"IRREGULARES Y ALEATORIOS" CRITERIOS EN LA MODIFICACIÓN DE LA RPT DEL GUADALQUIVIR. CONDICIONES "VENTAJOSAS" Y "PREFERENTES" A L0S PRIVILEGIADOS. LA GOTA QUE COLMA EL VASO.

En la Sesión Plenaria llevada a cabo en el Congreso de los Diputados el 11 de junio de 2013 para tomar o no en consideración la Proposición de Ley sobre que las competencias del Guadalquivir fueran devueltas a la Junta de Andalucía, propuesta que fue rechazada por la Cámara Baja, no hubo mención alguna al débito de la Administración, llámese central o andaluza, a los derechos profesionales y económicos consolidados de los empleados públicos que sufrieron la transferencia y posterior reversión y que la Administración no considera como derechos adquiridos. 

No somos 30.000, ni 10.000, ni 5.000 enchufados, somos 600 empleados públicos, la mayor parte del personal funcionario del cuerpo de auxiliares y administrativos, algunos de los cuerpos técnicos, y la mayor parte del personal laboral, oficiales y ayudantes de actividades técnicas y profesionales, con nóminas mileuristas y muchos de nosotros con más de dos décadas de antigüedad en el puesto. Estamos estudiando demandar al Organismo Autónomo dirigido por el Sr. Romero Ortiz y más concretamente a la Secretaría General. Les acusamos de negociar de forma discriminatoria la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) y aplicar criterios y subidas "ventajosas" y "preferentes" a determinados empleados públicos en cada una de las RPT de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a la que se le ha dado publicidad desde el mes de mayo de 2012, lo que ha provocado desigualdades profesionales y salariales y un profundo malestar en el colectivo.

La última y "preferente" revisión de categorías profesionales y salarios -Relación de Puestos de Trabajo (RPT a 24 de abril de 2013)- del personal de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha sido la gota que colma el vaso de un colectivo "olvidado" para los poderes públicos: los empleados públicos transferidos a la Comunidad autónoma andaluza y posteriormente devueltos al Estado. 

Los afectados de todo este “desorden” tildamos de "irregulares y aleatorios" los criterios que está siguiendo la Secretaría General de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con el evidente visto bueno de la Presidencia, para subir el nivel, categoría y salarios a algunos empleados públicos del colectivo, mientras que otros siguen padeciendo “el robo” de sus derechos adquiridos y consolidados durante sus tres años de estancia en la Administración andaluza que, según los últimos datos recogidos en los documentos regístrales, nunca existieron. Constando como fecha de transferencia 31 de diciembre de 2008, constando como fecha de toma de posesión 1 de enero de 2013. La Administración olvida que los empleados públicos transferidos tomamos posesión por Real Decreto el 22 de octubre de 2011, solo recuerda con lo qué se ha encontrado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir al volver las competencias al Estado, las aguas han vuelto, los fondos no.

Salvo una minoría de “privilegiados”, la mayoría de estos empleados públicos llevan pidiendo desde octubre de 2011 una revisión de sus condiciones profesionales y saláriales adquiridas por su servicio en “otras Administraciones Públicas”. Ahora mismo están ocupando los niveles más bajos, según se constata en la RPT del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a lo que se suma que la última actualización de esa RPT del Ministerio excluye los derechos profesionales y saláriales adquiridos y consolidados por estos trabajadores. Es “como si no existiéramos", acusan las fuentes.

Sabemos que se han modificado y se están modificando estas condiciones "ventajosas" y "preferentes", de forma "irregular y aleatoria" a cierto personal para paliar las consecuencias de la sustracción de derechos, mientras, nosotros, el resto, estamos en un cajón olvidados por la Administración.

Reuniones decepcionantes

Los empleados públicos afectados han relatado en prensa que han escrito en numerosas ocasiones al Ministerio y al Defensor del Pueblo pidiendo un cambio de condiciones "sin respuesta", aseguran, y tampoco han tenido un respaldo suficiente de los sindicatos presentes en la Mesa de Negociación. Las ultimas reuniones Ministerio - Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con los sindicatos se han saldado con un resultado decepcionante: El Ministerio ha dejado en manos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la solución al problema y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir lo deja en manos del Ministerio. Esta claro que los representantes sindicales no han tenido suficiente capacidad negociadora, ni ganas de negociar por el colectivo, solamente han negociado por ellos mismos, sus afiliados y afines.

Argumentos para demandar 

Estas fuentes aseguran que si el Ministerio y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no dan explicaciones presentarán una demanda judicial (por responsabilidad penal y civil de la autoridad, contratados de la misma y funcionarios públicos, dirigida simultáneamente contra la Administración presuntamente responsable civil subsidiario). Es de tal magnitud la irresponsabilidad por parte de la Administración que se advierte de las graves consecuencias que su aplicación podría traer en las relaciones laborales y personales entre los empleados públicos de este departamento, según hayan sido o no reclasificados, con lo que llevará a la consecuente contratación de personal externo para realizar las funciones de estos empleados públicos, aunque el presupuesto para los primeros supere lo que la Administración no les quiere retribuir a los segundos.

Si la cuestión expuesta en la Sesión Plenaria del 11 de junio fue principalmente financiera y de la gestión de esos recursos, que la Junta de Andalucía tuvo a su disposición 781,15 millones de euros que evidentemente no aprovechó. Recogiendo las mismas palabras que en la sesión Plenaria se dijeron, modificamos ciertos aspectos a la vista de nuestra situación actual: 

Hablar de optimizar los recursos y de gestión eficaz de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir supone realmente un insulto para los empleados públicos revertidos al Estado que ven como cada día la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir consume más energía y presupuesto en estructurar y desestructurar Jefaturas de Servicios, cambiar de un día para otro a Jefes de servicio que no comulgan con la nueva política del Organismo, adjudicar Pliegos de Servicios sin publicidad (casi 6 millones de euros en menos dos años), colocar a sus amigos y empresas amigas, compensar a los empleados públicos “privilegiados”, todo ello, dejando de lado los derechos profesionales y salariales adquiridos y consolidados de los empleados públicos afectados, que son los que verdaderamente trabajan por el ciudadano intentando mejorar, en la medida de lo posible, la gestión de la política hidráulica.

¿Acaso nos están diciendo que nos vayamos? Se preguntan. Tampoco nos dejan marchar ni promocionar, no tenemos antigüedad, ironizan, volvimos al Estado por sentencia el 22 de octubre de 2011 pero la Administración nos otorga la toma de posesión el 1 de enero de 2013. No somos agua, no somos infraestructuras, no somos medios materiales. Técnicamente para la Administración somos Escherichia coli, enterobacterias que se encuentran generalmente en los intestinos animales, y por ende en las aguas negras y, que hay que eliminar.

Preferimos mantener el anonimato.