Real Decreto 1498/2011, de 21 de octubre, por el que, en ejecución de sentencia, se
integran en la Administración del Estado los medios personales y materiales
traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Real Decreto 1666/2008,de 17 de octubre.
21 de octubre de 2011
MAR MORENO
INFORMA SOBRE LA REVERSIÓN AL ESTADO DE LAS COMPETENCIAS DEL GUADALQUIVIR
CHAVES DICE QUE
LA DECISIÓN SOBRE LAS COMPETENCIAS DEL GUADALQUIVIR "GARANTIZA" LA
SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS TRABAJADORES
La
decisión se ha tomado pensando en la "seguridad jurídica de los
trabajadores y funcionarios que estaban relacionados con las competencias del Guadalquivir". en este sentido, ha abundado en que si los trabajadores
están pensando acudir a los tribunales "a reclamar o reivindicar
algo" lo pueden hacer "con toda la legitimidad del mundo",
añadiendo que la administración "respetará" esa decisión.
"LA
DECISIÓN SOBRE EL GUADALQUIVIR DA GARANTÍA JURÍDICA A SUS TRABAJADORES"
Rosa Aguilar ha negado que el revés judicial a la transferencia de
la gestión del Guadalquivir a la Junta de Andalucía haya supuesto "una
batalla perdida para Andalucía", sino "todo lo contrario", y ha
añadido: "hemos estado trabajando con la vocación y la voluntad de que
la Junta continuara gestionando el Guadalquivir, pero nos hemos encontrado que se generaba una
inseguridad jurídica manifiesta para los trabajadores".
PP-A PEDIRÁ "RESPONSABILIDADES POLÍTICAS" A LA
JUNTA POR EL "BATACAZO HISTÓRICO" CON LA GESTIÓN DEL GUADALQUIVIR
El Secretario General del PP-A, Antonio Sanz, ha anunciado en rueda de prensa, en la que ha estado
acompañado por la responsable en materia de medio ambiente Carolina González Vigo, que el grupo parlamentario popular va a solicitar la celebración
"urgente" de un pleno monográfico del parlamento para que la Junta
explique "la situación final a la que se ha llegado y qué futuro depara a
los trabajadores".
PLATAFORMA DE
EMPLEADOS PÚBLICOS: ¿CUÁL SERÁ NUESTRA SITUACIÓN A PARTIR DE AHORA?
El colectivo de
empleados públicos afectados por la transferencia del Guadalquivir estima que
la reversión al Estado de las competencias de las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren por Andalucía, "supone simple y llanamente el
deber de cumplimiento de las sentencias de los tribunales" y considera que
"estos casi siete meses desde el fallo del Constitucional han sido una
pérdida de tiempo para el administrado, el usuario, y un coste innecesario para
el ciudadano".
Lamenta en una
nota que durante tres años "se ha creado una incertidumbre en los
empleados públicos de la que no se desprenderán tan fácilmente, pues quedan
asuntos de tema laboral y económico sin resolver, de forma que se ha incurrido
en una falta de responsabilidad política y en una falta de respeto
hacia el empleado público garante de la prestación de un servicio de interés
general".
"El
empleado público ha sido ninguneado, incluso ahora con esta decisión de
revertir el cien por cien de las competencias, pues desconoce cuál será su
situación a partir de ahora y se están planteando pedir daños y perjuicios por
la situación psicológica y personal generada por este desgobierno", ha
aseverado la Plataforma de Empleados Públicos.
UN AÑO DESPUES
21 de octubre de 2012
¿Seguridad jurídica?
“El legislador debe perseguir la
claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia
sobre la que legisla sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué
atenerse….y no provocar juegos y relaciones entre normas como consecuencia de
las cuales se produzcan perplejidades” dicen las STCs 46/1990 y 146/1993.
“La seguridad jurídica no exige la
petrificación del ordenamiento, pero sí el respeto a las garantías enunciadas
explícitamente como tales….quebrantados o desconocidos los compromisos asumidos
por el Estado”
Si la conducta de los poderes
públicos es “sorpresiva y no esperada ni ajustada a las condiciones vigentes”
mediante disposiciones transitorias (STS de 24 de mayo de 1988 -Ar. 4203-) es
exigible la reparación del perjuicio económico injustificado que pueda
producirse (STC 197/1992, de 19 de noviembre, y STC 205/1992, de 26 de
noviembre).
Dos
problemas amenazan la seguridad jurídica: la mala técnica normativa y la
inestabilidad exagerada del ordenamiento. La solución, menos
leyes pero de mayor calidad técnica, y mayor atención a los principios y
valores para hacer compatible la estabilidad del ordenamiento con el progreso y
el cambio social, lo cual ha de ser viable, pues estabilidad no significa
inmovilismo ni petrificación del ordenamiento.
“Hoy más que nunca -como ha escrito
el profesor VILLAR PALASÍ- cuando el desorden jurídico es tal que ni jueces ni
compiladores, ni profesores están de acuerdo con las normas vigentes y, entre
ellas, las aplicables, los grandes principios jurídicos, seguridad jurídica, buena fe y protección de la confianza legítima, constituyen un
referente ineludible en el intento de luchar contra las arbitrariedades del
poder."
El colectivo de afectados por la "ida y venida" del Guadalquivir está en ello.
