tiempos en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se advierte un uso desaforado e injustificado de procedimientos administrativos excepcionales, fundamentalmente la adscripción provisional, la comisión de servicios y la libre designación, en sustitución del procedimiento ordinario de provisión, esto es, el concurso, lo que parece obedecer a las posibilidades que ofrecen las formas extraordinarias para regatear los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

Con una frecuencia alarmante, se aprecia que las resoluciones de adjudicaciones definitivas de puestos de personal funcionario publicadas en el BOE, dejan entrever que los adjudicatarios ya venían desempeñando con anterioridad el mismo puesto adjudicado. En tales casos parece presumible que la única finalidad de la convocatoria posterior publicada en el BOE, fuera el propósito preconcebido de que los funcionarios previa y opacamente ascendidos o trasladados al destino profesional o geográfico ansiado, ganen posteriormente, con carácter definitivo, el puesto que ya disfrutaban. 

Estas prácticas resultan especialmente atractivas para los responsables de las unidades administrativas, tentados de ejecutar una política de personal a capricho, sin mayores explicaciones. 

El comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir presento su renuncia al cargo. Dicha renuncia no implica su cese. Pero el cese está latente. Las extrañas consecuencias de la renuncia son el nombramiento de un comisario adjunto que ocupa ese puesto anteriormente a la publicación de la correspondiente convocatoria en el BOE y la asignación para el funcionario “cesado” (a partir de su triunfal aterrizaje mediante la libre designación como comisario de aguas en la sede principal en Sevilla) de un puesto vacante o creado para la ocasión con el destino profesional y geográfico ansiado por el “renunciante”, actuaciones que lindan con la pura y simple arbitrariedad. 

Cualquier reserva, explicita o encubierta, de funciones públicas ad personam (a título personal) o la adscripción personal a personas individualmente seleccionadas resulta contraria a derecho, así nos lo hace saber el Tribunal Constitucional prohibiendo tal práctica, para interceptar tan indeseables inercias. 

"La Administración puede reorganizarse como considere oportuno. Pero la creación o modificación sustancial de puestos que conlleva esta reorganización no puede llevar aparejada la adscripción directa de las personas que libremente elija, sin justificación ni motivación alguna, pues conlleva una provisión arbitraria, fuera de los cauces legales previstos, que conculca los principios de mérito y capacidad".

Lo cierto es que antes de la convocatoria para un puesto ya hay ‘nombre’ para esa plaza. Hablando en plata, llevamos años en presencia de una auténtica “dedocracia” que ha puesto en cuestión la neutralidad, la objetividad y la independencia con la que deben actuar los empleados públicos. 

Como pueden ustedes comprender no se trata de un problema corporativo, sino de un problema muy grave que nos afecta a todos los empleados públicos porque no se respetan los principios de igualdad de oportunidades y las legitimas expectativas de promoción profesional, materializándose el riesgo de que nuestras instituciones no sirvan a los intereses generales, sino simplemente a los intereses particulares, ya sean los de un partido, un grupo de interés o incluso los de personas concretas que tienen la capacidad de influir en la designación de los funcionarios que ocuparan estos puestos. 

Hay que denunciar que la función pública, con estas cartas (marcadas), sirve para poco, y debemos ser los propios empleados públicos quienes nos defendamos (en aras a ganarnos la credibilidad y la legitimidad frente a la ciudadanía), sorteando las zancadillas de los empleados públicos de estómago agradecido. 

Pura y simplemente, hoy, un empleado público neutral tiene un “techo de cristal”, o pocas posibilidades de ascender, dado que se van a primar méritos no profesionales a la hora de seleccionar a los candidatos, ya se trate de la afinidad ideológica, la confianza, la amistad o el puro y simple intercambio de favores (quid pro quo).

El hecho de que algunos sean ascendidos porque sí y firmen una carrera meteórica desmotiva al resto del mundo.

Reincidimos en que afortunadamente aunque a nuestros gobernantes se les olvide cada vez con mayor frecuencia, España es todavía un Estado de Derecho, gracias, entre otras cosas, a empleados públicos que con sus denuncias nos recuerdan que muchos de ellos conservan intacta una vocación de servicio a los intereses generales en estos tiempos complicados y, aunque suene a tópico, nos devuelven la confianza en la dignidad de la función pública. A todos ellos nuestro agradecimiento como ciudadanos.