¿Qué pretende el Partido Popular con el recurso?
El Partido Popular pretende salvaguardar principios consagrados tanto en la Constitución Española como en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como el Estatuto Básico del Empleado Público.
Es necesario proteger los derechos de los funcionarios y garantizar los principios de igualdad, merito y capacidad en el acceso a las tareas públicas, ante la agresión y el atentado que esta Ley supone.
Por ello, el Partido Popular quiere resguardar los principios de neutralidad e independencia, que deben regir cualquier actividad administrativa, y que tareas que son de puro derecho administrativo no se ejerciten con carácter privado.
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¿Qué denuncia el Partido Popular con la presentación del recurso?
El Partido Popular denuncia lo que ha venido afirmando desde la aprobación por el Gobierno andaluz de los dos Decretos-Leyes anteriores a la Ley , y lo que ha denunciado también en la tramitación del segundo como Ley.
El Partido Popular denuncia que con esta ley se vulneran los artículos 9.3 y 24.1 de la Constitución Española y se crea una situación de inseguridad jurídica e indefensión, al modificar las potestades y no fijar de una forma clara e inequívoca las que se regulan por el derecho administrativo.
Además con esta ley se crea una administración contraria al Estatuto de Autonomía para Andalucía, que en su artículo 133.2 establece que “la Administración de la Junta de Andalucía desarrollará la gestión ordinaria de sus actividades a través de sus servicios centrales y periféricos”, que, en modo alguno, pueden identificarse con las agencias creadas, que conforman la “administración paralela” que quiere el PSOE para Andalucía.
El Partido Popular denuncia que esta ley, al equiparar a los funcionarios con el personal laboral y el externo procedente del sector público y no aplicar el régimen funcionarial de manera preferente, obvia los principios de mérito, capacidad e igualdad en el acceso a la Administración , lo que supone un incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 103.3 de la Constitución Española y en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Y el Partido Popular también denuncia que esta ley al atribuir potestades administrativas reservadas a funcionarios de la Administración a agencias públicas empresariales, posibilita su ejercicio por personal que se rige por el Derecho Laboral, vulnerando lo dispuesto en el artículo 149.1.18 de la Constitución Española y el 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público.
El Partido Popular denuncia que el régimen de integración del personal en las agencias que la ley establece, da preferencia al personal laboral sobre el funcionario público, lo que entra en colisión con los artículos 14 y 23.3 de la Constitución Española.
¿Qué pretende el PSOE con esta ley?
El PSOE, en un intento de escapar del control del derecho administrativo, a través de una “administración paralela”, ha buscado la puerta de atrás para incorporar a muchas personas a la administración que no tienen la condición de funcionario, y que van a terminar haciendo funciones que le corresponderían solamente a los funcionarios.
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