LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL REAL DECRETO LEY 20/2012. MIRA QUIEN HABLA: 1º. GRIÑAN-AJUSTES DEL GOBIERNO. 2º PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR-RPT.

El RDL 20/2012, afecta aproximadamente a 2.634.045 EMPLEADOS PUBLICOS que realizan el trabajo prestado, por el interés general de todos los ciudadanos, en régimen de concurrencia selectiva y competitiva, adquirido mediante los correspondientes procesos selectivos, de mérito, igualdad, capacidad y publicidad. 

Las retribuciones del personal al servicio de la Administración suponen la contraprestación económica por los servicios prestados a la misma. La autorización y compromiso de estos gastos se produce mediante la emisión de los documentos contables en enero de cada año, por el importe de los créditos de personal aprobados.   

Las medidas de reducción, suspensión integra de la 2ª paga extra, se aplican sin criterios de progresividad ni para el personal funcionario, ni para el personal laboral, sin reconocerse la función de la negociación colectiva y sin garantizar a la vez la eficacia de la decisión de reducción. Por ello, creemos ciegamente en la INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA:

1.- Violación del art. 31 CE que impone que el sostenimiento a las cargas públicas de todos sea por vía tributaria.

2.- Incumplimiento del presupuesto de la "extraordinaria y urgente necesidad" que impone el el art. 86 CE para habilitar un Decreto-Ley.

3.- Incumplimiento de la funcionalidad de un Decreto-Ley.

4.- Modificación por un Decreto-Ley con naturaleza de norma especial, una norma general. Estatuto Básico del Empleado Público.

5.- Omisión del mínimo consenso o participación social.

6.- Violación del principio de derecho comunitario de “confianza legítima”.

7.- Vulneración del principio general de proporcionalidad.

8.-  Violación del principio de igualdad en su vertiente de proporcionalidad.

9.- Vulneración de la prohibición de arbitrariedad (art. 9 CE).

10.-Vulneración de la dignidad de la persona en relación con los derechos constitucionales y particularmente con el derecho del trabajador a una remuneración suficiente para atender las necesidades del trabajador y su familia (art. 35 CE).   

Estamos trabajando para que esto no se quede guardado en un cajón. Dadnos un poco de tiempo.

Sabemos que se esta dando publicidad a un escrito para realizar una reclamación economica-administrativa ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, nosotros queremos darle una mayor amplitud a esa reclamación y que no sea una simple queja tributaria. 

Por otro lado,

MIRA QUIEN HABLA:

1º. Griñán: "La mayoría absoluta no es suficiente para romper consensos":

APUNTA que la distribución del objetivo de déficit a las comunidades autónomas es un acto de "imposición" del Gobierno que no ha dudado en recurrir al "ordeno y mando" para distribuirlo. 

Le recordamos a Griñan su imposición de la Ley de reordenación del sector publico andaluz y el no acatamiento de las Sentencias de los Tribunales Superiores de Justica sobre la no integración en la Agencias del personal de las empresas publicas, que sigue blindado con su Plan de Reajustes.

Por más que Griñan quiera aprovechar para escupir al Gobierno del Estado y dejar la pelota sólo en el tejado de éste, el Gobierno Andaluz es tan culpable como aquél de la agresión sin precedentes que sufre el Estado de Bienestar y la ciudadanía, la clase trabajadora, los Servicios Públicos y sus empleados públicos.  

2º El presidente de la CHG, Manuel  Romero Ortiz: 

Ha participado el jueves en el Foro Gaesco con la conferencia 'El Guadalquivir, un río de ida y vuelta'.

Durante su intervención, el presidente de la CHG ha repasado los fallos emitidos por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, en los que se declara inconstitucional y nulo el traspaso de competencias para la gestión de las aguas del Guadalquivir que se realizó a la Junta de Andalucía, y expone que por ello, el 22 de octubre de 2011, se integraron en la Administración del Estado los medios personales y materiales traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía con anterioridad.

Ante estas últimas frases aprovechamos para recordarle al Sr. Presidente de la CHG, que aunque integrados los medios personales en la Administración del Estado aún no figuran, estos medios personales, inscritos en la Relacion de Puestos de Trabajo  (RPT) del Ministerio, ni se sabe si estos medios personales conservaran sus derechos económicos y profesionales adquiridos durante tres años en la Junta de Andalucia. Asimismo, procedemos a informarle que seguimos sin obtener respuestas al escrito que le hicimos llegar para defender los derechos de los empleados públicos revertidos.