UN EMPLEADO PUBLICO AFECTADO: CITA CON EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE.

He leído hace poco, en prensa escrita, una entrevista realizada a un empleado público, Licenciado en Ciencias del Trabajo y Graduado Social que dice lo siguiente: 

«Que la gente acepte los recortes y los vea casi necesarios se debe a una de las fuerzas más importantes que motivan al hombre: el miedo. Gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si Vd. amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro... Ellos pensarán: bueno, al menos no nos ha degollado».

Esto me lleva a meditar sobre lo que está ocurriendo en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que llevaba lustros sin mejorar las condiciones del personal de "bajo rango" a su servicio hasta que se quito de en medio a 700 empleados públicos entregándoselos a la Administración andaluza, concediendo, entonces y ahora, el progreso en las condiciones profesionales y económicas los 70 que se quedaron, quienes además, porque todo hay que decirlo, se quedaron nuestras Ayudas de Acción Social. 

Pensábamos, por lo menos yo, que las cosas cambiarían tras la mala praxis llevada sobre una transferencia inconstitucional y sobre una reversión ejecutada sin negociación, sin tener en cuenta la opinión del empleado público afectado, su voluntariedad o no, sus perdidas durante ambas decisiones políticas; concursos, ayudas, sociales, promociones, carrera profesional y empeorándolas, asimismo, con reducciones saláriales y congelaciones que todos los empleados públicos estamos sufriendo.

Reflexiono, y observo que, estos “nuevos gestores de la CHG” siguen en su empeño de externalizar los servicios sin tener en cuenta lo ocurrido durante nuestro calvario en la Junta de Andalucía. ¡Que se puede esperar, pues se trata “de los mismos perros y los mismos collares”!

Sigo también en mi empeño de identificar las áreas de riesgo en la CHG y que se haga un rastreo de las actuaciones de cada área administrativa, con el objetivo de detectar preventivamente comportamientos de riesgo que podrían derivar en delitos de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación y tráfico de influencias. La investigación de cualquier presunto delito de negociaciones y actividades prohibidas a los empleados públicos y de los abusos en el ejercicio de su función es siempre muy difícil, pero... LA LEY... hecha para todos, es lo que nos dice:

1. Toda persona que presencie la comisión de un delito público o que, sin haberlo presenciado, tenga conocimiento de él por otra forma, está obligada a ponerlo inmediatamente en conocimiento de la autoridad, incurriendo en una infracción si no lo hiciere. 

2. Están obligados especialmente a denunciar: los empleados o funcionarios públicos y los que conocieran la comisión de un delito por razón de su cargo, profesión u oficio. 

Sólo pido dignidad y profesionalidad de los empleados públicos que volvimos al Estado el 22 de octubre de 2011, que, a pesar de la escasez de recursos materiales, las deficientes condiciones laborales y nuestros reducidos salarios, porque así lo determinó la CECIR tras los sabios consejos de los “nuevos gestores”, sacamos adelante regularmente unos servicios públicos que son fundamentales para la cohesión social y sostén fundamental del estado del bienestar.

Asimismo, solicito de aquellos que tienen prevista una reunión ejecutiva con la Dirección General de Servicios del MAGRAMA, que siguiendo lo establecido en el Código de Conducta del EBEP, sean dignos y profesionales en esta labor, nada grata, que les espera y que obtengan un compromiso firme sobre lo que nos corresponde por derecho.

Agradecería su publicación. Un EMPLEADO PÚBLICO afectado.