RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ADMINISTRATIVA; COMPETENCIA; GESTIÓN DE RECURSOS Y APROVECHAMIENTOS HIDRÁULICOS; INUNDACIONES; CALIDAD DE LAS AGUAS; VERTIDOS...

“Como conocemos que los incentivos, las oportunidades y los riesgos pueden provocar conductas inmorales hasta en personas decentes, es preciso establecer normas, procesos y órganos dentro de cada organización pública que prevengan conductas inmorales y promuevan la ética” (M. Villoria y A. Izquierdo, Ética Pública y Buen Gobierno, 2016).

VER DOCUMENTO INTEGRO

En 2014 comienzan a determinarse responsabilidades por las riadas que en el año 2010 causaron numerosos daños a cultivos y viviendas en la provincia de Córdoba.

Varias sentencias de la Audiencia Nacional han ido condenando a la Junta de Andalucía a indemnizar a los afectados por los perjuicios sufridos, determinando que las lluvias "no fueron ni torrenciales, ni extraordinarias, ni excepcionales", el mantenimiento de los cauces no era el adecuado y los desembalses contribuyeron a agravar la situación.

El presidente de la Plataforma de Afectados por las Inundaciones en Córdoba destacó en 2014 que algunas personas ya estaban siendo indemnizadas por sus seguros mientras que en otros casos los afectados no habían percibido nada. Además, a esta situación, nos contaba, se añade "un daño psicológico y moral, cada vez que caen cuatro gotas la gente tiene miedo", y es que actualmente según apuntó, "la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tampoco está limpiando los cauces", debiendo ser necesario "preguntarse dónde está el fallo", ya que si bien la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (extinguida la Agencia Andaluza del Agua) devolvió las competencias de la cuenca a la Administración Central, "los técnicos siguen siendo los mismos".

Con fecha 13 de enero de 2016 los medios de comunicación informan que Asaja-Córdoba, con la unión de 28 agricultores afectados y un informe del Grupo de Investigación de Hidrología e Hidráulica Agrícola de la Universidad de Córdoba (UCO), ha conseguido que los tribunales vuelvan a dar la razón a los damnificados por la riada del año 2010, por lo que hasta el día de hoy le han sido reconocidos casi dos millones de euros por los daños ocasionados en sus propiedades agrarias.

Recordamos que Asaja cifró en 26 millones de euros los daños y perjuicios sufridos y recordamos también que  tras los fallos de la Audiencia Nacional condenando a la Junta de Andalucía, la Consejera de Medio Ambiente afirmó ante los medios que recurrirá "hasta el final" las sentencias de las inundaciones del 2010. Aunque dijo que acatará las sentencias firmes cuando se produzcan, "como no puede ser de otra manera", también rechazó otro argumento del juez para condenar a la Junta: el de la "omisión del deber de mantenimiento de los cauces". La responsable de la Consejería recordó que "los cauces no se ensucian en un día" y que la Junta apenas tuvo 11 meses desde que recibió las competencias hasta las primeras inundaciones, todo ello en una comunidad en la que, sin contar con la enorme cuenca del Guadalquivir, la Junta debe mantener 60.000 kilómetros de cauces de ríos y arroyos.

Según las sentencias la falta de limpieza de los cauces del río, dan lugar a una Responsabilidad Patrimonial de la Administración. En este caso a la Junta de Andalucía.

Un primer título de imputación del daño sería, pues, el incumplimiento de la Administración de su deber de realizar periódicamente las actuaciones necesarias en los cauces. Otro residiría en la falta de previsión ante unas lluvias que se anunciaron oportunamente. Y en fin, uno tercero en la gestión producida de los desembalses.

Por otra parte es noticia estos días la indignación y preocupación de los integrantes de la Plataforma en Defensa del Río Guadalquivir a su paso por Andújar, ante, como dicen, la falta de intervención por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (GHG) en el cauce del río para evitar las avenidas y denuncian “indefensión”. 

Según explican los portavoces del colectivo de afectados en un comunicado, los actuales responsables no han llevado a cabo ninguna acción ni en el cauce ni en la presa de Marmolejo para buscar una solución real a las inundaciones. Denuncian que hace tres años que asumieron las competencias de la gestión de la cuenca del río y, desde entonces, no han visto movimiento alguno. Los vecinos afectados apuntan que se trata de una “irresponsabilidad” dejar el proyecto tanto tiempo paralizado.

Tras este comunicado la Plataforma de Afectados ha recibido los resultados del anhelado informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), acerca de las zonas inundables del municipio. “El documento estaba terminado hace dos años, pero han dado largas hasta hoy”, denuncian.

  

Cuando se producen inundaciones medios escritos y audiovisuales recogen no solo los sucesos sino también un amplio abanico de testimonios, crónicas, reportajes, e imágenes de lo sucedido,  conformando un conjunto de información muy valiosa de carácter cotidiano pero también de carácter técnico, político y científico.

La importancia de esta información es doble, por un lado de su análisis se desvelan las ideas, los intereses y el conocimiento que parte de la sociedad y sus gestores tienen de las inundaciones y por otro, se convierte en discurso educativo, conformador de opinión y generador de cultura, en este caso cultura fluvial y medioambiental.

Ambos aspectos están íntimamente relacionados y pueden dar algunas claves de la situación en que se encuentra la sociedad y sus líderes políticos de cara a asumir los necesarios cambios que se avecinan –algunos ya en marcha- respecto a la gestión del agua, de los ríos, de los embalses, etc., por el desarrollo de la nueva Planificación Hidrológica y en general de la Directiva Marco del Agua.

Comunicar e informar no son tareas fáciles. Si además hablamos de medio ambiente, menos aún. 

“La locura de un solo hombre provocó con su ataque la destrucción de infinitos pueblos, y el capricho de un rey arrogante destruyó en un instante lo que la Naturaleza había tardado tantos siglos en crear”. De esta manera recordaba Jordanes (s. VI Historiador latino de origen alano) la invasión de Italia por los hunos en el año 451, al mando de un terrible caudillo, Atila, al que el mismo autor veía como «la vara de la furia de Dios».

Ecologistas en Acción anualmente y en fechas señaladas convoca los premios Atila con el objetivo de distinguir y denunciar a aquellas personas y entidades que hayan destacado por su contribución a la destrucción del medio ambiente.

Con esta distinción, Ecologistas en Acción pretende recompensar los esfuerzos, nunca valorados en su justo término de aquellas personas que dedican "desinteresadamente" tiempo y trabajo a destruir el medio ambiente.

Ha sido galardonado con el premio Atila 2015, entre otras instituciones y personas, por méritos propios por su nefasta actuación medioambiental:

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por su actuación en los vertidos de aguas residuales y desvío ilegal de las aguas de lluvia en la Cárcel de Albolote y por no vigilar los permisos que da a particulares que hacen auténticos destrozos, como la tala del río Genil a la altura del Asadero.

Habitualmente el vertido contaminante se realiza de forma activa, es decir por un acto positivo que directamente produce el riesgo de daño grave medioambiental. Otras veces es omisiva, al abstenerse el agente de realizar una conducta que hubiera evitado el vertido o el riesgo causado, aunque las más de las veces estas omisiones son realmente supuestos de comisión por omisión. Unos y otros hechos se encuentran tipificados en el Código Penal.

Es cierto que tanto Administraciones como particulares debemos actuar con la diligencia debida para evitar la producción de daños pero el deber de aquella en relación con la conservación de los cauces de los ríos debe ser de una exigencia "superior".