RECURSOS PÚBLICOS COMUNES, DILEMA, COMPORTAMIENTO HUMANO, INTERÉS INDIVIDUAL, INTERÉS COLECTIVO, ENFOQUE.

En la antigua Grecia, el filósofo Aristóteles, desde una inspiración predominantemente naturalista, funda el sistema filosófico más poderoso del mundo antiguo, enraizado en las ciencias de su época, a cuyo desarrollo contribuyó en primera línea: ciencias biológicas, ciencias políticas y lógica formal.  

 

Aristóteles planteó una teoría básica que evidenció el comportamiento que las personas tienen con respecto al uso continuo de algún recurso natural común. Dejó entrever el conflicto, normalmente económico, que se genera por la intervención de intereses individuales sobre los bienes públicos.  

En el corazón del edificio construido en honor de la razón, la obra de Aristóteles se levanta como un árbol maestro inigualado en lucidez y vigilancia conceptual que en la actualidad aún nos interroga. 

Algún tiempo despues, el Derecho Romano establece dos grandes categorías: las personas y las cosas. Las personas tienen derechos sobre las cosas. De acuerdo a esa ley un “derecho” es un poder que se tiene en relación a una cosa determinada. Así, los poderes o facultades que el sujeto ejerce sobre las cosas, están protegidas por una “acción real”, reconocida por la ley, ejecutable en contra de cualquier sujeto que impida el libre ejercicio de esos poderes o facultades sobre la cosa.  

Imaginemos, no es tan difícil, que la Administración Pública es un edificio donde los empleados públicos comparten espacios y servicios comunes con los ciudadanos; el mantenimiento y funcionamiento del edificio depende de la cooperación y de los acuerdos tomados entre todos los que habitan en él.

Para llegar a un acuerdo que beneficie a todos por igual, siempre se estará en un constante dilema; entre el acierto y el desacierto, entre la certeza y la duda, entre la confianza y la desconfianza, entre la credibilidad y lo increíble.  

Lo cierto es que, cada persona toma continuamente decisiones acerca de sus intereses particulares. Las elecciones pueden coincidir o no con otros. Sin embargo, estas decisiones no se hacen de forma independiente de la sociedad; sino que se circunscriben a ella. 

Un dilema del que no se escapan los recursos públicos, ya que su manejo o aprovechamiento implica esa incertidumbre, tan profunda y acentuada por las políticas generacionales y las dinámicas socioeconómicas. 

  

De hecho toda actividad económica y su gobernanza da origen a gastos, gastos que, en el caso de las actividades comunes o sector público, son administrados por -y por ende son propiedad de- “el Estado”. 

Siendo los bienes comunes “bienes que todos gozan en comunidad” no se debe permitir que tal goce común implique su uso sin límite ni control. 

En el Derecho Romano la acción de “reivindicativo” significaba literalmente “recuperación de la cosa" (re = cosa, vindicare = recuperar). 

Sobrecogedora realidad, para los que creemos en la "recuperación de la cosa", son los últimos actos de los que hemos tenido conocimiento que implican una rendición de cuentas sobre un bien común; 

Por un lado una batería de preguntas a los responsables de la gestión de recursos públicos en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir;

Por otro, una solicitud a la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que se encomiende, precisamente al Tribunal de Cuentas, la elaboración y remisión de un informe relativo a la verificación de la observancia de la Ley de Contratos del Sector Público "en las contrataciones llevadas a cabo por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) durante los ejercicios 2013 y 2014, con especial atención a las contrataciones de las actuaciones de limpieza en el río Guadalquivir a su paso por Córdoba".

El Estado va a tener que jugar un papel muy activo en este proceso porque las respuestas que, en parte, ya fueron dadas, nos dejaron bastante sorprendidos, sobre todo a los que no paramos de hacer cuentas cuando las cuentas no salen. La dificultad de nuestra época consiste en que los hombres no quieren ser útiles sino importantes.

Ya se ha escrito aquí en otras ocasiones:

"Si para la protección de bienes y recursos públicos, incluidos los medios humanos, todos ellos bienes comunes, no se establecen unas disposiciones que requieran que quienes desempeñan funciones públicas se vean obligados a proteger esos bienes y recursos que le han sido confiados en razón de sus funciones, unas disposiciones que impidan la pérdida, daño o uso indebido de esos bienes y recursos públicos, unas disposiciones relacionadas con la rendición de cuentas sobre los recursos públicos "no protegidos" y unas disposiciones que tipifiquen y establezcan las correspondientes sanciones y las consecuencias por incumplimiento, nunca se actuara con transparencia y los principios de eficacia, economía y eficiencia no satisfarán el objetivo primordial del interés general".

Desde Aristóteles, pasando por el Derecho Romano, a la actualidad, muchos han sido los que han analizado y estudiado los bienes comunes y la gobernanza económica de esos recursos compartidos.

Si todos tenemos acceso a un bien común, cada uno intentará aprovecharse de forma particular de ese recurso. El resultado: la degradación de los recursos.

Mientras no distingamos que son bienes “de consumo privado” y “bienes de consumo colectivo":.. no podremos reivindicar "derechos".

Los individuos somos incapaces de modificar nuestro comportamiento, guiarnos por el egoísmo es peor que no guiarnos por él. Y es peor no sólo para todos sino para cada uno de nosotros también, incluidas las generaciones futuras.

Esperando acontecimientos y empeñados en ver la solución al dilema sobre si se deben de poner, o no poner, puertas al campo, según convenga, nos encontramos con un grave problema de fondo: El interés en la obtención de beneficios individuales inmediatos donde el bien común no tiene cabida.