TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD, CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR ¿UN RETO?

"Hoy el Estado tiene mala prensa. Tampoco la tienen buena, sino peor, el Gobierno, los partidos y los políticos, porque, cuando sopla el viento del descrédito, con todos, confundidos y revueltos, arrambla. Pagan justos por pecadores y el resultado, por algunos previsto y querido, es la debilitación de lo público en aras de una santa sociedad civil o mercantil, adorada por quienes no saben muy bien qué es ni a quién favorecen, cuando la invocan….” A orillas del Estado. (Obra póstuma). Alboraya (Valencia), 27 de diciembre de 1995. Francisco Tomas y Valiente.

El pasado mes de enero de este año 2013, se creó un buzón para conocer las propuestas hechas por los ciudadanos sobre la reforma de las Administraciones Públicas. Desde entonces y hasta hace dos semanas, el Gobierno había recibido recibido un total de 2.181 aportaciones sobre la reforma de las Administraciones Públicas, de las cuales 1.307 se referían a evitar duplicidades administrativas y el resto, 874, a corregir trabas burocráticas.  

La democracia no puede basarse en el secreto, tiene forzosamente que basarse en la transparencia. El secreto y la no transparencia solo alimentan el abuso y la corrupción. 

La legislación sobre transparencia es absolutamente fundamental. Hablamos del derecho (repetimos, DERECHO) de consultar cualquier documento, sin trabas burocráticas que conviertan el acceso en un proceso tedioso, en una especie de “favor” a los ciudadanos que es concedido “graciosamente” y que puede denegarse en virtud de las más variadas razones – o directamente, sin razón alguna, con el mero silencio administrativo. No, las cosas ya no pueden seguir siendo así. La transparencia ya no puede estar en manos y bajo el control de los gobiernos: tiene que ser algo que los ciudadanos forzamos a nuestro gobierno a hacer, sin posibilidad de elección: si pretendes gobernar, si pretendes ser quien me representa, o eres transparente con los estándares que se te exigen, o no lo eres.

En una verdadera democracia, la tecnología no debe ser una herramienta en manos del gobierno para controlar a sus ciudadanos, sino exactamente lo contrario: una herramienta en manos de los ciudadanos para controlar a su gobierno.

La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, regula los derechos y obligaciones de los empleados públicos y establece el régimen disciplinario al que están sometidos, regulando, asimismo, al personal directivo que «estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados».

Últimamente la gestión de los fondos públicos por una parte del personal directivo y de los empleados públicos responsables de la tramitación de los expedientes contractuales y de gastos, no se ha comportado de acuerdo con los deberes y principios establecidos. La gestión de los fondos públicos de una manera deficiente pone en evidencia, cuando menos, una dejadez o falta de diligencia por parte de los gestores públicos, que, en algunas ocasiones, bien podrían conllevar responsabilidades disciplinarias. No solo eso, dicha gestión deficiente podría también llegar a ser constitutiva de responsabilidad patrimonial, penal y/o contable. 

A modo de ejemplo, los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas tienen ambos naturaleza contractual, pero cada uno de ellos una finalidad y un contenido bien diferenciado. El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público hace continuas alusiones al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Por el contrario, son contadas las ocasiones en las que la Ley menciona expresamente el Pliego de Prescripciones Técnicas. Sin embargo la práctica diaria es otra muy diferente, ya que el Pliego de Prescripciones Técnicas “invade” los aspectos reservados por la legislación al de Cláusulas Administrativas. Y no sólo eso, sino que también con frecuencia ambos pliegos regulan una misma cuestión de forma discrepante. 

La incongruencia existe también cuando entre las cláusulas de los pliegos administrativo y técnico de una licitación se impide conocer con claridad las condiciones básicas del contrato, o bien se pretende mediante el procedimiento de adjudicación una opacidad en la contratación. 

Si los responsables de los expedientes de gastos hubieran desempeñado con diligencia las tareas que tenían asignadas, velando por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico (no sólo La Ley, sino los Reglamentos, las Instrucciones, las Circulares...), actuando con arreglo a los principios de transparencia objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia y honradez, lealtad y buena fe con la Administración, eficacia, economía y eficiencia, administrando los recursos y bienes públicos con austeridad, no nos encontraríamos ante esta situación, que hemos titulado TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD, enviado por un compañero, empleado público, en el que expone sus motivos de enfado e indefensión, de sobra conocidos por los que leen este blog. 

Quizás, en algunos casos, el personal directivo y los empleados públicos, ambos “servidores públicos”, que actuaron apartados de los mandatos y principios anteriormente mencionados pudieron hacerlo obedeciendo órdenes e instrucciones de sus órganos superiores. En estos casos, y de acuerdo con lo establecido en el art. 54.3 del Estatuto Básico del Empleado Público, dichos "servidores públicos" debieron haberlo puesto inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes, ya que dichas actuaciones bien podrían constituir una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.

El Estatuto Básico del Empleado Público no sólo positiviza los deberes de dichos empleados, sino que además, en los arts. 93 y siguientes, regula la responsabilidad disciplinaria tanto del personal funcionario, como del personal laboral. 

En el caso de la responsabilidad contable ésta puede exigirse por la propia Administración Pública con facultad de avocación por el Tribunal de Cuentas o bien por el propio Tribunal mediante los procedimientos establecidos en su normativa reguladora. Dichos procedimientos pueden incoarse como consecuencias de irregularidades detectadas en la gestión de los fondos públicos, detectadas en los informes de fiscalización del Tribunal o de los órganos de control externo, como consecuencia de irregularidades comunicadas por órganos de control interno, autoridades judiciales, Ministerio Fiscal o incluso de particulares mediante la denominada acción pública.

La gestión del gasto público incumpliendo los preceptos establecidos en la normativa presupuestaria vigente puede tener su reflejo en determinados tipos penales que castigan conductas muy concretas, como son la malversación de caudales públicos (C.P art. 432-434), el cohecho (C.P art. 419-427), el tráfico de influencias (C.P art. 428-431), el fraude a un ente público (436), la estafa y la apropiación indebida (C.P art. 438), las negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios por razón de su cargo (C.P art. 439) y/o la alteración del precio en concursos y subastas públicas.

Por último, y mero modo de ejemplo, la sentencia 406/2004, de 31 de marzo,Tribunal Supremo, Sala 2ª, de lo Penal, apreció la existencia de delito de prevaricación en el supuesto de la adjudicación de un contrato que se adjudicó a un amigo del presidente del Consejo de Gobierno sin tramitar el preceptivo expediente administrativo. 

"El principio de eficacia en las Administraciones Públicas debe ir siempre guiado por el principio de legalidad, pues está en juego el interés público. En este caso, están en juego también los fondos públicos". Pilar JIMÉNEZ RIUS. Letrada del Tribunal de Cuentas.

"Sólo cabe pedir transparencia y publicidad. Transparencia y publicidad porque sólo hay que tener miedo a que se vea lo que haces si haces cosas malas. Transparencia y publicidad porque es un derecho de la ciudadanía saber lo que se hace con su dinero. Transparencia y publicidad porque el votante debe saber qué hay de real detrás de cada promesa, debe poder exigir que le rindan cuentas y debe poder controlar lo que hace aquel que le representa. Transparencia y publicidad porque sólo siendo transparentes se consigue una democracia más fuerte y representativa. Porque, por si no lo recuerdan, de eso va el asunto". Opinión Borja Ventura, 20 de marzo de 2012, los administradores hemos añadido publicidad.

No olvidemos LOS ASUNTOS EN TRAMITE, LOS ASUNTOS PENDIENTES Y LOS OTROS ASUNTOS SIN RESOLVER.