POR LA BOCA MUERE EL PEZ: "DOCTORES SABELOTODO" E "ILUMINADOS" EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

La sabiduría empieza en el momento en que comprendemos que no importa cuánto creemos saber y conocer, siempre existirá una cantidad infinita de información que no poseeremos.

Sin embargo estamos rodeados de personas que dicen saber más de lo que saben en realidad. Lo más inquietante resulta ser que todos estos “doctores sabelotodo” tienen carta blanca para imponer sus deseos y esquemas sobre el resto de individuos que son incapaces de gritar a los cuatro vientos “por Dios, cuando callará este personaje”.

Hay talento en la Administración, empleados públicos que no cuentan las horas, que nunca agotan los días de asuntos propios que tienen y que se desesperan ante las interferencias de estos “doctores sabelotodo” nacidas del sectarismo y de la mediocridad. Empleados públicos que valen y que no tendrían ningún problema en un régimen funcionarial no corporativista.

Dicen por ahí que la carrera administrativa tiene como objetivo proporcionar a la Administración las personas capacitadas para asegurar una gestión eficaz en beneficio público.

Está claro que los “doctores sabelotodo” se preocuparán mucho que lo anterior no ocurra y que todo lo que suene a merito, igualdad y capacidad y a esfuerzo y desempeño, que les haga salir de su superzona de seguridad, que les lleva a ocupar hasta tres puestos de trabajo (abandonando aquel puesto para el que por ley "deben" desarrollar sus funciones), trastornaría sus intereses por la función pública a la que utilizan nada más que parapetarse en ella. Por la boca muere el pez.

Estos “doctores sabelotodo” se consideran infalibles, nunca se equivocan, la experiencia está en ellos y en el mundo no hay nadie que los supere. Sus superiores depositan gran confianza en sus actuaciones, lo que alimenta su ego. Humillan, someten y maltratan; al mismo tiempo aparentan ser gentiles ante quien “deben” serlo.

Privilegios, represiones y antagonismos, la Administración Pública es un híbrido de personas, personalidades y personajes.

Los hay que llegan por accidente al cargo, podría decirse que por cuestiones de oportunidad. La psicología moderna los cataloga como “iluminados”.

Los “iluminados” llegan a ocupar un alto -o medio- cargo de manera prematura, gracias a sus buenas relaciones con funcionarios influyentes ubicados en altas posiciones que les facilitan el camino hacia la cima.

Dicen los psicólogos que la característica de estos “iluminados” es la falta de experiencia. Como ha sido promovido sin mayores dificultades su ego se eleva hasta llenarse de vanidad y soberbia. Aspiran a ser los mejores manipulando e intrigando. Pocas veces caen aunque resulten afectados y dañados: el interés general, los administrados u otros empleados públicos.

Dicen que estos “iluminados” son mediocres, sin embargo ahí están. Su eficiencia depende del interés que tengan en asimilar las responsabilidades del puesto y prepararse consecuentemente, de tal manera que si no evoluciona positivamente en su desarrollo profesional, pueden dar al traste con las obligaciones y deberes del cargo.

Todos los servidores públicos se rigen por unos códigos éticos o de la Función pública hace años. Los códigos como las leyes, tienen que ser para todos.

La ley persigue el interés general, establece lo que conviene -lo que se considera bueno- para la sociedad, sociedad en la que el funcionario técnico o discrecional (político) tiene una función que cumplir, es parte de ella. Función que tiene que cumplir con honestidad intelectual, pero también con convencimiento personal de lo que hace.

No basta con que el funcionario conozca mecánicamente que existe una Ley de Función Pública que tendrá que cumplir: nunca basta en Derecho saber que existe una Ley, para que esta se cumpla.

El problema es que el código de conducta caiga en la inutilidad, en la normalidad de ser incumplido. El servidor público puede sentirse presionado, pero ello no le disminuye su “deber” de cumplirlo.

La existencia de unos deberes básicos de conducta supone el reverso del derecho de los ciudadanos a una buena Administración.

La salvaguardia de los intereses generales, el de acatamiento del ordenamiento jurídico, el de actuar con arreglo a los principios inspiradores del Código de conducta y el deber de diligencia -esto es, el cuidado en la actuación profesional- son los ingredientes básicos para el buen funcionamiento del servicio público.

El funcionario público no viene a la Administración a servirse, viene -accede- a servir .

El Código de conducta trata de que su labor -la del empleado público- se realice con diligencia y sin descuido que derive en el anormal funcionamiento de los servicios públicos, no se puede desentender de los trabajos por él realizados, ni de su seguimiento hasta que exceda de sus competencias estatutarias.

 “(…) el Derecho Disciplinario tiene un significado eminentemente ético, en cuanto su objetivo primordial, más que el restablecimiento del orden social quebrantado, es la salvaguardia del prestigio y dignidad corporativa y garantizar la correcta y normal actuación de los funcionarios en la doble vertiente del eficiente funcionamiento del servicio que les está encomendado, y de que su actividad como tales se desarrolle, siempre en el marco que le fija la ley, y por ello en el derecho sancionador predomina la valoración ética de la conducta subjetiva del funcionario, sobre los resultados de peligro o lesión de un bien jurídico determinado que con su actuación haya podido causar (…)”.

En fin, con una trascendencia práctica indudable, para "doctores sabelotodo" y para "iluminados", el EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) establece la subordinación de la actuación administrativa disciplinaria a la actuación judicial en un doble sentido: por una parte, si durante la instrucción del procedimiento administrativo se advierten indicios fundados de la comisión de un ilícito penal habrá de ser suspendida la tramitación del expediente, dando conocimiento del mismo al Ministerio Fiscal para que, en sede judicial, en su caso, sean depuradas las eventuales responsabilidades penales que se deriven de los hechos, sin perjuicio de la continuación, si ha lugar a ello, de la instrucción del expediente disciplinario una vez concluida la causa penal.

“Es preciso tomar conciencia de que el desequilibrio e imperfección del régimen disciplinario público generan en la ciudadanía un difuso sentimiento de que, en la Administración, el incumplimiento de las obligaciones no tiene o puede no tener consecuencias, al contrario que en la empresa privada, y también de que esa cierta sensación de impunidad es un factor de desmoralización para los empleados públicos que cumplen fielmente sus tareas.”

Cualquier parecido con la realidad en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es mera coincidencia.