Hace
aproximadamente un mes el catedrático de Derecho Empresarial, abogado,
secretario fundador de Transparencia Internacional España y director de la
Fundación Ortega-Marañón, Jesús Sánchez Lambás, participó
en una nueva edición del “Circulo del Agua” de la Fundación Agbar. En la
conferencia, titulada "El modelo de gestión del agua, un reto del siglo XXI", Sánchez
Lambás ha reclamado una transición en
el sector del agua en España “hacia un modelo de
colaboración público-privada autorregulado en el que las administraciones se
dediquen a hacer política, y las empresas, a buscar la productividad y la
máxima eficiencia en su actividad”.
Sánchez Lambás ha indicado que “esta transición debe suponer la creación de un organismo específico que supervise los distintos actores implicados en la gestión del agua y la supresión de entidades inoperantes como las confederaciones hidrográficas”.
Sánchez Lambás ha indicado que “esta transición debe suponer la creación de un organismo específico que supervise los distintos actores implicados en la gestión del agua y la supresión de entidades inoperantes como las confederaciones hidrográficas”.
Según el Informe
CORA las 9 Confederaciones Hidrográficas cuentan con un total de 4.837
empleados públicos, siendo el número de plazas cubiertas notablemente inferior
a las consignadas en los anexos presupuestarios. Asimismo, nos dice el informe,
que las Confederaciones Hidrográficas destinan entre el 49 y el 75% de sus
presupuestos a gastos de inversión, destacando de “relevante importancia” los
gastos que se dedican a “trabajos o estudios técnicos” que hacen que se
cuestione la idoneidad de estos organismos.
Ante la Oferta de Empleo Público
(BOE 22 de marzo de 2016) los sindicatos manifiestan su disconformidad por
ser insuficiente para la prestación de un servicio público de calidad, ya que
los diferentes Organismos Públicos siguen perdiendo efectivos y continúan con
los procesos de externalización lo que provoca el deterioro de los servicios
públicos.
Como reconoció la STC
112/2004, de 12 de julio, la “externalización” de servicios afecta de
manera obvia al empleado público en cuestiones tales como la carrera
administrativa, los ámbitos de trabajo, las posibilidades de promoción o
traslado, las perspectivas de formación, entre otras.
Sigue estando en juego la
determinación de la extensión del empleo público y la definición del papel de
las Administraciones públicas en la sociedad.
La Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir sigue confiando a sujetos privados y ajenos a su propia
organización la realización de determinadas funciones administrativas:
Estas últimas adjudicaciones, como todos los pliegos de servicios anteriores, afectan directamente al empleo en
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en la medida en que tiene como consecuencia
inmediata la sustitución del empleado público por un trabajador privado y, con
ello, una limitación y reducción de su extensión.
Para quien desconoce las
cienagosas aguas en la que está empantanado este Organismo, en principio, de estas
adjudicaciones como de otras similares, puede leerse un ahorro importante de
dinero público, que puede ser
especialmente significativo en tiempos de crisis, pero deberían leerse también
las diferencias entre el valor del contrato, el presupuesto base para la licitación
y el presupuesto de adjudicación, pues ello nos indica que las adjudicatarias
realizarán por decisión "propia" los trabajos ¿“a perdidas”?.
En los documentos contractuales de los tres pliegos mencionados (por ser ejemplos recientes) se expone con “detalle”: un límite confuso y disperso en el ejercicio de potestades públicas y un recurso -a la externalización- para cubrir necesidades internas de personal sobrevenidas -dicen los pliegos-, "por la transferencia y posterior reversión del Guadalquivir".
En los documentos contractuales de los tres pliegos mencionados (por ser ejemplos recientes) se expone con “detalle”: un límite confuso y disperso en el ejercicio de potestades públicas y un recurso -a la externalización- para cubrir necesidades internas de personal sobrevenidas -dicen los pliegos-, "por la transferencia y posterior reversión del Guadalquivir".
En todo caso, estas medidas
deberían venir acompañadas de una política coherente de personal, de una adecuada tarea de planificación
estratégica y, por qué no, llegado el caso, de una “reconversión orgánica” de
la Administración, pues no tendría sentido que el personal funcionarial o laboral adscrito al servicio
externalizado siguiera “recolocado” en su misma Administración Pública y
prácticamente sin funciones.
Sigue sin llevarse a cabo el
“principio básico de la utilización racional del funcionariado existente” proclamado
por la doctrina del Tribunal Constitucional.
La externalización debería
ser un remedio secundario, utilizable sólo ante la imposibilidad de adoptar
otras medidas de planificación como pueden ser la modificación de las
estructuras de puestos de trabajo o de los sistemas de organización del
trabajo ("sin dedo"), la puesta en marcha de procesos de promoción interna ("sin dedo"), de medidas de
movilidad (voluntaria o forzosa -"sin dedo"-) o la adopción de determinadas políticas de
formación del personal para hacer frente a los nuevos cometidos y tareas ("sin dedo").
Pero siempre hay empleados públicos que esperan ser premiados con un
cargo superior dando por buena cualquier externalización. Obedientes, sumisos y dóciles se han
despojado de su dignidad, como el perro se sacude el agua cuando sale del río,
sin prejuicios y sin advertir quién resulta perjudicado.
"La conjunción de los
espacios abiertos por la normativa en vigor... posibilita un uso desvirtuado y,
eventualmente, incluso fraudulento en la contratación de trabajadores, abriendo
una de las zonas más oscuras del acceso a los empleos públicos, lo cual resulta
especialmente grave en algunas Administraciones" y, convendría añadir, en
el reclutamiento del personal temporal en particular. Se trata, en definitiva,
de "dar el mayor margen de maniobrabilidad posible al político de turno,
para favorecer la contratación de sus amigos, correligionarios, parientes...,
pues de todo ha habido, hay y habrá". Conferencia de la UNED, Palma de
Mallorca, 4 de julio de 2011. Josefa Cantero Martínez Universidad de
Castilla-La Mancha.
Urge,
pues, que el legislador tome cartas en el asunto a la hora de eliminar la
criticada "dedocracia" y el "favor" de las políticas de
selección de personal laboral, sobre todo de duración determinada
responsabilizando directamente a quien efectúe dichas contrataciones
contraviniendo los principios constitucionales que disciplinan el ingreso en el
empleo público.
Es necesario evitar, igualmente,
que los fenómenos de exteriorización de servicios públicos a favor de
empresarios privados derive, al tiempo, en un detrimento de ganancias de la
estabilidad y de las condiciones laborales y sociales de la mano de obra
implicada en dicho proceso. Quizá sea este el objetivo último – ó el primero-
reducir el número de empleados públicos mediante el fácil recurso a la
contratación administrativa.
Nadie quiere empleados públicos
con derechos laborales reconocidos. Siempre serán más dóciles trabajadores
temporales, contratados si puede ser por segundas o terceras empresas.
Dice la legislación vigente que:
La carencia de medios personales y la imposibilidad de un incremento de
plantilla, no constituirán por sí solos argumentos justificativos de la necesidad
de la contratación. ¡Equilicuá!.
