Coincidiendo con las celebraciones del 5 de
junio, Día Mundial del Medio Ambiente, Greenpeace ha hecho público un informe
denominado "Radiografía social del medio
ambiente en España". En el informe se identifican un total de
400 puntos negros de todo el país, 80 de ellos en Andalucía.
La Organización Ecologista ha ido más allá y,
por primera vez, en su informe refleja las duras consecuencias sociales que
tienen las agresiones al medio ambiente en todas las comunidades autónomas.
Así, por ejemplo, ha establecido el vínculo
entre las infraestructuras inútiles y los escándalos por corrupción y el
despilfarro de dinero público; también entre una política energética dictada
por las eléctricas y las enfermedades y pobreza energética, o entre la gestión
forestal y las privatizaciones y la pérdida de derechos laborales.
Respecto a la corrupción, si bien la costa ha
sido el principal escenario donde la destrucción del medio ambiente ha venido
precedida de escándalos urbanísticos, estos también se han producido en el
interior. Solo en 2011 se iniciaron
1.754 procesos judiciales relacionados con supuestos actos ilegales de
ordenación del territorio y planificación urbana y se dictaron 408 condenas.
Por lo que a los recortes medioambientales se
refiere, además del retroceso sufrido
por la Ley de Costas y los recortes en sectores como la prevención y
extinción de incendios, destaca la tendencia nada nueva por la privatización de la
gestión del agua que ya afecta a la mitad de los municipios del país.
Que la crisis económica se ha llevado por
delante en España derechos sociales, recortes de servicios públicos y pérdida
de calidad de vida de la ciudadanía (incluida su salud) no lo pone en duda
nadie. Lo que para la mayoría de españoles ha sido y siguen siendo tiempos
muy duros, para unos pocos (más de los que se creé) ha supuesto una oportunidad para sacar tajada. Y
resulta curioso como gran parte de los casos de corrupción, trato de favor y
prevaricación se hayan cimentado en el expolio de nuestro entorno.
La probidad, en términos generales, es la
rectitud y moralidad a que tiene que ajustarse la conducta humana, y en lo
público, la que debe observarse en el ejercicio de funciones públicas.
El Diccionario de la Real Academia Española
dice que "Corrupción" es la acción y efecto de corromper o
corromperse. Una segunda acepción, más vulgar, la hace sinónimo de alteración o vicio.
Una especificación del sentido de la voz
"corrupción" lleva la consideración de la alteración o vicio al
soborno (dádivas para conseguir de alguien algo mediante el trastorno o
trastoque de lo normal), o a la perversión que lleva a perturbar lo normal.
El comportamiento de un servidor público merecería
de ser tachado de corrupto cuando se conjuguen los aspectos correspondientes a
la ética que le es exigible en la función que desempeña y la del concepto
vulgar de corrupción.
Por consiguiente, y por un lado, si la
probidad pública comprende la misión fundamental del Estado y por lo tanto de
sus empleados públicos de reconocer, amparar o proteger e incentivar los derechos de los
gobernados y además de estar al servicio de las personas, como asimismo de
ajustarse en la conducta a los elementos de juridicidad, eficiencia, probidad y
racionalidad; y por otra parte, si la corrupción significa alterar o trastocar
la normalidad de la conducta debida por el empleado publico, habría que concluir
que quien desempeña funciones públicas incurre en la corrupción cuando con su
conducta altera o vicia los deberes antes señalados.
En
toda sociedad se convive con personas que faltan a la ética pública. Esto no
significa que la sociedad entera o que el Estado sean corruptos.
Para
poder propugnar un juicio sobre corrupción generalizada en el Estado, habría
que encontrar la alteración de los deberes de los servidores públicos en el
Congreso, en el Poder Judicial, en el Gobierno, en la Administración del Estado
y en los Órganos Fiscalizadores y en todos estos sectores hallar una cantidad
apreciable de casos de tal especie.
No
obstante a lo precedentemente indicado y aunque no sea una corrupción
generalizada, ésta debe desterrarse y, sobre todo, debe detenerse su
propagación.
Visto
lo cual, el empleado público, quien, en términos generales, compromete la acción
y omisión del Estado, se encuentra en el deber de reconocer, proteger o amparar
e incentivar los derechos inherentes de los miembros de la comunidad y de su
ejercicio.
Los
servidores públicos, además, y como su nombre lo indica, se encuentran al
servicio de las personas, debiendo promover el bien común.
Lo
mismo expuesto con otras palabras: todo aquel que preste sus servicios al
Estado en esa condición debe poseer una vocación de servicio público que al
observarse otorga a los empleados propiamente la calidad de servidores públicos.
En
relación a este punto, es preciso considerar, especialmente en la selección o
reclutamiento del personal, no sólo el mérito profesional y técnico de los
postulantes, sino preponderamente la condición ética que los solicitantes a
cargos o funciones públicas deben poseer.
Durante
la carrera y promoción corresponderá que el personal sea capacitado y
perfeccionado para el desempeño de sus funciones y dentro de los cursos
respectivos no podrá estar ausente la enseñanza de la ética. Por otra parte, se
hace indispensable un sistema racional, objetivo y equilibrado de calificación
del desempeño del empleado público.
Se
supone asimismo que en el ejercicio de las funciones del Estado debe existir
una eficiencia operacional y funcional, vale decir, tanto en lo que concierne
al manejo de los recursos, cuanto en lo que toca a las otras actividades de la
entidad estatal de que se trate.
Pero
he aquí que en el Estado, sea cual sea la Administración Pública,
también se dan conductas reñidas con la rectitud y moralidad a que tiene que
ajustarse la conducta humana; el nepotismo, el favoritismo político, los
negocios incompatibles y los paralelos, el tráfico de influencias, el clientelismo,
la satisfacción de los egoísmos personales, etc, dejan aparcadas la integridad
y la honradez y, por supuesto, la transparencia.
La
probidad supone en la conducta del empleado público la racionalidad que
significa, además de la marginación de la arbitrariedad o capricho, la adopción
de criterios de justicia y rectitud que disciernan lo bueno de lo
malo, lo verdadero de lo falso…
Y
ello no debe llevarse a cabo solamente en la esfera del ejercicio de sus
funciones sino también en la esfera social y en la esfera laboral.
Esa
falta de justicia y rectitud, el no discernir lo bueno de lo malo, lo verdadero
de lo falso… lleva a lo que, llamaremos, un medio ambiente laboral insalubre, que rezuma inmoralidad
por los cuatro costados, impropia de un servidor público, y así ocurre cuando en
pleno proceso de elecciones sindicales en la Administración Pública y ante la oxidada
maquinaria de los sindicatos "más
representativos", cada día más desprestigiados, más ajenos a las preocupaciones de los
empleados públicos, encerrados en sus torres de marfil de las liberaciones
perpetuas y la vida cómoda, éstos se olvidan de la protección de los valores
fundamentales de las personas y del patrimonio público, marginando criterios de
arbitrio, olvidando también que se encuentran ahí para defender a aquellos trabajadores que no tienen más remedio que poner sus expectativas laborales en ellos, obviando que deben promover el bien común y pasando por alto que la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional dice que
la “mayor representatividad” de un sindicato no puede llegar a excluir a otros
sindicatos que no tengan esta posición jurídica de “mayor representatividad”, pese a esto último utilizan la manipulación en unos casos, el acoso y derribo en otros casos y, en otros, la exclusión del
proceso electoral, a aquellas candidaturas de trabajadores libres e
independientes.
En
fin, dicho todo lo anterior y observando con interés las últimas noticias: La
protección ambiental y la protección del "medio ambiente laboral"
sigue sin ser prioritaria.
