CAMBIOS QUE VIENEN EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, CONTINÚA LA PRESENCIA DE LA AUTENTICA "DEDOCRACIA".

La pérdida de credibilidad del sector público como gestor del bienestar ciudadano viene  acompañado de manifestaciones que exigen y obligan a que las instituciones públicas actúen aplicando principios de excelencia, eficiencia y eficacia. 

Excelencia para satisfacer las necesidades de los ciudadanos con mayor transparencia y responsabilidad. 

Eficiencia para el logro del resultado de la manera más óptima y menos costosa posible, en definitiva “hacer bien las cosas”. 

 

Eficacia para alcanzar los objetivos propuestos y la consiguiente actuación para cumplir tales objetivos. 

El objetivo de toda empresa privada es primordialmente el fin de lucro. Un gestor/dirigente/ejecutivo es efectivo cuando es apto, capaz y competente, cuando hace las cosas y desempeña una acción favorable para los intereses de la organización. La eficiencia y la eficacia de un gestor/dirigente/ejecutivo se determina según utilice bien o malgaste los recursos a su disposición y se relacione bien o mal con el entorno cambiante. 

El Estado no está para ganar dinero, sino para ser eficaz, para distribuir equitativamente, para proteger al más débil, para ser un árbitro justo en las lógicas diferencias que conviven en toda sociedad. Sus directivos, sus empleados públicos, deben ser efectivos. 

Para conocimiento del ciudadano las causas de la corrupción son de diferente índole. Entre las causas inmediatas, podemos citar el soborno de parte del sector privado, el gran conjunto de trámites para las actuaciones públicas, el poder discrecional de algunos servidores del Estado, la falta de transparencia en los procesos de contratación administrativa, el despilfarro del gasto público y la externalización de servicios. Entre las mediatas, sobresalen, la baja remuneración de algunos servidores públicos, principalmente los diferentes al nivel directivo, la debilidad en correctivos penales y disciplinarios que castiguen las prácticas corruptas, el debilitamiento de los controles institucionales y ciudadanos en cuanto a la transparencia de la función pública, la impunidad, en suma, el monopolio, la discrecionalidad y la rendición de cuentas.

Próximamente se cumplirá un año desde que las llamadas “presuntas irregularidades en la gestión del dinero público en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir” empezaran a investigarse a raíz de las informaciones publicadas por “El Confidencial”. 

Pasado un año, hay cambios, pero no son los esperados. Los responsables políticos siguen siendo los mismos y con las elecciones generales a la vista y, tal y como ocurrió en las anteriores, se mantienen ciertos cargos directivos "a perpetuidad". Es vital considerar que no existe democracia sin la existencia de controles al ejercicio del poder publico. Medir la eficiencia y la eficacia de una decisión pública, y su excelencia, analizando y evaluando entre otras cuestiones el comportamiento de sus empleados públicos, aquí es harina de otro costal. 

La existencia de un régimen correcto de provisión de puestos de trabajo y de un sistema adecuado de movilidad de los empleados públicos constituye un elemento decisivo para que las Administraciones Públicas alcancen los fines y objetivos que les son propios, esto es, la eficiencia y la eficacia. 

En los últimos tiempos en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se advierte un uso desaforado e injustificado de procedimientos administrativos excepcionales, fundamentalmente la adscripción provisional, la comisión de servicios y la libre designación, en sustitución del procedimiento ordinario de provisión, esto es, el concurso, lo que parece obedecer a las posibilidades que ofrecen las formas extraordinarias para regatear los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

Con una frecuencia alarmante, se aprecia que las resoluciones de adjudicaciones definitivas de puestos de personal funcionario publicadas en el BOE, dejan entrever que los adjudicatarios ya venían desempeñando con anterioridad el mismo puesto adjudicado. En tales casos parece presumible que la única finalidad de la convocatoria posterior publicada en el BOE, fuera el propósito preconcebido de que los funcionarios previa y opacamente ascendidos o trasladados al destino profesional o geográfico ansiado, ganen posteriormente, con carácter definitivo, el puesto que ya disfrutaban. 

Estas prácticas resultan especialmente atractivas para los responsables de las unidades administrativas, tentados de ejecutar una política de personal a capricho, sin mayores explicaciones. 

El comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir presento su renuncia al cargo. Dicha renuncia no implica su cese. Pero el cese está latente. Las extrañas consecuencias de la renuncia son el nombramiento de un comisario adjunto que ocupa ese puesto anteriormente a la publicación de la correspondiente convocatoria en el BOE y la asignación para el funcionario “cesado” (a partir de su triunfal aterrizaje mediante la libre designación como comisario de aguas en la sede principal en Sevilla) de un puesto vacante o creado para la ocasión con el destino profesional y geográfico ansiado por el “renunciante”, actuaciones que lindan con la pura y simple arbitrariedad. 

Cualquier reserva, explicita o encubierta, de funciones públicas ad personam (a título personal) o la adscripción personal a personas individualmente seleccionadas resulta contraria a derecho, así nos lo hace saber el Tribunal Constitucional prohibiendo tal práctica, para interceptar tan indeseables inercias. 

"La Administración puede reorganizarse como considere oportuno. Pero la creación o modificación sustancial de puestos que conlleva esta reorganización no puede llevar aparejada la adscripción directa de las personas que libremente elija, sin justificación ni motivación alguna, pues conlleva una provisión arbitraria, fuera de los cauces legales previstos, que conculca los principios de mérito y capacidad".

Lo cierto es que antes de la convocatoria para un puesto ya hay ‘nombre’ para esa plaza. Hablando en plata, llevamos años en presencia de una auténtica “dedocracia” que ha puesto en cuestión la neutralidad, la objetividad y la independencia con la que deben actuar los empleados públicos. 

Como pueden ustedes comprender no se trata de un problema corporativo, sino de un problema muy grave que nos afecta a todos los empleados públicos porque no se respetan los principios de igualdad de oportunidades y las legitimas expectativas de promoción profesional, materializándose el riesgo de que nuestras instituciones no sirvan a los intereses generales, sino simplemente a los intereses particulares, ya sean los de un partido, un grupo de interés o incluso los de personas concretas que tienen la capacidad de influir en la designación de los funcionarios que ocuparan estos puestos. 

Hay que denunciar que la función pública, con estas cartas (marcadas), sirve para poco, y debemos ser los propios empleados públicos quienes nos defendamos (en aras a ganarnos la credibilidad y la legitimidad frente a la ciudadanía), sorteando las zancadillas de los empleados públicos de estómago agradecido. 

Pura y simplemente, hoy, un empleado público neutral tiene un “techo de cristal”, o pocas posibilidades de ascender, dado que se van a primar méritos no profesionales a la hora de seleccionar a los candidatos, ya se trate de la afinidad ideológica, la confianza, la amistad o el puro y simple intercambio de favores (quid pro quo).

El hecho de que algunos sean ascendidos porque sí y firmen una carrera meteórica desmotiva al resto del mundo.

Reincidimos en que afortunadamente aunque a nuestros gobernantes se les olvide cada vez con mayor frecuencia, España es todavía un Estado de Derecho, gracias, entre otras cosas, a empleados públicos que con sus denuncias nos recuerdan que muchos de ellos conservan intacta una vocación de servicio a los intereses generales en estos tiempos complicados y, aunque suene a tópico, nos devuelven la confianza en la dignidad de la función pública. A todos ellos nuestro agradecimiento como ciudadanos.