CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR, CONVOCATORIA DE REUNION 4 DE JULIO JEFE DE RRHH-SINDICATOS, EL SILENCIO POR RESPUESTA. EMPLEADOS PUBLICOS REVERTIDOS ¿DERECHO A SABER?, ¿DERECHOS ADQUIRIDOS?.

El Jefe de RRHH de la CHG, Jose Antonio Cubero, ha convocado directamente a los sindicatos para una reunión que tendrá lugar mañana 4 de julio de 2012 en Sevilla. La convocatoria se ha realizado de manera un tanto anormal, parece ser que UGT y CCOO han recibido la Convocatoria formalmente, CSIF la ha recibido de casualidad a través de Madrid, USO no ha sido convocado y tampoco se ha convocado al Comité de Empresa de Granada (mayoría USTEA).

 

Se desconoce el Orden del día. Se supone que los sindicatos van a ciegas. Nosotros creemos que el tema a tratar será la reduccion ¿extraña? en la nomina del mes de junio de los empleados publicos revertidos al estado, o puede que quizá sea una nueva terapia de choque sobre la RPT. 

Nota de los administradores: a las 23:13 UGT hace publica la convocatoria en su blog. PINCHA y veras el Orden del dia, punto unico: ABONO DEL CPI EN LAS PAGAS EXTRAS. UGT, NO VA A CIEGAS.

Lo sabremos mañana, si los asistentes sindicales consideran oportuno informar, porque la Administración lo único que nos dá es EL SILENCIO POR RESPUESTA.

En la vida privada no hay nada más desesperante que alguien a quien le pidas explicaciones núnca te las de y que "la callada" sea la respuesta. En la vida privada no existe el derecho a la información.

En la Administración Pública el acceso a la información es un derecho de toda persona, que debe aplicarse sin discriminación y que debe poder ejercerse sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información. 

¿Somos los empleados públicos considerados "personas"?

El dia 30 de mayo solicitamos a la Secretaría General de la CHG, además del cálculo del CPI, una serie de respuestas a las cuestiones que planteamos.

Cuando la Administración ofrece su silencio como respuesta a la resolución de un asunto, hay que tener presentes varios aspectos. Las autoridades de la Administración Pública, así como el funcionariado y demás personal a su servicio, que tengan a su cargo la resolución de los asuntos que el ciudadano les plantee, son responsables directos de la tramitación de los mismos. Esto quiere decir que tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para eliminar cualquier obstáculo que impida, dificulte o retrase el ejercicio pleno de los derechos del ciudadano. 

Asimismo, la autoridad, funcionario o personal encargado de resolver en el plazo de tiempo determinado por la legislación en cada caso, es responsable del incumplimiento, lo que puede dar lugar a responsabilidades disciplinarias e incluso a la pérdida de su puesto de trabajo. 

¿Somos los empleados públicos considerados "ciudadanos"?

No obstante, desde aquí, requerimos al JEFE DE RRHH DE LA CHG para que mediante circular explique las características, la repercusión y las consecuencias de la integración por no existir acuerdo o pacto que determine las mismas, antes de disponer a su propio albedrío que conceptos o no deben ser incluidos nuestras nominas.

Asimismo queremos recordarle al Jefe de RRHH de la CHG y a quien corresponda, que según el Dictamen del Consejo de Estado de 5 de noviembre de 1960 LOS DERECHOS ADQUIRIDOS CONSISTEN EN PROTEGER UNA FACETA ECONOMICA, que el derecho adquirido es un contenido positivo integrado y asumido por el funcionario. Integrado en su patrimonio, en lo que respecta al ámbito material o pecuniario, y asumido, en lo que fundamenta su aspecto cognitivo. 

Los derechos adquiridos obedecen a postulados de justicia no únicamente por incidencia del principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la CE, también por el de buena fe y confianza recíproca del artículo 3.1 de la Ley 30/1992 de RJAPPAC. Y junto a ellos otros principios: publicidad, retroactividad, jerarquía, la certeza y la propia concepción material de la justicia. Esa inmutabilidad quiebra cuando la normativa que se dicte sea más beneficiosa que lo adquirido, ya que ello desnaturalizaría ese derecho por verse privado de una «ventaja».

No basta con la respuesta, nada concreta, dada a los sindicatos, sobre el cálculo del complemento de integración. Si no conocemos la repercusión y consecuencias que supone nuestra integración en el Estado, ¿cómo sabemos que emolumentos debemos percibir?.

Al no obtener explicaciones se nos está impidiendo el derecho a conocer y a poder reclamar derechos adquiridos. No hay transparencia, no hay acceso a la información y no hay buen gobierno.