A pesar de que se preveía que la afluencia de gente iba a ser poca, la verdad es que había bastante comida ya donada. Y José María ahí al pie del cañón como siempre, con el frío que hacía.
A pesar de que no nos dejaron un buen sitio para llevar a cabo este acto solidario, se recogieron unos 7.000 Kg de alimentos, una importante cantidad de útiles de aseo y 800 Euros.
Esperamos y deseamos, haber aportado nuestro granito en favor de los más necesitados. Gracias a todos.
Grande José María.
ResponderEliminarVuestra supuesta solidaridad es algo extraña.
ResponderEliminarSois solidarios dando un kilo de algo que se gasta.
Pero a la vez le negais a 20.000 familias el poder salir adelante.
Anónimo me sorprende tu comentario y bastante.
ResponderEliminarSólo te invito a que leas el decreto y te informes de lo que se pretende hacer con los Empleados Públicos y con los servicios públicos. Esto no afecta solamente a los Empleados Públicos, afecta a toda la sociedad y a ti también.
Nadie quiere dejar a nadie sin su trabajo, pero tampoco es justo hacer lo que se pretende con el decreto y más teniendo en cuenta de que estamos tratando de algo que es ilegal(lo dicen las leyes y la Constitución). Nosotros no nos hemos inventado nada, ni somos los culpables de lo que han montado los políticos ¿Porqué tenemos que ser siempre los Empleados Públicos los que paguemos por todo? Ya está bien.
Zafio, burdo e interesado el comentario del anónimo. El ponerle ideología a la solidaridad y altruismo de los empleados públicos es de una bajeza impropia y garbancera al más puro estilio estalinista.
ResponderEliminarLástima de guerracivilismos que a algunos impiden ver las necesidades y carencias más elementales de las personas desfavorecidas.
Hay quien tiene el corazón de hielo o de piedra que sufre con las buenas acciones de los demás y politiza hasta la forma y el gesto de dar los buenos días.
Anónimo 22:58, parece que no os queréis enterar que los decretos son tan lesivos para los empleados públicos como para ustedes, y por favor deja ya los discursos fáciles que la cosa es bastante mas complicada de lo que pintas. Te voy a decir algo al respecto hasta ahora esas 20000 o mas familias de las que hablas han salido adelante, y que yo sepa ningún empleado publico ha puesto el grito en el cielo, al menos en publico, a pesar de que hace ya mucho tiempo que se desprecia el trabajo que desde la Función Publica se hace, por parte del Gobierno Andaluz. ¿A que tanto empeño por cambiar las cosas? ¿ pensáis que es por esos 20000 trabajadores o mas? Pensad lo que queráis, los únicos responsables de lo que pasa es el Gobierno Andaluz que os ha puesto en una situación de muy dudosa legalidad, ellos han echo los decretos, no los empleados públicos, ya os daréis cuenta.
ResponderEliminarEsto es muy simple, ustedes entraron en esas empresas con unas condiciones, los empleados públicos entraron con otras condiciones, los decretos son un atropello a los derechos de los empleados públicos y es normal que se defiendan de ellos, al igual que harían ustedes si recortaran sus derechos, como hacen todos los colectivos laborales de este país, pertenezcan al sector que pertenezcan. Mira el Gobierno es quien tiene que solucionar esta papeleta, pero no a costa de los empleados públicos.
Anónimo de las 22:58, hablas de 20.000 familias y no es así, ya que dada la afinidad existente en los entes instrumentales son bastantes los casos en los que trabajan varios miembros de una misma familia, con lo cual es más preciso hablar de puestos de trabajo.
ResponderEliminarA ningún trabajador de los entes instrumentales se le ha negado nada. La situación la han provocado aquellos que han desordenado el sector público y ahora lo quieren reordenar a golpes de decretazos. Pedidles explicaciones a ellos y dejadnos defender el empleo público.
Cuando algunos de vuestros compañeros han sido despedidos o no se le ha renovado un contrato, no habéis movido ni una pestaña por ellos ¿ese es ejemplo que queréis que sigamos?
No es culpa nuestra que los entes instrumentales, cada vez más, estén en una situación de alegalidad. Con el decreto se pretende dar cobertura a esos entes aunque para ello, sea necesario pisotear al empleado público y hacer desaparecer la función pública, con el consiguiente perjuicio para todos, empleados públicos, opositores y ciudadanos y hasta para vosotros, sí para vosotros, es decir, para cada uno de vosotros que tenga el tesón y sacrificio necesario para aprobar unas oposiciones.
Querido compañero Hyperion:
ResponderEliminarAntes de nada disculpa por no seguir con el intercambio que veníamos teniendo en anteriores comentarios (he estado trabajando duro estos días).
Dicho esto, me permito la licencia de proponerte reanudar nuestro dialogo, entrado en este último comentario:
Es verdad que mucho de lo que se comenta de los decretos son discursos fáciles (y sobre todo interesados), y también es cierto que la cosa es más complicada. Por eso creo que lo objetivamente necesario sería hacer un análisis sosegado, quitándonos las ataduras que cada cual arrastramos.
En este sentido, lo primero que debemos ser es honestos, y no negar evidencias palmarias: Muchas personas, sindicalistas, asociaciones y miembros de plataformas hemos puesto el grito en el cielo; y hemos hablado de 20.000 o 25.000, como los culpables-complices de esta situación. Seguramente hubiera sido más conveniente que hubíeramos hablado de la responsabilidad de quienes han provocado esta política y de la pasividad-permisividad colectiva (si queremos ser algo autocríticos).
Es verdad que estamos inmersos en un ambiente de desprecio de la Función Pública, pero no solo del Gobierno andaluz. La sociedad en general no nos aprecia; incluso, nosotros, en muchas ocasiones, criticamos duramente la ineficacia de servicios públicos de los que somos usuarios. Por eso, debemos ser muy cuidadosos cuando presentamos nuestras quejas ante la sociedad; y hoy día compañero, están cayendo “chuzos de punta”.
Es verdad que los únicos responsables de esta situación son el Gobierno Andaluz (por que son los que gobiernan y los que escogen los modelos de gestión que les permite su legitimación –por amparo legal o por la vía de los hechos consumados).
Otra cosa muy distinta es la dudosa legalidad de los 20.000 afectados; y demos ser coherentes con el ordenamiento jurídico (que tenazmente defendemos): Si lo que es ilegal es el acto de crear entes instrumentales y/o contratar personal, será la jurisdicción civil o penal la que tendrá que actuar contra quienes tomaron el acuerdo político y quienes (ejerciendo potestades administrativas), no advirtieran de la ilegalidad de dichos actos. Pero si de lo que estamos hablando es de una contratación en fraude de ley de trabajadores (en un ente instrumental o en la propia Junta de Andalucía), la legislación laboral protege al trabajador, de manera que le da derecho a que se le considere personal indefinido. Y a mayor profundización, siempre será la Junta de Andalucía la responsable subsidiaria de dichos derechos.
Es cierto cuando dices que los 20.000, entrarían con unas condiciones (seguro que muy variadas); y que “los empleados públicos” con otras; en este caso especialmente variadas (para escribir un tratado sobre “las mil y una formas de llegar a ser empleado público”), haciendo un análisis histórico, desde que comenzó el desarrollo del Estado de las Autonomías.
Es cierto que el decreto 5/2010, cercenaba muchos derechos. Pero hagamos un análisis sosegado del 6/2010, que se ha convertido en proyecto de ley, que se debatirá en el Parlamento Andaluz. A mi entender, hay algunos significativos:
1.- Introduce la obligación de negociar (otra cosa es que discutamos quienes están legitimados o no), si hablamos de empleados públicos ha de ser la Mesa General.
2.- Garantiza el ejercicio de las potestades administrativas para el personal funcionario y elimina el ejercicio de tareas auxiliares para dichas potestades.
3.- Garantiza la vinculación al acuerdo del personal funcionario, independientemente de donde esté ubicado el puesto de trabajo.
4.- Establece la premisa de la voluntariedad.
Y aún tiene errores que se podrán mejorar o no en el trámite parlamentario.
Te doy toda la razón cuando dices que es el Gobierno Andaluz el que tiene que resolver esta papeleta; lo que yo añadiría sería que está obligado a que esto, además de no perjudicar a nadie, lo que tiene que conseguir es un beneficio para todos (los ciudadanos los primeros).
En espera de poder seguir dialogando, recibe un cordial saludo.
Hola a todos. Cada vez oigo hablar menos del personal laboral de la Administracion que tambien aprobamos unas oposiciones y que es donde está el verdadero coladero.
ResponderEliminarCompañero, José María. Me alegro de volver a verle y a pie del cañón, lo cual es doblemente satisfactorio.
ResponderEliminarIgnoro como irá el tema de la Subdelegación del Gobierno, pero ya sabe….. número de cuenta corriente al canto. Por que, como dijo Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu (1689-1755): “La injusticia hecha a uno solo es una amenaza dirigida a todos.”. Y creo que esta frase la dijo, pensando en personas como usted.
Felices fiestas.