CARENCIA DE MEDIOS PERSONALES E IMPOSIBILIDAD DE INCREMENTO DE PLANTILLA: INOPERANCIA Y FALTA DE IDONEIDAD DE LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS.

Hace aproximadamente un mes el catedrático de Derecho Empresarial, abogado, secretario fundador de Transparencia Internacional España y director de la Fundación Ortega-Marañón, Jesús Sánchez Lambás, participó en una nueva edición del “Circulo del Agua” de la Fundación Agbar. En la conferencia, titulada "El modelo de gestión del agua, un reto del siglo XXI", Sánchez Lambás ha reclamado una transición en el sector del agua en España “hacia un modelo de colaboración público-privada autorregulado en el que las administraciones se dediquen a hacer política, y las empresas, a buscar la productividad y la máxima eficiencia en su actividad”.  

Sánchez Lambás ha indicado que “esta transición debe suponer la creación de un organismo específico que supervise los distintos actores implicados en la gestión del agua y la supresión de entidades inoperantes como las confederaciones hidrográficas”.

Según el Informe CORA las 9 Confederaciones Hidrográficas cuentan con un total de 4.837 empleados públicos, siendo el número de plazas cubiertas notablemente inferior a las consignadas en los anexos presupuestarios. Asimismo, nos dice el informe, que las Confederaciones Hidrográficas destinan entre el 49 y el 75% de sus presupuestos a gastos de inversión, destacando de “relevante importancia” los gastos que se dedican a “trabajos o estudios técnicos” que hacen que se cuestione la idoneidad de estos organismos.

Ante la Oferta de Empleo Público (BOE 22 de marzo de 2016) los sindicatos manifiestan su disconformidad por ser insuficiente para la prestación de un servicio público de calidad, ya que los diferentes Organismos Públicos siguen perdiendo efectivos y continúan con los procesos de externalización lo que provoca el deterioro de los servicios públicos.

Como reconoció la STC 112/2004, de 12 de julio, la “externalización” de servicios afecta de manera obvia al empleado público en cuestiones tales como la carrera administrativa, los ámbitos de trabajo, las posibilidades de promoción o traslado, las perspectivas de formación, entre otras.

Sigue estando en juego la determinación de la extensión del empleo público y la definición del papel de las Administraciones públicas en la sociedad.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sigue confiando a sujetos privados y ajenos a su propia organización la realización de determinadas funciones administrativas:

- Pliego de Bases para la contratación de servicios de prevención ajeno, que venga a cubrir las necesidades que tiene la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

- Pliego de Bases 11/14 de Servicios para el seguimiento de los expedientes relativos a la gestión de los Bienes Patrimoniales del Área Jurídica y Patrimonial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

- Pliego de Bases de Servicios para desarrollo de trabajos de carácter administrativo y técnico en la tramitación de expedientes de comunicación de uso privativo de Aguas Públicas por disposición legal, a los efectos de su inscripción en la Sección B del Registro de Aguas en la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Estas últimas adjudicaciones, como todos los pliegos de servicios anteriores, afectan directamente al empleo en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en la medida en que tiene como consecuencia inmediata la sustitución del empleado público por un trabajador privado y, con ello, una limitación y reducción de su extensión.

Para quien desconoce las cienagosas aguas en la que está empantanado este Organismo, en principio, de estas adjudicaciones como de otras similares, puede leerse un ahorro importante de dinero público, que  puede ser especialmente significativo en tiempos de crisis, pero deberían leerse también las diferencias entre el valor del contrato, el presupuesto base para la licitación y el presupuesto de adjudicación, pues ello nos indica que las adjudicatarias realizarán por decisión "propia" los trabajos ¿“a perdidas”?. 

En los documentos contractuales de los tres pliegos mencionados (por ser ejemplos recientes) se expone con “detalle”: un límite confuso y disperso en el ejercicio de potestades públicas y un recurso -a la externalización- para cubrir necesidades internas de personal sobrevenidas -dicen los pliegos-, "por la transferencia y posterior reversión del Guadalquivir". 

En todo caso, estas medidas deberían venir acompañadas de una política coherente de personal,  de una adecuada tarea de planificación estratégica y, por qué no, llegado el caso, de una “reconversión orgánica” de la Administración, pues no tendría sentido que el personal  funcionarial o laboral adscrito al servicio externalizado siguiera “recolocado” en su misma Administración Pública y prácticamente sin funciones.

Sigue sin llevarse a cabo el “principio básico de la utilización racional del funcionariado existente” proclamado por la doctrina del Tribunal Constitucional.

La externalización debería ser un remedio secundario, utilizable sólo ante la imposibilidad de adoptar otras medidas de planificación como pueden ser la modificación de las estructuras de puestos de trabajo o de los sistemas de organización del trabajo ("sin dedo"), la puesta en marcha de procesos de promoción interna ("sin dedo"), de medidas de movilidad (voluntaria o forzosa -"sin dedo"-) o la adopción de determinadas políticas de formación del personal para hacer frente a los nuevos cometidos y tareas ("sin dedo").

Pero siempre hay empleados públicos que esperan ser premiados con un cargo superior dando por buena cualquier externalización. Obedientes, sumisos y dóciles se han despojado de su dignidad, como el perro se sacude el agua cuando sale del río, sin prejuicios y sin advertir quién resulta perjudicado.

 

"La conjunción de los espacios abiertos por la normativa en vigor... posibilita un uso desvirtuado y, eventualmente, incluso fraudulento en la contratación de trabajadores, abriendo una de las zonas más oscuras del acceso a los empleos públicos, lo cual resulta especialmente grave en algunas Administraciones" y, convendría añadir, en el reclutamiento del personal temporal en particular. Se trata, en definitiva, de "dar el mayor margen de maniobrabilidad posible al político de turno, para favorecer la contratación de sus amigos, correligionarios, parientes..., pues de todo ha habido, hay y habrá". Conferencia de la UNED, Palma de Mallorca, 4 de julio de 2011. Josefa Cantero Martínez Universidad de Castilla-La Mancha.

Urge, pues, que el legislador tome cartas en el asunto a la hora de eliminar la criticada "dedocracia" y el "favor" de las políticas de selección de personal laboral, sobre todo de duración determinada responsabilizando directamente a quien efectúe dichas contrataciones contraviniendo los principios constitucionales que disciplinan el ingreso en el empleo público.

Es necesario evitar, igualmente, que los fenómenos de exteriorización de servicios públicos a favor de empresarios privados derive, al tiempo, en un detrimento de ganancias de la estabilidad y de las condiciones laborales y sociales de la mano de obra implicada en dicho proceso. Quizá sea este el objetivo último – ó el primero- reducir el número de empleados públicos mediante el fácil recurso a la contratación administrativa.

Nadie quiere empleados públicos con derechos laborales reconocidos. Siempre serán más dóciles trabajadores temporales, contratados si puede ser por segundas o terceras empresas.

Dice la legislación vigente que: La carencia de medios personales y la imposibilidad de un incremento de plantilla, no constituirán por sí solos argumentos justificativos de la necesidad de la contratación. ¡Equilicuá!.