Doñana es una de las zonas donde
más agua se roba. Organizaciones ecologistas como WWF y Greenpeace llevan
años denunciando esta práctica extendida que esquilma los acuíferos y
contribuye a la mala calidad del agua.
La realidad es que -mientras se
abrían cientos de pozos, se multiplicaba la superficie de explotación y la
cifra de negocio- los apenas diez inspectores encargados de supervisar la
regulación de aguas patrullan incluso escoltados ante el acoso de los
agropiratas, que utilizan agua extraída ilegalmente para sus campos. El
Gobierno declarará el acuífero sobreexplado en la Junta de Gobierno de Doñana
el 21 de febrero. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha incoado 943
expedientes en los dos últimos años. Casi la mitad, 480, solo en la provincia
de Huelva.
El proceso de clausura de pozos es
lento. En febrero de 2019, 77 captaciones ilegales perforadas en suelo
público de Lucena del Puerto siguen abiertas a a pesar de haber sido
localizadas, expedientadas y sancionadas en 2014. Muchas están operativas. El
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía hizo firme la resolución en mayo de
2017 tras el recurso del Ayuntamiento de la localidad. Cinco años de prórroga
llevándose el agua sin permiso.
En septiembre de 2018, cuando un
inspector de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir fue a comprobar si
el Ayuntamiento había cumplido la orden de cerrar estos pozos -cosa que no
había hecho-, un grupo de agricultores lo rastrearon y cercaron hasta
acorralarlo en su coche. El funcionario pasó cinco días ingresado en un hospital
de la ciudad de Huelva tras el shock.
"Fui a comprobar la ejecución
de una resolución. A ver si los pozos seguían en el mismo estado porque se
tenía que restaurar el área a la situación anterior a la apertura", cuenta
a eldiario.es el inspector agredido que prefiere que su nombre no aparezca.
"Por la zona en la que estaba, en el parque natural, entre pinares, me
extrañó el movimiento. Allí no suele haber nadie. Pero es que ya son como una
organización. Tienen sus puntos de control, sus avisos". Conducía un coche
anónimo, sin distintivos. "Aun así dieron el aviso".
Lo que sucedió después en los
pinares de Doñana fue una suerte de acecho al inspector. "Una auténtica
cacería", rememora. "Yo conozco la zona y los caminos. Trabajo aquí
desde 1994. Según me iba moviendo iban cerrando pasos. Iban rastreándome y
cercándome las salidas".
El grupo con el que acabó
enfrentado se coordinó para ir acumulando gente junto al inspector. Gracias a
diferentes avisos entre ellos, consiguieron bloquear el automóvil de la
Confederación en un paraje sin escapatoria. "Me cerraron en un sitio sin
salida con un barranco a un lado y el lecho del río por el otro. Le tenemos
acorralado, decían. Allí pretendían volcarme el coche con un tractor. No podía
ni salir del coche. Llamé al 112 y la Guardia Civil apareció a los 45
minutos". Tras no poder estabilizarle la presión arterial en el centro de
salud de Almonte fue trasladado a un hospital de la ciudad de Huelva donde
estuvo cinco días. Hoy sigue de baja.
Eso fue el 21 de septiembre de
2018. "No era la primera vez. Tuve un episodio parecido en 2014". El
pasado martes, cuatro meses después, eldiario.es recorrió ese campo de pozos
junto a la Inspección de la CHG. Las captaciones están numeradas para no
confundirlas o contarlas varias veces. Cada tubo tiene su equipo para alimentar
la bomba que extrae el agua. "¿Están operativos?". "Claro.
Nosotros no los podemos tocar sin una orden", explica un inspector. La
Confederación ha decidido asumir la clausura y su coste: 65.000 euros que luego
pasará al Ayuntamiento.
"Yo pago mis impuestos"
El clima ha provocado que los
funcionarios deban extremar las precauciones al recorrer los campos.
"Intentamos no ir solos. Acudir con agentes de la Guardia Civil…",
cuentan al borde de una balsa de riego ilegal a la que llega sin cesar agua
sacada sin permiso.
La balsa es una gran alberca
vallada, con equipo de bombeo para enviar el líquido a las fincas. En su
perímetro hay instaladas diversas tuberías de las que no para de manar agua.
Un hombre se acerca mientras este
periodista observaba la infraestructura y no tiene reparo en admitir que es
suya: "El dueño soy yo". Dice llamarse Francisco. Al tiempo que el
presidente de la Confederación informa de que se trata de una balsa sin
autorización, este agricultor replica en voz baja: "A mí me ha dado
permiso el Ayuntamiento. Yo pago mis impuestos".
El Ayuntamiento al que se refiere
es el de Lucena del Puerto. Uno de los cinco municipios –junto a Almonte,
Rociana, Bonares y Moguer– de la corona forestal norte de Doñana. Sus regadíos
fueron regulados en diciembre de 2014 en un plan especial que admite 9.300
hectáreas de cultivos de las que ya se han regularizado unas 4.500. No ha
detenido el expolio.
Los gobiernos locales ceden el uso
del suelo público a particulares a cambio de un canon anual de entre 300 y 600
euros. Y, según se desprende de diversas sentencias judiciales, se
desentienden. Los agricultores perforan y conducen el agua sin pedir permiso.
Es algo extendido, no exclusivo de un municipio.
Los tribunales han constatado
cómo, una vez impuesta la sanción por parte de la Confederación, los
Ayuntamientos repiten la misma argumentación en sus recursos: ellos solo ceden
el terreno, no abren pozos. En Almonte, en Moguer, en Lucena, el Tribunal
Superior de Justicia insiste: "El titular es responsable" y añade la
responsabilidad de "no ejercer la vigilancia necesaria".
"Se pueden tirar una semana
abriendo el pozo" y conectándolo con las balsas donde se acumula el agua
robada. Un directivo de la CHG cuenta a eldiario.es que "he seguido
conducciones durante más de tres kilómetros y no he sido capaz de encontrar
dónde terminaban. Y si llegan a una carretera, la cruzan por debajo". Toda
esa obra, aunque se ejecute rápidamente, no puede pasar desapercibida a los
vecinos, al resto de trabajadores… ¿Pueden trabajar a escondidas una semana?
"¿Por qué escondidos?", replican los encargados de rastrearlas. Esta
situación exige, al menos, cierta connivencia. "Totalmente", remata
el directivo que también exige el anonimato al hablar.
El inspector agredido en
septiembre es de la zona. Algunos de sus compañeros vienen de comarcas más
alejadas porque no dan abasto y por seguridad. "No tienen miedo porque
saben que no les va a pasar nada", reflexiona el funcionario. "La
situación se ha ido dejando, dejando y se han envalentonado. No he visto yo
fincas cerradas tras las sanciones. Al contrario, hay más superficie".
Los agricultores legales
Aparte del humedal más importante
de Europa y Patrimonio de la Humanidad, los principales perjudicados por este
clima son los agricultores 100% legales. La inversión para hacerse con suelo no
baja de los 110.000 euros por hectárea, si tienen derechos de agua. Culpan a
los piratas de "tirar para abajo de los precios". Y, sin embargo, no
hay un movimiento para exponer a lo que pinchan el acuífero. Los técnicos
explican que "muchos legales tienen también fincas irregulares". Y
añaden que "donde plantó uno en una temporada, plantará otro a la
siguiente". Se mantiene el silencio.
Y esa agua es cada vez más escasa
por el cambio climático. Las lluvias no reponen el acuífero al ritmo que se
gasta. Esto ha hecho que la Comisión Europea haya llevado a España ante el
Tribunal Europeo por el deterioro del parque. La próxima declaración de
"en mal estado" del acuífero permitirá a la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir controlar más el agua que se saca. Reducir el volumen extraído
a partir del máximo que permite la ley.
Aún así, quedará pendiente lidiar con
los agropiratas que han establecido ese régimen de temor.
Eldiario.es, añade:
El inspector agredido
remata: "Llevarme otra vez allí es llevarme al matadero".
Nosotros nos preguntamos...¿Qué hay sobre esto?
Esta situación sobre agresiones a empleados públicos que vigilan el Dominio Público Hidráulico, bien común del ciudadano, se repite día sí y día también, en todas la Confederaciones Hidrográficas....soluciones...
