EL CPI. LO QUE EL OJO DE LA "JUSTICIA" NO VE. TRANSFERENCIA DEL GUADALQUIVIR, MANIPULACIÓN POLÍTICA DURANTE DOS LEGISLATURAS.

El CPI es un término acuñado por los gestores de recursos humanos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no transferida que proviene de un complemento definido por ley para no mermar los derechos económicos y profesionales de los empleados públicos: 

Al personal que, como consecuencia de un procedimiento de "reorganización administrativa" experimente una disminución en cómputo anual de las retribuciones brutas fijas y periódicas se le reconocerá un complemento personal de integración, de carácter transitorio, consistente en la diferencia de retribuciones. Para el cálculo de dicho complemento no se tomarán en consideración, en ningún caso, los importes acreditados en conceptos derivados de la antigüedad, incentivos al rendimiento, complemento de productividad, horas extraordinarias o conceptos retributivos equiparables. Este CPI no podrá ser incrementado ni revalorizado y se extinguirá siguiendo las pautas que se establecen en la legislación vigente.

Los agoreros vaticinaban, antes de la interposición de los correspondientes recursos, las consecuencias “funestas” de recurrir algo que ya estaba decidido.

Cierto es, porque así lo decidieron los representantes de los trabajadores con voz y voto en las mesas de negociación: No otorgar el CPI a 621 empleados públicos aunque hayan sido objeto de una transferencia ilegal, se les haya causado daño o se les haya discriminado.

Los representantes, tanto de la administración como de la parte social,  mediante una hoja de ruta realizada al efecto, empezaron a caminar paso a paso por los puntos de la ruta establecida, haciendo perder un tiempo valioso a los afectados. Durante mas de un año mareando la perdiz y como el que no quiere la cosa entreteniendo a los "listos" con cálculos "estúpidos" y escuchando las "voces" de los que nunca se vieron en semejante situación, consideraron que a esas 621 personas no les correspondía el derecho a percibir unas retribuciones superiores a las del resto de empleados públicos de la Administración General del Estado.

No se tuvo defensor alguno en esas mesas de negociación porque los participantes, con voz y voto en las mismas, no estaban por la labor de consentir tal afrenta. Afrenta que no se tuvo en cuenta cuando muchos empleados públicos solicitaron por escrito no ser transferidos a la Junta de Andalucía. Igualmente no se tuvo en cuenta que muchos empleados públicos solicitasen no ser devueltos al Estado.

A toda prisa se llevo a cabo una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) sin estudiar ni ejecutar, como es preceptivo, lo que la Ley llama Plan de Recursos Humanos, que debe servir, así lo dice la norma, para ver las necesidades de personal que en el caso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir eran obvias dada la cantidad de pliegos licitados por necesidades de personal desde 2011 hasta la fecha.

Esa RPT, sin estudio alguno, era necesaria para que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado se incluyese una disposición que daba la fecha de 1 de enero de 2013 como aquella en la que los empleados públicos transferidos se integraban de nuevo en la administración del Estado.

Es decir, el 22 de octubre de 2011 por Real Decreto se vuelve al Estado pero no es hasta el 1 de enero de 2013 cuando se toma la decisión de inscripción en los documentos registrales.

Sin embargo, algunos de esos 621 empleados públicos han recibido en compensación por la perdida de sus derechos economicos y profesionales durante su estancia en la Junta de Andalucía, comisiones de servicio y plazas fijas por concurso con subidas de nivel, adscripciones provisionales "eternas en el tiempo", horas extraordinarias "de dudosa realización", complementos varios según dispone el III Convenio para el personal laboral de la AGE y otra serie de "gratificaciones". El resto ha sido discriminado.

Las sentencias emitidas por la "justicia" hasta la fecha desestiman el CPI y la última de 23 de octubre de 2014 .....viene a indicar lo mismo que las anteriores que “la vuelta al Estado se produce por nulidad de la norma que transfirió a ese personal a Andalucía, por ilegalidad de la misma. Luego, si se anula, tiene que volver a tener efecto la situación anterior, de manera que no cabe hablar de adquisición de derechos con base a una norma ilegal”.

Si se anula todo, TODO debe volver a la situación anterior, por tanto todo debe volver a fecha 31 de diciembre de 2008, si es así entonces debe procederse a abonar la ayudas sociales correspondientes a ese periodo y ofertar las siguientes, debe procederse al abono de las productividades realizadas y no satisfechas, cualquier promoción horizontal y/o vertical tanto en la Junta de Andalucía como en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no transferida debe volver a fecha anterior al 1 de enero de 2009. Todo ello en base a los principios de igualdad, mérito y capacidad y por supuesto, publicidad.

Compendio de "irregularidades" esta vez en materia de recursos humanos dentro de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Relacionado pero no considerado igual, la Audiencia Nacional en una sentencia de fecha 8 de octubre de 2014 referente a las inundaciones sufridas en diciembre de 2010 y la inactividad en la limpieza de los cauces de la cuenca del Guadalquivir dictamina que la competencia para resolver los daños es atribuida a la Junta de Andalucía. El tribunal entiende también que a la Junta "resultaría atribuible la responsabilidad patrimonial reclamada por los afectados de las inundaciones". Esto es así porque el tribunal considera que "en virtud de lo previsto en el artículo 2.7 del Real Decreto 1498/2011 el pago de las obligaciones derivadas de la gestión autonómica se atribuye a la comunidad autónoma y, por lo tanto, también la obligación de indemnizar los daños causados por sus acciones y omisiones".

Sí la transferencia es nula ¿no existen obligaciones autonómicas siendo estas exclusivas del Estado porque todo vuelve a su estado anterior?. 

Que sepamos, hasta el momento, las Comunidades Autónomas forman parte del Gobierno de España, con lo que en el caso de solicitar una indemnización por mal funcionamiento de la Administración, la responsabilidad es solidaria.

Visto lo cual, nos encontramos que la "justicia" ve lo que quiere ver en cada momento y según quién o estamos ante esto: "Lo que el ojo de la "justicia" no ve".

Los derechos fundamentales de los demandantes, empleados públicos afectados por la transferencia anulada del Guadalquivir, se han vulnerado y violentado desde el inicio de las negociaciones desde antes de hacer efectiva la transferencia hasta la fecha y la manipulación política durante dos legislaturas ha sido más que evidente. 

El error político cometido y el daño causado a los empleados públicos afectados seguirá en manos de los Tribunales, incluidos los juzgados de lo social, porque la ley asi lo permite. 

El último fallo conocido, dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 23 de octubre de 2014, será recurrido porque eso fue lo acordado con los abogados que llevan esa demanda sobre la que se ha dictado sentencia y según consta en la Hoja de Encargo así debe ser por contrato, los abogados deben continuar con lo establecido y firmado por las partes. 

A modo de recordatorio para las partes firmantes del contrato:

                          

Asi es, y así consta en las cláusulas del contrato con el Gabinete Jurídico, en todas sus instancias y hasta resolución firme y como última la interposición de reclamaciones por responsabilidad patrimonial para solicitar una indemnización por daños y perjuicios causados como consecuencia de todo este despropósito de antojos políticos. Todo ello bajo el mismo contrato porque así fue acordado y firmado.

Para los agoreros, consejeros, aprendices de abogados y demás entendidos, las reclamaciones, las reivindicaciones y los recursos no han finalizado. Aún queda camino por recorrer.